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Los gremios del PAMI iniciaron un nuevo plan de lucha en rechazo al aumento menor al 3% ofrecido por el Gobierno nacional para todo 2025. Tras doce meses de salarios congelados, las organizaciones sindicales consideran la propuesta “una provocación” y denuncian el deterioro en la atención a jubilados y pensionados. Las medidas incluyen paros parciales y una marcha al Ministerio de Desregulación.

El conflicto salarial en el PAMI ingresó en una etapa crítica. Tras un año sin actualizaciones, los trabajadores de la obra social de los jubilados decidieron profundizar las medidas de fuerza luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, un total que no supera el 2,8% trimestral.

La propuesta, presentada por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fue rechazada de plano por los sindicatos ATE, SUTEPA, APPAMIA y UTI, que la consideraron insuficiente y “desconectada de la realidad inflacionaria”.

“El último aumento fue en octubre del año pasado, de apenas 3,5%. Desde entonces, los sueldos permanecen congelados, mientras los precios crecieron más del 100%. Los trabajadores del PAMI perdieron más del 60% de su poder adquisitivo”, señaló un documento conjunto difundido por los gremios.

El cronograma de medidas comenzó este martes 28 con un paro de dos horas entre las 12 y las 14, continuará el miércoles 29 con una nueva interrupción de tres horas, y culminará el jueves 30 con una movilización nacional. Los sindicatos se concentrarán al mediodía frente a la sede central de la entidad, en avenida Corrientes 655, y marcharán hacia el Ministerio de Desregulación, donde exigirán una reapertura inmediata de la negociación paritaria.

“Una política de recorte que afecta también a los jubilados”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la postura oficial. “Esta política de recorte salarial no solo golpea a los trabajadores, sino que repercute directamente en la atención de más de cinco millones de jubilados. No se trata de un reclamo sectorial, sino de una situación que afecta a todo el sistema previsional”, afirmó.

Aguiar describió la última oferta del Gobierno como “una provocación destinada a agravar el conflicto” y adelantó que las medidas podrían extenderse si no hay respuestas. “Vamos a profundizar el plan de acción, porque nuestras demandas son legítimas. No pedimos privilegios, exigimos respeto y una compensación mínima por el esfuerzo que sostenemos día a día”, agregó.

Durante los paros, las oficinas del PAMI funcionan con dotaciones reducidas, lo que genera demoras en trámites, entrega de medicamentos y atención médica. Los sindicatos advirtieron que el deterioro en las condiciones laborales ya tiene un correlato directo en la calidad del servicio: “Con salarios congelados y personal agotado, es imposible garantizar la atención que los jubilados merecen”, indicaron en un comunicado.

Silencio oficial y malestar creciente

Hasta el momento, el Gobierno no se pronunció públicamente sobre el nuevo plan de lucha ni sobre la posibilidad de revisar la pauta ofrecida. La falta de interlocutores claros y la decisión de centralizar las negociaciones en el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger incrementaron el malestar en los sindicatos, que reclaman un canal de diálogo “serio y con responsabilidad institucional”.

Fuentes gremiales señalan que el congelamiento salarial del PAMI se inscribe en un marco de ajuste generalizado en el sector público, que ya afecta a organismos como el ANSES, la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio de Trabajo. “El problema no es solo el porcentaje, sino la falta de voluntad de discutir una recomposición real. Es una decisión política de achicar el Estado a costa de los trabajadores y de los jubilados”, advirtieron desde ATE.

Analistas laborales consultados coinciden en que el conflicto del PAMI puede transformarse en un caso testigo. La paritaria del organismo, congelada desde noviembre de 2024, refleja la tensión estructural entre la política de contención del gasto público y la presión sindical por recuperar ingresos en un contexto de inflación persistente.

Contexto económico y desgaste institucional

El reclamo del PAMI no ocurre en el vacío. Se da en medio de una contracción del consumo, aumento de la pobreza y deterioro de los salarios públicos, que acumulan más de una década de pérdida sostenida frente a la inflación. La promesa de “orden fiscal” del Gobierno convive con un creciente descontento social, y el sistema previsional —por su magnitud y su impacto directo en la vida de millones de personas— se convierte en un escenario sensible.

“Mientras el Ejecutivo busca mostrar disciplina en el gasto, lo que se ve en la base es desfinanciamiento y desmotivación. Los trabajadores del PAMI están sosteniendo la estructura con salarios de hace un año y sin horizonte de recomposición”, señaló un economista especializado en políticas públicas.

La erosión también se percibe en la estructura institucional. En varias provincias, los empleados de la obra social argumentan que faltan insumos básicos, personal administrativo y recursos tecnológicos, lo que profundiza los retrasos y eleva la conflictividad interna.

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Milei enfrenta una nueva prueba de poder ante los gobernadores y el Congreso

A pocas semanas del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral, los mandatarios provinciales comenzaron a condicionar su respaldo a la Casa Rosada. La caída real de las transferencias automáticas, la distribución de ATN y el temor a que La Libertad Avanza compita directamente en sus distritos profundizan el distanciamiento.

La relación entre Javier Milei y los gobernadores atraviesa una nueva etapa, marcada por una negociación cada vez más condicionada por los intereses provinciales. La proximidad del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral encontró a varios mandatarios tomando distancia de la Casa Rosada, mientras sus legisladores comenzaron a modificar el comportamiento que durante buena parte de la gestión permitió al oficialismo aprobar iniciativas clave.

El cambio se hizo visible en las últimas votaciones del Congreso. Los bloques dialoguistas que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro acompañaron proyectos impulsados por la oposición, entre ellos los vinculados con discapacidad y el desendeudamiento de las familias.

La señal adquiere relevancia porque el Gobierno necesitará nuevamente construir mayorías para aprobar el Presupuesto 2027, cuya presentación debe concretarse antes del 15 de septiembre, y para avanzar con una reforma electoral cuyo punto más controvertido es la eliminación de las PASO.

La disputa por los recursos

El deterioro de los ingresos provinciales constituye uno de los principales factores detrás del nuevo vínculo entre Nación y las jurisdicciones. Un informe de la Fundación Encuentro señala que las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acumularon hasta agosto una caída real del 1,2% interanual.

El dato es especialmente significativo porque sólo Catamarca consiguió mejorar su recepción respecto del mismo período de 2025, con una variación positiva de 0,3%. El resto de las jurisdicciones quedó por debajo del año anterior en términos reales.

La Casa Rosada intentó compensar parcialmente esa relación mediante la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En agosto, el Ministerio de Economía distribuyó $12.000 millones entre tres provincias: Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones.

La asistencia, sin embargo, no alcanzó para evitar nuevos enfrentamientos. En La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reconocer a Mendoza el 100% de las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles, una medida vinculada con la histórica disputa por el río Atuel.

“Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías”, afirmó Ziliotto, al anticipar que su administración no aceptará la decisión.

Passalacqua, una pieza clave

Misiones representa uno de los casos más delicados para el oficialismo. El desembolso de $5.000 millones en ATN llegó mientras el gobernador Hugo Passalacqua profundiza su distancia política respecto de Carlos Rovira y mantiene contactos con dirigentes de distintos espacios.

El mandatario misionero recibió recientemente a Axel Kicillof y previamente había mantenido encuentros con Sergio Uñac y dirigentes del peronismo federal. La Casa Rosada busca evitar que ese acercamiento derive en un alineamiento de Misiones con la oposición.

La Libertad Avanza, a su vez, comenzó a proyectar una estructura propia en la provincia. Entre los nombres mencionados para disputar el territorio aparecen el diputado Diego Hartfield y el titular partidario Adrián Núñez.

La agenda electoral condiciona el vínculo entre los mandatarios provinciales y el Ejecutivo nacional. Distintos gobernadores que respaldaron los proyectos oficiales perciben que la fuerza gobernante podría disputarles el territorio en 2027, más allá de los consensos parlamentarios alcanzados.

El factor electoral

El lanzamiento del tucumano Lisandro Catalán como candidato dispuesto a disputar el poder provincial constituye una primera señal concreta. El movimiento alimentó la desconfianza de los gobernadores que observan con preocupación una eventual expansión territorial de La Libertad Avanza.

La elección municipal de Marcos Juárez, en Córdoba, también dejó una advertencia para las fuerzas opositoras al peronismo: la fragmentación puede modificar el resultado cuando el voto contrario al oficialismo provincial se distribuye entre varias listas.

La definición de alianzas nacionales quedará en buena medida bajo la conducción de Karina Milei, quien tendrá a su cargo las conversaciones con los mandatarios que todavía mantienen vínculos con el oficialismo. Por ahora, los acuerdos aparecen más consolidados con Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio.

También resta conocer si se mantiene la cooperación política con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y si otros gobernadores, entre ellos Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Claudio Poggi, terminan acercándose a la propuesta libertaria o preservan una construcción propia.

Reformas bajo negociación

La nueva ley de Biocombustibles es otro ejemplo de la dificultad de construir una posición común entre las provincias. Tucumán, Jujuy y Salta muestran una postura favorable, mientras Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cuestionan el ingreso de grandes compañías integradas al mercado del biodiésel.

El argumento de estos últimos distritos es que la participación de grandes empresas cerealeras podría desplazar a pequeñas y medianas firmas del mercado. El proyecto quedó temporalmente detenido en el Senado, donde el Gobierno tampoco consiguió reunir los votos necesarios.

La reforma electoral promete una discusión todavía más compleja. La eliminación de las PASO aparece como el punto que genera mayor resistencia entre los aliados parlamentarios. Una alternativa con mayores posibilidades de consenso sería suspenderlas nuevamente, como ocurrió durante las elecciones de 2025.

La cuestión no es menor para los gobernadores: cualquier modificación de las reglas electorales puede alterar el diseño de las alianzas, la selección de candidatos y la relación entre las elecciones nacionales y provinciales.

El 1 de noviembre habrá, además, una prueba política en Bariloche, donde se votará la reforma de la Constitución municipal. El oficialismo provincial de Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés enfrentarán al peronismo y a una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. El resultado será observado como una primera aproximación a la capacidad de esos espacios para competir asociados o separados.

Con el Presupuesto 2027 a las puertas del Congreso y una reforma electoral que afecta directamente los intereses de las estructuras provinciales, la relación entre Nación y los gobernadores ingresa en una fase de mayor negociación. La Casa Rosada todavía conserva capacidad de iniciativa, pero los mandatarios comenzaron a dejar en claro que el acompañamiento legislativo ya no será automático y que cada proyecto deberá atravesar, cada vez más, el filtro de los intereses territoriales y de la disputa electoral de 2027.

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ASIJEMIN pidió responsabilidad institucional y garantías para quienes trabajan en Cerro Negro

Desde nuestra organización sindical, nos dirigimos a cada uno de los compañeros y compañeras, a sus familias y a la comunidad de Perito Moreno, con el firme propósito de llevar absoluta tranquilidad en este momento mientras las autoridades de aplicación laboral, ambiental y fuerzas de seguridad llevan adelante un operativo en el Proyecto Cerro Negro.

Como representantes de los trabajadores, reafirmamos que nuestra prioridad absoluta es, y será siempre, velar por la seguridad, la salud y la dignidad laboral de quienes hacen grande a la minería. En este camino, hacemos un llamado genuino a la paz social y a la urgente reconstrucción del diálogo social.

Nuestra provincia cuenta con un liderazgo y una trayectoria minera indiscutibles. Ese estatus histórico y productivo no es casualidad; se ha consolidado gracias al esfuerzo diario y la alta calificación de cada trabajador, proveedor minero y de las Comunidades anfitrionas que confiaron en esta industria. Ese prestigio es el que hoy debe primar. Cuidar y sostener la actividad de forma responsable, es cuidar el sustento de miles de familias santacruceñas, y para lograrlo debemos actuar con la seriedad, responsabilidad y la firmeza que el contexto social y económico actual nos demanda.

La historia de Santa Cruz nos ha enseñado que, cuando los canales entre el Estado y el sector empresarial se desarticulan, se generan tensiones donde los trabajadores y las comunidades anfitrionas terminan quedando como rehenes de la incertidumbre, por ello no podemos permitir que las descoordinaciones institucionales afecten a quienes día a día sostienen la producción.

Por eso, en esta coyuntura, desde ASIJEMIN consideramos que la atención inmediata debe centrarse de manera urgente en dos focos prioritarios:

En primer lugar, la situación de los compañeros que hoy se encuentran trabajando y conviviendo en el campamento. Estamos y seguiremos estando en el territorio, acompañando de cerca las inspecciones y exigiendo de forma irrestricta como siempre se lo ha hecho que las condiciones laborales, de habitabilidad y de salud cumplan estrictamente con lo que dictan nuestros convenios colectivos. No daremos nunca un solo paso atrás en el cuidado de la integridad de nuestra gente en los yacimientos.

En segundo lugar, manifestamos nuestro profundo respeto y acompañamiento a la comunidad de Perito Moreno. Somos plenamente conscientes de que es la comunidad la que, con una enorme madurez, brinda la licencia social indispensable para operar, otorgando su voto de confianza tanto al Estado como a las empresas. Esa licencia social debe respetarse y reverse a través de acciones responsables: garantizando el desarrollo local, el cuidado ambiental y una convivencia armónica donde el progreso de la mina se traduzca de forma real en el progreso del pueblo.

El futuro de la minería se defiende con trabajo, seguridad y propuestas claras. Invitamos a las autoridades de la provincia y a los sectores inversores y empresariales a consolidar un espacio de diálogo abierto y constructivo, manteniendo la paz social que nos permita seguir proyectando una actividad minera modelo y con justicia social.

Oscar Romillo
Director Regional Sur – Delegación Regional Sur
ASIJEMIN (Asociación Sindical de Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina)

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El fenómeno de El Niño se intensifica y obliga a reforzar las alertas en Argentina

El fenómeno El Niño atraviesa una etapa de fortalecimiento y podría prolongarse hasta febrero de 2027. El Litoral, la cuenca del Plata y la Pampa Húmeda aparecen entre las áreas con mayor exposición a lluvias intensas, crecidas y anegamientos, con posibles efectos sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

Argentina se encamina hacia una temporada marcada por una mayor amenaza de lluvias intensas, inundaciones y crecidas de los grandes ríos debido al fortalecimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Organismos meteorológicos internacionales anticipan una evolución significativa del episodio, mientras especialistas reclaman reforzar los sistemas de alerta y la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyectó que El Niño podría alcanzar una intensidad “muy fuerte”. En simultaneo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una probabilidad del 100% de continuidad durante la primavera. Las proyecciones internacionales contemplan además la posibilidad de que sus efectos persistan hasta febrero de 2027.

El fenómeno se origina en un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de modificar la circulación atmosférica y alterar los patrones de precipitaciones a escala global. En Argentina, esas alteraciones suelen traducirse en comportamientos diferenciados según la región.

La mayor preocupación se concentra en el Litoral y la cuenca del Plata, donde un régimen más húmedo puede incrementar las precipitaciones y elevar el caudal de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú. La meteoróloga Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, advirtió que los eventos extremos son cada vez más frecuentes e intensos y que, bajo condiciones asociadas con El Niño, aumenta el peligro de inundaciones y desbordes.

El impacto no se limita a las áreas ribereñas. En la Pampa Húmeda, lluvias abundantes en períodos concentrados pueden provocar anegamientos de campos, afectar caminos y comprometer rendimientos agrícolas. La producción queda así expuesta no sólo a pérdidas directas, sino también a interrupciones logísticas y dificultades para transportar cosechas e insumos.

En Cuyo y los Andes centrales, el comportamiento puede ser diferente. Una mayor acumulación de nieve durante el invierno puede traducirse posteriormente en caudales superiores durante el verano, con consecuencias relevantes para la disponibilidad de agua y la administración de los recursos hídricos.

La dimensión regional del fenómeno también encendió una advertencia internacional. Naciones Unidas estimó que las alteraciones climáticas vinculadas con El Niño podrían dejar a unos 16 millones de personas en América Latina expuestas a inseguridad alimentaria, especialmente en comunidades cuya subsistencia depende de la producción agrícola y de condiciones meteorológicas estables.

Los avances científicos permiten hoy anticipar con mayor precisión estos episodios. Gulizia destacó la evolución de los modelos numéricos, las simulaciones de mayor resolución y los sistemas que integran las variables oceánicas y atmosféricas para comprender su interacción.

El desafío, sin embargo, no termina con la elaboración del pronóstico. La especialista señaló que resulta decisivo que esa información llegue de manera rápida y comprensible a las defensas civiles, autoridades locales y comunidades potencialmente afectadas. Una alerta eficaz requiere que el dato meteorológico se transforme en una decisión preventiva antes de que ocurra el fenómeno extremo.

En ese punto, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional adquiere un papel central. Para los especialistas, fortalecer recursos humanos, infraestructura, tecnología y coordinación institucional será determinante para reducir daños ante un episodio que podría combinar lluvias excepcionales, crecidas fluviales y efectos sobre la producción.

La llegada de El Niño no permite anticipar por sí sola la magnitud de cada tormenta o inundación, pero sí establece un patrón de mayor vulnerabilidad para determinadas regiones. En este sentido, la capacidad de Argentina para atravesar los próximos meses dependerá, en buena medida, de cuánto logre convertir las previsiones científicas en prevención concreta sobre el territorio.

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