
La CGT se prepara para resistir la nueva avanzada del Gobierno sobre los derechos laborales
El Gobierno de Javier Milei anunciará este viernes un proyecto de reforma laboral que plantea la eliminación del pago de horas extra, el reemplazo de las indemnizaciones por fondos de cese y la descentralización de la negociación colectiva. La CGT ya analiza un informe técnico que advierte sobre los impactos negativos de las medidas en el empleo, la formalidad y la recaudación previsional.
El 61° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, volvió a convertirse en escenario de anuncios económicos. Allí, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo tiene listo un paquete de reformas estructurales que será presentado al Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la correlación de fuerzas parlamentaria. Entre ellas figura la reforma laboral impulsada por Javier Milei, de la cual el sindicalismo ya conoce un borrador y prepara su rechazo.
“El equilibrio fiscal es innegociable. Le dedicamos estos dos primeros años a estabilizar el desastre económico heredado. En el segundo bienio debemos llevar adelante las reformas estructurales que hacen falta”, sostuvo Adorni ante empresarios y banqueros, planteando la necesidad de “modernizar el sistema de trabajo” y de “crear condiciones para que las empresas vuelvan a contratar”.
Aunque el Gobierno prometió brindar los detalles el próximo viernes, el contenido del borrador ya circula en las principales centrales sindicales. El texto propone la creación de un banco de horas, que eliminaría el pago de horas extras y los límites de jornada laboral, así como la “modernización” de los convenios colectivos, lo que en la práctica implicaría su desregulación. Además, avanza en la sustitución del sistema de indemnizaciones por un fondo individual de cese laboral, y reduce cargas sociales y contribuciones patronales, bajo el argumento de que esto incentivaría la contratación formal.
En paralelo, la CGT ya dispone de un informe técnico —elaborado con datos de la OIT, la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial, además de indicadores del INDEC— que advierte sobre los riesgos económicos y sociales de la reforma. Según ese documento, “las reformas centradas en la reducción de costos laborales no garantizan mayor eficiencia ni creación sostenida de empleo formal”, y tienden a “aumentar la rotación, la informalidad y la desigualdad”, afectando además la recaudación previsional y debilitando la demanda interna.
Uno de los puntos más cuestionados es la descentralización de la negociación colectiva, que dejaría a los trabajadores sin respaldo sindical para discutir sus condiciones laborales. El estudio cita el Global Wage Report 2024–2025 de la OIT y reportes de la OCDE, que muestran que este tipo de políticas produce “caídas reales de salarios” y “mayor desigualdad entre empresas”, al romper el equilibrio que otorgan las paritarias sectoriales.
También se objeta la reducción de aportes y contribuciones patronales, dado que —según el informe— en contextos de bajo dinamismo económico, esas medidas no se traducen en creación de empleo sino en pérdida de recursos fiscales y deterioro del financiamiento de la seguridad social. Respecto del sistema de indemnizaciones, la crítica es categórica: “No resolverá la litigiosidad laboral, causada principalmente por incumplimientos en salarios y aportes; por el contrario, la debilita al restarle efecto disuasivo a la norma protectoria”.
En síntesis, el informe concluye que la competitividad no se logra mediante la desregulación sino a través de “inversión en productividad, justicia social y adaptación ecológica”, un enfoque en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales.
El proyecto de Milei abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero. Aunque el discurso oficial insiste en la “modernización” como clave del crecimiento, los datos técnicos y la experiencia comparada advierten sobre el riesgo de profundizar la precarización y la desigualdad en un país donde más del 40% de los trabajadores ya está en la informalidad.
La reforma laboral, tal como se plantea, no solo reconfigura las reglas del mercado de trabajo, sino que también redefine el poder de negociación entre capital y trabajo. En ese escenario, la CGT prepara su resistencia con un argumento central: sin derechos laborales sólidos no hay estabilidad social ni desarrollo sostenible.
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El Gobierno negocia con la CGT y promete pagar $60.000 millones a las obras sociales sindicales

La administración de Javier Milei, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, avanza en un acuerdo con la CGT para destrabar los reintegros demorados a las obras sociales sindicales. Se trata de unos $60.000 millones que se distribuirán en tres etapas entre octubre y diciembre, en un intento por aliviar la tensión con los gremios y normalizar los pagos del Fondo Solidario de Redistribución.
El Gobierno nacional abrió una mesa de negociación con la Confederación General del Trabajo (CGT) para saldar una parte de la abultada deuda que mantiene con las obras sociales sindicales, derivada de los reintegros por tratamientos médicos y medicamentos de alto costo que deben ser subsidiados. Según fuentes oficiales, el monto asciende a unos $60.000 millones, fondos que se encuentran depositados en una cuenta del Banco Nación y que serán liberados exclusivamente por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).
El acuerdo, que fue adelantado por La Nación, establece que la suma será distribuida en tres cuotas: la primera antes de que finalice octubre, la segunda en noviembre y la tercera en diciembre. El reparto se realizará entre todas las prestadoras que hayan presentado sus expedientes de manera regular ante la Superintendencia, organismo que depende directamente del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones.
La medida busca aliviar el ahogo financiero de las obras sociales, muchas de las cuales arrastran meses de demora en los reembolsos. En algunos casos, los montos adeudados son millonarios: por ejemplo, la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), una de las más grandes del país, reclama unos $9.000 millones, aunque en esta primera etapa solo recibirá $5.000 millones distribuidos en tres tramos.
El dinero para cumplir con el compromiso proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte obligatorio de los trabajadores registrados. Este fondo, creado para garantizar la compensación entre las distintas obras sociales, suele ser motivo de disputa entre los gremios y el Estado, especialmente en contextos de ajuste fiscal y caída de los ingresos reales.
Lugones ubicó al frente de la Superintendencia de Servicios de la Salud a Claudio Adrián Stivelman, médico con trayectoria en la gestión de entidades del sistema, como la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. Desde allí se buscará ordenar los circuitos administrativos y establecer un cronograma estable de pagos, una demanda recurrente de los sindicatos que administran los servicios de salud de millones de afiliados.
Pese al anuncio, el esquema de reintegros aún dista de estar normalizado. En la CGT consideran que el compromiso oficial representa “un primer paso”, pero advierten que el monto total adeudado por el Estado podría superar los $200.000 millones si se incluyen expedientes pendientes de años anteriores. En ese sentido, los gremios esperan que el diálogo iniciado con Lugones sirva para establecer un mecanismo permanente de actualización y devolución.
El desembolso de $60.000 millones aparece como una señal política y económica del Gobierno hacia los sindicatos, en un momento de significativo malestar civil y de reclamos por los recortes en salud y seguridad social. Aunque el pago en tres cuotas alivia parcialmente la situación de las obras sociales, el desafío de fondo sigue siendo estructural: recomponer el financiamiento del sistema sin agravar el ajuste fiscal. En esa línea, el diálogo entre el Ejecutivo y la CGT será determinante para evitar un nuevo frente de conflictividad en el cierre del año.
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Palazzo llamó a un frente amplio en defensa de la soberanía y la economía nacional

El titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, lanzó un duro pronunciamiento contra el Gobierno de Javier Milei al denunciar negociaciones con Estados Unidos que podrían afectar la soberanía del país. En el marco del Foro Economía y Trabajo, la organización convocó a construir un frente de unidad entre sindicatos, PyMEs, cooperativas y sectores de la economía popular para enfrentar las políticas oficiales.
El gremio emitió un fuerte comunicado en el que cuestionó el rumbo económico y político del Gobierno nacional, al que definió como un “experimento libertario” sostenido por “una deuda impagable, en gran parte ilegal y fraudulenta”. Bajo el título “Innegociable. Foro Economía y Trabajo”, el texto difundido por el sindicato liderado por Sergio Palazzo advirtió sobre una “creciente sumisión” de la administración de Javier Milei frente a Estados Unidos y denunció que se estarían llevando adelante acuerdos y negociaciones sin transparencia ni control democrático.
“El Ejecutivo no tiene legitimidad ni legalidad para suscribir compromisos con potencias extranjeras que lesionen la soberanía nacional sin un minucioso escrutinio ciudadano”, sostuvo el comunicado, que advierte sobre eventuales convenios que podrían comprometer sectores estratégicos de la economía argentina, como la energía, los recursos naturales y el sistema financiero.
En ese contexto, La Bancaria convocó a las fuerzas políticas democráticas, a las organizaciones del trabajo y la producción, al movimiento cooperativo y a las pequeñas y medianas empresas a conformar un frente amplio de unidad nacional en defensa de la soberanía económica. “El pueblo argentino debe estar advertido y organizado: la soberanía es innegociable”, enfatizó el texto.
La iniciativa se enmarca en la conformación del Foro Economía y Trabajo, un espacio plural impulsado por economistas, técnicos y dirigentes vinculados a organizaciones sindicales. El foro busca generar diagnósticos y propuestas de desarrollo productivo y social, con foco en la reindustrialización, la generación de empleo y la defensa de los recursos estratégicos nacionales.
Desde el gremio destacaron que las conclusiones y documentos elaborados en el marco del Foro “corresponden a sus firmantes individualmente”, lo que refuerza su carácter abierto y participativo, con el propósito de articular una agenda común entre el sindicalismo, las PyMEs, las cooperativas y los movimientos sociales.
El comunicado marca también un nuevo punto de tensión entre la CGT y el Gobierno, en un escenario donde varios sectores gremiales han comenzado a coordinar posiciones frente a las políticas de desregulación, privatización y apertura comercial impulsadas por el oficialismo. En ese marco, la Asociación Bancaria busca proyectarse como uno de los actores sindicales con mayor protagonismo en la defensa de un modelo económico nacional y productivo.
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A 80 años del Día de la Lealtad, la CGT y el peronismo apuntan a las elecciones y desafían la reforma laboral de Milei

En el marco del 80° aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, la CGT organizó una jornada conmemorativa cargada de contenido político y cultural. Mientras se proyectaban imágenes y se sucedían espectáculos artísticos en la sede de Azopardo, los principales dirigentes sindicales y peronistas aprovecharon para cuestionar la política laboral del gobierno de Javier Milei y anticipar una victoria electoral del peronismo en los próximos comicios legislativos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y todo el arco del peronismo celebraron este jueves el 80° aniversario del Día de la Lealtad, una fecha emblemática que conmemora la masiva movilización obrera que en 1945 exigió la liberación de Juan Domingo Perón y marcó el nacimiento del movimiento político que transformaría la historia argentina.
Desde las 17.30, la sede histórica de la central obrera, ubicada en Azopardo 802, se convirtió en el epicentro de las celebraciones, con actividades artísticas, proyección de imágenes icónicas del peronismo y una transmisión especial por streaming conducida por el actor Víctor Laplace, reconocido por haber interpretado a Perón en el cine. La jornada incluyó entrevistas y reflexiones de figuras del sindicalismo y la política como Raúl Timerman, Fernando “Pato” Galmarini y el secretario general de la CGT, Héctor Daer.
Pero más allá del tono conmemorativo, la celebración tuvo una marcada definición política. Desde el escenario, la conducción cegetista aprovechó la efeméride para cuestionar duramente al gobierno de Javier Milei y su proyecto de reforma laboral, que el oficialismo pretende enviar al Congreso tras las elecciones legislativas. En contraposición, Daer planteó que la primera reforma que necesita la Argentina “no es quitar derechos, sino reducir la jornada laboral para mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.
El dirigente, visiblemente en tono de campaña, incorporó además la mirada electoral al afirmar: “Para transferir derechos de los trabajadores al capital van a tener que ganar las elecciones muy bien. Y yo creo que el 26 de octubre va a ganar el peronismo, de eso estoy seguro”.
La conmemoración, atravesada por un clima de unidad sindical y política, también contó con mensajes críticos hacia los funcionarios del área económica y de desregulación del Gobierno. El titular del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, cargó contra el ministro Federico Sturzenegger, recordando sus declaraciones en el Foro de Davos, donde el funcionario expresó que “hay que romper al movimiento obrero, debilitándolo económicamente”. “Esta gente es autista, no nos escucha. Pero todas estas cosas traen la rebeldía”, respondió Lingieri ante un auditorio colmado.
La CGT busca con este tipo de actos reafirmar su centralidad como actor político y social, en un contexto en el que el Ejecutivo nacional impulsa políticas de flexibilización y desregulación que tensionan la relación con el sindicalismo. Además, la coincidencia con la recta final hacia las elecciones legislativas le dio a la jornada un perfil abiertamente electoral, con un mensaje de convocatoria a la militancia y de reafirmación de la identidad peronista.
El 80° aniversario del Día de la Lealtad se convirtió en algo más que una conmemoración histórica: fue una demostración de fuerza del movimiento obrero y del peronismo frente a las políticas de ajuste y desregulación del gobierno libertario. En un momento económico adverso y con el clima político recalentado por la campaña electoral, la CGT buscó reposicionarse como referente del campo popular y garante de los derechos laborales. A ocho décadas de aquella gesta fundante, el mensaje de los dirigentes fue claro: lealtad, sí; resignación, nunca.
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