La CGT se prepara para resistir la nueva avanzada del Gobierno sobre los derechos laborales

El Gobierno de Javier Milei anunciará este viernes un proyecto de reforma laboral que plantea la eliminación del pago de horas extra, el reemplazo de las indemnizaciones por fondos de cese y la descentralización de la negociación colectiva. La CGT ya analiza un informe técnico que advierte sobre los impactos negativos de las medidas en el empleo, la formalidad y la recaudación previsional.

El 61° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, volvió a convertirse en escenario de anuncios económicos. Allí, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo tiene listo un paquete de reformas estructurales que será presentado al Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la correlación de fuerzas parlamentaria. Entre ellas figura la reforma laboral impulsada por Javier Milei, de la cual el sindicalismo ya conoce un borrador y prepara su rechazo.

“El equilibrio fiscal es innegociable. Le dedicamos estos dos primeros años a estabilizar el desastre económico heredado. En el segundo bienio debemos llevar adelante las reformas estructurales que hacen falta”, sostuvo Adorni ante empresarios y banqueros, planteando la necesidad de “modernizar el sistema de trabajo” y de “crear condiciones para que las empresas vuelvan a contratar”.

Aunque el Gobierno prometió brindar los detalles el próximo viernes, el contenido del borrador ya circula en las principales centrales sindicales. El texto propone la creación de un banco de horas, que eliminaría el pago de horas extras y los límites de jornada laboral, así como la “modernización” de los convenios colectivos, lo que en la práctica implicaría su desregulación. Además, avanza en la sustitución del sistema de indemnizaciones por un fondo individual de cese laboral, y reduce cargas sociales y contribuciones patronales, bajo el argumento de que esto incentivaría la contratación formal.

En paralelo, la CGT ya dispone de un informe técnico —elaborado con datos de la OIT, la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial, además de indicadores del INDEC— que advierte sobre los riesgos económicos y sociales de la reforma. Según ese documento, “las reformas centradas en la reducción de costos laborales no garantizan mayor eficiencia ni creación sostenida de empleo formal”, y tienden a “aumentar la rotación, la informalidad y la desigualdad”, afectando además la recaudación previsional y debilitando la demanda interna.

Uno de los puntos más cuestionados es la descentralización de la negociación colectiva, que dejaría a los trabajadores sin respaldo sindical para discutir sus condiciones laborales. El estudio cita el Global Wage Report 2024–2025 de la OIT y reportes de la OCDE, que muestran que este tipo de políticas produce “caídas reales de salarios” y “mayor desigualdad entre empresas”, al romper el equilibrio que otorgan las paritarias sectoriales.

También se objeta la reducción de aportes y contribuciones patronales, dado que —según el informe— en contextos de bajo dinamismo económico, esas medidas no se traducen en creación de empleo sino en pérdida de recursos fiscales y deterioro del financiamiento de la seguridad social. Respecto del sistema de indemnizaciones, la crítica es categórica: “No resolverá la litigiosidad laboral, causada principalmente por incumplimientos en salarios y aportes; por el contrario, la debilita al restarle efecto disuasivo a la norma protectoria”.

En síntesis, el informe concluye que la competitividad no se logra mediante la desregulación sino a través de “inversión en productividad, justicia social y adaptación ecológica”, un enfoque en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales.

El proyecto de Milei abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero. Aunque el discurso oficial insiste en la “modernización” como clave del crecimiento, los datos técnicos y la experiencia comparada advierten sobre el riesgo de profundizar la precarización y la desigualdad en un país donde más del 40% de los trabajadores ya está en la informalidad.

La reforma laboral, tal como se plantea, no solo reconfigura las reglas del mercado de trabajo, sino que también redefine el poder de negociación entre capital y trabajo. En ese escenario, la CGT prepara su resistencia con un argumento central: sin derechos laborales sólidos no hay estabilidad social ni desarrollo sostenible.