De regreso de su gira por Estados Unidos, Javier Milei reiteró la necesidad de modificar las reglas laborales para “facilitar la contratación y terminar con la industria del juicio”. En paralelo, las encuestas privadas revelan un mercado de trabajo expectante, con crecimiento en sectores puntuales y la consolidación de nuevas formas de vinculación profesional.

El mercado laboral argentino atraviesa una fase de transición donde conviven señales de recuperación sectorial con un marcado clima de cautela empresarial. La reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el último trimestre de 2025 anticipa una Expectativa Neta de Empleo de +5%, sin cambios respecto al trimestre anterior y con una leve mejora interanual. El relevamiento muestra que un 27% de empleadores planea incrementar sus plantillas, un 24% prevé recortes y un 45% no espera alteraciones significativas.

El panorama es heterogéneo según las regiones: Cuyo encabeza con una proyección de +18%, seguida por Patagonia (+11%), mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires exhibe la previsión más débil (+3%). Por sectores, los mayores impulsos provienen de Tecnología de la Información, Finanzas & Real Estate y Bienes de Consumo, aunque rubros como construcción, turismo y gastronomía continúan fuertemente condicionados por la baja del consumo interno y la reducción de la obra pública.

En este escenario, los especialistas coinciden en que la incertidumbre económica y electoral actúa como freno a las contrataciones masivas, aunque no se anticipa una ola generalizada de despidos. “Las compañías son cuidadosas porque entienden el costo de desprenderse de talento calificado, y al mismo tiempo esperan señales más claras antes de comprometerse a expandir sus equipos”, señala Germán Ruiz, de Randstad.

A la par, comienza a consolidarse un nuevo modelo de empleabilidad. Según PageGroup, el 86% de las empresas aún apuesta a la contratación permanente, pero crece la figura del professional fractional: perfiles de alto seniority que se incorporan de manera temporaria o tercerizada para liderar proyectos estratégicos o cubrir posiciones de transición. En algunos casos, se trata de Gerentes Generales o Advisors que acompañan procesos de cambio cultural y reorganización interna. Estos profesionales pueden percibir remuneraciones que van de 2 a 4 millones de pesos mensuales por cada compañía, además de beneficios adicionales como home office, cobertura médica y programas de bienestar.

Mientras tanto, el Gobierno busca avanzar con una reforma laboral estructural. El oficialismo impulsa medidas incluidas en el DNU 70/2023 y la Ley de Bases 27.742, entre ellas: la extensión del período de prueba hasta seis meses —con variantes según el tamaño de la empresa—, la eliminación de multas adicionales por trabajo no registrado, incentivos para la formalización de empleo, la creación de la figura de “colaboradores” independientes y la modernización de las paritarias, con parámetros regionales y sectoriales.

Para Luis Guastini, de ManpowerGroup, la discusión es ineludible: “El marco normativo vigente responde a una economía del pasado, cuando la estabilidad y el tiempo de permanencia eran centrales. Hoy la empleabilidad es el valor a proteger”. Sin embargo, Ruiz advierte que “una reforma, aunque necesaria, no es por sí sola un motor suficiente para expandir la demanda laboral si no va acompañada de crecimiento económico sostenido”.

La insistencia presidencial en abrir el debate sobre la reforma laboral se combina con un mercado que muestra nichos de dinamismo pero no una expansión generalizada. Entre la prudencia de las empresas, la aparición de nuevas modalidades de contratación y la presión oficial por flexibilizar reglas, el empleo en Argentina se encuentra en un punto de inflexión. El desenlace dependerá tanto de las definiciones legislativas como de la capacidad de la economía para generar un ciclo de inversión que convierta la expectativa en creación real de trabajo.

La deuda en Argentina alcanza niveles alarmantes, con un gran número de familias recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos como alimentos. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), unas 300.000 tarjetas de crédito están inhabilitadas para pasar los posnets debido a los altos niveles de morosidad y deudas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 45,7% de las compras en supermercados se pagaron con tarjetas de crédito en junio, lo que equivale a unos 917 millones de pesos. Esto sugiere que muchas familias están recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos debido a la falta de ingresos suficientes.

El Impacto de las Tasas de Interés

Las tasas de interés actuales en el país son extremadamente altas, lo que hace que sea difícil para las familias pagar sus deudas. La Tasa Nominal Anual para los titulares de la tarjeta. que no llegan al saldo total y cancelan el mínimo es del 85%, mientras que los intereses punitorios superan el 100% para aquellos que entran en morosidad.

Según un informe de la consultora EcoGo, el crédito a los hogares representaba el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, lo que es el doble que un año atrás. Esto sugiere que el endeudamiento masivo es un problema creciente en el país.

La crisis de la deuda tiene consecuencias sociales importantes. Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IESTSE), el 58% de las deudas con tarjeta de crédito ya se destina a la compra de alimentos, lo que significa que muchas familias están luchando para cubrir sus necesidades básicas debido a la deuda.

La negociación paritaria docente en San Juan no llegó a un acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio. Los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, no aceptaron los incrementos ofrecidos por el Gobierno provincial y decidieron seguir negociando elpróximo viernes 29 de agosto.

La reunión paritaria docente se llevó a cabodurante este marte en la sede del Ministerio de Educación de San Juan. La propuesta del Ejecutivo incluía incrementos vinculados a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre y mejoras en los cargos del nomenclador docente.

Sin embargo, los sindicatos consideran que la oferta no satisface sus reclamos, especialmente en cuanto a una mejora específica para agosto y septiembre. «La propuesta del Gobierno es insuficiente», declaró Daniel Quiroga, secretario general de AMET. «Necesitamos una mejora salarial que refleje la inflación y el aumento del costo de vida en la provincia».

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó que «la negociación paritaria es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo». «Estamos dispuestos a seguir negociando para encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los docentes y del sistema educativo en general», agregó.

El Gobierno provincial, por su parte, ratificó su compromiso de mantener la política salarial unificada para toda la administración pública provincial. «Estamos dispuestos a seguir negociando y a encontrar una solución que sea justa y equitativa para todos», declaró Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan.

La negociación se reanudará el próximo viernes 29 de agosto a las 14 horas. Mientras tanto, los docentes cobrarán con el aumento del IPC.