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Advirtieron que la medida profundiza las políticas represivas y de mano dura y que constituye otra embestida al derecho a la educación.


El gremio SUTEBA y la CTA Autónoma criticaron fuertemente la resolución firmada ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que establece el Servicio Cívico Voluntario en Valores para jóvenes de entre 16 y 20 años. La medida se implementará hasta diciembre de este año a través de experiencias piloto.

En este sentido, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, dijo que la medida “constituye otra de las tantas embestidas al derecho a la Educación Secundaria Obligatoria de nuestros jóvenes, que este Gobierno ha desfinanciado y se empeña en desacreditar cada día. De este modo, genera un imaginario social de una escuela vacía de sentido, que puede ser reemplazada por instituciones militarizadas”.

l mismo tiempo, Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma, explicó que el Servicio Cívico Voluntario incluye a jóvenes de 16 años, cuya formación debería estar a cargo del colegio secundario. “Rechazamos la decisión oficial porque profundiza la política represiva y de mano dura en lugar de ofrecer soluciones a los problemas de fondo, como el hambre, la pobreza, la desocupación y la ausencia de acceso a la educación y a la salud”, continuó.

Según la resolución 598/2019, la medida será implementada por Gendarmería Nacional y buscará “ofrecer oportunidades a los jóvenes para que puedan desarrollar sus potencialidades y se formen en valores republicanos y democráticos”, además de “fomentar el compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables”, entre otros.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), también criticó la medida y aseguró que “la juventud necesita más escuelas y menos cuarteles”.

Finalmente, desde SUTEBA dispararon contra Gendarmería resaltando que a la Fuerza “no le concierne ninguna acción formativa, menos aún en el marco de una política de seguridad sostenida por el Gobierno Nacional y Provincial, que promueve la mano dura, el gatillo fácil, que persigue y estigmatiza a jóvenes y trabajadores y a la que le seguimos exigiendo justicia por la desaparición forzosa seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato a mansalva de Rafael Nahuel”.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.

La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.

Un Plan de Lucha que Continúa

La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.

Rechazo al Traspaso del Fuero

Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.

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Alfredo Duarte: “El Gobierno impone un techo salarial injusto mientras libera los precios”

En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Duarte, titular de ATSA Sanidad San Juan y dirigente nacional del sector, se refirió con firmeza a la situación crítica que atraviesan los trabajadores de la sanidad especialmenete en el sector privado. Con aumentos prácticamente congelados y una inflación en alza, Duarte advirtió que se acumula un atraso salarial que supera el 8% y denunció una política nacional que, según sus palabras, “ahoga al trabajador mientras beneficia al capital”.

Paritarias intervenidas y salarios congelados

Duarte señaló que el mayor problema en el país se da en el sector privado de la sanidad, donde se está impidiendo una negociación salarial libre. Según explicó, existe una decisión política del presidente Javier Milei de imponer un techo del 1% a los incrementos salariales, lo que limita severamente la posibilidad de discutir en paritarias condiciones justas de trabajo. “No se puede pretender fijar los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo dejar librados los precios al mercado. Es una medida totalmente injusta”, expresó.

Duarte remarcó que el atraso salarial ya alcanza un 8%, al sumarse la pérdida acumulada de los meses anteriores con el último índice inflacionario del 2,8% correspondiente al período vencido.

Una brecha cada vez más insostenible

Además, cuestionó la postura de las patronales del sector privado, quienes —amparadas en la directiva nacional— se niegan a ofrecer aumentos salariales, mientras exigen a las obras sociales incrementos de hasta un 30% por las prestaciones médicas. “Yo administro una obra social y veo cómo los prestadores privados nos piden incrementos del 20 al 30%. ¿De dónde quieren que salga ese dinero si no actualizan los salarios?”, cuestionó Duarte.

En este marco, denunció que hay sectores que buscan “salvarse solos”, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores. “Al final del camino, siempre pagamos los mismos: los trabajadores y quienes menos tienen. Las medidas del Gobierno nacional lo dejan muy claro”, sentenció.

El gremio se mantiene en alerta

Duarte anticipó que, si no hay respuestas concretas, el Consejo Directivo Nacional del gremio, encabezado por Héctor Daer, evaluará nuevas medidas de fuerza. “Vamos a seguir insistiendo. Es urgente ajustar los salarios a la realidad que estamos viviendo”, afirmó.

El dirigente también remarcó que los aumentos obtenidos en el sector privado han sido mínimos, y que no alcanzan siquiera para sostener el poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica.

Apoyo a la suspensión de artículos del DNU atihuelga

Finalmente, Duarte se refirió a la decisión judicial conocida en las últimas horas, que ratificó la suspensión de los artículos del DNU 340/20 relacionados con la antigüedad laboral. Aseguró que fue un fallo importante que reivindica los derechos constitucionales de los trabajadores. “El sindicato, a través de Héctor Daer, hizo una presentación a nivel nacional porque se estaban cercenando derechos fundamentales. Cuando no hay diálogo, la justicia debe actuar para frenar la opresión del capital”, sostuvo.

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