La Casa Rosada confirma la venta parcial de la empresa de las centrales Atucha y Embalse
El Gobierno anunció que venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% y destinará un 5% a los trabajadores. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso para financiar proyectos estratégicos, surgen críticas por la cesión de participación en una empresa rentable y clave para la soberanía energética.
El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases de 2024 y fue oficializada en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada. De esta manera, el Estado conservará el 51% accionario para garantizar la mayoría. Actualmente, la participación está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA).
La resolución llega en un momento en que Nucleoeléctrica exhibe resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo superior a $103.267 millones, y durante el primer trimestre registró un superávit financiero de $17.234 millones. Para este año, el Ministerio de Economía proyecta un resultado económico favorable de $23.389 millones y una inversión de $239.000 millones en obras estratégicas. Entre ellas se encuentran la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).
El Ejecutivo justifica la apertura al capital privado como un paso para “promover la inversión en el sector nuclear” y financiar el primer reactor modular argentino, además de extender la vida útil de las centrales y relanzar la minería de uranio. “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, sostuvo Adorni. Desde la Casa Rosada remarcan que NASA ya no depende de aportes estatales: mientras en 2023 recibió transferencias por unos u$s 2 millones, en 2024 no necesitó asistencia del Tesoro.
En cuanto a la valuación de la compañía, estimaciones realizadas en 2024 ubican su valor entre u$s 560 millones y u$s 1.000 millones, cifra que marcará el piso y techo de la licitación.
La decisión genera cuestionamientos en distintos sectores. Para los gremios, la privatización parcial implica “ceder soberanía energética a intereses privados”. Académicos especializados en energía nuclear señalan que, más allá de los balances, el valor estratégico de NASA radica en su capacidad técnica, el know-how acumulado y su rol en la investigación. Desde la oposición acusan al Gobierno de “vender una empresa superavitaria” en lugar de discutir un modelo energético de largo plazo.
La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina expone el dilema entre la necesidad de inversión para sostener proyectos estratégicos y el resguardo de un sector clave para la soberanía nacional. Para el Gobierno, la medida es una señal de confianza hacia el mercado y una vía para potenciar la autosustentabilidad del sistema nuclear. Para críticos y opositores, significa abrir la puerta a la pérdida de control sobre un activo que no representa déficit y que concentra conocimientos estratégicos únicos.
El desenlace dependerá de cómo se concrete la licitación y de si el ingreso de capital privado logra traducirse en nuevas obras y desarrollos, o si la operación quedará en la historia como un paso más dentro de un plan de privatizaciones sin consenso social ni político.
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Cargar nafta en San Juan ya cuesta más de $2.000 por litro
La nueva actualización de $21 por litro volvió a golpear el bolsillo de los sanjuaninos. En un presente de ajustes constantes, la nafta súper quebró la barrera simbólica de los $2.000, mientras crece la preocupación por nuevos incrementos en el corto plazo.
La escalada en el precio de los combustibles no da tregua. Con una nueva suba de $21 por litro, ya son seis los incrementos aplicados en lo que va de marzo, consolidando una tendencia que impacta de lleno en la economía cotidiana. El ajuste, reflejado de manera inmediata en los surtidores de YPF, terminó de empujar a la nafta súper por encima de un umbral psicológico clave: los $2.000 por litro.
Tras la última actualización, los valores quedaron establecidos en $2.013 para la nafta súper y $2.189 para la Infinia. En tanto, el Diesel pasó a costar $2.107, mientras que el Infinia Diesel alcanzó los $2.276. Se trata de cifras que reflejan el impacto acumulado de una serie de ajustes aplicados en un período extremadamente corto.
En apenas diez días, el mercado registró cuatro aumentos consecutivos, siendo el del último fin de semana uno de los más significativos, con subas que oscilaron entre $43 y $51 por litro según el tipo de combustible. Este ritmo de actualización evidencia un cambio en la dinámica del sector, donde los precios comienzan a moverse con mayor frecuencia.
Detrás de esta escalada convergen múltiples factores. En el plano internacional, la cotización del crudo continúa presionada por tensiones geopolíticas que generan incertidumbre en los mercados energéticos. A nivel local, en tanto, el esquema de precios más flexible habilita a las petroleras a trasladar esas variaciones con mayor rapidez al surtidor.
El impacto de estos aumentos trasciende el consumo individual. El encarecimiento sostenido de los combustibles repercute directamente en los costos logísticos, afectando al transporte de mercancías y, en consecuencia, al precio final de bienes y servicios.
La frecuencia de los ajustes también introduce un componente de incertidumbre que complica la planificación tanto de los hogares como de los sectores productivos. La volatilidad del tipo de cambio, sumada a la evolución del precio internacional del petróleo, configura un panorama en el que los incrementos podrían continuar en las próximas semanas.
Con la nafta súper por encima de los $2.000 y una seguidilla de aumentos en tiempo récord, el mercado de combustibles en San Juan atraviesa un período de fuerte inestabilidad. La combinación de variables externas e internas anticipa una situación compleja, donde el costo de cargar combustible seguirá siendo un factor determinante en la economía diaria y en la dinámica inflacionaria del país.
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Salarios, despidos y ajuste: fuerte advertencia de Víctor Menéndez
El referente sindical Víctor Menéndez analizó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuestionó los cambios en el régimen de indemnizaciones y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo. También anticipó negociaciones clave con el sector empresario y destacó el crecimiento del rol femenino en la actividad.
En un escenario atravesado por una creceinte fragilidad económica, redefiniciones normativas y conflictividad laboral, el dirigente del Sindicato de Estaciones de Servicio de Cuyo, Víctor Menéndez, realizó una evaluación crítica sobre el presente del sector y, en particular, sobre los alcances de la reforma laboral promovida a nivel nacional.
Tras una reunión de comisión directiva realizada en Mendoza —convocada por el secretario general José Escoda—, el gremio avanzó en un análisis pormenorizado de los cambios normativos, con especial foco en su impacto sobre los trabajadores. “Es una reforma compleja y claramente perjudicial para el trabajador”, sintetizó el dirigente, al tiempo que subrayó que el equipo técnico del sindicato evaluó artículo por artículo las modificaciones introducidas respecto de versiones anteriores.
Uno de los ejes más sensibles del debate gira en torno al sistema de indemnizaciones. Menéndez cuestionó la posibilidad de establecer mecanismos de pago en cuotas e incluso en especie, así como la creación de fondos empresariales destinados a cubrir despidos. “Se configura un esquema que favorece al empleador y desprotege al trabajador. Es un negocio redondo”, advirtió, en línea con la postura crítica que también sostiene el movimiento sindical a nivel nacional.
En esta línea, el gremio mantiene expectativas en el frente judicial. Fallos recientes en distintas jurisdicciones comenzaron a poner límites a algunos artículos de la reforma, particularmente aquellos vinculados a la liquidación de indemnizaciones. “Confiamos en que la justicia laboral corrija estos aspectos y restituya derechos”, señaló.
Mientras tanto, el sindicato ya proyecta una agenda intensa de negociación. A fines de abril está previsto un encuentro con las cámaras empresarias para actualizar el convenio colectivo de trabajo, incorporando modificaciones que permitan sostener su vigencia en el nuevo contexto normativo. La discusión incluirá puntos sensibles como aportes sindicales, modalidades de contratación y condiciones laborales.
En este sentido, el frente salarial sigue siendo una prioridad. El sector acordó un incremento del 4% para marzo, cerrando así la paritaria 2025, con un esquema transitorio del 3% hasta reabrir negociaciones en abril. Sin embargo, Menéndez reconoció que el objetivo de recomponer ingresos se enfrenta a un escenario adverso. “La inflación real golpea más fuerte de lo que indican los números oficiales. Siempre intentamos ganarle, pero es muy difícil en este contexto”, planteó.
La preocupación del dirigente trasciende lo estrictamente sectorial y se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre la economía. Señaló una caída de la actividad, cierre de empresas y retracción del consumo como factores que erosionan tanto el empleo como la recaudación estatal. “Hay menos producción, menos trabajo y menos consumo. Es un círculo que se retroalimenta negativamente”, explicó.
En ese aspecto, también cuestionó el achicamiento del Estado y la eventual eliminación de delegaciones del área laboral en las provincias, lo que podría derivar en la pérdida de miles de puestos de trabajo. “Se debilita la capacidad de control y se profundiza la precarización”, alertó.
El impacto ya se hace visible en el sector: el dirigente gremial confirmó despidos recientes y advirtió que la tendencia podría profundizarse. “Estamos muy atentos porque esto puede replicarse en otras empresas”, sostuvo.
El rol de la mujer y la agenda de inclusión
En contraste con el escenario económico adverso, Menéndez destacó avances en materia de inclusión dentro del sector. Actualmente, alrededor del 30% del padrón sindical está compuesto por mujeres, una presencia que el representne sindical calificó como “clave” para transformar dinámicas laborales históricamente masculinizadas.
El gremio impulsa políticas de igualdad de trato, prevención del acoso y acompañamiento ante situaciones de violencia laboral. “La mujer está ganando el lugar que le corresponde y los sindicatos tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones de respeto y equidad”, afirmó.
En ese sentido, también valoró la creciente participación de identidades de género diversas dentro de la estructura sindical, con representación en espacios de conducción. “Es parte de una transformación que debe ser acompañada institucionalmente”, señaló.
El testimonio de Víctor Menéndez expone con claridad el delicado equilibrio que atraviesa hoy el mundo del trabajo: entre la necesidad de adaptación a nuevas reglas de juego y la defensa de derechos históricamente conquistados. La reforma laboral, lejos de presentarse como un proceso técnico o neutro, se configura —desde la mirada sindical— como un punto crucial que redefine las relaciones entre capital y trabajo.
En unmomento signado por la incertidumbre, la caída del poder adquisitivo y el debilitamiento del entramado productivo, el desafío para los gremios será sostener capacidad de negociación sin resignar protección. La resolución de esa presión no solo marcará el rumbo del sector de estaciones de servicio, sino que anticipa, en escala, el futuro inmediato del mercado laboral argentino.
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Endeudarse para comer: más de la mitad de los hogares recurre al crédito para subsistir
Un informe privado revela que el 56,4% de los hogares argentinos se endeudó en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos. La mayoría no logra llegar a fin de mes y crece la desconfianza en los datos oficiales de inflación, en un presente donde el crédito dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un mecanismo de supervivencia.
La economía doméstica atraviesa una transformación silenciosa pero profunda: el endeudamiento dejó de ser una decisión estratégica para convertirse en una respuesta desesperada frente a la pérdida del poder adquisitivo. Según el último relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurrió al crédito en los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios, alquileres y pagos de tarjetas.
Lejos de destinarse a inversiones o mejoras patrimoniales, el financiamiento aparece hoy orientado a cubrir necesidades inmediatas. La lógica del crédito mutó: ya no impulsa crecimiento, sino que amortigua la caída. Esta dinámica evidencia una economía de subsistencia donde el ingreso mensual resulta insuficiente para sostener el consumo básico.
El deterioro se profundiza al observar la capacidad de repago. Dentro del universo de hogares endeudados, casi nueve de cada diez ya enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Se configura así un círculo vicioso en el que la deuda no resuelve la urgencia, sino que la posterga, agravando la fragilidad financiera de las familias.
El informe describe con claridad un proceso en cuatro etapas que define la actual coyuntura: caída del poder adquisitivo, imposibilidad de sostener el consumo mensual, recurso al endeudamiento para cubrir la brecha y, finalmente, dificultades crecientes para afrontar esas deudas. Esta secuencia no solo refleja un problema económico, sino también un cambio estructural en la forma en que los hogares administran su supervivencia.
En consecuencia, emerge una brecha cada vez más visible entre las estadísticas oficiales y la percepción social. Un 65,8% de los encuestados considera que los datos de inflación difundidos por el INDEC no reflejan el impacto real en los gastos cotidianos. La discusión excede lo técnico: se trata de una crisis de credibilidad que se alimenta de la experiencia diaria de los consumidores.
Cuando el salario pierde poder de compra y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes, los indicadores pierden legitimidad social. A ello se suman cuestionamientos sobre la representatividad de las canastas de consumo y sospechas de injerencia política, factores que erosionan aún más la confianza en las estadísticas públicas.
El fenómeno del endeudamiento masivo para cubrir gastos corrientes marca un momento decisivo. La economía argentina muestra signos de una precarización extendida, donde el crédito funciona como un puente cada vez más frágil entre ingresos insuficientes y necesidades básicas.
Impacto político
El deterioro económico comienza a reflejarse en el plano político. La imagen del presidente Javier Milei registra un aumento en la desaprobación, que en marzo alcanzó el 53,3%, con una suba significativa respecto de la medición anterior. En contrapartida, la aprobación descendió al 38,5%.
Estos datos sugieren que el malestar económico empieza a trasladarse al terreno de la evaluación de la gestión. La persistencia de dificultades en la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta al poder adquisitivo y la capacidad de llegar a fin de mes, aparece como un factor determinante en la construcción de la opinión pública.
La Argentina actual enfrenta una economía donde el endeudamiento dejó de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un recurso de supervivencia. La combinación de salarios rezagados, consumo restringido y crédito destinado a cubrir lo básico configura un escenario de alta fragilidad social.
Bajo estas circunstancias, el desafío no se limita a estabilizar variables macroeconómicas, sino a recomponer la capacidad real de los ingresos. Sin esa recuperación, la rueda del endeudamiento continuará girando, profundizando una crisis que ya no se mide solo en índices, sino en la vida cotidiana de millones de hogares.
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