Ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional y el deterioro sostenido del poder adquisitivo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio exige la inmediata reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Ejecutivo en una decisión que los docentes califican como “jurídicamente inaceptable”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió profundizar su plan de lucha con una medida de fuerza de alcance nacional que afectará la actividad académica en todas las universidades públicas del país. El paro, programado para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, fue aprobado por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado 30 de octubre, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base de todo el territorio nacional.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, marcado por la parálisis en las negociaciones salariales y la suspensión de leyes fundamentales para el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas en educación superior.

“El Gobierno no ha convocado a la paritaria del sector ni ha ofrecido respuestas a las demandas salariales que venimos planteando desde hace meses”, señalaron desde la conducción nacional del gremio. Según la federación, los salarios docentes acumulan una pérdida que supera el 45 % en términos reales desde diciembre de 2023, lo que agrava el deterioro de las condiciones de trabajo y amenaza la sustentabilidad de la vida universitaria cotidiana.

En un comunicado difundido tras el Congreso, la CONADU Histórica expresó su preocupación por el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, en la misma disposición, promulgó y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. El texto oficial —publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre— reconoce la deuda del Estado con el sistema universitario, contemplando una actualización salarial del 40 % a julio de 2025, fondos para becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento. Sin embargo, su suspensión inmediata dejó sin efecto las medidas de alivio que el propio decreto admitía como urgentes.

“Es una decisión contradictoria, ilegítima y jurídicamente inaceptable”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron que “la suspensión vulnera derechos adquiridos y posterga indefinidamente el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado”.

La medida, señalan, no solo afecta a los trabajadores docentes, sino que compromete la estabilidad institucional de las universidades y la posibilidad de garantizar el derecho a la educación pública de calidad.

Desde la federación convocaron a toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes y personal no docente— a sostener la organización y fortalecer la unidad “en defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo”. En ese sentido, se prevén asambleas, clases públicas y actividades de visibilización en los principales centros universitarios durante los días de la huelga.

La Justicia laboral intimó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a justificar en un plazo de tres días los motivos por los cuales no ha convocado al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano clave para la actualización de los ingresos básicos y las prestaciones por desempleo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N°10, en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que encabezan Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, respectivamente. Ambas centrales reclaman el cumplimiento de la ley que establece la periodicidad bimestral de las reuniones y la restitución del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

Las organizaciones denunciaron que el Gobierno incumple su obligación legal y constitucional de promover el diálogo tripartito, y recordaron que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan la negociación conjunta como base para fijar el salario mínimo.

“Se está afectando un derecho fundamental: el de los trabajadores a participar en la definición de un salario digno”, expresaron los dirigentes sindicales al presentar la demanda.

El reclamo también impugna la Resolución 5/2025, mediante la cual el Ministerio impuso unilateralmente un incremento del salario mínimo a través de un laudo administrativo, sin consenso entre las partes. Según las CTA, esta decisión “carece de validez legal y no garantiza un nivel de vida digno”, en contravención de los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El Consejo del Salario, creado para fijar el monto del salario mínimo y los valores de las prestaciones por desempleo, está integrado por representantes del Estado, de las cámaras empresarias y de los sindicatos. Sin embargo, no se reúne desde hace más de seis meses, un hecho inédito desde su conformación.

La falta de actualización del salario mínimo —que hoy se encuentra muy por debajo del costo de la canasta básica— agrava la pérdida del poder adquisitivo y afecta de manera directa a millones de trabajadores formales, informales y beneficiarios de programas sociales.

Con esta resolución, la Justicia pone en evidencia la inacción del Poder Ejecutivo y exige que rinda cuentas sobre una cuestión de alto impacto económico y social. El fallo obliga al Ministerio de Capital Humano a explicar por qué se elude la convocatoria y reabre la discusión sobre la legitimidad de las decisiones unilaterales en materia salarial.

Para las dos centrales sindicales, la medida judicial representa un respaldo a su reclamo y una advertencia al Gobierno sobre la necesidad de respetar los mecanismos institucionales de diálogo social.

“Este fallo reafirma que el salario mínimo no puede definirse de espaldas a los trabajadores”, afirmaron Godoy y Yasky en un comunicado conjunto difundido tras conocerse la intimación judicial.

La relación entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional atraviesa su punto de máxima tensión. Tras el contundente triunfo electoral del oficialismo en los comicios legislativos, la Casa Rosada decidió reinstalar la reforma laboral como eje prioritario de su agenda parlamentaria. En respuesta, la central obrera comenzó a reorganizar sus fuerzas internas y a delinear una estrategia de resistencia sindical, política y judicial.

Durante la semana posterior a las elecciones, el clima en la dirigencia gremial osciló entre el estupor y la preocupación. Pese a los escándalos de campaña —como la vinculación del primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza con causas judiciales por narcotráfico—, el Gobierno logró un respaldo suficiente para transformar una crisis en oportunidad política. De inmediato, los principales voceros libertarios anunciaron que la reforma laboral regresará al Congreso con impulso renovado, esta vez con mayor poder parlamentario.

En los pasillos de Azopardo, sede histórica de la CGT, se habló abiertamente de “una guerra abierta”. La conducción gremial considera que el Gobierno intentará avanzar sobre derechos laborales básicos, amparado en los resultados electorales. La comparación con el frustrado DNU 70 y la Ley Bases fue inmediata: los proyectos que la CGT logró frenar judicialmente ahora vuelven con otro marco político, pero con la misma orientación.

Reunión en la UOCRA: diagnóstico y estrategia

El jueves, en la sede de la UOCRA, la mesa chica ampliada de la CGT se reunió por primera vez tras los comicios para analizar el nuevo escenario. El anfitrión, Gerardo Martínez, ofició de moderador y expuso la preocupación por lo que denominó “una embestida regresiva”.

El encuentro buscó unificar la respuesta sindical frente a las versiones que anticipan un nuevo techo salarial, condiciones flexibles de contratación y mayor libertad para despidos. La cumbre culminó con un documento interno en el que se ratificó que la central “se opondrá a toda iniciativa que elimine derechos conquistados”.

Voceros sindicales consultados por Data Gremial señalaron que la estrategia incluirá acciones judiciales, articulación legislativa y eventuales movilizaciones. Además, se reforzará el diálogo con las regionales del interior, que ya demostraron su eficacia en la batalla por la Ley Bases, cuando lograron persuadir a varios legisladores provinciales de votar en contra.

Pero esta vez, reconocen, el desafío será mayor. En la Casa Rosada se prepara una ofensiva política y mediática para intentar dividir la resistencia sindical, y ya se detectaron señales de presión económica: el congelamiento de 60 mil millones de pesos comprometidos con las obras sociales sindicales. Esos fondos, parte de un fideicomiso creado en 2016, habrían sido retenidos como herramienta de negociación.

Las armas del Gobierno

Mientras los gremios afinan su modo resistencia, el Gobierno avanza con su propio plan. El presidente Javier Milei se reunió esta semana con gobernadores aliados para coordinar el tratamiento legislativo de la reforma. En el corazón del proyecto reaparecen figuras centrales del equipo desregulador, encabezadas por Federico Sturzenegger, que ya confirmó que el texto retomará los ejes del DNU 70.

Entre los puntos más controvertidos figuran el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de acuerdos por empresa —que pasarían a funcionar como techo y no como piso de condiciones— y la eliminación de la cuota solidaria sindical, aporte que realizan los trabajadores no afiliados y que constituye una de las principales fuentes de financiamiento de los gremios.

El Ejecutivo argumenta que estos cambios son “modernizaciones necesarias”, mientras desde la CGT denuncian que se trata de un intento deliberado de desfinanciar a las organizaciones sindicales y debilitar su capacidad de negociación. En los despachos libertarios, ya circulan documentos que exhiben los montos que recaudan sindicatos como Camioneros o Comercio, con el claro objetivo de instalar el tema en la opinión pública y ganar apoyo mediático.

El peso de las internas

En paralelo, la CGT enfrenta dos disputas internas simultáneas: la renovación de su conducción y la crisis del peronismo tras la derrota electoral.

En el plano político, los dichos de Héctor Daer criticando a Cristina Fernández de Kirchner por su actitud el día de los comicios profundizaron las diferencias entre los sectores más dialoguistas y los que aún orbitan alrededor del kirchnerismo. “No estamos llegando a la gente. Hace falta una profunda autocrítica”, confió una fuente cercana a la conducción.

En lo interno, la central se encamina a elegir en noviembre un nuevo triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Maia Volcovinsky (Judiciales). Sin embargo, los sectores combativos cuestionan la fórmula por falta de representación propia y amenazan con romper si no se los incluye. Nadie, por ahora, quiere cargar con la responsabilidad de una fractura.

El tablero sindical y político argentino se encamina hacia una confrontación decisiva. El Gobierno libertario, envalentonado por las urnas, busca consolidar su proyecto de desregulación laboral; la CGT, debilitada por internas pero todavía influyente, intenta articular una resistencia que preserve los pilares del derecho del trabajo.

La batalla por la reforma laboral promete ser una prueba de fuerza institucional: pondrá en juego la capacidad de diálogo, la cohesión del movimiento obrero y la verdadera extensión del poder político del oficialismo. En el horizonte inmediato, se perfila un escenario de presión creciente donde cada movimiento tendrá impacto estructural en el futuro del trabajo en la Argentina.