La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó para este miércoles 12 de agosto a una movilización nacional. La concentración central será a las 16 en el Obelisco y habrá réplicas en universidades, plazas y centros de investigación de todo el país. El reclamo se produce tras la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet y por el fuerte deterioro presupuestario y salarial del sistema científico.

La movilización adquirió mayor intensidad luego de que el Gobierno dejara sin renovación a 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos finalizaron el 31 de julio. Los gremios consideran que la decisión no representa solamente una reducción de puestos de trabajo, sino también la interrupción de investigaciones que demandaron años de formación y financiamiento público.

Juan Manuel Sueiro, delegado de ATE en el organismo, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que las bajas afectan líneas de investigación vinculadas con nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo también apunta al deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Según cálculos difundidos por Chequeado, el presupuesto correspondiente a esa función acumuló entre 2023 y 2026 una caída del 50,2% en términos reales, mientras que el Gobierno reconoció ante el Congreso una reducción de al menos el 40%.

A ese retroceso se suma la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una disminución real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que los trabajadores científicos comprendidos en el SINEP registran una merma del 32,2%.

Otra de las demandas apunta a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal organismo de financiamiento de proyectos científicos, que no abrió nuevas convocatorias desde diciembre de 2023, según las organizaciones del sector.

La reducción de recursos también alcanzó a otros organismos científicos y tecnológicos, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los gremios denuncian interrupciones de proyectos y advierten sobre la pérdida de capacidades acumuladas durante años.

En este sentido, investigadores y especialistas alertaron por una nueva salida de profesionales hacia otros países de la región, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay. La comparación con la emigración de científicos registrada durante la década de 1990 volvió a instalarse en el debate sobre las consecuencias de la falta de financiamiento y de perspectivas laborales.

La jornada de este miércoles se inscribe en una sucesión de protestas protagonizadas durante 2026 por universidades, docentes, investigadores y trabajadores científicos. Entre ellas se encuentra la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

La pérdida de empleos registrados y el encarecimiento de las coberturas privadas modificaron de manera significativa el mapa de acceso a la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El retroceso se trasladó también al sistema público. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 aumentó en 1.246.285 la cantidad de personas que no tenían obra social, prepaga ni mutual. El universo pasó de 9.428.131 a 10.674.416 personas, con un incremento de la proporción sobre la población del 32% al 35,6%.

La merma de afiliados tuvo una relación directa con la evolución del empleo. En el período analizado desaparecieron más de 235.000 puestos privados registrados y otros 73.000 empleos públicos, reduciendo no solo la cobertura del trabajador sino también la correspondiente a su grupo familiar.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a Comercio, redujo un 20,2% sus beneficiarios; OSPRERA, que reúne a trabajadores rurales, cayó 15,9%, y OSPCN, correspondiente a empleados estatales, perdió 19,1%. La construcción registró uno de los mayores retrocesos: OSPeCon disminuyó 25,4% y la obra social petrolera, OSPe, perdió 5,1%.

La evolución de esas entidades guarda relación con la contracción del empleo registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la construcción perdió 60.646 puestos, equivalentes al 13,8%; Comercio redujo su dotación en 9.413 trabajadores y el empleo petrolero cayó en 8.282. Entre los estatales, la reducción alcanzó a 73.052 puestos.

La principal excepción fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que incrementó 154% su cantidad de afiliados durante el mismo período, acompañando el crecimiento del 7,4% en la cantidad de inscriptos en ese régimen.

A la privación de cobertura derivada del empleo se sumó el aumento de las cuotas de medicina prepaga. Según los datos difundidos en el informe, desde la desregulación las tarifas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320%. El incremento redujo la capacidad de numerosos hogares para sostener una cobertura privada.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público durante el primer trimestre de 2026. Son 438.790 jóvenes más en esa condición respecto del cuarto trimestre de 2023, un aumento del 15,3%.

El desplazamiento de afiliados hacia hospitales y centros sanitarios estatales agrega presión sobre una estructura que debe absorber una demanda en aumento. La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliaciones y mayores costos de la medicina privada deja así una consecuencia concreta: cada vez más argentinos dependen del sistema público para acceder a atención médica.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan dio un paso decisivo hacia la libre elección de obra social para su personal. Luego de una sesión extraordinaria de más de cinco horas, el cuerpo aprobó por unanimidad un acuerdo que establece plazos, mecanismos y responsables para avanzar en el traspaso entre DAMSU y OSFATUN. La medida establece que los traspasos de aportes podrán concretarse desde el 1 de enero de 2027.

La resolución fue adoptada este lunes 10 de agosto, a partir del emplazamiento dispuesto por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien había requerido a la UNSJ que se pronunciara sobre el cambio de obra social dentro de un plazo de diez días hábiles.

La discusión reunió en el Salón Principal del Edificio Central a consejeros, docentes, nodocentes, estudiantes y jubilados. Durante la sesión se expusieron posiciones contrapuestas. Mientras algunos consejeros advirtieron que la libre afiliación podía provocar una fragmentación del sistema y afectar criterios de solidaridad y equidad, otros defendieron el derecho de los trabajadores a elegir la cobertura médica y reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente.

También participaron representantes de las entidades involucradas. El presidente de DAMSU, Alfredo Russo, planteó la necesidad de elaborar una propuesta técnica que contemple la solidaridad, la sustentabilidad y la equidad, sin generar un perjuicio para la obra social universitaria.

Desde APUNSJ, su secretario general, Daniel Durán, recordó que el reclamo de los nodocentes se remonta a 2014, cuando comenzó a funcionar OSFATUN como alternativa. Aclaró además que la demanda no está dirigida contra DAMSU, sino contra la falta de mecanismos que permitan ejercer la libre elección.

Tras el debate, el Consejo Superior pasó a un cuarto intermedio. Durante aproximadamente una hora, representantes de DAMSU, APUNSJ y del propio cuerpo universitario trabajaron sobre una propuesta común que finalmente fue sometida a votación.

El entendimiento dispone que el rector deberá reunir y remitir, dentro de diez días hábiles administrativos, la documentación e informes requeridos por la Procuración del Tesoro de la Nación y el Ministerio de Salud, en relación con un dictamen de 2018 y con la Resolución 40/17-CS.

Además, se creó una Comisión Técnica Mixta ad hoc integrada por dos representantes de DAMSU, dos de APUNSJ y tres del Consejo Superior. El órgano deberá quedar constituido antes del 18 de agosto y tendrá como principal tarea elaborar un procedimiento operativo que permita concretar la libre afiliación, tanto para quienes decidan pasar de DAMSU a OSFATUN como para quienes posteriormente opten por regresar.

La propuesta deberá ser elevada al Consejo Superior antes del 1 de diciembre de 2026. El acuerdo establece, además, que la UNSJ garantizará el traspaso de los aportes a partir del 1 de enero de 2027.

Si para el 1 de diciembre la Procuración del Tesoro o el Ministerio de Salud no hubieran emitido los dictámenes o reglamentaciones requeridos, el Consejo Superior deberá reunirse en sesión extraordinaria antes del 15 de diciembre para tratar la propuesta elaborada por la comisión.

El cuerpo también designó a sus representantes titulares: Jaime Barcelona, Marita Benavente y Mario Ocampo. Como suplentes fueron elegidos Emilio Furlán, Marisol Vedia y Gonzalo Leyes.

Tras la aprobación, Barcelona destacó que el principal resultado fue encontrar una salida institucional al conflicto y desplazar la discusión de una eventual disputa entre DAMSU y OSFATUN. “Nos pusimos a pensar en las y los trabajadores y en su posibilidad de elegir entre estas dos obras sociales”, señaló.

El consejero también diferenció las características de ambas entidades y remarcó que OSFATUN puede incorporar a docentes además de nodocentes, mientras que eventuales modificaciones estatutarias de DAMSU que permitan recibir afiliados provenientes de otras obras sociales no dependen del Consejo Superior.

La decisión adoptada no implica todavía la puesta en marcha inmediata de los traspasos. El próximo paso será la conformación de la comisión técnica y la elaboración del procedimiento que deberá regular las condiciones de salida y reingreso. Con los plazos fijados, la Universidad busca transformar el reclamo por la libre elección en un mecanismo institucional aplicable desde comienzos de 2027.