Aunque había comprometido saldar antes de fin de año una deuda cercana a los $60.000 millones, el Gobierno solo abonó un tercio de lo acordado. La demora ocurre en medio de un clima de alta conflictividad con la CGT por la reforma laboral y reaviva la desconfianza sindical.

El Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con las obras sociales gremiales, un frente sensible que se suma al conflicto abierto con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

El monto total adeudado ronda los $60.000 millones, correspondientes a reintegros por medicamentos, tratamientos de alto costo y prestaciones subsidiadas. En octubre pasado, en la antesala del proceso electoral, el Ministerio de Salud acordó con los sindicatos un esquema de tres pagos escalonados entre octubre y diciembre, con el objetivo de cancelar la deuda antes de fin de año. Sin embargo, hasta el momento, solo se abonaron $23.000 millones, poco más de un tercio del compromiso asumido.

Desde el Ejecutivo explican que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT, sino a la complejidad administrativa del proceso. Según fuentes oficiales, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019. Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual, lo que habría ralentizado los pagos.

“Es una deuda histórica, acumulada durante casi seis años”, sostienen en el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, quien había manifestado su intención de dejar la deuda “en cero” antes de fin de 2025, objetivo que finalmente no se logró cumplir en los plazos previstos.

En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan “por tandas” y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente. No obstante, no hubo precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron tras el primer pago.

El rol del Fondo Solidario y la desconfianza sindical

Los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.

Según dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, y estiman que el monto acumulado podría rondar los $300.000 millones. Esta situación alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.

Desde el oficialismo responden que, al asumir, se encontraron con un sistema desordenado, con reclamos que en algunos casos llevaban hasta diez años sin resolución, y que la actual gestión inició un proceso de normalización que continúa, aunque sin fechas definidas.

La tramitación de los pagos se realiza ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo bajo la órbita del Ministerio de Salud y actualmente conducido por Claudio Adrián Stivelman, designado por Lugones. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación en regla.

Reforma laboral y clima de confrontación

El incumplimiento del cronograma de pagos se da en paralelo a un fuerte deterioro del vínculo entre el Gobierno y la CGT, profundizado por el avance de la reforma laboral. Aunque el sindicalismo tuvo participación en el Consejo de Mayo, donde se debatieron aspectos de la denominada “modernización laboral”, el malestar quedó expuesto cuando Gerardo Martínez, titular de la Uocra y representante gremial en ese ámbito, decidió no asistir a la presentación oficial del proyecto en la Casa Rosada.

Esta semana, la tensión escaló con una movilización de la CGT a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, donde los dirigentes sindicales amenazaron con un paro general. Horas más tarde, el oficialismo anunció la postergación del debate de la reforma laboral para febrero, una decisión que el sindicalismo interpretó como una señal de apertura a la negociación.
En sectores del oficialismo y de la oposición, en cambio, la postergación fue leída como una consecuencia directa de la falta de consensos políticos, la fallida votación del presupuesto y las tensiones con los aliados parlamentarios.

La deuda con las obras sociales sindicales se convirtió en un nuevo factor de fricción en una relación ya deteriorada entre el Gobierno y la CGT. Aunque el Ejecutivo insiste en que existe voluntad de pago y que se trata de una cuestión administrativa heredada, la falta de certezas sobre los plazos y el contexto de confrontación política refuerzan la desconfianza gremial. En un escenario de reformas estructurales y conflictividad social en aumento, el manejo de estos fondos aparece como una pieza clave para recomponer —o profundizar— el vínculo con el sindicalismo organizado.

La Confederación General del Trabajo lideró este jueves una movilización nacional contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La protesta tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y se replicó en distintas provincias. En San Juan, cerca de 5000 personas marcharon por el centro capitalino en una convocatoria que reunió a sindicatos, la Universidad Nacional de San Juan y organizaciones sociales.

La oposición sindical a la reforma laboral volvió a expresarse con fuerza en las calles. Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en la Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. La jornada estuvo marcada por paros, concentraciones y cortes de tránsito, y se replicó de manera simultánea en distintas provincias del país, entre ellas San Juan.

Desde horas tempranas, columnas sindicales y organizaciones sociales comenzaron a confluir en el centro porteño, donde dirigentes gremiales tomaron la palabra para cuestionar una iniciativa que, aseguran, no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos históricos. La protesta se desarrolló en un contexto atravesado por la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por el Ejecutivo nacional.

En San Juan, la convocatoria tuvo una adhesión significativa. Según confirmó el comisario Sergio Ruarte, jefe del Cuerpo Especial de Vigilancia, la movilización reunió a cera de 5000 personas. La marcha comenzó apenas pasadas las 18, con una concentración en avenida Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, desde donde partieron las columnas que recorrieron el microcentro capitalino.

Las calles céntricas se vieron colmadas por banderas, pancartas y consignas contra la reforma laboral. Participaron sindicatos nucleados en la CGT y la CTA, organizaciones sociales y representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que aportaron un marcado componente institucional y académico a la protesta. El recorrido abarcó cerca de diez cuadras y culminó frente a la Catedral, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones sindicales, en el que se advirtió que el proyecto oficial facilita la precarización laboral, debilita el sistema jubilatorio y las obras sociales, y podría profundizar la desigualdad social. Como cierre, los manifestantes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entre los gremios presentes se destacaron Camioneros, APUNSJ, AOMA, UOM, AJEPROC, ADICUS, UOCRA, SATSAID, SOEESIT, JUDICIALES NACIONALES, UPCN, ATSA, ASIJEMIN, SOESGyPE, SADOP, JUDICIALES PROVINCIALES, AOMA, APEL, entre otros. La amplitud de la convocatoria reflejó un rechazo transversal al proyecto, más allá de las particularidades de cada sector.

Durante la movilización local cobraron relevancia dirigentes sindicales de peso. José “Pepe” Villa, referente de UPCN, encabezó una de las columnas y fue uno de los encargados de leer el documento final. En ese marco, sostuvo que “nos quieren confiscar derechos” y advirtió que el modelo propuesto apunta a avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

El rechazo también tuvo eco en el plano político. El exgobernador José Luis Gioja acompañó la marcha y cuestionó la lógica del Ejecutivo nacional al señalar que “la chequera y el látigo ya no solucionan los problemas”. En la misma línea se expresó Facundo Perrone, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quien afirmó no oponerse a debatir una reforma laboral, pero sí a “una que atrase 100 años”.

También participaron el diputado provincial Mario Herrero, el concejal Sergio Carrión y Juan Carlos Gioja, entre otros referentes políticos, lo que reforzó el carácter multisectorial de la protesta.

En este sentido, los secretarios generales de la CGT San Juan, Eduardo Cabello y Víctor Menéndez, viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la movilización nacional que tuvo lugar en las inmediaciones del Senado, donde la conducción cegetista concentró su reclamo contra la iniciativa oficial.

La jornada de protestas dejó en claro que el debate por la reforma laboral trasciende el plano legislativo y se instaló con fuerza en el escenario social. La masiva movilización en Plaza de Mayo y la contundente adhesión en San Juan evidencian un rechazo amplio y articulado, que reúne a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y referentes políticos.

Aunque el tratamiento del proyecto fue postergado para el próximo año, el movimiento obrero dejó un mensaje nítido: la iniciativa no es percibida como una modernización, sino como un retroceso que pone en riesgo derechos laborales, el sistema de protección social y el equilibrio del entramado productivo. Un conflicto que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política y sindical en los meses venideros.

El secretario general de AOMA San Juan e integrante de la conducción nacional del gremio, Iván Malla, confirmó la adhesión total del sindicato minero a la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Alertó sobre despidos, cierre de empresas, recesión productiva y un posible avance posterior sobre el sistema previsional.

La convocatoria a una movilización nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma adhesiones en todo el país y consolida un frente sindical cada vez más amplio. En ese marco, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) confirmó su participación activa en la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con presencia en más de 20 provincias.

“Adherimos totalmente a esta movilización en en San juan y en todo el país”, afirmó Iván Malla, titular de AOMA e integrante de la conducción nacional del gremio. Según explicó, la protesta busca visibilizar el rechazo a una iniciativa oficial que, lejos de generar empleo genuino, “profundiza la precarización y consolida un escenario de recesión”.

Desde la mirada sindical, el debate sobre la denominada “modernización laboral” se da en un contexto económico adverso, atravesado por despidos masivos, cierre de empresas y una fuerte contracción de la actividad productiva. “Lo vemos claramente: hay despidos todos los días, en el comercio, en la construcción, en la industria. Esto no se resuelve con una reforma laboral”, sostuvo Malla.

El dirigente fue categórico al cuestionar el argumento oficial que presenta la reforma como una herramienta para fomentar el empleo. “Engañan a la gente diciendo que así va a haber más trabajo. Eso no es cierto. El empleo se genera con políticas productivas, con industria en marcha y con un Estado que acompañe”, remarcó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad del movimiento obrero como factor clave para incidir en el tratamiento legislativo del proyecto. “Esperamos que nos acompañen todos los trabajadores, del sector público y del privado. Acá estamos perjudicados todos. Esto es el inicio de un avasallamiento general de los derechos laborales”, advirtió.

Pero las objeciones no se limitan al plano estrictamente laboral. Malla alertó sobre posibles derivaciones más profundas del proyecto: “Detrás de esta reforma viene un desfinanciamiento total de la ANSES, y eso abre la puerta a una reforma previsional, con aumento de la edad jubilatoria. Esto va mucho más allá de una simple modernización”.

La situación concreta del sector minero también refleja, según el dirigente, las consecuencias del actual modelo económico. En ese marco, confirmó despidos recientes en Cementos Avellaneda, donde seis trabajadores recibieron telegramas de cesantía. “Ya se están tomando las acciones necesarias, con asambleas y medidas de fuerza”, indicó.

Malla explicó que, dentro de la actividad minera, existen realidades muy diferentes. Mientras la minería metalífera mantiene cierta estabilidad por sus convenios y características productivas, otras ramas —como el cemento, la cal y la piedra— dependen directamente de la obra pública, hoy prácticamente paralizada. “Eso impacta de lleno en nuestro sector”, señaló.