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El Sindicato Trabajadores Viales y Afines denunció que, de $1,503 billones recaudados por el sistema específico para infraestructura vial entre 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones fueron ejecutados en obras. El gremio cuestiona además el achicamiento de Vialidad Nacional mientras avanza un programa de concesiones que comprende más de 9.000 kilómetros.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) volvió a cuestionar la política nacional sobre la infraestructura caminera y denunció que más de $1 billón recaudado para el sistema vial permanecía inmovilizado al 31 de mayo de 2026, mientras avanzan los procesos para entregar en concesión miles de kilómetros de rutas nacionales.

Según la documentación oficial que el gremio asegura haber reconstruido, entre 2024 y mayo de 2026 el Sistema Vial (SISVIAL) acumuló $1.503.252 millones destinados por ley a infraestructura. De ese monto, siempre de acuerdo con la denuncia sindical, se ejecutaron $394.406 millones en obras y más de $1 billón quedó colocado en plazos fijos y títulos públicos.

La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó que el Estado sostenga que existen restricciones para atender el mantenimiento de las rutas mientras permanecen fondos asociados al sistema vial sin aplicación directa en obras. “¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, planteó.

La denuncia se produce mientras el Gobierno avanza con la Red Federal de Concesiones, un programa que contempla incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión privada. En julio, Vialidad Nacional informó que la tercera etapa comprende más de 3.900 kilómetros y que ya se habían presentado 48 ofertas económicas. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo apunta a financiar la explotación, administración y mantenimiento de los corredores sin subsidios públicos.

A ese proceso se suma el Decreto 253/2026, que delegó en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre determinados tramos de rutas nacionales. La norma aclara que el dominio y la jurisdicción federal continúan en manos del Estado nacional y establece que Vialidad Nacional conservará las funciones de supervisión y auditoría.

Ese punto constituye uno de los principales cuestionamientos del sindicato. STVyARA sostiene que se pretende aumentar las responsabilidades de fiscalización de Vialidad Nacional al mismo tiempo que se reduce su estructura y su dotación mediante programas de retiro voluntario.

“No se puede exigir más control con menos Vialidad”, afirmó Aleñá, quien sostuvo que la pérdida de capacidad técnica puede afectar la fiscalización de los contratos y el seguimiento de las condiciones de seguridad y mantenimiento.

El gremio también advierte que el criterio de rentabilidad puede dejar relegados aquellos corredores con menor circulación vehicular, pero fundamentales para pequeñas localidades, productores y economías regionales. Por eso reclama que antes de avanzar con nuevas concesiones se realicen estudios económicos y sociales que contemplen la función territorial de cada tramo.

La posición sindical sintetiza su rechazo bajo el término “ruticidio”, con el que busca describir una secuencia que, según su interpretación, comienza con la reducción de recursos, continúa con el deterioro de la infraestructura y termina con la transferencia de corredores al régimen privado.

“No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”, sostuvo Aleñá.

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UTA acordó con los empresarios y quedó desactivado el paro de colectivos en San Juan

El entendimiento establece el pago de $420.000 por trabajador, distribuidos en dos cuotas de $210.000 que se abonarán el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. El acuerdo contempla diferencias salariales y conceptos adeudados entre mayo y agosto, y garantiza la continuidad del servicio, al menos por este conflicto.

La amenaza de una medida de fuerza en el transporte público sanjuanino quedó desactivada luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector alcanzaran un acuerdo para cancelar parte de las obligaciones salariales pendientes. La propuesta presentada por los empresarios obtuvo el aval de la representación sindical y permitió cerrar, por el momento, una negociación que llevaba varias semanas sin resolución.

El acuerdo establece el pago de dos cuotas iguales de $210.000 para cada trabajador. La primera se hará efectiva el 30 de noviembre y la segunda el 11 de diciembre, hasta completar una suma de $420.000 por empleado. Los desembolsos incluyen diferencias no remunerativas correspondientes a mayo y junio, además de conceptos salariales y viáticos pendientes de julio y agosto.

La deuda acumulada había profundizado el malestar entre los choferes y las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La falta de una propuesta que permitiera regularizar esos conceptos llevó al sindicato a endurecer su posición y a advertir que podía avanzar con medidas de fuerza si no se alcanzaba una respuesta satisfactoria.

La dimensión del reclamo había quedado expuesta horas antes del acuerdo, cuando Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de UTA San Juan, explicó en declaraciones a la prensa que los montos adeudados variaban según la antigüedad y los días trabajados. De acuerdo con su descripción, el reclamo partía de aproximadamente $416.000, aunque en distintos casos podía ubicarse entre $430.000 y $480.000, con situaciones que alcanzaban los $500.000.

Entre los conceptos reclamados figuraba, además, una suma no remunerativa de $120.000.
En medio de las diferencias, la conducción gremial había resuelto ampliar las instancias de negociación y dejar de canalizar las conversaciones exclusivamente a través de ATAP, con la intención de avanzar en entendimientos directos con cada empresa. Ese endurecimiento había elevado la incertidumbre sobre la prestación del servicio, ante la posibilidad de que el conflicto derivara en una interrupción de los recorridos.

La oferta empresarial logró evitar el paro de transporte al definir fechas concretas de pago. Con esta medida, los usuarios mantienen el servicio activo y los choferes podrán recuperar el dinero reclamado, siempre y cuando las empresas respeten los plazos acordados.

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La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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Departamentales

Sebastián López reclamó diálogo político y reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa del trabajo

El dirigente de Judiciales Provinciales y referente de la CGT Regional San Juan valoró el mensaje social del papa León XIV y sostuvo que sus definiciones deben trascender el ámbito religioso para promover consensos, combatir la informalidad y recuperar una agenda centrada en el empleo.

Recomponer los canales de diálogo, darle más fuerza a la representación gremial y poner la creación de empleo en el centro de la agenda pública. Esos fueron los ejes principales que trazó Sebastián López, referente de Judiciales Provinciales y miembro de la Secretaría de Prensa de la CGT Regional San Juan, en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

Durante la charla, el dirigente también resaltó la mirada humanista del papa León XIV y afirmó que sus reflexiones sobre la dignidad del trabajo y la justicia social tienen que reflejarse en el rumbo político y económico de la Argentina.

Para López, las definiciones del pontífice exceden ampliamente la dimensión religiosa. Su relevancia reside, fundamentalmente, en la concepción de una economía al servicio de las personas y en la reivindicación de principios que, a su entender, resultan indispensables para afrontar las dificultades sociales y laborales. En ese sentido, subrayó que la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no debería quedar reducida a una identificación partidaria o a una consigna de disputa política.

El dirigente también puso de relieve la referencia papal a las organizaciones sindicales, en momentos en que el movimiento obrero enfrenta cuestionamientos y una creciente deslegitimación en distintos ámbitos. Consideró que reconocer la función de los gremios supone comprender su responsabilidad en la defensa de los derechos laborales y en la representación colectiva de quienes dependen de su trabajo. No obstante, admitió que las propias organizaciones deben revisar y fortalecer su desempeño. “Tenemos nuestras virtudes, pero debemos revalorizar nuestra tarea sindical, que consiste en representar los derechos de los trabajadores”, expresó.

Esa exigencia, sostuvo, debe ir acompañada de una actitud capaz de superar la confrontación permanente y abrir instancias de entendimiento. López defendió una participación sindical activa en la búsqueda de respuestas, con propuestas que permitan abordar las dificultades del mercado laboral y no se limiten a expresar desacuerdos. Entre los asuntos que requieren atención prioritaria mencionó la informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y las demandas que llegan a diario a las entidades gremiales.

Desde esa perspectiva, propuso conformar mesas de trabajo con representación de los distintos actores políticos, económicos y sociales. El objetivo sería identificar los problemas, debatir alternativas y alcanzar acuerdos que puedan convertirse en medidas concretas. También advirtió que el llamado al entendimiento no debe dirigirse exclusivamente al Gobierno nacional: alcanza al conjunto de las fuerzas políticas, cuya responsabilidad institucional resulta decisiva para construir respuestas duraderas.

En el plano provincial, López destacó las recorridas territoriales que la CGT Regional San Juan comenzó a impulsar mediante su Secretaría de Interior, junto con la conducción de la central obrera. La iniciativa busca estrechar el vínculo con las distintas comunidades, conocer las condiciones en las que viven y trabajan sus integrantes y recoger de manera directa las inquietudes que, muchas veces, no llegan a expresarse en los ámbitos formales de representación.

El contacto cotidiano con los trabajadores, remarcó, constituye una condición necesaria para que la acción gremial conserve legitimidad y capacidad de respuesta. “Es muy importante poder bajar a los sectores y estar en contacto permanente con la gente”, señaló, al defender una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial y la escucha activa.

Para López, el futuro del sindicalismo exige dos metas urgentes: recuperar el respaldo de la sociedad y volver a apostar por el diálogo frente a las crisis laborales. Advirtió que el valor del trabajo, la formalización y los derechos laborales requieren decisiones reales y no solo buenas intenciones. En este escenario, propuso un sindicalismo con iniciativa propia, capaz de aportar soluciones concretas sin descuidar su rol histórico de proteger a los trabajadores.

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