Viales denuncian que más de $1 billón destinado a rutas quedó inmovilizado

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines denunció que, de $1,503 billones recaudados por el sistema específico para infraestructura vial entre 2024 y mayo de 2026, solo $394.406 millones fueron ejecutados en obras. El gremio cuestiona además el achicamiento de Vialidad Nacional mientras avanza un programa de concesiones que comprende más de 9.000 kilómetros.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) volvió a cuestionar la política nacional sobre la infraestructura caminera y denunció que más de $1 billón recaudado para el sistema vial permanecía inmovilizado al 31 de mayo de 2026, mientras avanzan los procesos para entregar en concesión miles de kilómetros de rutas nacionales.

Según la documentación oficial que el gremio asegura haber reconstruido, entre 2024 y mayo de 2026 el Sistema Vial (SISVIAL) acumuló $1.503.252 millones destinados por ley a infraestructura. De ese monto, siempre de acuerdo con la denuncia sindical, se ejecutaron $394.406 millones en obras y más de $1 billón quedó colocado en plazos fijos y títulos públicos.

La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó que el Estado sostenga que existen restricciones para atender el mantenimiento de las rutas mientras permanecen fondos asociados al sistema vial sin aplicación directa en obras. “¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, planteó.

La denuncia se produce mientras el Gobierno avanza con la Red Federal de Concesiones, un programa que contempla incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión privada. En julio, Vialidad Nacional informó que la tercera etapa comprende más de 3.900 kilómetros y que ya se habían presentado 48 ofertas económicas. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo apunta a financiar la explotación, administración y mantenimiento de los corredores sin subsidios públicos.

A ese proceso se suma el Decreto 253/2026, que delegó en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre determinados tramos de rutas nacionales. La norma aclara que el dominio y la jurisdicción federal continúan en manos del Estado nacional y establece que Vialidad Nacional conservará las funciones de supervisión y auditoría.

Ese punto constituye uno de los principales cuestionamientos del sindicato. STVyARA sostiene que se pretende aumentar las responsabilidades de fiscalización de Vialidad Nacional al mismo tiempo que se reduce su estructura y su dotación mediante programas de retiro voluntario.

“No se puede exigir más control con menos Vialidad”, afirmó Aleñá, quien sostuvo que la pérdida de capacidad técnica puede afectar la fiscalización de los contratos y el seguimiento de las condiciones de seguridad y mantenimiento.

El gremio también advierte que el criterio de rentabilidad puede dejar relegados aquellos corredores con menor circulación vehicular, pero fundamentales para pequeñas localidades, productores y economías regionales. Por eso reclama que antes de avanzar con nuevas concesiones se realicen estudios económicos y sociales que contemplen la función territorial de cada tramo.

La posición sindical sintetiza su rechazo bajo el término “ruticidio”, con el que busca describir una secuencia que, según su interpretación, comienza con la reducción de recursos, continúa con el deterioro de la infraestructura y termina con la transferencia de corredores al régimen privado.

“No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”, sostuvo Aleñá.