CONÉCTATE CON NOSOTROS

El Gobierno de San Juan reglamentó la Ley Provincial N.º 2799-A, que reorganiza integralmente el sistema de transporte de pasajeros y cargas. La normativa crea un registro digital obligatorio para empresas, conductores y vehículos, incorpora nuevas herramientas de fiscalización, endurece los requisitos para operar y establece mayores estándares de seguridad, trazabilidad y control sobre la prestación de los servicios.

San Juan dio un paso decisivo hacia la modernización del sistema de transporte con la reglamentación de la Ley N.º 2799-A, una norma que redefine las condiciones de funcionamiento del transporte público de pasajeros, taxis, remises, servicios especiales, transporte escolar y de cargas dentro del territorio provincial.

La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial, busca concentrar en un único régimen jurídico las obligaciones de empresas, prestadores y conductores, incorporando procedimientos digitales destinados a fortalecer el control estatal y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Uno de los pilares de la nueva normativa es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), una plataforma digital que reunirá toda la información vinculada con la actividad. Allí deberán inscribirse obligatoriamente las empresas habilitadas, los vehículos afectados a los distintos servicios y los conductores autorizados.

Cada operador contará con un legajo electrónico que concentrará licencias, pólizas de seguro, revisiones técnicas, habilitaciones, antecedentes administrativos y toda la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad. La digitalización permitirá a la autoridad de aplicación verificar en tiempo real el cumplimiento de las exigencias legales y agilizar los procedimientos de fiscalización.

Para acceder a una habilitación, las empresas deberán acreditar domicilio legal en San Juan, CUIT activo, inscripción tributaria y especificar la modalidad de transporte que desarrollan. También estarán obligadas a informar la nómina de vehículos y choferes afectados al servicio, quienes deberán poseer las licencias profesionales correspondientes y cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas por la legislación vigente.

En el caso del transporte público regular de pasajeros, las concesionarias deberán respetar estrictamente los recorridos, frecuencias, horarios y cuadros tarifarios autorizados por la autoridad provincial. Asimismo, el Gobierno tendrá acceso permanente a información operativa vinculada con la cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos, niveles de cumplimiento y demás indicadores que permitan evaluar el desempeño de cada empresa.

Esos datos no sólo servirán para supervisar la prestación del servicio, sino también para respaldar futuros análisis sobre la distribución de subsidios y compensaciones económicas, una herramienta cada vez más utilizada por las jurisdicciones para optimizar la asignación de recursos públicos destinados al transporte.

La reglamentación también incorpora nuevas exigencias vinculadas con la seguridad y la transparencia. Las unidades deberán mantener condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad y mantenimiento mecánico, además de exhibir sistemas de identificación que permitan a los usuarios consultar información del vehículo, verificar su habilitación y canalizar reclamos mediante herramientas digitales.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación obligatoria de sistemas de geolocalización para los servicios no regulares de pasajeros. Estos dispositivos deberán permanecer activos durante toda la prestación y transmitir la información que determine la autoridad de aplicación, fortaleciendo la capacidad de control sobre los recorridos y la trazabilidad de cada viaje.

Aunque la reglamentación no hace referencia expresa a plataformas digitales de transporte como Uber o DiDi, la incorporación de una regulación específica para los servicios no regulares podría constituir un instrumento normativo que permita ordenar futuras modalidades de movilidad bajo parámetros comunes de habilitación y fiscalización.

En materia de transporte de cargas, la legislación establece que todos los transportistas que operen dentro de la provincia deberán inscribirse en el registro oficial e informar las unidades utilizadas. Los vehículos deberán acreditar la documentación obligatoria, cobertura de seguros, revisiones técnicas y el cumplimiento de las normas sobre pesos y dimensiones fijadas por la legislación nacional y provincial.

El Ejecutivo también quedó facultada para establecer corredores específicos, restricciones horarias y limitaciones de circulación para determinados tipos de cargas, en función del estado de la infraestructura vial, la seguridad del tránsito y la preservación de las rutas provinciales.

El nuevo régimen amplía además las facultades de fiscalización mediante auditorías, inspecciones y controles permanentes. Las sanciones previstas abarcan apercibimientos, multas económicas, suspensión de habilitaciones e incluso la retención preventiva de vehículos cuando se detecten infracciones graves.

En cuanto al régimen tarifario, la autoridad provincial conservará la potestad exclusiva para aprobar los cuadros de tarifas del transporte público. Cualquier modificación deberá sustentarse en estudios técnicos de costos y las empresas tendrán prohibido aplicar valores distintos de los oficialmente autorizados.

Para el servicio de colectivos se ratifican exigencias vinculadas con la revisión técnica obligatoria, seguros, condiciones mecánicas y estándares mínimos de funcionamiento. La reglamentación mantiene una antigüedad máxima de diez años para las unidades, aunque contempla excepciones expresamente previstas por la normativa para casos particulares.

Otro aspecto de relevancia institucional es la continuidad del servicio. Si una empresa concesionaria decide cesar sus operaciones o pierde la concesión, la Provincia podrá ordenar la prestación transitoria hasta concretar una nueva adjudicación, evitando interrupciones que afecten a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

La entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley N.º 2799-A marca una transformación significativa en la política de movilidad de San Juan. La incorporación de herramientas digitales, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la actualización de los requisitos para operar buscan adecuar el sistema provincial a los nuevos desafíos del transporte moderno, privilegiando la seguridad, la transparencia y la eficiencia en la prestación de un servicio esencial para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia.

destacada

El ramal Albardón-Jáchal, una pieza clave para la logística del cobre, espera definiciones

La privatización de Belgrano Cargas podría tener una nueva fecha límite para recibir ofertas, una decisión que el Gobierno nacional todavía no tomó y que adquiere especial relevancia para San Juan por el futuro del ramal Albardón-Jáchal, una infraestructura considerada clave para la logística de los grandes proyectos cupríferos de la provincia.

Según informó TN, distintas empresas solicitaron más tiempo para preparar sus propuestas, cuya presentación está prevista para el 11 de noviembre. Fuentes oficiales citadas por ese medio minimizaron las consecuencias de la salida de Grupo México Transportes (GMXT) y sostuvieron que el retiro no modifica el desarrollo de la licitación.

La compañía mexicana había proyectado inversiones por US$3.000 millones para operar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Sin embargo, decidió abandonar la competencia al cuestionar el modelo de acceso abierto, que permite a distintos operadores utilizar las mismas vías mediante el pago de un peaje. Para GMXT, ese esquema reduce la competitividad y eleva los costos del sistema ferroviario.

Aunque el Gobierno busca sostener el cronograma, una eventual prórroga postergaría la definición sobre quiénes asumirán la operación y qué compromisos de inversión se establecerán para modernizar la red.

El ramal que puede conectar las minas sanjuaninas con Rosario

Para San Juan, el punto central es la recuperación del tramo Albardón-Jáchal, de aproximadamente 175 kilómetros, incorporado al paquete de la línea San Martín mediante la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía.

La conexión, fuera de servicio desde hace décadas, apunta a integrar los futuros emprendimientos cupríferos con la red ferroviaria nacional y facilitar el traslado de concentrado mineral hacia los puertos de Rosario, desde donde podría salir al mercado internacional.

El secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín, había explicado que la inclusión de proyectos ferroviarios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contribuyó a despertar interés por las obras. También advirtió sobre la magnitud de la adaptación necesaria: las vías tienen entre 70 y 80 años de antigüedad y requieren trabajos para adecuar la infraestructura a las exigencias del transporte de cargas.

La planificación logística contempla que la estación Jáchal reciba producción vinculada al distrito Vicuña mediante la Ruta Nacional 150, mientras que Cañada Honda concentre minerales de proyectos como Los Azules y El Pachón. Desde allí, las cargas podrían incorporarse a la línea San Martín rumbo a Rosario. El corredor tiene un antecedente exportador: el concentrado de cobre de Bajo de la Alumbrera utilizó esa conexión ferroviaria.

Otros interesados y una definición pendiente

Tras la salida de GMXT, entre los posibles participantes mencionados figuran el Grupo Roggio, Techint y un conjunto de empresas vinculadas a la agroindustria: AGD, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y ACA. También se ha señalado la posibilidad de incorporar compañías mineras como Rio Tinto, Glencore, Ganfeng y Vicuña como eventuales socios inversores, aunque su participación deberá confirmarse.

La definición de la licitación será relevante para determinar las inversiones, las condiciones de operación y los plazos de recuperación de los ramales. Para San Juan, contar con una conexión ferroviaria competitiva podría reducir la dependencia del transporte exclusivamente carretero y mejorar la salida de grandes volúmenes de mineral.

Más allá de la concesión, el desafío central es asegurar la logística y la capacidad de carga que demanda el auge minero. Hasta que se definan las inversiones y el futuro de Belgrano Cargas por parte de la Nación, el corredor Albardón-Jáchal seguirá en la incertidumbre.

Continúe Leyendo

destacada

La Argentina, bajo vigilancia por un El Niño de intensidad extraordinaria

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, alertó sobre un calentamiento del Pacífico que supera los registros recientes. El fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad hacia fines de 2026 y elevar el riesgo de precipitaciones extremas, inundaciones y otras alteraciones climáticas durante el año próximo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de las Naciones Unidas, encendió una señal de alarma por la intensidad excepcional que podría alcanzar El Niño hacia fines de 2026, con consecuencias que se extenderían durante buena parte de 2027. La advertencia fue formulada por su secretaria general, la meteoróloga argentina Celeste Saulo, quien señaló que el calentamiento del océano Pacífico supera los parámetros registrados en las últimas cuatro décadas.

“Estamos más allá de ese límite, fuera de nuestros registros, fuera de nuestras estadísticas sobre lo que podemos esperar”, afirmó Saulo al describir la magnitud del fenómeno. Según las previsiones difundidas por el organismo, la intensidad comenzaría a retroceder en enero, aunque eso no supondría una desaparición inmediata de sus efectos.

El fenómeno modifica los patrones de circulación atmosférica y altera la distribución de las precipitaciones y las temperaturas en distintas regiones. Por eso, una mayor intensidad no significa que todas las zonas vayan a sufrir necesariamente tormentas o sequías más severas, sino que puede incrementar la probabilidad de determinados eventos extremos.

Inundaciones bajo vigilancia en la Argentina

En el país, la atención está puesta especialmente en el noreste y el Litoral, donde las lluvias persistentes pueden provocar crecidas de los ríos Paraná y Uruguay e incrementar el riesgo de inundaciones. Informes periodísticos señalaron que ya se registraban anegamientos en áreas próximas a ambos cursos de agua, mientras las represas de Itaipú y Yacyretá habían abierto sus compuertas para aliviar la presión derivada de caudales elevados.

La evolución de El Niño será relevante para anticipar posibles alteraciones en el régimen de lluvias durante los próximos meses. Sin embargo, el fenómeno por sí solo no permite establecer qué ocurrirá en una localidad determinada: los pronósticos regionales y las alertas oficiales serán fundamentales para evaluar la amenaza concreta.

La OMM también advirtió sobre efectos observados en otras partes del mundo, entre ellos precipitaciones intensas e incendios en la Amazonia brasileña. La atribución de cada episodio requiere, no obstante, análisis específicos, debido a que los fenómenos extremos responden a la combinación de factores climáticos y ambientales.

La alerta climática también es humanitaria

La preocupación de Naciones Unidas excede las consecuencias meteorológicas. Durante la misma conferencia, Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, advirtió que El Niño podría agravar las crisis alimentarias y aumentar la vulnerabilidad de millones de personas. Según sus estimaciones, alrededor de 50 millones podrían enfrentar mayores niveles de hambre como consecuencia de sus efectos.

Fletcher informó además que se habían asignado más de US$50 millones del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia para asistir a 11 países vulnerables, entre ellos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

La advertencia vuelve a poner en primer plano la importancia de anticipar los riesgos, fortalecer los sistemas de alerta y preparar respuestas públicas antes de que las emergencias alcancen su punto crítico. Aunque la evolución de El Niño todavía debe seguirse mediante actualizaciones científicas, su posible intensidad obliga a prestar especial atención a las regiones expuestas a inundaciones, sequías y pérdidas productivas.

Continúe Leyendo

destacada

Renunció Daniel González, uno de los principales colaboradores de Caputo en Energía y Minería

El ex CEO de YPF alegó motivos personales para abandonar la función pública, aunque también habría influido el desgaste acumulado durante su gestión. Luis Caputo elogió su desempeño y destacó su aporte al Gobierno de Javier Milei.

Daniel González renunció a su cargo como secretario coordinador de Energía y Minería, una función desde la que articulaba dos áreas centrales para la política económica del Gobierno de Javier Milei. Su salida se produjo después de casi dos años de gestión y representa una baja para el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, uno de sus principales respaldos dentro de la administración nacional.

El titular del Palacio de Hacienda confirmó públicamente la partida con un mensaje de reconocimiento en la red social X. Calificó como “extraordinario” el trabajo de González y le agradeció por su dedicación y esfuerzo durante su paso por el Ejecutivo.

Aunque el exfuncionario atribuyó la decisión a cuestiones personales, también trascendieron versiones sobre un desgaste acumulado en el ejercicio de sus responsabilidades, según informó la agencia Noticias Argentinas. No se difundieron, sin embargo, detalles precisos sobre las circunstancias que precipitaron su salida.

Antes de incorporarse al Gobierno, González había sido CEO de YPF, antecedente que le aportó experiencia en la conducción de una de las principales empresas energéticas del país. Desde su cargo en la administración nacional, participó en la coordinación de áreas vinculadas con dos actividades relevantes para las inversiones, las exportaciones y el ingreso de divisas.

Al explicar su decisión en declaraciones al canal de streaming Carajo, González agradeció al Presidente por haberle permitido participar de la transformación impulsada por su gestión. Sostuvo que pudo contribuir en ámbitos con un potencial significativo, aunque aclaró que desde el comienzo había concebido su paso por la función pública como una etapa limitada.

“Es muy difícil irse, porque soy parte de una épica y un trabajo que se disfruta. Pero el trabajo es infinito, no se termina nunca”, expresó.

Esta renuncia abre un interrogante sobre el futuro de la coordinación en Energía y Minería, dos sectores clave para el Gobierno por su potencial exportador y de atracción de inversiones. Tras el agradecimiento público de Caputo, la etapa se cierra de forma incierta, ya que aún no se ha anunciado quién asumirá el cargo vacante de González.

Continúe Leyendo

Tendencias