El ajuste sobre las rutas abre un nuevo frente entre las provincias y la Nación
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) obtuvo un importante respaldo institucional luego de que el Parlamento del Norte Grande aprobara por unanimidad una resolución que reclama al Gobierno nacional poner fin al desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. El pronunciamiento incorpora al conflicto una dimensión federal y vuelve a colocar en el centro del debate el deterioro de la infraestructura vial y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
La disputa entre los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo político con el respaldo unánime de las diez provincias que integran el Parlamento del Norte Grande. La resolución aprobada durante la 58° Sesión Plenaria representa uno de los apoyos institucionales más relevantes que recibió hasta el momento el reclamo impulsado por el Stvyara contra la política de ajuste aplicada sobre el organismo.
El pronunciamiento fue interpretado por la organización sindical como una señal de que la discusión dejó de circunscribirse al ámbito laboral para transformarse en un debate sobre el papel del Estado en el sostenimiento de la infraestructura vial, la integración territorial y el desarrollo de las economías regionales.
Un reclamo federal por los recursos viales
El documento aprobado por las legislaturas del Norte Grande reclama el cese del desfinanciamiento que afecta a la Dirección Nacional de Vialidad y exige la transferencia de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya asignación específica está destinada por ley al mantenimiento, conservación y ampliación de la red vial nacional.
La declaración lleva la firma política de representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, quienes advirtieron que la reducción de la inversión pública compromete la conectividad territorial, incrementa los riesgos para la seguridad vial y condiciona la competitividad de las actividades productivas del norte argentino.
El respaldo llegó pocos días después de la exposición realizada por la secretaria general del Stvyara, Graciela Aleñá, ante la conducción del bloque regional, donde presentó un diagnóstico sobre el estado de las rutas nacionales y el impacto que, según el sindicato, genera la disminución de los recursos asignados al organismo.
Tras conocerse la resolución, la dirigente sostuvo que el apoyo de las provincias fortalece la estrategia sindical y abre una nueva etapa en la defensa de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo estratégico para el desarrollo federal.
Los fondos que alimentan la controversia
El punto central del conflicto continúa siendo el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. El sindicato sostiene que esos recursos, que poseen una asignación específica establecida por ley, no están siendo transferidos a la Dirección Nacional de Vialidad pese a que el tributo continúa cobrándose con normalidad.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por la organización, durante el período 2024-2025 la retención de esos fondos superaría el billón de pesos, cifra a la que se añadirían remanentes acumulados de ejercicios anteriores que elevarían significativamente el volumen de recursos pendientes de ejecución.
Para el gremio, esa situación explica el progresivo deterioro de la red vial nacional, la paralización de trabajos de conservación y las crecientes dificultades operativas que enfrentan los distritos viales en todo el país.
Infraestructura, seguridad y desarrollo
El Stvyara sostiene que la reducción de las partidas destinadas a Vialidad Nacional tendrá consecuencias directas sobre la seguridad de los usuarios y sobre el funcionamiento de las economías regionales.
La organización advierte que la falta de mantenimiento incrementa el riesgo de siniestros viales, profundiza el aislamiento de numerosas comunidades del interior y encarece la logística de las cadenas productivas, especialmente en las provincias alejadas de los principales centros urbanos.
En esa línea, Aleñá cuestionó la política oficial al afirmar que el deterioro de la infraestructura no constituye un efecto colateral del ajuste, sino una decisión que termina trasladando los costos sociales, económicos y humanos a millones de argentinos.
La discusión sobre el futuro de Vialidad
El sindicato interpreta que la reducción presupuestaria y la paralización de la obra pública responden a un plan orientado a debilitar la estructura operativa de la Dirección Nacional de Vialidad para justificar un cambio en el modelo de gestión de la red vial.
Según la organización, el progresivo deterioro de las rutas busca instalar la idea de un organismo ineficiente para avanzar posteriormente con esquemas de concesión o transferencia de responsabilidades hacia las provincias.
Con el respaldo explícito del Parlamento del Norte Grande, el conflicto adquiere una dimensión política de mayor alcance. El debate ya no se limita a la situación laboral de los trabajadores viales, sino que incorpora una discusión de fondo sobre el financiamiento de la infraestructura pública, el alcance de las responsabilidades del Estado nacional y el impacto que las políticas de ajuste pueden tener sobre la integración territorial y el desarrollo económico del país.
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Un mismo producto, distintos precios: cuánto cambia el costo según la región
El precio de un mismo producto puede variar hasta un 9,2% según el supermercado en el que se compre, con las mayores diferencias concentradas en frutas y verduras. La dispersión promedio entre cadenas fue del 3,6% durante septiembre, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés.
El estudio fue elaborado a partir de información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), dependiente de la Secretaría de Comercio, y permite comparar los valores publicados por distintas cadenas para productos idénticos.
La categoría Frutas y verduras encabezó el ranking de septiembre, con una diferencia del 9,2%, más de dos veces y media por encima del promedio general. La elevada dispersión no constituye un fenómeno aislado: este rubro ocupó el primer lugar en 51 de los 64 meses analizados desde junio de 2021 y quedó segundo en otros diez períodos.
Le siguieron Comidas preparadas, con una brecha del 5,8%; Carnes, con 3,9%; y Almacén, con 3,7%. En el extremo de mayor homogeneidad se ubicaron Farmacia, con 1,8%; Electro, con 2,1%; y Panadería, con 2,4%.
La Patagonia, con los precios más altos
Las diferencias también aparecen al comparar regiones. El indicador Pulso Regional de Precios ubicó nuevamente a la Patagonia como la zona más cara del país, con valores promedio 3,4% superiores a la media nacional.
La región registró los mayores precios en seis de las 18 categorías relevadas. Las diferencias fueron particularmente marcadas en Golosinas, con un sobrecosto del 16,1%; Frescos, con 9,7%; y Bebidas, con 7,9%.
La Patagonia fue además la región más costosa en 61 de los últimos 64 meses considerados por el estudio. En el extremo contrario quedaron el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con precios promedio 5,5% y 5,2% inferiores, respectivamente, a la media nacional.
El presupuesto para la misma canasta varía un 11,3% promedio según la región, confirmando que el lugar donde se vive es un factor determinante para el bolsillo.
Estos resultados demuestran, una vez más, que es clave comparar precios antes de comprar. Aunque la diferencia promedio entre cadenas es moderada, esta brecha crece notablemente en ciertos productos y se vuelve aún mayor al sumar las variaciones por zona, impactando de lleno en el bolsillo familiar.
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La UTA mantiene la medida y el transporte seguirá paralizado este jueves
La UTA mantuvo la retención de servicios pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y el transporte público continuará paralizado este jueves.La medida, que inicialmente había sido anunciada como retenciones intermitentes, terminó extendiéndose durante toda la jornada del miércoles y dejó paralizado el transporte urbano e interurbano.
La primera audiencia de conciliación fue convocada para este jueves a las 11:30, con la discusión salarial como punto central. El gremio sostiene que las empresas no cumplieron con las recomposiciones acordadas el 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y reclama que se actualicen los haberes de los choferes.
Según explicó la conducción sindical, un trabajador debería percibir actualmente alrededor de $2,3 millones, mientras que los salarios efectivamente abonados rondarían los $1,4 millones. La diferencia, de acuerdo con el planteo de la UTA, se aproxima al millón de pesos por trabajador.
Desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que reúne a las empresas del transporte sanjuanino, respondieron que las compañías abonaron los montos que estuvieron en condiciones de afrontar y argumentaron que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de las sumas reclamadas.
El panorama cambió durante la tarde del miércoles cuando Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que obligó a frenar la medida de fuerza y normalizar el transporte. Desde el organismo oficial criticaron la postura del gremio, argumentando que el paro no se notificó bajo los canales formales y que se descuidó el porcentaje de servicio que exige la ley para actividades esenciales.
La orden, sin embargo, no modificó la decisión de los choferes. Un dirigente gremial sostuvo que el servicio no fue restablecido porque los trabajadores no recibieron una propuesta concreta para recomponer los salarios adeudados. De esta manera, la conciliación comenzó sin que se produjera el retorno efectivo a las calles.
La audiencia de este jueves será, por lo tanto, el primer ámbito formal para intentar acercar posiciones entre UTA, empresas y autoridades laborales. El Gobierno provincial podría exigir previamente el levantamiento de la medida como condición para avanzar en la negociación, mientras que el sindicato reclama que el cumplimiento salarial forme parte de la discusión.
El impacto sobre los usuarios
Desde el Ministerio de Educación se comunicó que quedarían exceptuadas del cómputo de inasistencias aquellas personas —tanto estudiantes como educadores— afectadas por el paro de micros. La ausencia de colectivos también incrementó la demanda sobre las plataformas de transporte particular. Usuarios que recurrieron a servicios como Uber afrontaron tarifas superiores a las habituales, especialmente durante los horarios de mayor demanda.
Con posiciones encontradas, las partes se miden hoy en una instancia clave de conciliación. La UTA mantiene su reclamo por la deuda salarial, frente a unas empresas que se declaran en crisis para pagarla. Del resultado de este jueves dependerá si se restablece el servicio o se prolonga el paro.
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Paro de colectivos: Trabajo ordenó levantar la medida y convocó a la UTA a una audiencia salarial
La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.
La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.
Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.
Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.
La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.
En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.
La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.
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