El ajuste sobre las rutas abre un nuevo frente entre las provincias y la Nación

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) obtuvo un importante respaldo institucional luego de que el Parlamento del Norte Grande aprobara por unanimidad una resolución que reclama al Gobierno nacional poner fin al desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. El pronunciamiento incorpora al conflicto una dimensión federal y vuelve a colocar en el centro del debate el deterioro de la infraestructura vial y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

La disputa entre los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo político con el respaldo unánime de las diez provincias que integran el Parlamento del Norte Grande. La resolución aprobada durante la 58° Sesión Plenaria representa uno de los apoyos institucionales más relevantes que recibió hasta el momento el reclamo impulsado por el Stvyara contra la política de ajuste aplicada sobre el organismo.

El pronunciamiento fue interpretado por la organización sindical como una señal de que la discusión dejó de circunscribirse al ámbito laboral para transformarse en un debate sobre el papel del Estado en el sostenimiento de la infraestructura vial, la integración territorial y el desarrollo de las economías regionales.

Un reclamo federal por los recursos viales

El documento aprobado por las legislaturas del Norte Grande reclama el cese del desfinanciamiento que afecta a la Dirección Nacional de Vialidad y exige la transferencia de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya asignación específica está destinada por ley al mantenimiento, conservación y ampliación de la red vial nacional.

La declaración lleva la firma política de representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, quienes advirtieron que la reducción de la inversión pública compromete la conectividad territorial, incrementa los riesgos para la seguridad vial y condiciona la competitividad de las actividades productivas del norte argentino.

El respaldo llegó pocos días después de la exposición realizada por la secretaria general del Stvyara, Graciela Aleñá, ante la conducción del bloque regional, donde presentó un diagnóstico sobre el estado de las rutas nacionales y el impacto que, según el sindicato, genera la disminución de los recursos asignados al organismo.

Tras conocerse la resolución, la dirigente sostuvo que el apoyo de las provincias fortalece la estrategia sindical y abre una nueva etapa en la defensa de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo estratégico para el desarrollo federal.

Los fondos que alimentan la controversia

El punto central del conflicto continúa siendo el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. El sindicato sostiene que esos recursos, que poseen una asignación específica establecida por ley, no están siendo transferidos a la Dirección Nacional de Vialidad pese a que el tributo continúa cobrándose con normalidad.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la organización, durante el período 2024-2025 la retención de esos fondos superaría el billón de pesos, cifra a la que se añadirían remanentes acumulados de ejercicios anteriores que elevarían significativamente el volumen de recursos pendientes de ejecución.

Para el gremio, esa situación explica el progresivo deterioro de la red vial nacional, la paralización de trabajos de conservación y las crecientes dificultades operativas que enfrentan los distritos viales en todo el país.

Infraestructura, seguridad y desarrollo

El Stvyara sostiene que la reducción de las partidas destinadas a Vialidad Nacional tendrá consecuencias directas sobre la seguridad de los usuarios y sobre el funcionamiento de las economías regionales.

La organización advierte que la falta de mantenimiento incrementa el riesgo de siniestros viales, profundiza el aislamiento de numerosas comunidades del interior y encarece la logística de las cadenas productivas, especialmente en las provincias alejadas de los principales centros urbanos.

En esa línea, Aleñá cuestionó la política oficial al afirmar que el deterioro de la infraestructura no constituye un efecto colateral del ajuste, sino una decisión que termina trasladando los costos sociales, económicos y humanos a millones de argentinos.

La discusión sobre el futuro de Vialidad

El sindicato interpreta que la reducción presupuestaria y la paralización de la obra pública responden a un plan orientado a debilitar la estructura operativa de la Dirección Nacional de Vialidad para justificar un cambio en el modelo de gestión de la red vial.

Según la organización, el progresivo deterioro de las rutas busca instalar la idea de un organismo ineficiente para avanzar posteriormente con esquemas de concesión o transferencia de responsabilidades hacia las provincias.

Con el respaldo explícito del Parlamento del Norte Grande, el conflicto adquiere una dimensión política de mayor alcance. El debate ya no se limita a la situación laboral de los trabajadores viales, sino que incorpora una discusión de fondo sobre el financiamiento de la infraestructura pública, el alcance de las responsabilidades del Estado nacional y el impacto que las políticas de ajuste pueden tener sobre la integración territorial y el desarrollo económico del país.