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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) obtuvo un importante respaldo institucional luego de que el Parlamento del Norte Grande aprobara por unanimidad una resolución que reclama al Gobierno nacional poner fin al desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. El pronunciamiento incorpora al conflicto una dimensión federal y vuelve a colocar en el centro del debate el deterioro de la infraestructura vial y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

La disputa entre los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo político con el respaldo unánime de las diez provincias que integran el Parlamento del Norte Grande. La resolución aprobada durante la 58° Sesión Plenaria representa uno de los apoyos institucionales más relevantes que recibió hasta el momento el reclamo impulsado por el Stvyara contra la política de ajuste aplicada sobre el organismo.

El pronunciamiento fue interpretado por la organización sindical como una señal de que la discusión dejó de circunscribirse al ámbito laboral para transformarse en un debate sobre el papel del Estado en el sostenimiento de la infraestructura vial, la integración territorial y el desarrollo de las economías regionales.

Un reclamo federal por los recursos viales

El documento aprobado por las legislaturas del Norte Grande reclama el cese del desfinanciamiento que afecta a la Dirección Nacional de Vialidad y exige la transferencia de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya asignación específica está destinada por ley al mantenimiento, conservación y ampliación de la red vial nacional.

La declaración lleva la firma política de representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, quienes advirtieron que la reducción de la inversión pública compromete la conectividad territorial, incrementa los riesgos para la seguridad vial y condiciona la competitividad de las actividades productivas del norte argentino.

El respaldo llegó pocos días después de la exposición realizada por la secretaria general del Stvyara, Graciela Aleñá, ante la conducción del bloque regional, donde presentó un diagnóstico sobre el estado de las rutas nacionales y el impacto que, según el sindicato, genera la disminución de los recursos asignados al organismo.

Tras conocerse la resolución, la dirigente sostuvo que el apoyo de las provincias fortalece la estrategia sindical y abre una nueva etapa en la defensa de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo estratégico para el desarrollo federal.

Los fondos que alimentan la controversia

El punto central del conflicto continúa siendo el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. El sindicato sostiene que esos recursos, que poseen una asignación específica establecida por ley, no están siendo transferidos a la Dirección Nacional de Vialidad pese a que el tributo continúa cobrándose con normalidad.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la organización, durante el período 2024-2025 la retención de esos fondos superaría el billón de pesos, cifra a la que se añadirían remanentes acumulados de ejercicios anteriores que elevarían significativamente el volumen de recursos pendientes de ejecución.

Para el gremio, esa situación explica el progresivo deterioro de la red vial nacional, la paralización de trabajos de conservación y las crecientes dificultades operativas que enfrentan los distritos viales en todo el país.

Infraestructura, seguridad y desarrollo

El Stvyara sostiene que la reducción de las partidas destinadas a Vialidad Nacional tendrá consecuencias directas sobre la seguridad de los usuarios y sobre el funcionamiento de las economías regionales.

La organización advierte que la falta de mantenimiento incrementa el riesgo de siniestros viales, profundiza el aislamiento de numerosas comunidades del interior y encarece la logística de las cadenas productivas, especialmente en las provincias alejadas de los principales centros urbanos.

En esa línea, Aleñá cuestionó la política oficial al afirmar que el deterioro de la infraestructura no constituye un efecto colateral del ajuste, sino una decisión que termina trasladando los costos sociales, económicos y humanos a millones de argentinos.

La discusión sobre el futuro de Vialidad

El sindicato interpreta que la reducción presupuestaria y la paralización de la obra pública responden a un plan orientado a debilitar la estructura operativa de la Dirección Nacional de Vialidad para justificar un cambio en el modelo de gestión de la red vial.

Según la organización, el progresivo deterioro de las rutas busca instalar la idea de un organismo ineficiente para avanzar posteriormente con esquemas de concesión o transferencia de responsabilidades hacia las provincias.

Con el respaldo explícito del Parlamento del Norte Grande, el conflicto adquiere una dimensión política de mayor alcance. El debate ya no se limita a la situación laboral de los trabajadores viales, sino que incorpora una discusión de fondo sobre el financiamiento de la infraestructura pública, el alcance de las responsabilidades del Estado nacional y el impacto que las políticas de ajuste pueden tener sobre la integración territorial y el desarrollo económico del país.

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Feriado del lunes 23: cómo funcionarán el comercio, los bancos y el transporte en San Juan

Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes habrá modificaciones en la actividad de distintos servicios. Los comercios permanecerán cerrados, las entidades bancarias no atenderán al público y los colectivos circularán con frecuencias reducidas.

El próximo lunes 23 de noviembre, San Juan tendrá una jornada de actividad limitada por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La medida, que trasladó la conmemoración del 20 de noviembre, modificará el funcionamiento del comercio, los bancos, las escuelas y el transporte público durante el fin de semana largo.

Según informó la Cámara de Comercio y Servicios, los locales comerciales de la provincia permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes y retomarán su atención habitual el martes 24. De esta manera, quienes necesiten realizar compras, gestiones o trámites presenciales deberán anticipar sus actividades y tener en cuenta la interrupción de la atención al público.

Qué pasará con los bancos

La actividad bancaria también quedará suspendida durante el feriado. Las entidades financieras no abrirán sus puertas ni brindarán atención presencial, por lo que las operaciones que requieran concurrir a una sucursal deberán realizarse antes o después de esa fecha.

Los canales electrónicos, como las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones habilitadas por cada entidad.
En el ámbito educativo, las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes, en consonancia con el calendario del feriado nacional.

Cómo funcionará el transporte público

El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, de acuerdo con el esquema previsto para los días feriados. Por ese motivo, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera y consultar los horarios disponibles antes de trasladarse.

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El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años

La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.

En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.

Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.

Más de 437.000 puestos registrados menos

El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.

La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.

Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.

Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas

La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.

Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.

La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores

La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.

No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.

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Ciencias de la Salud seguirá en Albardón y ampliará su infraestructura académica

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzará con la consolidación de su sede de Ciencias de la Salud en Albardón, donde comenzará el próximo martes la construcción de dos nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura académica y acompañar el crecimiento de su oferta educativa, incluida la carrera de Medicina.

El decano Ángel Pinto confirmó que el edificio ya pertenece formalmente a la universidad, luego de la cesión concretada por el Gobierno provincial. La definición despeja la continuidad institucional de la sede en ese departamento y permite proyectar nuevas inversiones sobre un inmueble que se convertirá en el espacio definitivo de funcionamiento de la unidad académica.

En declaraciones a la prensa, Pinto explicó que las primeras intervenciones se realizarán en la parte posterior del predio y estarán financiadas con recursos propios de la institución. El proyecto contempla dos aulas híbridas, diseñadas para responder a distintas modalidades de enseñanza y a las necesidades de las carreras que actualmente se dictan en el establecimiento.

Una de ellas tendrá capacidad para 35 estudiantes y estará especialmente adaptada al trabajo grupal previsto en Medicina, carrera que cuenta con un cupo de 50 ingresantes. La segunda dispondrá de espacio para 80 personas y tendrá una estructura flexible, con la posibilidad de dividirse para desarrollar actividades simultáneas o adecuarse a diferentes requerimientos pedagógicos.

El decano reconoció que el año estuvo atravesado por dificultades presupuestarias que impactaron sobre el funcionamiento universitario, tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aseguró que los recursos para esta primera etapa de construcción ya están garantizados, lo que permitirá iniciar los trabajos sin depender de nuevas partidas externas.

Un proyecto de ampliación a futuro

La planificación edilicia no se limitará a las dos aulas que comenzarán a construirse. Detrás de la biblioteca Cecilia Grierson, uno de los sectores más recientes del establecimiento, la universidad ya cuenta con un proyecto aprobado por Planeamiento y Desarrollo Urbano para levantar un nuevo bloque de espacios académicos.

Según adelantó Pinto, el próximo paso será gestionar el financiamiento necesario para concretar esa segunda etapa. La iniciativa responde al crecimiento de la matrícula, la diversificación de las propuestas de formación y las demandas de infraestructura que genera la incorporación de nuevas carreras.

La ampliación adquiere particular relevancia por el desarrollo de Medicina, pero también contempla las necesidades del resto de la oferta académica. El objetivo es disponer de instalaciones que permitan sostener la expansión institucional y mejorar las condiciones de cursado, investigación y formación profesional.

De escuela universitaria a Facultad

El afianzamiento de la sede en Albardón acompaña un cambio institucional profundo. Por unanimidad, la Asamblea Universitaria convirtió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Facultad, un paso que valida el desarrollo de esta unidad académica dentro de la UNSJ.

Pinto valoró el respaldo de los representantes universitarios y destacó que la resolución fue acompañada por la totalidad de los asambleístas, luego de haber sido tratada previamente en el Consejo correspondiente. Para el decano, el nuevo estatus institucional refleja una dimensión académica y territorial que ya excedía las características de una escuela universitaria.

Actualmente, Ciencias de la Salud dicta cinco carreras de grado, desarrolla diplomaturas y propuestas de posgrado, impulsa proyectos de investigación y mantiene actividades de extensión en distintos puntos de la provincia. Su presencia alcanza localidades de los valles sanjuaninos, con iniciativas en Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.

El crecimiento de la demanda de formación sanitaria también fue señalado por Pinto como un factor determinante en esta evolución. El decano vinculó la expansión de las carreras con el mayor protagonismo que adquirieron las profesiones de la salud después de la pandemia, un proceso que incrementó el interés por la capacitación y la formación de nuevos profesionales.

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