CONÉCTATE CON NOSOTROS

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) obtuvo un importante respaldo institucional luego de que el Parlamento del Norte Grande aprobara por unanimidad una resolución que reclama al Gobierno nacional poner fin al desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. El pronunciamiento incorpora al conflicto una dimensión federal y vuelve a colocar en el centro del debate el deterioro de la infraestructura vial y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

La disputa entre los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo político con el respaldo unánime de las diez provincias que integran el Parlamento del Norte Grande. La resolución aprobada durante la 58° Sesión Plenaria representa uno de los apoyos institucionales más relevantes que recibió hasta el momento el reclamo impulsado por el Stvyara contra la política de ajuste aplicada sobre el organismo.

El pronunciamiento fue interpretado por la organización sindical como una señal de que la discusión dejó de circunscribirse al ámbito laboral para transformarse en un debate sobre el papel del Estado en el sostenimiento de la infraestructura vial, la integración territorial y el desarrollo de las economías regionales.

Un reclamo federal por los recursos viales

El documento aprobado por las legislaturas del Norte Grande reclama el cese del desfinanciamiento que afecta a la Dirección Nacional de Vialidad y exige la transferencia de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya asignación específica está destinada por ley al mantenimiento, conservación y ampliación de la red vial nacional.

La declaración lleva la firma política de representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, quienes advirtieron que la reducción de la inversión pública compromete la conectividad territorial, incrementa los riesgos para la seguridad vial y condiciona la competitividad de las actividades productivas del norte argentino.

El respaldo llegó pocos días después de la exposición realizada por la secretaria general del Stvyara, Graciela Aleñá, ante la conducción del bloque regional, donde presentó un diagnóstico sobre el estado de las rutas nacionales y el impacto que, según el sindicato, genera la disminución de los recursos asignados al organismo.

Tras conocerse la resolución, la dirigente sostuvo que el apoyo de las provincias fortalece la estrategia sindical y abre una nueva etapa en la defensa de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo estratégico para el desarrollo federal.

Los fondos que alimentan la controversia

El punto central del conflicto continúa siendo el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. El sindicato sostiene que esos recursos, que poseen una asignación específica establecida por ley, no están siendo transferidos a la Dirección Nacional de Vialidad pese a que el tributo continúa cobrándose con normalidad.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la organización, durante el período 2024-2025 la retención de esos fondos superaría el billón de pesos, cifra a la que se añadirían remanentes acumulados de ejercicios anteriores que elevarían significativamente el volumen de recursos pendientes de ejecución.

Para el gremio, esa situación explica el progresivo deterioro de la red vial nacional, la paralización de trabajos de conservación y las crecientes dificultades operativas que enfrentan los distritos viales en todo el país.

Infraestructura, seguridad y desarrollo

El Stvyara sostiene que la reducción de las partidas destinadas a Vialidad Nacional tendrá consecuencias directas sobre la seguridad de los usuarios y sobre el funcionamiento de las economías regionales.

La organización advierte que la falta de mantenimiento incrementa el riesgo de siniestros viales, profundiza el aislamiento de numerosas comunidades del interior y encarece la logística de las cadenas productivas, especialmente en las provincias alejadas de los principales centros urbanos.

En esa línea, Aleñá cuestionó la política oficial al afirmar que el deterioro de la infraestructura no constituye un efecto colateral del ajuste, sino una decisión que termina trasladando los costos sociales, económicos y humanos a millones de argentinos.

La discusión sobre el futuro de Vialidad

El sindicato interpreta que la reducción presupuestaria y la paralización de la obra pública responden a un plan orientado a debilitar la estructura operativa de la Dirección Nacional de Vialidad para justificar un cambio en el modelo de gestión de la red vial.

Según la organización, el progresivo deterioro de las rutas busca instalar la idea de un organismo ineficiente para avanzar posteriormente con esquemas de concesión o transferencia de responsabilidades hacia las provincias.

Con el respaldo explícito del Parlamento del Norte Grande, el conflicto adquiere una dimensión política de mayor alcance. El debate ya no se limita a la situación laboral de los trabajadores viales, sino que incorpora una discusión de fondo sobre el financiamiento de la infraestructura pública, el alcance de las responsabilidades del Estado nacional y el impacto que las políticas de ajuste pueden tener sobre la integración territorial y el desarrollo económico del país.

destacada

Paro de colectivos: Trabajo ordenó levantar la medida y convocó a la UTA a una audiencia salarial

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.

La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.

Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.

Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.

La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.

En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.

La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.

Continúe Leyendo

destacada

Orrego entregó viviendas en Chimbas y completó una larga espera de hasta 25 años

Después de hasta 25 años de espera, 69 familias de Chimbas recibieron las llaves de su vivienda. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de las primeras casas del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado en calle Bonduel 860 Norte, un complejo que contempla un total de 101 unidades habitacionales.

El dato que marca la dimensión de la entrega surge de los informes sociales elaborados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): numerosos postulantes vinculados al gremio de Panaderos y Pasteleros habían iniciado sus trámites entre 20 y 25 años atrás, sin acceder hasta ahora a una solución definitiva.

Durante el acto, Orrego remarcó que la provincia lleva adelante obras habitacionales en un contexto de menores recursos. “Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas”, señaló el gobernador.

Las viviendas tienen una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y espacio para lavarropas y pileta de lavar. Del total de 101 unidades, 95 corresponden al prototipo CM1-2021 y seis al CM1D-2021, destinadas a personas con discapacidad y adaptadas según sus necesidades de accesibilidad.

El complejo dispone además de redes de agua potable, gas natural y electricidad, alumbrado público, veredas, calles de calzada enripiada, pasantes vehiculares y puentes peatonales. El proyecto incorporó también un espacio verde con bancos y arbolado, junto con una barrera forestal sobre calle Bonduel.

Junto al gobernador participaron el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la directora del IPV, Elina Peralta; el presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Isidro Rivero; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.

La entrega representa el primer tramo de un conjunto habitacional que todavía tiene 32 viviendas pendientes de adjudicación, con las que se completará el barrio destinado a familias que durante años permanecieron a la espera de una respuesta habitacional.

Continúe Leyendo

destacada

Encuesta: crece el malestar económico y cae la aprobación del Gobierno nacional

Un estudio de Management & Fit realizado en septiembre ubicó al desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes entre los principales problemas del país y de los hogares. El 57,5% de los consultados dijo que quiere un cambio total de políticas y equipo de gestión, mientras la desaprobación del Gobierno llegó al 58,1%.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos. El 19,8% identificó a la desocupación como el principal problema del país, mientras que el 22% señaló las dificultades para llegar a fin de mes como su principal preocupación personal.

El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 28 de septiembre, sobre 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados, entre personas de 16 a 75 años. El estudio informó un margen de error de ±2,1%.

La percepción económica también muestra un deterioro. El 52,4% afirmó tener dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el 39,3% calificó negativamente su situación económica personal. A nivel nacional, el 38,9% consideró que la situación económica y social es “muy mala” y otro 17,8% la definió como “mala”.

Entre los problemas del país, detrás del desempleo aparecen los aumentos de precios y tarifas, con 18,9%, seguidos por la corrupción y, posteriormente, la inseguridad. En el plano individual, después de las dificultades para llegar a fin de mes se ubican los bajos ingresos, con 17,2%, y la inseguridad al salir a la calle, con 14%. El endeudamiento personal o familiar alcanza al 10,4%.

El estudio también registró un aumento del pesimismo sobre el futuro. Quienes creen que su situación estará “mucho peor” pasaron del 17,9% en julio al 22,3% en septiembre. En tanto, el 24% anticipó que estará “peor”, mientras apenas el 2% respondió que estará “mucho mejor”.

Caída en la aprobación del Gobierno

La evaluación de la gestión de Javier Milei mostró una aprobación del 36,6%, medio punto menos que en julio, frente a una desaprobación del 58,1%. Según Management & Fit, el respaldo aumenta entre los varones y la desaprobación es mayor entre las mujeres y los mayores de 40 años.

La percepción sobre el Presidente también refleja ese resultado: Milei obtuvo 31,2% de imagen positiva y 52,7% de negativa, con un diferencial de -21,5 puntos. Además, el 49,4% manifestó sentir “mucha desconfianza” hacia el Gobierno, frente a un 19,7% que expresó “mucha confianza”.

Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich aparece como la dirigente mejor posicionada: registró 33% de imagen positiva y 49,7% de negativa, con un diferencial de -16,7 puntos.
En el peronismo, Cristina Kirchner obtuvo 31% de imagen positiva y 51,3% de negativa. Axel Kicillof, en tanto, alcanzó 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5 puntos.

Continúe Leyendo

Tendencias