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El recorte del empleo público ingresó en una nueva etapa. Tras los despidos masivos y la reducción de estructuras, la pérdida del poder adquisitivo comenzó a convertirse en el principal mecanismo de expulsión de trabajadores. Renuncias, retiros voluntarios y fuga de profesionales afectan organismos estratégicos y ponen en riesgo funciones esenciales del Estado.

El ajuste sobre la administración pública nacional dejó de medirse únicamente por la cantidad de cesantías. La estrategia oficial atraviesa ahora una fase diferente, donde el deterioro salarial opera como un factor determinante para reducir planteles sin recurrir necesariamente a nuevos despidos. La combinación de ingresos cada vez más depreciados, retiros voluntarios y congelamiento de carreras profesionales está modificando la composición del Estado y debilitando áreas sensibles para la producción, la investigación científica, el control territorial y la seguridad operacional.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Desde el inicio de la actual gestión desaparecieron cerca de 70.000 puestos de trabajo en el sector público nacional, según estimaciones difundidas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Sin embargo, organizaciones sindicales sostienen que la reducción ya no responde exclusivamente a decisiones administrativas, sino también a un panorama económico que imposibilita la continuidad de muchos trabajadores.

El caso del CONICET sintetiza esa transformación. La pérdida sostenida del poder adquisitivo derivó en una creciente migración de investigadores, becarios y personal técnico hacia universidades, empresas privadas e instituciones del exterior. Desde los gremios calculan que alrededor de dos mil trabajadores abandonaron el organismo durante el último período, mientras permanece paralizado el ingreso de nuevos investigadores mediante concursos que acumulan dos años de demora.

Las condiciones de remuneración explican en gran medida esta transformación. Los incrementos otorgados quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, profundizando una caída que ya lleva dos años consecutivos. Informes especializados estiman que las remuneraciones del organismo científico registran una pérdida cercana al 41% respecto de noviembre de 2023, mientras que los trabajadores comprendidos por el Sistema Nacional de Empleo Público también acumulan un pronunciado deterioro real desde el comienzo de la actual administración.

Para los sindicatos estatales, el fenómeno representa un cambio de metodología. La denominada «motosierra», identificada con los despidos y el cierre de organismos, comienza a convivir con una «licuadora» que erosiona los ingresos hasta convertir la continuidad laboral en una opción cada vez menos sostenible. El resultado, afirman, es una reducción de personal menos visible pero igualmente efectiva.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es otro caso del panorama actual. La segunda etapa del programa de retiros voluntarios sumó centenares de postulantes y profundizó la pérdida de recursos humanos altamente especializados. A las bajas registradas durante el primer proceso se agregan nuevas desvinculaciones que, según denuncian los representantes gremiales, comprometen seriamente la capacidad técnica y territorial del principal organismo de investigación agropecuaria del país.

En este aspecto, la política de retiros voluntarios comenzó a extenderse hacia otros organismos nacionales. La Administración de Parques Nacionales oficializó recientemente un esquema destinado a facilitar desvinculaciones de personal, dentro del programa de reducción de estructuras impulsado por el Gobierno.

Las consecuencias ya trascienden el plano laboral. Diversas dependencias muestran dificultades para sostener servicios esenciales debido a la disminución de personal experimentado. El Servicio Meteorológico Nacional aparece entre los casos más representativos. Tras sucesivas rondas de despidos y contratos no renovados, especialistas advierten que la reducción de equipos técnicos avanza mucho más rápido que las inversiones anunciadas para modernizar el organismo mediante nuevas tecnologías.

La preocupación también alcanza al sistema aeronáutico. Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) alertaron que el debilitamiento de áreas críticas comienza a reflejarse en la capacidad operativa de los aeropuertos. La reciente respuesta ante una amenaza de bomba en el aeropuerto de Corrientes volvió a poner bajo discusión el funcionamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, considerado una pieza central para garantizar la seguridad operacional.

Mientras el Gobierno defiende la reducción del gasto público como eje de su programa económico, los sindicatos sostienen que la pérdida de trabajadores ya no constituye solamente un conflicto laboral. Advierten que la combinación entre salarios depreciados, retiros voluntarios y falta de reemplazos comienza a erosionar el capital técnico acumulado durante décadas y compromete el funcionamiento de organismos que cumplen funciones claves para el desarrollo productivo, científico y la prestación de servicios esenciales del Estado.

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El sindicalismo vuelve a la calle por la pérdida de ingresos y el endeudamiento

La CGT, las dos CTA y la UTEP se movilizarán este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento de las deudas familiares. Denuncian que millones de hogares recurren al crédito para cubrir gastos esenciales y anticipan nuevas marchas. La concentración comenzará a las 14 en Paseo Colón e Independencia.

La protesta fue anunciada este miércoles en la sede de la CGT y tendrá como principal reclamo la necesidad de que el Gobierno adopte medidas frente a un fenómeno que las organizaciones vinculan directamente con la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos recientes del Banco Central, 5,8 millones de personas registraron créditos impagos o atrasos graves durante el último año. A su vez, un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito en ese período y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas.

Las centrales sostienen que una parte importante de esos préstamos no se destina a consumos extraordinarios, sino a cubrir alquiler, alimentos, electricidad y gas. Para la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, se trata de una deuda que excede las decisiones individuales: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva”.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, vinculó el endeudamiento con el deterioro de los ingresos y denunció la destrucción de unos 340.000 empleos formales y el cierre de cerca de 30.000 empresas, según sus estimaciones.

Desde la CGT, Cristian Jerónimo cuestionó la postura del Gobierno, que considera el endeudamiento una cuestión entre particulares. “Cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno”, afirmó.

La movilización se inscribe en una sucesión de protestas sindicales y sociales que incluyó la marcha de San Cayetano y el acompañamiento a los reclamos de jubilados frente al Congreso. Jerónimo anticipó que la jornada del jueves no será el cierre de las medidas y advirtió que el movimiento obrero continuará con su plan de lucha.

El reclamo sindical coincidirá además con una movilización de entidades pyme frente a la Casa Rosada, convocada desde las 9 para reclamar una ley de emergencia productiva. El jueves concentrará así dos reclamos vinculados por un mismo problema: familias con menor capacidad de compra y empresas que enfrentan un mercado interno debilitado.

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Salarios, deuda y consumo: las advertencias de uno de los empresarios más ricos del país

Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza y exsenador nacional, reconoció los avances del Gobierno en materia fiscal e inflacionaria, pero advirtió que esa mejora todavía no se refleja en los ingresos de los trabajadores ni en las ventas. También cuestionó el endeudamiento familiar, las tasas de algunas financieras y la apertura de las importaciones.

El empresario cordobés Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza (AGD) y uno de los principales referentes del complejo agroindustrial argentino, lanzó una advertencia sobre el deterioro del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En declaraciones radiales, Urquía reconoció que el Gobierno de Javier Milei consiguió avances en materia fiscal y logró reducir la inflación, pero sostuvo que esa mejora macroeconómica todavía no se traduce de manera uniforme en la economía cotidiana.

“A los trabajadores no les alcanza para llegar al 15 de cada mes”, afirmó al describir la situación de los asalariados, y agregó que las empresas también enfrentan dificultades para afrontar el pago de salarios. “Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no le alcanza”, resumió.

Su diagnóstico expuso una de las principales dificultades que enfrenta el programa económico: la distancia entre la estabilización de algunas variables generales y la capacidad efectiva de los hogares para sostener sus gastos. “La macro hoy no llega a algunos sectores de la micro”, sostuvo.

El consumo como principal preocupación

Urquía trasladó esa mirada a las economías regionales y relató lo que observa en su comunidad de origen, en Córdoba. Según explicó, comerciantes con décadas de trayectoria atraviesan dificultades para mantener sus negocios, acumulan deudas y registran una fuerte caída de las ventas.

Para el empresario, la retracción dejó de estar vinculada exclusivamente con el origen de los productos. La menor demanda responde, a su entender, a una reducción de la capacidad de compra de los hogares que afecta tanto a bienes nacionales como importados.

También marcó diferencias entre las distintas ramas de la economía. Mientras identificó un desempeño favorable en minería, Vaca Muerta y parte del complejo agropecuario, señaló que el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno padecen con mayor intensidad el freno del consumo.

La advertencia adquiere relevancia por la posición de quien la formula: Urquía conduce una de las principales compañías agroindustriales del país y, al mismo tiempo, reconoció aspectos centrales del programa económico oficial. Su diagnóstico, por lo tanto, no parte de un rechazo integral al rumbo fiscal y monetario, sino de la preocupación por la demora en la transmisión de sus beneficios hacia empresas y trabajadores.

Endeudamiento y tasas de hasta 1.300%

Otro de los puntos cuestionados fue el crecimiento del endeudamiento de las familias. Urquía apuntó particularmente contra algunas fintech y financieras no bancarias por las tasas que aplican a los créditos destinados a consumidores.

“Hay fintech o estas financieras que han salido nuevas, que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual. Es algo increíble”, afirmó.

El empresario reclamó una intervención del Estado para evitar prácticas que consideró abusivas. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno”, sostuvo, al considerar que la regulación debe proteger a quienes recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.

La advertencia se produce en un momento en que el crédito de corto plazo adquirió mayor importancia para numerosos hogares que afrontan el final del mes con ingresos insuficientes. El endeudamiento, en ese sentido, aparece como una consecuencia directa de la pérdida de capacidad de compra y como una vía para sostener consumos que los salarios ya no consiguen financiar por sí solos.

Críticas a la apertura importadora

Urquía también expresó reparos frente al avance de las importaciones y al tratamiento diferencial que, según su mirada, reciben las inversiones extranjeras respecto de la producción local.

Advirtió que determinados bienes ingresan al país respaldados por subsidios de sus lugares de origen y sostuvo que esa competencia puede afectar el empleo argentino. “Nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”, planteó.

El empresario reclamó una política que contemple con mayor atención a las compañías nacionales y a las economías del interior. “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero. Al que viene de afuera, se le pone la alfombra roja”, cuestionó.

Las declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la dificultad de compatibilizar la apertura comercial con la recuperación del mercado interno. Mientras algunas ramas exportadoras encuentran mejores condiciones, otras dependen de una demanda doméstica que todavía no recuperó el dinamismo necesario para trasladar la estabilización de la inflación a una mejora perceptible en los ingresos y las ventas.

El diagnóstico de Urquía sintetiza así una preocupación que excede al sindicalismo: la estabilidad de las variables macroeconómicas todavía convive con salarios que pierden capacidad de compra, familias más endeudadas y empresas que enfrentan un mercado interno debilitado.

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Un invierno excepcional abre expectativas por el agua que llegará a San Juan

En algunos puntos de la cordillera sanjuanina ya se acumularon más de dos metros de nieve compactada, frente a los 40 centímetros registrados el año pasado. Recursos Hídricos espera completar las mediciones en septiembre para elaborar el pronóstico oficial de derrame, que podría conocerse a mediados de octubre.

La cordillera sanjuanina atraviesa uno de sus inviernos más favorables de los últimos años en materia de acumulación nival. En la zona de Río Volcán, uno de los puntos monitoreados, la nieve compactada alcanzó los 2,16 metros, más de cinco veces por encima de los 40 centímetros tomados como referencia durante la temporada anterior.

El registro despertó expectativas por el próximo ciclo hídrico, aunque todavía no permite determinar cuánta agua llegará finalmente a los ríos de la provincia. La cantidad de nieve acumulada es apenas uno de los parámetros que deben considerarse para calcular el derrame.

El secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia, explicó que el Gobierno necesita completar una serie de mediciones antes de traducir la reserva nival en hectómetros cúbicos. El procedimiento comienza con la determinación del área cubierta mediante imágenes satelitales y herramientas de teledetección.

A esa información se suma la medición de la altura y densidad de la nieve, mediante cateos y muestreos en distintos puntos de la alta cordillera. Las tareas de campo se realizan habitualmente durante septiembre, cuando se alcanza el mayor asentamiento del manto antes del inicio del deshielo.

Con ambos parámetros se calcula el equivalente en agua y posteriormente se aplica un ajuste estadístico que permite elaborar el pronóstico de derrame. Por esa razón, Devia evitó anticipar un volumen determinado para el río San Juan: la acumulación actual es extraordinaria, pero todavía no puede convertirse oficialmente en una estimación de hectómetros cúbicos.

Un antecedente que vuelve a aparecer

El último ciclo con una medición comparable fue el 2024/25, cuando el río San Juan registró un derrame efectivo cercano a los 1.248 hm³, prácticamente coincidente con el pronóstico oficial de 1.250 hm³.

Ahora las expectativas son considerablemente mayores. En el registro histórico aparece un antecedente especialmente significativo: durante el ciclo 1997/98, el río San Juan alcanzó un derrame anual de 3.935 hm³, uno de los valores más elevados de la serie.

La referencia adquiere relevancia porque aquel período estuvo asociado a un episodio fuerte de El Niño. Las actuales condiciones climáticas volvieron a instalar comparaciones con ese año y algunas estimaciones extraoficiales ubican el posible derrame de la próxima temporada en torno de los 4.000 hm³.

Sin embargo, Recursos Hídricos mantiene cautela. Devia admitió que existen características que pueden guardar similitudes con aquel ciclo, pero remarcó que una acumulación nival excepcional no garantiza por sí sola que el río alcance un volumen determinado.

La evolución del deshielo, la temperatura, las precipitaciones durante los meses cálidos y el comportamiento de las crecientes serán determinantes. También de esos factores dependerá cuánto podrá almacenarse en los diques y cuánto deberá derivarse para atender la demanda de riego.

Cuándo comenzará a llegar el agua

El régimen de los principales ríos sanjuaninos depende del deshielo cordillerano. La fusión suele comenzar entre la segunda mitad de septiembre y los primeros días de octubre, mientras que los mayores caudales se registran habitualmente durante noviembre, diciembre y enero.

La temporada hídrica que comenzará el 1 de octubre de 2026 y finalizará el 30 de septiembre de 2027 será, por lo tanto, la que permita comprobar cuánto representa en términos concretos la excepcional reserva de nieve acumulada durante este invierno.

El Gobierno prevé realizar los trabajos de medición en altura alrededor de mediados de septiembre. Para ello será necesario contar con condiciones meteorológicas adecuadas que permitan los vuelos y el acceso de los equipos técnicos a los puntos de muestreo.

Además, las previsiones meteorológicas contemplan nuevas nevadas durante las próximas semanas, por lo que Recursos Hídricos deberá esperar hasta que el manto alcance su máximo asentamiento antes de obtener una medición definitiva.

El pronóstico hídrico oficial podría conocerse a mediados de octubre. Ese informe será clave para definir junto con el Departamento de Hidráulica la distribución del recurso entre riego, almacenamiento y otros usos.

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