CONÉCTATE CON NOSOTROS

La iniciativa obtuvo despacho favorable en Labor Parlamentaria y será debatida este jueves en el recinto. El proyecto procura consolidar un marco normativo que incentive la participación de empresas locales en la cadena de valor minera, con reglas de transparencia, trazabilidad y generación de empleo privado.

La estrategia del Gobierno de San Juan para ampliar el impacto económico de la minería dio un nuevo paso institucional. El proyecto de ley destinado a fortalecer el desarrollo de proveedores mineros obtuvo despacho favorable durante la reunión de Labor Parlamentaria y quedó en condiciones de ser tratado este jueves por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertirlo en ley.

La propuesta constituye uno de los pilares de la política minera impulsada por la administración de Marcelo Orrego. El objetivo es dotar a la provincia de un marco regulatorio que incentive una mayor participación de empresas sanjuaninas en la provisión de bienes y servicios para los grandes emprendimientos extractivos, promoviendo que la expansión del sector se traduzca en mayor actividad económica, empleo registrado e inversiones locales.

El expediente había recibido un importante respaldo técnico durante su análisis en comisiones, donde expusieron el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y el ministro de Minería, Juan Pablo Perera. Ambos funcionarios respondieron las consultas de los legisladores y defendieron la necesidad de establecer herramientas que permitan fortalecer el tejido productivo provincial frente al crecimiento esperado de la actividad.

La iniciativa incorpora mecanismos orientados a favorecer la contratación de proveedores radicados en San Juan, al tiempo que crea instrumentos de seguimiento para medir el impacto económico de la actividad minera sobre la economía local. Entre sus principales disposiciones se incluyen registros públicos de proveedores, sistemas de trazabilidad y procedimientos de monitoreo destinados a garantizar mayor transparencia en la vinculación entre las empresas operadoras y la red de prestadores de bienes y servicios.

Asimismo, el proyecto promueve una mayor articulación entre los emprendimientos mineros y las comunidades de influencia, con el propósito de ampliar las oportunidades para pequeñas y medianas empresas locales y consolidar cadenas de valor capaces de acompañar el desarrollo de los proyectos metalíferos de gran escala.

Otro de los puntos de la propuesta consiste en adecuar la normativa provincial a las exigencias previstas para las inversiones alcanzadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), procurando que el crecimiento del sector genere un efecto multiplicador sobre la economía sanjuanina y fortalezca la participación del empresariado local en una industria que se perfila como uno de los principales motores productivos de la provincia.

Con el despacho favorable ya otorgado, la discusión ingresará ahora en su etapa decisiva. El debate previsto para este jueves marcará un nuevo episodio en la agenda legislativa vinculada a la minería, una actividad que concentra buena parte de las expectativas de inversión y desarrollo económico de San Juan para los próximos años.

destacada

Un mismo producto, distintos precios: cuánto cambia el costo según la región

El precio de un mismo producto puede variar hasta un 9,2% según el supermercado en el que se compre, con las mayores diferencias concentradas en frutas y verduras. La dispersión promedio entre cadenas fue del 3,6% durante septiembre, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés.

El estudio fue elaborado a partir de información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), dependiente de la Secretaría de Comercio, y permite comparar los valores publicados por distintas cadenas para productos idénticos.

La categoría Frutas y verduras encabezó el ranking de septiembre, con una diferencia del 9,2%, más de dos veces y media por encima del promedio general. La elevada dispersión no constituye un fenómeno aislado: este rubro ocupó el primer lugar en 51 de los 64 meses analizados desde junio de 2021 y quedó segundo en otros diez períodos.

Le siguieron Comidas preparadas, con una brecha del 5,8%; Carnes, con 3,9%; y Almacén, con 3,7%. En el extremo de mayor homogeneidad se ubicaron Farmacia, con 1,8%; Electro, con 2,1%; y Panadería, con 2,4%.

La Patagonia, con los precios más altos

Las diferencias también aparecen al comparar regiones. El indicador Pulso Regional de Precios ubicó nuevamente a la Patagonia como la zona más cara del país, con valores promedio 3,4% superiores a la media nacional.

La región registró los mayores precios en seis de las 18 categorías relevadas. Las diferencias fueron particularmente marcadas en Golosinas, con un sobrecosto del 16,1%; Frescos, con 9,7%; y Bebidas, con 7,9%.

La Patagonia fue además la región más costosa en 61 de los últimos 64 meses considerados por el estudio. En el extremo contrario quedaron el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con precios promedio 5,5% y 5,2% inferiores, respectivamente, a la media nacional.

El presupuesto para la misma canasta varía un 11,3% promedio según la región, confirmando que el lugar donde se vive es un factor determinante para el bolsillo.

Estos resultados demuestran, una vez más, que es clave comparar precios antes de comprar. Aunque la diferencia promedio entre cadenas es moderada, esta brecha crece notablemente en ciertos productos y se vuelve aún mayor al sumar las variaciones por zona, impactando de lleno en el bolsillo familiar.

Continúe Leyendo

destacada

La UTA mantiene la medida y el transporte seguirá paralizado este jueves

La UTA mantuvo la retención de servicios pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y el transporte público continuará paralizado este jueves.La medida, que inicialmente había sido anunciada como retenciones intermitentes, terminó extendiéndose durante toda la jornada del miércoles y dejó paralizado el transporte urbano e interurbano.

La primera audiencia de conciliación fue convocada para este jueves a las 11:30, con la discusión salarial como punto central. El gremio sostiene que las empresas no cumplieron con las recomposiciones acordadas el 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y reclama que se actualicen los haberes de los choferes.

Según explicó la conducción sindical, un trabajador debería percibir actualmente alrededor de $2,3 millones, mientras que los salarios efectivamente abonados rondarían los $1,4 millones. La diferencia, de acuerdo con el planteo de la UTA, se aproxima al millón de pesos por trabajador.

Desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que reúne a las empresas del transporte sanjuanino, respondieron que las compañías abonaron los montos que estuvieron en condiciones de afrontar y argumentaron que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de las sumas reclamadas.

El panorama cambió durante la tarde del miércoles cuando Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que obligó a frenar la medida de fuerza y normalizar el transporte. Desde el organismo oficial criticaron la postura del gremio, argumentando que el paro no se notificó bajo los canales formales y que se descuidó el porcentaje de servicio que exige la ley para actividades esenciales.

La orden, sin embargo, no modificó la decisión de los choferes. Un dirigente gremial sostuvo que el servicio no fue restablecido porque los trabajadores no recibieron una propuesta concreta para recomponer los salarios adeudados. De esta manera, la conciliación comenzó sin que se produjera el retorno efectivo a las calles.

La audiencia de este jueves será, por lo tanto, el primer ámbito formal para intentar acercar posiciones entre UTA, empresas y autoridades laborales. El Gobierno provincial podría exigir previamente el levantamiento de la medida como condición para avanzar en la negociación, mientras que el sindicato reclama que el cumplimiento salarial forme parte de la discusión.

El impacto sobre los usuarios

Desde el Ministerio de Educación se comunicó que quedarían exceptuadas del cómputo de inasistencias aquellas personas —tanto estudiantes como educadores— afectadas por el paro de micros. La ausencia de colectivos también incrementó la demanda sobre las plataformas de transporte particular. Usuarios que recurrieron a servicios como Uber afrontaron tarifas superiores a las habituales, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

Con posiciones encontradas, las partes se miden hoy en una instancia clave de conciliación. La UTA mantiene su reclamo por la deuda salarial, frente a unas empresas que se declaran en crisis para pagarla. Del resultado de este jueves dependerá si se restablece el servicio o se prolonga el paro.

Continúe Leyendo

destacada

Paro de colectivos: Trabajo ordenó levantar la medida y convocó a la UTA a una audiencia salarial

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.

La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.

Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.

Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.

La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.

En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.

La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.

Continúe Leyendo

Tendencias