Los salarios bajos empujan la salida de miles de estatales
El recorte del empleo público ingresó en una nueva etapa. Tras los despidos masivos y la reducción de estructuras, la pérdida del poder adquisitivo comenzó a convertirse en el principal mecanismo de expulsión de trabajadores. Renuncias, retiros voluntarios y fuga de profesionales afectan organismos estratégicos y ponen en riesgo funciones esenciales del Estado.
El ajuste sobre la administración pública nacional dejó de medirse únicamente por la cantidad de cesantías. La estrategia oficial atraviesa ahora una fase diferente, donde el deterioro salarial opera como un factor determinante para reducir planteles sin recurrir necesariamente a nuevos despidos. La combinación de ingresos cada vez más depreciados, retiros voluntarios y congelamiento de carreras profesionales está modificando la composición del Estado y debilitando áreas sensibles para la producción, la investigación científica, el control territorial y la seguridad operacional.
Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Desde el inicio de la actual gestión desaparecieron cerca de 70.000 puestos de trabajo en el sector público nacional, según estimaciones difundidas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Sin embargo, organizaciones sindicales sostienen que la reducción ya no responde exclusivamente a decisiones administrativas, sino también a un panorama económico que imposibilita la continuidad de muchos trabajadores.
El caso del CONICET sintetiza esa transformación. La pérdida sostenida del poder adquisitivo derivó en una creciente migración de investigadores, becarios y personal técnico hacia universidades, empresas privadas e instituciones del exterior. Desde los gremios calculan que alrededor de dos mil trabajadores abandonaron el organismo durante el último período, mientras permanece paralizado el ingreso de nuevos investigadores mediante concursos que acumulan dos años de demora.
Las condiciones de remuneración explican en gran medida esta transformación. Los incrementos otorgados quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, profundizando una caída que ya lleva dos años consecutivos. Informes especializados estiman que las remuneraciones del organismo científico registran una pérdida cercana al 41% respecto de noviembre de 2023, mientras que los trabajadores comprendidos por el Sistema Nacional de Empleo Público también acumulan un pronunciado deterioro real desde el comienzo de la actual administración.
Para los sindicatos estatales, el fenómeno representa un cambio de metodología. La denominada «motosierra», identificada con los despidos y el cierre de organismos, comienza a convivir con una «licuadora» que erosiona los ingresos hasta convertir la continuidad laboral en una opción cada vez menos sostenible. El resultado, afirman, es una reducción de personal menos visible pero igualmente efectiva.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es otro caso del panorama actual. La segunda etapa del programa de retiros voluntarios sumó centenares de postulantes y profundizó la pérdida de recursos humanos altamente especializados. A las bajas registradas durante el primer proceso se agregan nuevas desvinculaciones que, según denuncian los representantes gremiales, comprometen seriamente la capacidad técnica y territorial del principal organismo de investigación agropecuaria del país.
En este aspecto, la política de retiros voluntarios comenzó a extenderse hacia otros organismos nacionales. La Administración de Parques Nacionales oficializó recientemente un esquema destinado a facilitar desvinculaciones de personal, dentro del programa de reducción de estructuras impulsado por el Gobierno.
Las consecuencias ya trascienden el plano laboral. Diversas dependencias muestran dificultades para sostener servicios esenciales debido a la disminución de personal experimentado. El Servicio Meteorológico Nacional aparece entre los casos más representativos. Tras sucesivas rondas de despidos y contratos no renovados, especialistas advierten que la reducción de equipos técnicos avanza mucho más rápido que las inversiones anunciadas para modernizar el organismo mediante nuevas tecnologías.
La preocupación también alcanza al sistema aeronáutico. Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) alertaron que el debilitamiento de áreas críticas comienza a reflejarse en la capacidad operativa de los aeropuertos. La reciente respuesta ante una amenaza de bomba en el aeropuerto de Corrientes volvió a poner bajo discusión el funcionamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, considerado una pieza central para garantizar la seguridad operacional.
Mientras el Gobierno defiende la reducción del gasto público como eje de su programa económico, los sindicatos sostienen que la pérdida de trabajadores ya no constituye solamente un conflicto laboral. Advierten que la combinación entre salarios depreciados, retiros voluntarios y falta de reemplazos comienza a erosionar el capital técnico acumulado durante décadas y compromete el funcionamiento de organismos que cumplen funciones claves para el desarrollo productivo, científico y la prestación de servicios esenciales del Estado.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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