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El recorte del empleo público ingresó en una nueva etapa. Tras los despidos masivos y la reducción de estructuras, la pérdida del poder adquisitivo comenzó a convertirse en el principal mecanismo de expulsión de trabajadores. Renuncias, retiros voluntarios y fuga de profesionales afectan organismos estratégicos y ponen en riesgo funciones esenciales del Estado.

El ajuste sobre la administración pública nacional dejó de medirse únicamente por la cantidad de cesantías. La estrategia oficial atraviesa ahora una fase diferente, donde el deterioro salarial opera como un factor determinante para reducir planteles sin recurrir necesariamente a nuevos despidos. La combinación de ingresos cada vez más depreciados, retiros voluntarios y congelamiento de carreras profesionales está modificando la composición del Estado y debilitando áreas sensibles para la producción, la investigación científica, el control territorial y la seguridad operacional.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Desde el inicio de la actual gestión desaparecieron cerca de 70.000 puestos de trabajo en el sector público nacional, según estimaciones difundidas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Sin embargo, organizaciones sindicales sostienen que la reducción ya no responde exclusivamente a decisiones administrativas, sino también a un panorama económico que imposibilita la continuidad de muchos trabajadores.

El caso del CONICET sintetiza esa transformación. La pérdida sostenida del poder adquisitivo derivó en una creciente migración de investigadores, becarios y personal técnico hacia universidades, empresas privadas e instituciones del exterior. Desde los gremios calculan que alrededor de dos mil trabajadores abandonaron el organismo durante el último período, mientras permanece paralizado el ingreso de nuevos investigadores mediante concursos que acumulan dos años de demora.

Las condiciones de remuneración explican en gran medida esta transformación. Los incrementos otorgados quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, profundizando una caída que ya lleva dos años consecutivos. Informes especializados estiman que las remuneraciones del organismo científico registran una pérdida cercana al 41% respecto de noviembre de 2023, mientras que los trabajadores comprendidos por el Sistema Nacional de Empleo Público también acumulan un pronunciado deterioro real desde el comienzo de la actual administración.

Para los sindicatos estatales, el fenómeno representa un cambio de metodología. La denominada «motosierra», identificada con los despidos y el cierre de organismos, comienza a convivir con una «licuadora» que erosiona los ingresos hasta convertir la continuidad laboral en una opción cada vez menos sostenible. El resultado, afirman, es una reducción de personal menos visible pero igualmente efectiva.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es otro caso del panorama actual. La segunda etapa del programa de retiros voluntarios sumó centenares de postulantes y profundizó la pérdida de recursos humanos altamente especializados. A las bajas registradas durante el primer proceso se agregan nuevas desvinculaciones que, según denuncian los representantes gremiales, comprometen seriamente la capacidad técnica y territorial del principal organismo de investigación agropecuaria del país.

En este aspecto, la política de retiros voluntarios comenzó a extenderse hacia otros organismos nacionales. La Administración de Parques Nacionales oficializó recientemente un esquema destinado a facilitar desvinculaciones de personal, dentro del programa de reducción de estructuras impulsado por el Gobierno.

Las consecuencias ya trascienden el plano laboral. Diversas dependencias muestran dificultades para sostener servicios esenciales debido a la disminución de personal experimentado. El Servicio Meteorológico Nacional aparece entre los casos más representativos. Tras sucesivas rondas de despidos y contratos no renovados, especialistas advierten que la reducción de equipos técnicos avanza mucho más rápido que las inversiones anunciadas para modernizar el organismo mediante nuevas tecnologías.

La preocupación también alcanza al sistema aeronáutico. Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) alertaron que el debilitamiento de áreas críticas comienza a reflejarse en la capacidad operativa de los aeropuertos. La reciente respuesta ante una amenaza de bomba en el aeropuerto de Corrientes volvió a poner bajo discusión el funcionamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, considerado una pieza central para garantizar la seguridad operacional.

Mientras el Gobierno defiende la reducción del gasto público como eje de su programa económico, los sindicatos sostienen que la pérdida de trabajadores ya no constituye solamente un conflicto laboral. Advierten que la combinación entre salarios depreciados, retiros voluntarios y falta de reemplazos comienza a erosionar el capital técnico acumulado durante décadas y compromete el funcionamiento de organismos que cumplen funciones claves para el desarrollo productivo, científico y la prestación de servicios esenciales del Estado.

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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical

El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.

El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción

Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.

En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.

La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.

Las cifras de la pérdida salarial

El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.

En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.

El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.

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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado

Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.

El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.

Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.

El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.

Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.

Formación y tecnología, dos herramientas para competir

Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.

A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.

También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.

La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.

El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.

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La CGT reclamó al Gobierno una nueva prórroga de la jubilación anticipada por desempleo

La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó el reclamo de los trabajadores desocupados mayores de 30 años de aportes y pidió formalmente al Gobierno nacional una nueva prórroga de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen que permitía acceder a una jubilación antes de la edad ordinaria a quienes habían perdido su empleo pese a cumplir con los requisitos contributivos.

El planteo fue elevado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una presentación firmada por los tres integrantes del triunvirato de conducción sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La central acompañó así la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que busca recuperar una herramienta previsional vencida en septiembre de 2025.

El reclamo tuvo su origen en una reunión realizada el 6 de octubre, cuando Sola recibió a representantes del movimiento para analizar la situación de quienes, después de décadas de actividad y aportes, quedan fuera del mercado laboral sin haber alcanzado la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.

La prestación fue creada mediante el Decreto 674/2021 y extendida posteriormente por el Decreto 558/2023. Permitía anticipar hasta cinco años el acceso al beneficio jubilatorio: a partir de los 55 años para las mujeres y de los 60 para los hombres, siempre que acreditaran 30 años de aportes y se encontraran desocupados. No se trataba de una moratoria, sino de un mecanismo dirigido a trabajadores que ya habían cumplido con los requisitos contributivos.

En su presentación, la CGT advirtió sobre la vulnerabilidad de este grupo, que enfrenta obstáculos crecientes para conseguir un nuevo empleo debido a su edad y, al mismo tiempo, todavía no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario. Desde el movimiento describen esa realidad como la de los nuevos «NI-NI»: personas que no son consideradas suficientemente jóvenes para reinsertarse laboralmente ni tienen la edad requerida para acceder a una jubilación.

La central obrera calificó la prestación como una herramienta transitoria, pero necesaria, para evitar que quienes acumularon más de tres décadas de aportes queden sin ingresos al perder su fuente de trabajo. Por eso, reclamó una nueva disposición del Poder Ejecutivo que permita recuperar el régimen y atender las necesidades de este universo de trabajadores.

El pedido también vuelve a poner en discusión otras demandas del movimiento, entre ellas la posibilidad de acceder a la cobertura del PAMI y establecer un mecanismo de devolución de los fondos percibidos anticipadamente. Según lo informado por la organización, esas propuestas tampoco obtuvieron hasta ahora una respuesta oficial.

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