El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario obliga al Gobierno nacional a reabrir de inmediato la negociación salarial. Advirtió que la recomposición aún pendiente supera el 25%, denunció el deterioro de la investigación y anticipó que, si no hay cumplimiento, los gremios fortalecerán las medidas de fuerza.

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario modificó el tablero de la negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Con ese nuevo antecedente judicial, los gremios docentes sostienen que la administración nacional ya no tiene margen para postergar la discusión salarial y reclaman una convocatoria inmediata a la mesa paritaria.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Barcelona, recordó que el último acuerdo firmado el 11 de junio estableció como fecha límite el 10 de septiembre para una nueva reunión salarial. Sin embargo, aclaró que ese compromiso fue asumido antes del pronunciamiento definitivo de la Corte, por lo que consideró que las condiciones cambiaron y la negociación debería adelantarse.

El dirigente explicó que la recomposición que hoy se reclama responde a la deuda acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Recordó que, tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo otorgó una actualización salarial del 21,33% para docentes y no docentes, además de incrementar la garantía salarial, actualizar los gastos de funcionamiento y elevar en un 50% las becas Manuel Belgrano. No obstante, afirmó que esas mejoras quedaron lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Según detalló, durante este período los salarios universitarios acumularon un atraso superior al 100% frente a la inflación. En ese sentido, precisó que la recomposición cercana al 25% que hoy calculan rectores y sindicatos corresponde principalmente a montos pendientes de 2024, ya que, de acuerdo con el análisis gremial, ese año sólo se recuperó alrededor del 7% del deterioro salarial. A esa diferencia, añadió, deberá incorporarse la actualización correspondiente al índice de precios de los próximos meses.

Barcelona evitó anticipar cuál será la modalidad de pago que propondrá el Gobierno. Señaló que la discusión pasará por determinar si la deuda salarial será cancelada en una sola cuota o mediante un esquema escalonado, aunque remarcó que el punto central es que la administración nacional cumpla con las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario.

El referente de ADICUS consideró que el fallo judicial modifica también la relación de fuerzas entre las partes. A su entender, la resolución de la Corte coloca a los sindicatos en una posición más sólida para sostener futuras medidas de protesta en caso de incumplimiento. De todos modos, manifestó que la prioridad continúa siendo alcanzar una solución mediante la negociación y evitar una profundización del conflicto.

Más allá del debate salarial, Barcelona describió el impacto que el ajuste presupuestario produjo en la Universidad Nacional de San Juan. Indicó que numerosos proyectos de investigación permanecen paralizados, que las obras de infraestructura quedaron limitadas a intervenciones mínimas y que las becas estudiantiles continúan congeladas, con montos que perdieron capacidad de respuesta frente al aumento del costo de vida.

También alertó sobre un fenómeno que comienza a sentirse en las aulas: la salida de docentes hacia otros ámbitos laborales. Explicó que muchos profesores solicitaron licencias en sus cargos universitarios para incorporarse al sistema educativo provincial o al ámbito privado en busca de mejores ingresos, una dinámica que amenaza con afectar la calidad académica y la continuidad de diversas cátedras.

En el tramo final de la entrevista, el dirigente amplió la mirada hacia el resto del sistema científico nacional y expresó la solidaridad de ADICUS con los trabajadores de Vialidad Nacional, CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismos que atraviesan procesos de ajuste y reducción de recursos. Consideró que la defensa de la universidad pública forma parte de un reclamo más amplio en favor del sistema científico y tecnológico argentino.

Con la cautelar ya firme, la discusión universitaria ingresó en una nueva etapa. Mientras el Gobierno dispone hasta el 10 de septiembre para reabrir formalmente la negociación, rectores y gremios consideran que la decisión de la Corte elimina cualquier argumento para seguir postergando la recomposición salarial. La respuesta oficial en las próximas semanas será determinante para definir si el conflicto encuentra una salida negociada o vuelve a trasladarse a las calles y a las aulas.

Las intensas precipitaciones níveas registradas en la cordillera constituyen uno de los episodios más importantes de los últimos 25 años. Especialistas de la Universidad Nacional de San Juan consideran que, si las nevadas continúan durante agosto o septiembre, aumentarán las reservas de agua para la próxima primavera, aunque insisten en que la provincia debe mejorar la administración del recurso hídrico.

El ingreso de un extenso río atmosférico cargado de humedad sobre la cordillera de los Andes dejó un panorama alentador para San Juan. Las abundantes nevadas registradas en los últimos días favorecieron una significativa acumulación de nieve en alta montaña, un proceso fundamental para garantizar el aporte de agua durante el deshielo.

El director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, Silvio Pastore, calificó el fenómeno como «una de las nevadas más importantes del último cuarto de siglo». Explicó que la persistencia del temporal durante más de una semana permite que las sucesivas capas de nieve se protejan entre sí de la radiación solar y de la sublimación, favoreciendo su conservación hasta la primavera, cuando el aporte hídrico resulta decisivo para la provincia.

El investigador sostuvo que las condiciones meteorológicas actuales permiten consolidar distintos estratos de nieve, aunque remarcó que será necesario registrar al menos otro episodio similar durante agosto o septiembre para consolidar una recuperación más sostenida luego de más de una década marcada por la escasez de precipitaciones.

Pastore también señaló que el comportamiento del Pacífico Ecuatorial, asociado a un episodio intenso de El Niño, incrementa las probabilidades de nuevas precipitaciones durante este año y el próximo, lo que podría mejorar las perspectivas para los embalses y los sistemas de riego de Cuyo.

Sin embargo, el especialista advirtió que la magnitud de las nevadas no debe generar una falsa sensación de tranquilidad. Sostuvo que San Juan necesita avanzar con urgencia en una gestión más eficiente del recurso hídrico para enfrentar un escenario climático cada vez más variable. En ese sentido, remarcó que una buena temporada de nieve representa una oportunidad, pero no reemplaza las políticas de administración, planificación y uso racional del agua.

Tras años de caudales reducidos y reservas comprometidas, el temporal abre una expectativa favorable para la provincia. No obstante, los especialistas coinciden en que el verdadero desafío continúa siendo fortalecer la gestión del agua, ya que la disponibilidad futura dependerá tanto de la evolución del clima como de las decisiones que se adopten para administrar un recurso cada vez más valioso.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que cerca del 70% de la red vial presenta un estado entre regular y malo como consecuencia de la paralización de la obra pública. El gremio también cuestionó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional y denunció que favorece a empresas privadas con financiamiento estatal y escasas obligaciones de inversión.

El deterioro de las rutas nacionales volvió a encender las alarmas. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el desfinanciamiento del organismo y la suspensión de las tareas de conservación están acelerando el desgaste de la infraestructura vial, con consecuencias directas sobre la seguridad de millones de usuarios.

El secretario Gremial y de Prensa de la organización, Fabián Catanzaro, aseguró que el organismo atraviesa el momento más crítico desde su creación hace casi 94 años. Según precisó, alrededor del 70% de la red vial nacional se encuentra en condiciones entre regulares y malas, una realidad que atribuyó a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, incluyendo las intervenciones de mantenimiento que establece la legislación vigente.

El dirigente explicó que la falta de conservación tiene un impacto acumulativo sobre los pavimentos. De acuerdo con estimaciones técnicas de Vialidad Nacional, cada año sin mantenimiento reduce entre tres y cinco años la vida útil de una ruta, lo que acelera el deterioro y multiplica el costo de futuras reparaciones.

La organización también vinculó ese proceso con el incremento de la siniestralidad vial. Catanzaro indicó que relevamientos internos muestran un aumento cercano al 20% en los siniestros registrados desde el año pasado y afirmó que las víctimas fatales continúan en niveles preocupantes, con alrededor de 7.000 fallecidos anuales en las rutas nacionales. A su juicio, el estado de la infraestructura condiciona muchas de las maniobras que luego son atribuidas exclusivamente al error humano.

Denuncian un «apagón estadístico»

FEPEVINA cuestionó además la reducción de la información pública vinculada a la seguridad vial. Según el gremio, el proceso de ajuste que atraviesa la Agencia Nacional de Seguridad Vial también repercutió sobre la producción de estadísticas oficiales.

Catanzaro sostuvo que actualmente existe un «apagón estadístico» respecto de los siniestros y las muertes en las rutas nacionales debido al desmantelamiento de áreas técnicas encargadas de elaborar esos registros. En ese sentido, advirtió que la ausencia de datos dificulta dimensionar con precisión la evolución del problema y limita la elaboración de políticas preventivas.

Críticas al nuevo esquema de concesiones

Otro de los cuestionamientos apuntó al proceso de privatización de corredores viales impulsado por el Ejecutivo. Desde FEPEVINA señalaron que el nuevo modelo ampliará significativamente la extensión de rutas concesionadas, que pasaría de 6.500 a 9.500 kilómetros, al tiempo que se multiplicará la cantidad de estaciones de peaje, con una cabina aproximadamente cada 80 kilómetros.

El sindicato advirtió que las licitaciones se desarrollarán bajo las modificaciones incorporadas por la Ley Bases al régimen de concesiones y cuestionó el rol del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya Carta Orgánica fue modificada para financiar estos proyectos.

Según Catanzaro, las empresas adjudicatarias accederán a créditos con tasas preferenciales, períodos de gracia y la posibilidad de percibir ingresos por peajes desde el inicio de la concesión, sin ejecutar inicialmente obras de gran magnitud. Para la organización, ese esquema reproduce experiencias similares aplicadas durante la década de 1990, donde —afirman— predominó la rentabilidad de las concesionarias por encima de la inversión en infraestructura.

El impacto en San Juan

La advertencia también alcanza a provincias como San Juan, donde las rutas nacionales constituyen corredores estratégicos para la minería, la producción agrícola, el turismo y el transporte de cargas. El deterioro de estas vías no sólo incrementa los riesgos para quienes las transitan diariamente, sino que también eleva los costos logísticos y afecta la competitividad de las economías regionales.

El pronunciamiento de FEPEVINA vuelve a colocar en el centro del debate el estado de la infraestructura vial argentina y el rumbo de la política de obra pública. Mientras el Gobierno avanza con un esquema de mayor participación privada en la administración de los corredores nacionales, el gremio insiste en que la falta de mantenimiento, la reducción presupuestaria y la disminución de los controles conforman una combinación que compromete tanto la conservación del patrimonio vial como la seguridad de quienes circulan por las rutas del país.