La Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan confirmó que sus profesionales atenderán con normalidad durante la huelga nacional convocada del 13 al 16 de octubre. Su presidente, Miguel Coria, calificó de justo el reclamo para elevar la cápita de $2.700 a $4.500 y reveló que diez médicos renunciaron desde abril, tras el cambio en el sistema de pagos.

El paro nacional de 96 horas convocado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) abrió una nueva disputa por los honorarios de quienes atienden a los afiliados del PAMI. En San Juan, sin embargo, los médicos de cabecera resolvieron no adherir a la medida y mantener las consultas habituales para jubilados y pensionados.

Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera de la provincia, respaldó el reclamo por una actualización de los pagos, aunque sostuvo que interrumpir la atención trasladaría el costo de la protesta a los pacientes. Según explicó, la decisión busca evitar nuevas dificultades para los adultos mayores, que ya afrontan restricciones en el acceso a distintas prestaciones.

«Es un reclamo totalmente justo», afirmó el dirigente, al referirse al deterioro de los ingresos profesionales y a la modificación del esquema de remuneraciones aplicada en abril. Aclaró que la atención se mantendrá, salvo ausencias particulares por licencias médicas, congresos u otros motivos.

La principal queja radica en la tarifa fija mensual que PAMI abona por afiliado, sin importar el número de consultas. Hoy en día, los médicos de cabecera perciben una cápita de $2.700 por paciente y exigen un aumento cercano al 67% para llevarla a $4.500.

Coria explicó que la cifra solicitada toma como referencia los ingresos que recibían bajo el sistema anterior, cuando se combinaban pagos por consulta y por afiliado. También señaló que el esquema previo generaba dificultades presupuestarias para la obra social, por lo que consideró que la discusión debe concentrarse en una recomposición del valor mensual.

La protesta nacional también involucra a odontólogos, que reclaman elevar sus pagos actuales de $374 por afiliado a un monto de entre $1.500 y $3.000. APPAMIA sostiene que la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento de los insumos comprometen la continuidad económica de los consultorios.

Diez renuncias desde abril

Durante la entrevista, Coria reveló que diez médicos de cabecera dejaron de prestar servicios en San Juan desde abril, cuando cambió la modalidad de pago. El dato expone una de las consecuencias que la asociación vincula con el deterioro de los honorarios y la dificultad para sostener la atención.

El dirigente también mencionó que en otras provincias se extendió el cobro de adicionales a los pacientes, conocidos como plus, aunque no presentó una cifra específica para San Juan. A su vez, advirtió que la crisis de los ingresos profesionales alcanza tanto al sistema público como al privado, por lo que cambiar de cobertura no garantiza mejores condiciones de remuneración.

La asociación sanjuanina, que lleva dos décadas de funcionamiento, mantiene una posición diferenciada de la entidad que convocó al paro: respalda la recomposición económica, pero prioriza la continuidad de las consultas.

Los trabajos demandaron 60 días, entre julio y septiembre, y comprendieron la renovación de sanitarios, pintura general y mejoras en el acceso a las cocheras. Durante el acto, el gobernador Marcelo Orrego defendió la incorporación de equipamiento y recursos para la Policía provincial. Las obras se ejecutaron en el edificio existente, de 228,84 metros cuadrados, sin ampliar su superficie.

En el marco de la inauguración, el gobernador relacionó las mejoras de infraestructura con las políticas de seguridad provincial vigentes. Manifestó que el inicio de su administración estuvo marcado por un diagnóstico crítico del parque automotor y del equipamiento técnico, caracterizado por el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia, la inmovilidad de la flota vehicular y el vencimiento de los chalecos de protección.

«La seguridad es una prioridad absoluta», afirmó Orrego. También mencionó la incorporación de camionetas, automóviles, motocicletas, dispositivos Byrna y Taser, además de chalecos balísticos, junto con acciones de capacitación y nuevas licitaciones.

Tres intervenciones principales

Los trabajos fueron impulsados por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y ejecutados por la empresa contratista Iván Ramírez. La intervención comprendió tres áreas principales:

Sanitarios: modificación y adecuación integral para mejorar las condiciones de uso del personal y de los ciudadanos.

Mantenimiento edilicio: pintura interior y exterior para recuperar las condiciones de conservación y salubridad.

Acceso a cocheras: construcción de un contrapiso para facilitar la circulación de vehículos y mejorar el escurrimiento del agua.

Las tareas comenzaron en julio de 2026 y concluyeron en septiembre, dentro del plazo previsto de 60 días. Según la información oficial, el objetivo fue preservar la estructura original y mejorar su funcionamiento cotidiano.

El secretario adjunto de ADICUS, Sergio Castro, sostuvo que la apelación del Ejecutivo no anula la obligación de cumplir la medida judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Denunció una pérdida salarial de entre el 34% y el 35%, alertó sobre el deterioro presupuestario y convocó a acompañar la marcha federal del 15 de octubre.

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales entró en una instancia decisiva. ADICUS sostiene que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario pese a haber apelado la resolución judicial que ordenó su aplicación. Al mismo tiempo, advierte que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes y la insuficiencia de recursos amenazan tanto las condiciones laborales como la calidad académica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Castro explicó que la decisión judicial inicialmente alcanzó los artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas, pero luego avanzó sobre el cumplimiento integral de la norma. Según su interpretación, la aceptación de la apelación del Ejecutivo no dejó sin efecto la obligación establecida en primera instancia.

«Hasta tanto se analice la apelación del Gobierno, tiene que salir a pagar lo que adeuda», sostuvo el dirigente, quien cuestionó que los compromisos asumidos previamente no se hayan traducido en una respuesta suficiente para las necesidades de las universidades.

Una pérdida salarial que ronda el 35%

El representante sindical afirmó que los docentes universitarios de San Juan atraviesan una situación similar a la del resto del país, debido a que comparten el convenio colectivo de trabajo y el nomenclador salarial. En ese marco, señaló que las federaciones docentes y no docentes calculan una pérdida del poder adquisitivo de entre el 34% y el 35%.

Castro consideró insuficiente la propuesta salarial del Gobierno y sostuvo que la recuperación de los ingresos debe formar parte de una solución más amplia, que contemple también los recursos necesarios para sostener las actividades académicas y administrativas.

La preocupación gremial excede, por lo tanto, la discusión paritaria. Castro advirtió que las restricciones presupuestarias obligan a las instituciones a postergar o dejar de realizar tareas por falta de fondos, mientras las previsiones para el presupuesto universitario de 2027 anticipan, según su evaluación, nuevas limitaciones.

El riesgo para la calidad académica

El secretario adjunto de ADICUS alertó que la combinación de salarios deteriorados y recursos insuficientes dificulta garantizar un ciclo lectivo normal y con estándares adecuados de enseñanza. En su análisis, el problema compromete las condiciones de trabajo de docentes y no docentes, pero también las oportunidades de formación de los estudiantes.

Castro atribuyó la política de ajuste a una orientación del Gobierno nacional que, a su entender, debilita la educación y la salud públicas. Frente a ese diagnóstico, convocó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a participar de la movilización prevista para el 15 de octubre, en defensa del financiamiento de las universidades.

El dirigente también confirmó que la Intersindical de San Juan acompañará la marcha con las organizaciones que la integran. Para ADICUS, la defensa de la universidad pública involucra a toda la sociedad, porque la formación profesional constituye una vía de movilidad social para las familias.

En el tramo final de la entrevista, Castro pidió unidad entre las organizaciones gremiales y participación ciudadana para respaldar los reclamos. Su planteo enlaza la disputa judicial con una discusión de mayor alcance: la capacidad del sistema universitario para sostener salarios, becas y condiciones de enseñanza sin un financiamiento acorde con sus obligaciones.

La marcha del 15 de octubre encontrará así a los gremios universitarios con dos reclamos centrales: el cumplimiento efectivo de la ley y una recomposición de los recursos salariales y presupuestarios. Para ADICUS, la resolución de esa disputa será determinante para el futuro inmediato de la UNSJ y de la universidad pública argentina.