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El Gobierno mejoró su oferta de recomposición presupuestaria y salarial, pero condicionó cualquier acuerdo al retiro de las acciones judiciales impulsadas por las casa de altos estudios. La exigencia fue descartada de plano por los rectores y el conflicto volvió a quedar sin una vía de resolución inmediata.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo revés tras una reunión que terminó sin avances concretos y dejó aún más distante la posibilidad de un acuerdo. Aunque el Ejecutivo presentó una propuesta superadora respecto de planteos anteriores, las autoridades universitarias rechazaron una condición que consideran incompatible con la defensa de sus reclamos institucionales: abandonar la demanda judicial por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El encuentro reunió a representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un intento por acercar posiciones frente a una crisis presupuestaria que se profundiza desde hace más de dos años. Sin embargo, las conversaciones quedaron rápidamente condicionadas por el requisito planteado por la administración nacional.

Desde las universidades sostienen que cualquier esquema de recomposición económica debe desarrollarse sin renunciar a las acciones legales actualmente en curso. La postura fue transmitida de manera categórica durante la reunión y dejó prácticamente clausurada la posibilidad de un entendimiento inmediato.

La propuesta oficial contemplaba una actualización salarial superior a la ofrecida en instancias anteriores, junto con incrementos para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y programas de becas. No obstante, las autoridades académicas consideran que los montos continúan lejos de compensar el deterioro acumulado en los ingresos docentes y en las partidas destinadas al sostenimiento de las instituciones.

Rectores y especialistas del sistema universitario señalan que el principal problema no se limita a una discusión coyuntural sobre porcentajes de aumento. El núcleo de la controversia reside en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente judicializada tras la decisión del Ejecutivo de no aplicarla.

La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria y salarial vinculados a la evolución de la inflación, con el objetivo de preservar el funcionamiento de las universidades y evitar el deterioro de los ingresos del personal docente y no docente.

En ese marco, las casas de estudio obtuvieron resoluciones favorables en distintas instancias judiciales y aguardan ahora una definición de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal deberá pronunciarse sobre una cuestión que excede la discusión presupuestaria y que podría sentar un precedente institucional de gran alcance respecto del cumplimiento de leyes sancionadas por el Poder Legislativo.

Mientras tanto, el sistema universitario continúa operando con recursos que las autoridades consideran insuficientes para afrontar las necesidades académicas, científicas y de extensión. La situación impacta sobre salarios, infraestructura, programas de investigación, becas estudiantiles y servicios esenciales vinculados a la vida universitaria.

La falta de acuerdo también profundiza la incertidumbre de cara al segundo semestre. Diversos sectores académicos advierten que, de no existir una solución estructural, podrían incrementarse las medidas de protesta y las dificultades para sostener con normalidad el calendario educativo.

Por ahora, las posiciones permanecen enfrentadas. El Gobierno busca cerrar el conflicto mediante una negociación integral, mientras que las universidades sostienen que cualquier salida deberá respetar el reclamo judicial en curso y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente. Con las conversaciones interrumpidas y sin nuevas reuniones programadas, la definición parece trasladarse nuevamente al terreno político y a los tribunales.

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Se viene la quinta marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario y el cumplimiento de la ley

San Juan se sumará este jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. ADICUS confirmó su participación en la movilización, que tendrá como punto de partida la Plaza 25 de Mayo, a las 16.30.

La convocatoria se inscribe en la disputa por la recomposición salarial de docentes y no docentes, los recursos para el funcionamiento de las universidades y la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso. El recorrido previsto contempla una marcha hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), sobre calle Mitre, aunque el trayecto definitivo se resolverá en una reunión organizativa.

Una clase pública antes de la movilización

Como parte de las actividades previas, este miércoles se realizará una clase pública de Derecho Constitucional frente al Rectorado. La exposición estará a cargo de los abogados Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino y buscará sumar una instancia de debate académico a los reclamos universitarios.

La protesta local se desarrollará en simultaneo con las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país, luego de que el Gobierno recurriera a la Justicia para cuestionar la obligación de aplicar la ley de financiamiento.

El conflicto combina así el reclamo gremial por salarios y presupuesto con una discusión institucional sobre el cumplimiento de una norma sancionada por el Congreso. La movilización del jueves buscará sostener la presión pública mientras continúa la disputa judicial y las organizaciones universitarias advierten sobre el deterioro de los recursos destinados a la educación superior.

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La construcción sigue en crisis: 120.000 empleos perdidos y 2.000 empresas menos

La construcción acumula una pérdida de 120.000 puestos de trabajo y la desaparición de unas 2.000 empresas, sin perspectivas de una recuperación significativa durante los próximos meses. La advertencia fue formulada por Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), quien atribuyó el deterioro a la fuerte contracción de la obra pública y anticipó que el estancamiento podría extenderse durante los primeros meses de 2027.

Según el dirigente empresario, la actividad cayó alrededor de un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024 y desde entonces se mantiene en niveles inferiores a los previos al derrumbe. Aunque el ritmo de la caída se moderó, el repunte todavía no alcanza para recomponer el empleo ni revertir el debilitamiento de las compañías. Algunas atraviesan dificultades financieras e incluso procesos de convocatoria de acreedores.

Weiss sostuvo que no observa cambios relevantes para el corto plazo. Si bien identificó un mayor dinamismo en Neuquén y Río Negro, impulsado por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, advirtió que ese movimiento resulta insuficiente para compensar la retracción en el resto del país. La construcción asociada con la energía y la minería ofrece mejores perspectivas, pero no reemplaza el volumen de trabajo que generaba la infraestructura pública.

El reclamo por la inversión estatal

El titular de CAMARCO cuestionó la posibilidad de que el capital privado sustituya por completo al Estado en el financiamiento de las obras. Según planteó, rutas con bajo tránsito, grandes proyectos ferroviarios y otras infraestructuras requieren recursos públicos para resultar viables.

La paralización de esos emprendimientos, advirtió, trasciende a las empresas constructoras: el deterioro vial y ferroviario también eleva los costos logísticos y condiciona la competitividad de otras actividades productivas.

El mercado inmobiliario tampoco despega. Según Weiss, construir en dólares es cada vez más caro y los precios de venta rezagados reducen la rentabilidad de las obras. Aunque valoró los nuevos créditos hipotecarios, aclaró que todavía les falta escala para generar una reactivación general.

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San Juan desplegó su oferta turística en un feriado marcado por viajes breves

El fin de semana largo movilizó a 1.490.400 turistas en el país y generó $313.610 millones, según CAME. Aunque la cantidad de viajeros aumentó 3,5% interanual, el gasto total cayó en términos reales y la estadía promedio bajó a 1,8 días. San Juan ofreció propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza, aunque no se difundieron cifras provinciales de ocupación ni de visitantes.

El turismo argentino sumó viajeros durante el fin de semana largo del 12 de octubre, pero el mayor movimiento no se tradujo en un incremento del consumo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 personas viajaron por el país, un 3,5% más que en el mismo feriado de 2025, mientras que el gasto total registró una caída real del 2,2%, una vez descontada la inflación.

El relevamiento estimó un impacto económico directo de $313.610 millones. La principal explicación del retroceso fue la menor permanencia: la estadía promedio se redujo de dos días a 1,8, una baja interanual del 10%. Así, el aumento de los desplazamientos no alcanzó para compensar el menor tiempo de alojamiento y consumo en los destinos.

Los mejores desempeños se concentraron en La Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano, Córdoba; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán, fueron algunos de los eventos destacados.

Respecto de las expectativas iniciales, los mejores resultados se observaron en algunas localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe, mientras que en la Patagonia sobresalieron Bariloche y Puerto Madryn, ambos lugares con ocupaciones cercanas al 80%.

En contraste, destinos como Posadas y algunas regiones del Chaco mostraron un movimiento más limitado. Las diferencias no solo se dieron entre provincias, sino también dentro de cada territorio, donde ciertas localidades concentraron buena parte de los visitantes.

El gasto diario promedio llegó a $116.900 por turista, con una mejora real del 5% frente al año anterior. Sin embargo, las escapadas más breves limitaron el desembolso acumulado. CAME también identificó una mayor preferencia por destinos cercanos, reservas de último momento y decisiones de consumo más selectivas.

San Juan: naturaleza, gastronomía y propuestas culturales

La provincia desplegó una agenda distribuida entre el Gran San Juan y los departamentos del interior. En Calingasta, las propuestas combinaron tradiciones criollas, peñas y experiencias gastronómicas con observación astronómica en Barreal. Valle Fértil sumó senderismo y avistaje de aves, mientras que 25 de Mayo celebró una nueva edición del Festival del Pan Casero.

La oferta urbana incluyó espectáculos teatrales y musicales, ferias de emprendedores y diseñadores, y actividades culturales en espacios como el Teatro del Bicentenario, el Teatro Sarmiento, el Chalet Cantoni y el Centro Cultural Conte Grand. Entre los atractivos naturales se destacaron Ischigualasto, el Parque Nacional El Leoncito, los paisajes cordilleranos y los embalses de Ullum y Punta Negra.

No obstante, el informe nacional no precisó la ocupación hotelera, la cantidad de visitantes ni el impacto económico del feriado en San Juan. Sin esos indicadores, la agenda de propuestas permite describir la oferta turística, pero no medir sus resultados económicos.

Un año con más de 12,9 millones de turistas

En el acumulado de 2026, los ocho fines de semana largos contabilizados por CAME movilizaron a 12.939.094 turistas, con un impacto económico estimado en $3,4 billones. La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario alcanzó los $111.282.

Los resultados del feriado de octubre exponen una diferencia relevante para las economías turísticas: atraer más visitantes no garantiza mayores ingresos reales. Con permanencias más cortas y presupuestos ajustados, la capacidad de los destinos para convertir las visitas en noches de alojamiento, consumos gastronómicos y compras resulta determinante para sostener el movimiento comercial.

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