Las universidades rechazaron la propuesta oficial y sostienen la batalla judicial por el financiamiento

El Gobierno mejoró su oferta de recomposición presupuestaria y salarial, pero condicionó cualquier acuerdo al retiro de las acciones judiciales impulsadas por las casa de altos estudios. La exigencia fue descartada de plano por los rectores y el conflicto volvió a quedar sin una vía de resolución inmediata.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo revés tras una reunión que terminó sin avances concretos y dejó aún más distante la posibilidad de un acuerdo. Aunque el Ejecutivo presentó una propuesta superadora respecto de planteos anteriores, las autoridades universitarias rechazaron una condición que consideran incompatible con la defensa de sus reclamos institucionales: abandonar la demanda judicial por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El encuentro reunió a representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un intento por acercar posiciones frente a una crisis presupuestaria que se profundiza desde hace más de dos años. Sin embargo, las conversaciones quedaron rápidamente condicionadas por el requisito planteado por la administración nacional.

Desde las universidades sostienen que cualquier esquema de recomposición económica debe desarrollarse sin renunciar a las acciones legales actualmente en curso. La postura fue transmitida de manera categórica durante la reunión y dejó prácticamente clausurada la posibilidad de un entendimiento inmediato.

La propuesta oficial contemplaba una actualización salarial superior a la ofrecida en instancias anteriores, junto con incrementos para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y programas de becas. No obstante, las autoridades académicas consideran que los montos continúan lejos de compensar el deterioro acumulado en los ingresos docentes y en las partidas destinadas al sostenimiento de las instituciones.

Rectores y especialistas del sistema universitario señalan que el principal problema no se limita a una discusión coyuntural sobre porcentajes de aumento. El núcleo de la controversia reside en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente judicializada tras la decisión del Ejecutivo de no aplicarla.

La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria y salarial vinculados a la evolución de la inflación, con el objetivo de preservar el funcionamiento de las universidades y evitar el deterioro de los ingresos del personal docente y no docente.

En ese marco, las casas de estudio obtuvieron resoluciones favorables en distintas instancias judiciales y aguardan ahora una definición de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal deberá pronunciarse sobre una cuestión que excede la discusión presupuestaria y que podría sentar un precedente institucional de gran alcance respecto del cumplimiento de leyes sancionadas por el Poder Legislativo.

Mientras tanto, el sistema universitario continúa operando con recursos que las autoridades consideran insuficientes para afrontar las necesidades académicas, científicas y de extensión. La situación impacta sobre salarios, infraestructura, programas de investigación, becas estudiantiles y servicios esenciales vinculados a la vida universitaria.

La falta de acuerdo también profundiza la incertidumbre de cara al segundo semestre. Diversos sectores académicos advierten que, de no existir una solución estructural, podrían incrementarse las medidas de protesta y las dificultades para sostener con normalidad el calendario educativo.

Por ahora, las posiciones permanecen enfrentadas. El Gobierno busca cerrar el conflicto mediante una negociación integral, mientras que las universidades sostienen que cualquier salida deberá respetar el reclamo judicial en curso y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente. Con las conversaciones interrumpidas y sin nuevas reuniones programadas, la definición parece trasladarse nuevamente al terreno político y a los tribunales.