La federación Conadu Histórica anunció un paro nacional de una semana para docentes universitarios y preuniversitarios, entre el miércoles 28 de octubre y el martes 3 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.

La medida fue aprobada por unanimidad durante el Congreso Extraordinario del 22 de octubre y busca aumentar la presión sobre el Gobierno nacional ante el deterioro de los ingresos docentes y las restricciones presupuestarias que, según el gremio, comprometen el funcionamiento de la educación superior pública.

La resolución contempla también el reclamo por la deuda salarial acumulada. En su pronunciamiento, la federación denunció que la política económica oficial provocó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y advirtió sobre sus consecuencias para la continuidad de las tareas académicas.

El Congreso resolvió instruir a la Mesa Ejecutiva de Conadu Histórica para articular el paro con el resto de los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales. El objetivo es unificar las acciones, ampliar la participación territorial y evitar que las protestas queden limitadas a iniciativas aisladas de cada entidad.

Esta convocatoria se añade a un litigio que converge en materias salariales, presupuestarias y de observancia de la normativa específica en las casas de altos estudios. Para la federación, la aplicación efectiva de la ley resulta indispensable tanto para recomponer los ingresos del personal como para asegurar los recursos necesarios para sostener la enseñanza y el funcionamiento institucional.

Respaldo a la movilización universitaria

El documento gremial también reivindicó la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a docentes, estudiantes y otros sectores en defensa de la educación pública bajo la consigna «Por educación, soberanía y democracia».

Conadu Histórica interpretó la convocatoria como una demostración de respaldo social a las universidades y cuestionó la respuesta del Gobierno durante la movilización, al repudiar la represión denunciada por la organización.

La nueva huelga abre otra semana de presión sindical sobre la política educativa nacional. Su alcance dependerá, en buena medida, de la adhesión en las universidades y de la capacidad de las distintas federaciones para coordinar un reclamo común por salarios, financiamiento y cumplimiento de la ley.

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 145.004 altas, un volumen que supera en más de 77% el promedio mensual de 2023. En septiembre, el haber medio fue de $325.368, por debajo de la inflación interanual. Los requisitos, los plazos y las causas por las que se pierde el beneficio.

El seguro por desempleo acumula un fuerte crecimiento en la Argentina y se aproxima a los niveles más altos de los últimos años. Según datos de la ANSeS procesados por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, entre enero y septiembre de 2026 se incorporaron 145.004 personas a la prestación. La cifra equivale a un aumento del 33% frente a las altas de todo 2023, aunque la comparación mensual muestra una diferencia superior al 77%.

La industria, el comercio y la construcción concentran buena parte de los pedidos, en una evolución que coincide con el deterioro de los indicadores laborales. En el segundo trimestre, la desocupación llegó al 7,9%, su nivel más alto desde 2021, mientras que la informalidad trepó al 45% y alcanzó a 10,2 millones de trabajadores.

En septiembre, 127.613 personas cobraron el beneficio, una cifra que refleja tanto las nuevas incorporaciones como las bajas por reinserción laboral, inscripción al monotributo o agotamiento del período de cobertura. La provincia de Buenos Aires encabezó la distribución, con 54.936 beneficiarios, seguida por Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del total mensual, 86.288 fueron hombres y 41.325, mujeres.

La prestación también perdió poder adquisitivo. El haber promedio alcanzó los $325.368 en septiembre, un 18,7% más que los $274.324 del mismo mes de 2025, frente a una inflación interanual del 33,4%. La evolución responde, entre otros factores, a los salarios previos de los trabajadores despedidos y al salario mínimo, utilizado como referencia para establecer los límites del beneficio.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder los trabajadores despedidos sin justa causa, por fuerza mayor o por quiebra del empleador, así como quienes quedaron desvinculados por finalización de contrato, siempre que cumplan las condiciones exigidas. Para los trabajadores permanentes se requieren al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores al cese laboral. En el caso del personal eventual o de temporada, se exige haber trabajado al menos tres meses durante los últimos 12, con un máximo de 12 meses trabajados en los últimos tres años.

La cobertura puede extenderse hasta 12 meses y sumar otros seis para quienes superan los 45 años. Durante ese período se mantienen la obra social y las asignaciones familiares, y los meses cubiertos se computan para los aportes jubilatorios.

Cómo se calcula y dónde se tramita

El monto se determina a partir de los ingresos y antecedentes laborales del solicitante, dentro de los límites establecidos para la prestación. Según la escala consignada en la información de origen, durante los primeros cuatro meses se cobra el 100% del beneficio calculado; del quinto al octavo, el 80%; y desde el noveno, el 70%.

La gestión se realiza ante la ANSeS, de manera presencial o virtual, con la documentación que acredite la desvinculación y los antecedentes laborales. Es importante verificar los requisitos y los montos vigentes al momento de iniciar el expediente, ya que pueden variar según la normativa aplicable.

El pago se interrumpe si el beneficiario consigue un empleo formal, comienza a percibir una jubilación o pensión, se inscribe en el monotributo en condiciones incompatibles con la prestación, rechaza ofertas laborales del Estado o agota el plazo de cobertura. El crecimiento de las altas, junto con la pérdida real del haber, refleja una doble presión sobre quienes quedan fuera del empleo registrado: la necesidad inmediata de ingresos y la dificultad de sostenerlos mientras buscan una nueva ocupación.

La Fiesta Nacional del Sol buscará ampliar hasta un 35% la participación empresarial en su próxima edición, prevista para el 20, 21 y 22 de noviembre en San Juan. El Gobierno provincial apunta a fortalecer los ingresos comerciales para afrontar los costos de los espectáculos y reducir la presión sobre el financiamiento del evento, que también dependerá de la venta de entradas.

El secretario de Turismo, Juan Castañares, confirmó que la organización trabaja para incorporar entre un 20% y un 35% más de participación de empresas. La ampliación no implicará aumentar la superficie del predio, sino redistribuir los espacios disponibles para dar cabida a más patrocinadores y mejorar su presencia ante el público.

Entre las firmas interesadas figuran bancos, compañías mineras y empresas vinculadas al transporte. La modalidad contempla distintas categorías de patrocinio, con aportes económicos a cambio de espacios de exhibición y visibilidad comercial. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron la cantidad definitiva de participantes ni el monto que se espera recaudar por esta vía.

Castañares reconoció que tanto los ingresos de los sponsors como la venta de localidades contribuyen a financiar los espectáculos. La organización busca así consolidar una estructura de ingresos que combine recursos comerciales y recaudación por entradas, aunque todavía no se conocen las proyecciones de venta ni el costo total de esta edición.

Entradas, gastronomía y oferta comercial

La programación gastronómica también avanza: ya fueron definidos entre 75 y 80 prestadores, distribuidos en parrillas, patios de comidas y food trucks. La oferta formará parte de una propuesta que combinará música, feria temática y gastronomía durante las tres jornadas.

Los precios promocionales de las entradas estarán vigentes hasta el 5 de noviembre. Las populares cuestan $15.000; el campo de pie, $25.000; la platea alta, $35.000; y la platea baja, $45.000. Además, se habilitaron seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco San Juan.

La ampliación del respaldo privado representa una apuesta por diversificar los ingresos de una celebración que combina atractivo turístico, actividad comercial y proyección provincial. El resultado económico dependerá de la capacidad de captar patrocinadores, sostener la venta de entradas y convertir la convocatoria en un movimiento que también beneficie a los prestadores vinculados al evento.