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Durante la Expo Minera, Marcelo Orrego encabezó un encuentro político e institucional con mandatarios de distintas provincias y firmó convenios con Santa Fe y Mendoza orientados a potenciar la actividad industrial, optimizar la logística regional y reforzar los sistemas de control y seguridad en corredores estratégicos.

La Expo San Juan Minera 2026 volvió a convertirse en mucho más que una vidriera para inversiones extractivas. La presencia simultánea de seis gobernadores, funcionarios nacionales y referentes del sector productivo transformó al encuentro en un espacio de construcción política y articulación federal, con San Juan posicionada como uno de los principales nodos de discusión sobre desarrollo económico, infraestructura y minería en la Argentina.

En ese escenario, el gobernador recibió en las instalaciones de EPSE, en Pocito, a Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy, y Raúl Jalil, de Catamarca. La convocatoria dejó una señal inequívoca: las provincias buscan fortalecer vínculos directos para afrontar desafíos productivos y financieros en un país atravesado por fuertes restricciones económicas y redefiniciones en la relación entre Nación y distritos.

La actividad también contó con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, además de integrantes del gabinete sanjuanino vinculados a áreas estratégicas como minería, producción, infraestructura, economía, seguridad y salud. La amplitud de la representación institucional reflejó el peso político que adquirió la cumbre dentro de la agenda regional.

Lejos de limitarse a una fotografía protocolar, el encuentro tuvo una impronta orientada a resultados concretos. Los mandatarios recorrieron las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y compartieron una agenda centrada en integración productiva, intercambio de capacidades técnicas y coordinación de políticas públicas destinadas a mejorar la competitividad regional.

En ese marco, Orrego avanzó con la firma de dos acuerdos considerados estratégicos para la proyección económica de San Juan. El primero, rubricado junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, apunta a consolidar un esquema de cooperación industrial, comercial y logística entre ambas provincias, con especial interés en la participación de empresas santafesinas dentro de la cadena de proveedores vinculada al desarrollo minero sanjuanino.

El convenio reconoce la experiencia acumulada por Santa Fe en la provisión de bienes y servicios para sectores extractivos como petróleo y gas, una capacidad que San Juan busca incorporar en plena expansión de proyectos mineros metalíferos. El entendimiento también contempla programas de capacitación conjunta, transferencia tecnológica y mejoras en conectividad aérea, vial y ferroviaria, factores considerados determinantes para reducir costos operativos y ampliar mercados.

Detrás de esa decisión aparece una lectura política y económica más amplia: las provincias comienzan a diseñar mecanismos propios de complementación productiva ante la necesidad de sostener inversiones, empleo privado y generación de divisas. La minería, en ese esquema, dejó de ser observada exclusivamente como una actividad sectorial para convertirse en un eje de articulación industrial y logística de alcance federal.

El segundo acuerdo firmado por Orrego fue con Mendoza y estuvo enfocado en seguridad y control interjurisdiccional. El convenio prevé la creación de un Sistema de Control Integrado en los límites provinciales, incorporado al Plan Regional de Seguridad iniciado en 2024.

La iniciativa contempla la construcción y refacción de una Zona de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de San José, departamento mendocino de Las Heras. El proyecto será financiado en partes iguales por San Juan y Mendoza y concentrará controles policiales y fitosanitarios en un mismo predio operativo.

Además de la infraestructura física, el plan incluye la incorporación de cámaras de vigilancia y plataformas informáticas para agilizar el intercambio de información entre ambas jurisdicciones. El objetivo oficial apunta a mejorar controles sobre transporte de cargas, fortalecer tareas preventivas y optimizar la circulación de personas y mercaderías en uno de los corredores más relevantes del oeste argentino.

La cumbre desarrollada en San Juan dejó expuesta otra realidad política: frente a un escenario nacional marcado por ajustes presupuestarios y reducción de obra pública, los gobernadores comenzaron a profundizar esquemas de cooperación horizontal para sostener proyectos estratégicos y defender intereses regionales comunes.

En ese tablero, San Juan intenta consolidar un perfil asociado a la minería, la energía y la infraestructura, aprovechando el creciente interés inversor sobre los recursos metalíferos de la Cordillera. La presencia simultánea de mandatarios de provincias con fuerte peso productivo también evidenció la intención de construir agendas compartidas capaces de trascender diferencias partidarias cuando entran en juego desarrollo económico, empleo e integración territorial.

La Expo Minera, así, terminó funcionando como plataforma política además de empresarial. Y Orrego, anfitrión del encuentro, logró capitalizar esa centralidad mediante acuerdos que exceden el corto plazo y apuntan a fortalecer el posicionamiento estratégico de San Juan dentro del nuevo mapa productivo del país.

El desafío hacia adelante será transformar esos entendimientos institucionales en resultados concretos para las economías regionales. La expectativa oficial está puesta en que la articulación entre provincias permita acelerar inversiones, ampliar cadenas de valor y generar infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de sectores considerados decisivos para los próximos años.

destacada

ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales

El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.

La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.

El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.

Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.

En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.

La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.

El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».

La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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Departamentales

El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos

Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.

El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.

La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.

En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.

Los puntos más sensibles en el Gran San Juan

Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.

También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.

La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.

Calingasta, con un corte ya vigente

En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.

Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.

Controles en diques y cauces

Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.

En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.

Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.

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destacada

La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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