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Durante la Expo Minera, Marcelo Orrego encabezó un encuentro político e institucional con mandatarios de distintas provincias y firmó convenios con Santa Fe y Mendoza orientados a potenciar la actividad industrial, optimizar la logística regional y reforzar los sistemas de control y seguridad en corredores estratégicos.

La Expo San Juan Minera 2026 volvió a convertirse en mucho más que una vidriera para inversiones extractivas. La presencia simultánea de seis gobernadores, funcionarios nacionales y referentes del sector productivo transformó al encuentro en un espacio de construcción política y articulación federal, con San Juan posicionada como uno de los principales nodos de discusión sobre desarrollo económico, infraestructura y minería en la Argentina.

En ese escenario, el gobernador recibió en las instalaciones de EPSE, en Pocito, a Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy, y Raúl Jalil, de Catamarca. La convocatoria dejó una señal inequívoca: las provincias buscan fortalecer vínculos directos para afrontar desafíos productivos y financieros en un país atravesado por fuertes restricciones económicas y redefiniciones en la relación entre Nación y distritos.

La actividad también contó con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, además de integrantes del gabinete sanjuanino vinculados a áreas estratégicas como minería, producción, infraestructura, economía, seguridad y salud. La amplitud de la representación institucional reflejó el peso político que adquirió la cumbre dentro de la agenda regional.

Lejos de limitarse a una fotografía protocolar, el encuentro tuvo una impronta orientada a resultados concretos. Los mandatarios recorrieron las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y compartieron una agenda centrada en integración productiva, intercambio de capacidades técnicas y coordinación de políticas públicas destinadas a mejorar la competitividad regional.

En ese marco, Orrego avanzó con la firma de dos acuerdos considerados estratégicos para la proyección económica de San Juan. El primero, rubricado junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, apunta a consolidar un esquema de cooperación industrial, comercial y logística entre ambas provincias, con especial interés en la participación de empresas santafesinas dentro de la cadena de proveedores vinculada al desarrollo minero sanjuanino.

El convenio reconoce la experiencia acumulada por Santa Fe en la provisión de bienes y servicios para sectores extractivos como petróleo y gas, una capacidad que San Juan busca incorporar en plena expansión de proyectos mineros metalíferos. El entendimiento también contempla programas de capacitación conjunta, transferencia tecnológica y mejoras en conectividad aérea, vial y ferroviaria, factores considerados determinantes para reducir costos operativos y ampliar mercados.

Detrás de esa decisión aparece una lectura política y económica más amplia: las provincias comienzan a diseñar mecanismos propios de complementación productiva ante la necesidad de sostener inversiones, empleo privado y generación de divisas. La minería, en ese esquema, dejó de ser observada exclusivamente como una actividad sectorial para convertirse en un eje de articulación industrial y logística de alcance federal.

El segundo acuerdo firmado por Orrego fue con Mendoza y estuvo enfocado en seguridad y control interjurisdiccional. El convenio prevé la creación de un Sistema de Control Integrado en los límites provinciales, incorporado al Plan Regional de Seguridad iniciado en 2024.

La iniciativa contempla la construcción y refacción de una Zona de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de San José, departamento mendocino de Las Heras. El proyecto será financiado en partes iguales por San Juan y Mendoza y concentrará controles policiales y fitosanitarios en un mismo predio operativo.

Además de la infraestructura física, el plan incluye la incorporación de cámaras de vigilancia y plataformas informáticas para agilizar el intercambio de información entre ambas jurisdicciones. El objetivo oficial apunta a mejorar controles sobre transporte de cargas, fortalecer tareas preventivas y optimizar la circulación de personas y mercaderías en uno de los corredores más relevantes del oeste argentino.

La cumbre desarrollada en San Juan dejó expuesta otra realidad política: frente a un escenario nacional marcado por ajustes presupuestarios y reducción de obra pública, los gobernadores comenzaron a profundizar esquemas de cooperación horizontal para sostener proyectos estratégicos y defender intereses regionales comunes.

En ese tablero, San Juan intenta consolidar un perfil asociado a la minería, la energía y la infraestructura, aprovechando el creciente interés inversor sobre los recursos metalíferos de la Cordillera. La presencia simultánea de mandatarios de provincias con fuerte peso productivo también evidenció la intención de construir agendas compartidas capaces de trascender diferencias partidarias cuando entran en juego desarrollo económico, empleo e integración territorial.

La Expo Minera, así, terminó funcionando como plataforma política además de empresarial. Y Orrego, anfitrión del encuentro, logró capitalizar esa centralidad mediante acuerdos que exceden el corto plazo y apuntan a fortalecer el posicionamiento estratégico de San Juan dentro del nuevo mapa productivo del país.

El desafío hacia adelante será transformar esos entendimientos institucionales en resultados concretos para las economías regionales. La expectativa oficial está puesta en que la articulación entre provincias permita acelerar inversiones, ampliar cadenas de valor y generar infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de sectores considerados decisivos para los próximos años.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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