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La decisión de Loma Negra de paralizar hasta fin de año el horno principal de su planta L’Amalí, en Olavarría, expuso la profundidad de la retracción que atraviesa la construcción en Argentina. La acumulación de stock, la caída sostenida en los despachos de cemento y el freno de la obra pública conforman un cuadro que comenzó a impactar sobre empleo, producción y actividad industrial.

La imagen de cientos de miles de toneladas de clínker acumuladas al aire libre en Olavarría resume con crudeza uno de los procesos económicos más delicados que atraviesa hoy la industria argentina. Loma Negra, la principal cementera del país, resolvió detener hasta fin de año el horno central de su planta L’Amalí, una de las inversiones fabriles más ambiciosas realizadas en las últimas décadas dentro del sector de materiales para la construcción.

La decisión, confirmada por la compañía, refleja el deterioro que golpea a toda la cadena vinculada a la actividad constructiva. La empresa argumentó que dispone de stock suficiente para sostener el abastecimiento del mercado durante un período prolongado, razón por la cual el tradicional parate invernal por mantenimiento será este año mucho más extenso y profundo.

El dato adquiere una dimensión aún más significativa si se observa el peso estratégico de L’Amalí dentro del entramado industrial argentino. Inaugurada en 2021 tras una inversión multimillonaria, la planta fue presentada como símbolo de modernización productiva, ampliación de capacidad instalada y expansión de la industria cementera nacional. Apenas cinco años después de aquel desembarco industrial, el principal horno de la fábrica permanecerá inactivo hasta finales de 2026.

La determinación no sólo impacta sobre la producción de cemento. También repercute sobre toda la estructura económica que rodea a la planta: extracción de piedra caliza, transporte de cargas, servicios logísticos, contratistas y empleo indirecto vinculado a la operación minera e industrial.

Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Olavarría atribuyeron la situación al abrupto retroceso de la obra pública nacional y al desplome de la demanda interna. Alejandro Santillán, secretario general del gremio en la ciudad bonaerense, explicó que las detenciones técnicas durante el invierno suelen extenderse alrededor de cuarenta días por tareas de mantenimiento. Sin embargo, advirtió que el esquema definido para este año “difiere por completo” de lo habitual debido al extraordinario nivel de stock acumulado.

Según trascendió, en L’Amalí existen más de 700 mil toneladas de clínker fuera de los silos de almacenamiento, un volumen inédito que deja al descubierto la magnitud de la desaceleración que atraviesa el sector.

El panorama también quedó reflejado en las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Los despachos registraron en abril una caída interanual del 12,7%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace meses y que comenzó a impactar de lleno sobre los niveles de producción industrial.

El cemento funciona históricamente como uno de los indicadores más sensibles de la economía argentina. Su comportamiento permite anticipar movimientos en inversión privada, actividad inmobiliaria, infraestructura y empleo. Por eso, el freno productivo de una compañía como Loma Negra trasciende el universo empresarial y se convierte en un síntoma de mayor alcance sobre el estado general de la actividad económica.

El ajuste sobre la obra pública nacional alteró de manera drástica el funcionamiento de numerosas ramas industriales asociadas a la construcción. La paralización de proyectos viales, habitacionales y de infraestructura redujo de forma abrupta la demanda de insumos pesados, afectando a fabricantes de cemento, acero, cerámicos y maquinaria.

A diferencia de otras etapas recesivas, el problema actual no parece concentrarse únicamente en la caída de la inversión estatal. El sector privado tampoco logró compensar la retracción. Las altas tasas de interés, el freno del crédito hipotecario y la pérdida del poder adquisitivo limitaron el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios y redujeron el ritmo de obras particulares.

La consecuencia inmediata es una industria con capacidad instalada y empresas obligadas a recalcular operaciones para evitar mayores costos financieros y acumulación de mercadería sin salida comercial.

En ese cuadro, la decisión de Loma Negra adquirió un fuerte peso simbólico. La compañía, fundada en 1926 y convertida durante décadas en referencia central del sector cementero argentino, no sólo representa uno de los mayores jugadores del mercado local. También constituye un termómetro de la actividad industrial ligada a la construcción y la infraestructura.

El contraste entre la expansión anunciada pocos años atrás y el actual freno operativo evidencia la velocidad con la que cambió el ciclo económico. Lo que había sido presentado como una apuesta estratégica para abastecer un crecimiento sostenido de la construcción terminó enfrentándose a un mercado incapaz de absorber la capacidad productiva disponible.

La preocupación no se limita al presente inmediato. En ciudades como Olavarría, donde la actividad minera y cementera ocupa un lugar determinante dentro de la economía regional, cualquier reducción prolongada de operaciones repercute sobre empleo, consumo y movimiento comercial.

Por eso, el apagado del horno principal de L’Amalí excede el plano empresarial. Se trata de una señal que expone el delicado momento que atraviesa uno de los sectores históricamente más vinculados al desarrollo económico argentino.

La incógnita hacia adelante será cuánto tiempo demorará la recuperación de la demanda y si la actividad privada logrará ocupar el vacío dejado por la retracción estatal. Mientras tanto, la postal de una de las plantas más modernas del país operando por debajo de su capacidad sintetiza la profundidad de una desaceleración que ya dejó de ser estadística para convertirse en una realidad visible dentro del entramado industrial argentino.

destacada

ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales

El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.

La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.

El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.

Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.

En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.

La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.

El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».

La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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Departamentales

El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos

Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.

El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.

La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.

En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.

Los puntos más sensibles en el Gran San Juan

Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.

También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.

La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.

Calingasta, con un corte ya vigente

En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.

Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.

Controles en diques y cauces

Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.

En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.

Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.

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destacada

La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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