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La decisión de Loma Negra de paralizar hasta fin de año el horno principal de su planta L’Amalí, en Olavarría, expuso la profundidad de la retracción que atraviesa la construcción en Argentina. La acumulación de stock, la caída sostenida en los despachos de cemento y el freno de la obra pública conforman un cuadro que comenzó a impactar sobre empleo, producción y actividad industrial.

La imagen de cientos de miles de toneladas de clínker acumuladas al aire libre en Olavarría resume con crudeza uno de los procesos económicos más delicados que atraviesa hoy la industria argentina. Loma Negra, la principal cementera del país, resolvió detener hasta fin de año el horno central de su planta L’Amalí, una de las inversiones fabriles más ambiciosas realizadas en las últimas décadas dentro del sector de materiales para la construcción.

La decisión, confirmada por la compañía, refleja el deterioro que golpea a toda la cadena vinculada a la actividad constructiva. La empresa argumentó que dispone de stock suficiente para sostener el abastecimiento del mercado durante un período prolongado, razón por la cual el tradicional parate invernal por mantenimiento será este año mucho más extenso y profundo.

El dato adquiere una dimensión aún más significativa si se observa el peso estratégico de L’Amalí dentro del entramado industrial argentino. Inaugurada en 2021 tras una inversión multimillonaria, la planta fue presentada como símbolo de modernización productiva, ampliación de capacidad instalada y expansión de la industria cementera nacional. Apenas cinco años después de aquel desembarco industrial, el principal horno de la fábrica permanecerá inactivo hasta finales de 2026.

La determinación no sólo impacta sobre la producción de cemento. También repercute sobre toda la estructura económica que rodea a la planta: extracción de piedra caliza, transporte de cargas, servicios logísticos, contratistas y empleo indirecto vinculado a la operación minera e industrial.

Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Olavarría atribuyeron la situación al abrupto retroceso de la obra pública nacional y al desplome de la demanda interna. Alejandro Santillán, secretario general del gremio en la ciudad bonaerense, explicó que las detenciones técnicas durante el invierno suelen extenderse alrededor de cuarenta días por tareas de mantenimiento. Sin embargo, advirtió que el esquema definido para este año “difiere por completo” de lo habitual debido al extraordinario nivel de stock acumulado.

Según trascendió, en L’Amalí existen más de 700 mil toneladas de clínker fuera de los silos de almacenamiento, un volumen inédito que deja al descubierto la magnitud de la desaceleración que atraviesa el sector.

El panorama también quedó reflejado en las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Los despachos registraron en abril una caída interanual del 12,7%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace meses y que comenzó a impactar de lleno sobre los niveles de producción industrial.

El cemento funciona históricamente como uno de los indicadores más sensibles de la economía argentina. Su comportamiento permite anticipar movimientos en inversión privada, actividad inmobiliaria, infraestructura y empleo. Por eso, el freno productivo de una compañía como Loma Negra trasciende el universo empresarial y se convierte en un síntoma de mayor alcance sobre el estado general de la actividad económica.

El ajuste sobre la obra pública nacional alteró de manera drástica el funcionamiento de numerosas ramas industriales asociadas a la construcción. La paralización de proyectos viales, habitacionales y de infraestructura redujo de forma abrupta la demanda de insumos pesados, afectando a fabricantes de cemento, acero, cerámicos y maquinaria.

A diferencia de otras etapas recesivas, el problema actual no parece concentrarse únicamente en la caída de la inversión estatal. El sector privado tampoco logró compensar la retracción. Las altas tasas de interés, el freno del crédito hipotecario y la pérdida del poder adquisitivo limitaron el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios y redujeron el ritmo de obras particulares.

La consecuencia inmediata es una industria con capacidad instalada y empresas obligadas a recalcular operaciones para evitar mayores costos financieros y acumulación de mercadería sin salida comercial.

En ese cuadro, la decisión de Loma Negra adquirió un fuerte peso simbólico. La compañía, fundada en 1926 y convertida durante décadas en referencia central del sector cementero argentino, no sólo representa uno de los mayores jugadores del mercado local. También constituye un termómetro de la actividad industrial ligada a la construcción y la infraestructura.

El contraste entre la expansión anunciada pocos años atrás y el actual freno operativo evidencia la velocidad con la que cambió el ciclo económico. Lo que había sido presentado como una apuesta estratégica para abastecer un crecimiento sostenido de la construcción terminó enfrentándose a un mercado incapaz de absorber la capacidad productiva disponible.

La preocupación no se limita al presente inmediato. En ciudades como Olavarría, donde la actividad minera y cementera ocupa un lugar determinante dentro de la economía regional, cualquier reducción prolongada de operaciones repercute sobre empleo, consumo y movimiento comercial.

Por eso, el apagado del horno principal de L’Amalí excede el plano empresarial. Se trata de una señal que expone el delicado momento que atraviesa uno de los sectores históricamente más vinculados al desarrollo económico argentino.

La incógnita hacia adelante será cuánto tiempo demorará la recuperación de la demanda y si la actividad privada logrará ocupar el vacío dejado por la retracción estatal. Mientras tanto, la postal de una de las plantas más modernas del país operando por debajo de su capacidad sintetiza la profundidad de una desaceleración que ya dejó de ser estadística para convertirse en una realidad visible dentro del entramado industrial argentino.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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León XIV en Argentina: el 9 de noviembre será feriado nacional

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.

El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.

Así queda el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar

Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.

Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.

La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.

Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.

El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.

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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado

El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

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