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La decisión de Loma Negra de paralizar hasta fin de año el horno principal de su planta L’Amalí, en Olavarría, expuso la profundidad de la retracción que atraviesa la construcción en Argentina. La acumulación de stock, la caída sostenida en los despachos de cemento y el freno de la obra pública conforman un cuadro que comenzó a impactar sobre empleo, producción y actividad industrial.

La imagen de cientos de miles de toneladas de clínker acumuladas al aire libre en Olavarría resume con crudeza uno de los procesos económicos más delicados que atraviesa hoy la industria argentina. Loma Negra, la principal cementera del país, resolvió detener hasta fin de año el horno central de su planta L’Amalí, una de las inversiones fabriles más ambiciosas realizadas en las últimas décadas dentro del sector de materiales para la construcción.

La decisión, confirmada por la compañía, refleja el deterioro que golpea a toda la cadena vinculada a la actividad constructiva. La empresa argumentó que dispone de stock suficiente para sostener el abastecimiento del mercado durante un período prolongado, razón por la cual el tradicional parate invernal por mantenimiento será este año mucho más extenso y profundo.

El dato adquiere una dimensión aún más significativa si se observa el peso estratégico de L’Amalí dentro del entramado industrial argentino. Inaugurada en 2021 tras una inversión multimillonaria, la planta fue presentada como símbolo de modernización productiva, ampliación de capacidad instalada y expansión de la industria cementera nacional. Apenas cinco años después de aquel desembarco industrial, el principal horno de la fábrica permanecerá inactivo hasta finales de 2026.

La determinación no sólo impacta sobre la producción de cemento. También repercute sobre toda la estructura económica que rodea a la planta: extracción de piedra caliza, transporte de cargas, servicios logísticos, contratistas y empleo indirecto vinculado a la operación minera e industrial.

Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Olavarría atribuyeron la situación al abrupto retroceso de la obra pública nacional y al desplome de la demanda interna. Alejandro Santillán, secretario general del gremio en la ciudad bonaerense, explicó que las detenciones técnicas durante el invierno suelen extenderse alrededor de cuarenta días por tareas de mantenimiento. Sin embargo, advirtió que el esquema definido para este año “difiere por completo” de lo habitual debido al extraordinario nivel de stock acumulado.

Según trascendió, en L’Amalí existen más de 700 mil toneladas de clínker fuera de los silos de almacenamiento, un volumen inédito que deja al descubierto la magnitud de la desaceleración que atraviesa el sector.

El panorama también quedó reflejado en las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Los despachos registraron en abril una caída interanual del 12,7%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace meses y que comenzó a impactar de lleno sobre los niveles de producción industrial.

El cemento funciona históricamente como uno de los indicadores más sensibles de la economía argentina. Su comportamiento permite anticipar movimientos en inversión privada, actividad inmobiliaria, infraestructura y empleo. Por eso, el freno productivo de una compañía como Loma Negra trasciende el universo empresarial y se convierte en un síntoma de mayor alcance sobre el estado general de la actividad económica.

El ajuste sobre la obra pública nacional alteró de manera drástica el funcionamiento de numerosas ramas industriales asociadas a la construcción. La paralización de proyectos viales, habitacionales y de infraestructura redujo de forma abrupta la demanda de insumos pesados, afectando a fabricantes de cemento, acero, cerámicos y maquinaria.

A diferencia de otras etapas recesivas, el problema actual no parece concentrarse únicamente en la caída de la inversión estatal. El sector privado tampoco logró compensar la retracción. Las altas tasas de interés, el freno del crédito hipotecario y la pérdida del poder adquisitivo limitaron el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios y redujeron el ritmo de obras particulares.

La consecuencia inmediata es una industria con capacidad instalada y empresas obligadas a recalcular operaciones para evitar mayores costos financieros y acumulación de mercadería sin salida comercial.

En ese cuadro, la decisión de Loma Negra adquirió un fuerte peso simbólico. La compañía, fundada en 1926 y convertida durante décadas en referencia central del sector cementero argentino, no sólo representa uno de los mayores jugadores del mercado local. También constituye un termómetro de la actividad industrial ligada a la construcción y la infraestructura.

El contraste entre la expansión anunciada pocos años atrás y el actual freno operativo evidencia la velocidad con la que cambió el ciclo económico. Lo que había sido presentado como una apuesta estratégica para abastecer un crecimiento sostenido de la construcción terminó enfrentándose a un mercado incapaz de absorber la capacidad productiva disponible.

La preocupación no se limita al presente inmediato. En ciudades como Olavarría, donde la actividad minera y cementera ocupa un lugar determinante dentro de la economía regional, cualquier reducción prolongada de operaciones repercute sobre empleo, consumo y movimiento comercial.

Por eso, el apagado del horno principal de L’Amalí excede el plano empresarial. Se trata de una señal que expone el delicado momento que atraviesa uno de los sectores históricamente más vinculados al desarrollo económico argentino.

La incógnita hacia adelante será cuánto tiempo demorará la recuperación de la demanda y si la actividad privada logrará ocupar el vacío dejado por la retracción estatal. Mientras tanto, la postal de una de las plantas más modernas del país operando por debajo de su capacidad sintetiza la profundidad de una desaceleración que ya dejó de ser estadística para convertirse en una realidad visible dentro del entramado industrial argentino.

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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva

La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.

Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.

También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.

En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.

Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos

Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.

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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre

La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.

Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.

La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.

La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.

La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.

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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950

La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.

Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.

La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.

El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.

En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.

La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.

Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.

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