Fin del aporte obligatorio: viñateros impulsan cambios estructurales en la cadena del vino
La decisión oficial de eliminar el aporte obligatorio a COVIAR reactivó el debate sobre el modelo vitivinícola. Productores independientes de San Juan celebraron la medida, cuestionaron los resultados del esquema vigente y reclamaron una mayor intervención del Estado para equilibrar la distribución de ingresos.
La vitivinicultura argentina atraviesa un momento crucial. La reciente decisión de la Secretaría de Agricultura de eliminar el aporte obligatorio que financiaba a la Corporación Vitivinícola Argentina reordenó posiciones dentro del sector y volvió a poner bajo revisión el esquema institucional que durante más de dos décadas articuló la política vitivinícola.
En San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan expresó un respaldo explícito a la medida. Para la entidad, el fin de la contribución compulsiva —aplicada históricamente sobre la producción de uva, vino y derivados— corrige una distorsión que, según sostienen, afectaba de manera directa al eslabón primario.
El cuestionamiento no es reciente. Desde hace años, los productores independientes vienen señalando que el esquema de financiamiento de la COVIAR no garantizaba mejoras concretas en la rentabilidad del viñatero y lo subordinaba a una lógica de redistribución cuyos beneficios no lograban materializarse en el territorio. La eliminación del aporte, en ese sentido, es leída como un cambio de rumbo que devuelve margen de decisión a cada actor de la cadena.
Las críticas se extienden al desempeño del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, uno de los pilares de la política sectorial en los últimos años. Según la evaluación de los productores sanjuaninos, los objetivos centrales no se cumplieron: no se alcanzaron las metas de exportación, el consumo interno no logró consolidarse y la estructura productiva mostró signos de retroceso. Entre los datos más sensibles, mencionan la reducción significativa del número de viñateros y la disminución del entramado bodeguero.
Este diagnóstico alimenta un reclamo más amplio: la necesidad de reconfigurar el rol del Estado en la actividad. En particular, los productores apuntan al fortalecimiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al que consideran una herramienta clave para ordenar el funcionamiento del sector.
La propuesta no se limita a una mayor presencia institucional. Incluye la recuperación de facultades de fiscalización vinculadas a la calidad, la genuinidad y la trazabilidad del vino, así como la intervención en decisiones estratégicas que inciden en la dinámica productiva, como la autorización de nuevos viñedos, la liberación de stock al consumo y la determinación de parámetros técnicos según cada zona.
El planteo apunta, en última instancia, a corregir asimetrías en la distribución de ingresos dentro de la cadena vitivinícola. Para los viñateros independientes, el esquema vigente consolidó desequilibrios que afectan la sustentabilidad del productor primario, mientras que otros actores concentraron mayor capacidad de captación de valor.
El debate, sin embargo, excede la mirada de un solo sector. La Corporación Vitivinícola Argentina fue creada por ley en el año 2000 con el objetivo de coordinar políticas públicas y privadas en una actividad estratégica para varias economías regionales. Su financiamiento, basado en un aporte obligatorio por volumen producido, permitió sostener programas de promoción y desarrollo que hoy son defendidos por distintos actores de la industria.
La eliminación de ese mecanismo abre un interrogante central: cómo garantizar la continuidad de políticas de alcance colectivo sin un esquema de financiamiento común. Mientras algunos sostienen que la obligatoriedad resultaba anacrónica, otros advierten que su desaparición podría fragmentar la capacidad de acción del sector.
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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950
La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.
La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.
El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.
En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.
La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.
Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.
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