Fin del aporte obligatorio: viñateros impulsan cambios estructurales en la cadena del vino

La decisión oficial de eliminar el aporte obligatorio a COVIAR reactivó el debate sobre el modelo vitivinícola. Productores independientes de San Juan celebraron la medida, cuestionaron los resultados del esquema vigente y reclamaron una mayor intervención del Estado para equilibrar la distribución de ingresos.

La vitivinicultura argentina atraviesa un momento crucial. La reciente decisión de la Secretaría de Agricultura de eliminar el aporte obligatorio que financiaba a la Corporación Vitivinícola Argentina reordenó posiciones dentro del sector y volvió a poner bajo revisión el esquema institucional que durante más de dos décadas articuló la política vitivinícola.

En San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan expresó un respaldo explícito a la medida. Para la entidad, el fin de la contribución compulsiva —aplicada históricamente sobre la producción de uva, vino y derivados— corrige una distorsión que, según sostienen, afectaba de manera directa al eslabón primario.

El cuestionamiento no es reciente. Desde hace años, los productores independientes vienen señalando que el esquema de financiamiento de la COVIAR no garantizaba mejoras concretas en la rentabilidad del viñatero y lo subordinaba a una lógica de redistribución cuyos beneficios no lograban materializarse en el territorio. La eliminación del aporte, en ese sentido, es leída como un cambio de rumbo que devuelve margen de decisión a cada actor de la cadena.

Las críticas se extienden al desempeño del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, uno de los pilares de la política sectorial en los últimos años. Según la evaluación de los productores sanjuaninos, los objetivos centrales no se cumplieron: no se alcanzaron las metas de exportación, el consumo interno no logró consolidarse y la estructura productiva mostró signos de retroceso. Entre los datos más sensibles, mencionan la reducción significativa del número de viñateros y la disminución del entramado bodeguero.

Este diagnóstico alimenta un reclamo más amplio: la necesidad de reconfigurar el rol del Estado en la actividad. En particular, los productores apuntan al fortalecimiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al que consideran una herramienta clave para ordenar el funcionamiento del sector.

La propuesta no se limita a una mayor presencia institucional. Incluye la recuperación de facultades de fiscalización vinculadas a la calidad, la genuinidad y la trazabilidad del vino, así como la intervención en decisiones estratégicas que inciden en la dinámica productiva, como la autorización de nuevos viñedos, la liberación de stock al consumo y la determinación de parámetros técnicos según cada zona.

El planteo apunta, en última instancia, a corregir asimetrías en la distribución de ingresos dentro de la cadena vitivinícola. Para los viñateros independientes, el esquema vigente consolidó desequilibrios que afectan la sustentabilidad del productor primario, mientras que otros actores concentraron mayor capacidad de captación de valor.

El debate, sin embargo, excede la mirada de un solo sector. La Corporación Vitivinícola Argentina fue creada por ley en el año 2000 con el objetivo de coordinar políticas públicas y privadas en una actividad estratégica para varias economías regionales. Su financiamiento, basado en un aporte obligatorio por volumen producido, permitió sostener programas de promoción y desarrollo que hoy son defendidos por distintos actores de la industria.

La eliminación de ese mecanismo abre un interrogante central: cómo garantizar la continuidad de políticas de alcance colectivo sin un esquema de financiamiento común. Mientras algunos sostienen que la obligatoriedad resultaba anacrónica, otros advierten que su desaparición podría fragmentar la capacidad de acción del sector.