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La liberalización del mercado de combustibles y la adopción de ajustes dinámicos atados al precio internacional del crudo reconfiguran el sistema energético argentino. Con aumentos que superan ampliamente la inflación y los salarios, el nuevo esquema presiona sobre el consumo, la producción y el ingreso disponible de los hogares.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el mercado de combustibles atraviesa una transformación estructural marcada por la desregulación y la reducción de la intervención estatal. En este nuevo escenario, las petroleras adoptaron un esquema de actualización permanente de precios —denominado en el sector como “micropricing”— que replica con mayor rapidez las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo.

El resultado es una aceleración sostenida en los surtidores. A fines de marzo, el litro de nafta supera los 2.000 pesos, consolidando una cadena de aumentos que, según un informe del Instituto Argentina Grande, acumula una suba del 514% desde el cambio de gobierno, con un incremento real del 56,9%. El dato contrasta con una inflación acumulada del 291,9% y un crecimiento de los salarios privados registrados del 288%, evidenciando un deterioro relativo del poder adquisitivo frente al costo energético.

La tendencia no sólo se mantiene sino que se profundiza. En lo que va del año, el precio de los combustibles aumentó un 18,7%, prácticamente el doble del ritmo inflacionario del período, mientras que los salarios avanzaron apenas un 6,7%. La brecha entre ingresos y costos energéticos se amplía, consolidando un escenario de presión sobre el consumo y la actividad.

El contexto internacional actúa como catalizador de este proceso. La escalada de tensiones en Medio Oriente —particularmente el conflicto entre Estados Unidos e Irán— impactó en el precio del barril de crudo, trasladando volatilidad a los mercados globales. En el plano local, la decisión oficial de acompañar esas variaciones sin mecanismos de amortiguación amplifica su impacto directo en los precios internos.

Desde el IAG cuestionan la ausencia de una estrategia para desacoplar los valores locales de las fluctuaciones externas, y comparan el enfoque con políticas de menor regulación como las impulsadas durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

El peso en el bolsillo

El encarecimiento de los combustibles excede su impacto directo en el gasto cotidiano. Se trata de un insumo transversal cuya incidencia se extiende a toda la estructura de costos de la economía. Transporte, logística, alimentos y producción industrial absorben estos incrementos y los trasladan —con distinta intensidad— al resto de los precios.

En este sentido, los ingresos muestran un rezago persistente. El informe del IAG señala una caída real del 3,5% en los salarios privados, mientras que en el sector público nacional el retroceso alcanza el 37,2% respecto de los niveles previos al cambio de gestión. A su vez, los gastos fijos —entre ellos tarifas y transporte— duplicaron su peso en el salario mediano, pasando del 4,8% al 10,8%.

Este deterioro impacta en el ingreso disponible de los hogares, que descendió del 80,1% al 76% del salario en trabajadores registrados. Como contracara, crece el endeudamiento: el 47% de las familias recurre a financiamiento para sostener el consumo, mientras que el 13,9% mantiene deudas con entidades financieras. La morosidad, en tanto, alcanzó al 10,6% en enero de 2026, el nivel más alto en veinte años.

A este panorama se suma la carga impositiva. El impuesto a los combustibles incrementó su participación en el precio final, pasando del 10% en 2022 al 22% en marzo de 2026. Según el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, esto implica que cerca de 400 pesos de cada litro corresponden a tributos, lo que reabre el debate sobre el destino y la eficiencia de esos recursos.

El esquema vigente combina tres factores que potencian la presión sobre los precios: liberalización del mercado, alta carga impositiva y plena exposición a las variaciones internacionales. Esta tríada configura un sistema sensible a shocks externos y con escasos mecanismos de contención interna.

El “micropricing” introduce, además, un cambio cualitativo en la dinámica inflacionaria. Al permitir ajustes más frecuentes, reduce los rezagos entre costos y precios, pero al mismo tiempo incrementa la percepción de inestabilidad y dificulta la planificación tanto para consumidores como para empresas.

En términos macroeconómicos, el encarecimiento del combustible actúa como un factor de segunda ronda: no sólo impacta directamente en el índice de precios, sino que se filtra en toda la cadena productiva, amplificando sus efectos sobre la inflación general.

El precio de los combustibles se convirtió en una variable clave del actual esquema económico. Su evolución, cada vez más atada al mercado internacional y menos regulada a nivel local, redefine el costo de vida y tensiona la relación entre ingresos y gastos. La discusión de fondo —el rol del Estado en la regulación de un insumo estratégico— permanece abierta en un marco donde la energía no sólo mueve la economía, sino que también condiciona su estabilidad social.

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Solazzo plantea unidad gremial y participación política del movimiento obrero

El titular de la UOM San Juan, Martín Solazzo, cuestionó el impacto de la caída industrial sobre el empleo metalúrgico, criticó las condiciones en las que se negoció la última paritaria nacional y defendió la reconstrucción de las 62 Organizaciones como herramienta de participación política de los trabajadores. También dejó abierta la posibilidad de una convergencia con otros espacios sindicales de la provincia.

El Día del Trabajador Metalúrgico encontró a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan maracda por una realidad muy diferente a la de otros años. La organización decidió trasladar el tradicional reconocimiento a sus afiliados a un ámbito de encuentro y celebración en el camping sindical, en un intento por generar un momento de distensión frente a un entorno singularizado por la pérdida de empleo, la caída de la producción industrial y el deterioro del poder adquisitivo.

Para Solazzo, ese fue el verdadero propósito de la jornada. El dirigente señaló que, aunque la relación con los empleados suele estar marcada por protestas, disputas laborales o crisis en las fábricas, en esta ocasión fue distinto. Por ello, destacó la importancia de juntar a trabajadores de diferentes empresas para compartir un almuerzo y homenajear el empeño diario de quienes impulsan el sector metalúrgico.

“Siempre por ahí con los compañeros nos vemos en situaciones no muy buenas, nos encontramos por reclamos o por problemas que están pasando en las empresas, en los talleres. Así que vernos en otro ámbito era la idea, compartir un buen clima de camaradería”, manifestó.

El festejo reflejó el difícil momento del sector. Solazzo señaló que la industria nacional opera a menos de la mitad de su capacidad instalada, una retracción que golpea de forma directa a la UOM.

“Nuestra actividad depende por completo de la industria; por eso, al estar tan golpeada, es inevitable que nosotros también suframos el impacto”, afirmó.

El dirigente vinculó la pérdida de puestos de trabajo con el cierre o retiro de empresas que durante décadas tuvieron presencia en el país. Frente a ese cuadro, reivindicó la necesidad de sostener la organización sindical y de continuar defendiendo los derechos laborales, aun cuando las condiciones sean adversas.

“Hay que ponerle la fuerza y las ganas más que nunca. Tampoco podemos desistir de seguir combatiendo esto”, sostuvo el gremialista, quien insistió en que la UOM debe continuar trabajando para evitar que el retroceso de derechos y empleo termine consolidándose.

Una paritaria condicionada por cuatro meses sin aumentos

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista con Mundo Laboral San Juan fue el acuerdo salarial nacional alcanzado para los trabajadores metalúrgicos después de cuatro meses sin actualización convencional.

Solazzo cuestionó el proceso de intervención que atraviesa la conducción nacional de la UOM y sostuvo que la designación de los representantes paritarios sin una elección directa de las seccionales condicionó la negociación.

Según explicó, el entendimiento finalmente alcanzado era necesario porque los trabajadores habían permanecido desde marzo sin una recomposición salarial. Sin embargo, consideró insuficiente el resultado y cuestionó especialmente la extensión temporal del convenio.

La nueva pauta contempla un incremento acumulado del 23,5% hasta abril de 2027, con subas del 4% en agosto, octubre y diciembre; 2% en enero; y 3,5% en marzo. Para abril se estableció además un 4% que servirá como base de cálculo para la próxima negociación.

Solazzo remarcó que, distribuido a lo largo de doce meses, el incremento representa aproximadamente un 1,5% mensual, una cifra que juzgó insuficiente frente a la evolución de los precios.

“Creo que en este momento hacer una paritaria tan larga es bastante arriesgado”, afirmó, al advertir que una negociación extendida durante tantos meses queda expuesta a modificaciones de la inflación y de las condiciones económicas.

El acuerdo incluye además sumas no remunerativas de $30.000, $40.000 y $50.000, según los meses establecidos, junto con un bono compensatorio de $210.000 por los cuatro meses sin paritaria, que será abonado en tres cuotas de $70.000 entre agosto, septiembre y octubre.

Para el refente metalúrgico, esos adicionales permiten aliviar parcialmente el impacto inmediato sobre los ingresos, aunque no alcanzan para resolver la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

Las 62 Organizaciones buscan recuperar protagonismo político

La entrevista también permitió conocer el papel que Solazzo comenzó a asumir dentro de las 62 Organizaciones Peronistas de San Juan, espacio que volvió a tener presencia pública en la provincia y que realizó una de sus primeras actividades en el camping de la UOM.

El dirigente definió a las 62 como “el brazo político del movimiento obrero”, una función que atribuyó a la tradición histórica de la organización. Su objetivo, explicó, es que los trabajadores tengan representación y capacidad de incidencia dentro de los espacios políticos.

En esa línea, confirmó contactos con dirigentes del Partido Justicialista e intendentes y sostuvo que uno de los principales objetivos será contribuir a la unidad del peronismo sanjuanino de cara al próximo proceso electoral.

“Si tenemos candidatos con todo el apoyo, sería lo ideal para enfrentar las elecciones del año que viene”, sostuvo.

Sin embargo, Solazzo buscó diferenciar la participación política de las 62 Organizaciones de cualquier criterio de exclusión partidaria. Afirmó que la organización trabaja para el conjunto de los trabajadores, independientemente de sus preferencias electorales.

“Tenemos compañeros que son de derecha, que están sin trabajo, que están precarizados; compañeros radicales, compañeros bloquistas. Nosotros trabajamos para todo el sector trabajador”, remarcó.

Desde esa perspectiva, la agenda de las 62 Organizaciones no se limitará a la construcción partidaria. Solazzo señaló que también se encuentran trabajando en proyectos vinculados con derechos laborales, empleo y propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la sociedad en general.

Una puerta abierta para la unidad sindical

La reciente reelección de Eduardo Cabello al frente de la CGT Regional San Juan también formó parte de la conversación. Consultado sobre la posibilidad de que las 62 Organizaciones y la conducción cegetista puedan trabajar conjuntamente, Solazzo descartó que las diferencias actuales constituyan un obstáculo definitivo.

Su planteo fue directo: si el objetivo común es defender a los trabajadores, existe espacio para la convergencia. “El objetivo de todos los sectores es el mismo: trabajar por el movimiento obrero”, afirmó.

El titular de la UOM sostuvo que la diversidad de posiciones dentro del sindicalismo forma parte de la libertad de cada organización y recordó que hubo gremios que respaldaron la continuidad de Cabello y otros que reclamaron una renovación. Sin embargo, consideró que esas diferencias no deberían transformarse en enfrentamientos permanentes.

“No consideramos que existe algún tipo de conflicto por pensar diferente”, enfatizó.
Para Solazzo, las 62 Organizaciones pueden desarrollar su propia construcción política sin abandonar su pertenencia al movimiento obrero organizado ni su participación en la CGT. Si en algún momento las distintas expresiones sindicales deben confluir para defender intereses comunes, aseguró que estarán dispuestos a hacerlo. “Si de alguna manera tenemos que trabajar juntos para el bien del trabajador, así lo haremos”, resumió.

Una agenda centrada en el empleo, la industria y la representación

El mensaje de Solazzo es claro: ante la crisis del empleo, los salarios y la industria, la única salida para el gremio es la organización y la constancia en la lucha.

En medio de una etapa de profundos cambios en la industria metalúrgica y en la conducción nacional del gremio, la UOM San Juan busca consolidar su presencia provincial y ganar protagonismo en el debate político-sindical. En este proceso, Martín Solazzo sostiene que las diferencias internas no impiden la unidad cuando el objetivo central es común: la defensa del empleo.

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Endeudamiento en barrios populares: el 97% pide dinero para comprar comida

Un relevamiento sobre 5.000 personas de 15 provincias reveló que el 61,8% de los trabajadores que viven en barrios populares tiene deudas financieras. Dentro de ese grupo, el 97% recurrió al préstamo para afrontar gastos de alimentación.

El endeudamiento dejó de ser para muchas familias de los barrios populares un recurso reservado para afrontar gastos extraordinarios y pasó a convertirse en una herramienta para llegar a fin de mes. Un relevamiento realizado por el Instituto Periferias en 15 provincias mostró que el 61,8% de las personas que trabajan y viven en barrios populares tiene algún tipo de deuda financiera.

El dato más significativo aparece al analizar el destino de esos préstamos: el 59,8% del total de los encuestados aseguró haber tenido que pedir dinero para comprar alimentos. Esa proporción equivale al 97% de quienes declararon tener deudas, según los resultados del estudio, realizado sobre 5.000 casos.

La investigación expone así una modificación en las formas de subsistencia de los hogares de menores ingresos. El crédito, en lugar de financiar bienes durables, proyectos familiares o gastos excepcionales, aparece cada vez más asociado a la compra cotidiana de productos básicos.

El documento fue elaborado por el Instituto Periferias, conducido por Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Popular del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Para el funcionario, el patrón de endeudamiento se transformó a partir del deterioro de los ingresos.

Menéndez señaló que las familias pasaron de recurrir ocasionalmente a préstamos frente a una emergencia o un gasto extraordinario a utilizarlos de manera recurrente para sostener la alimentación. En esa lectura, la deuda comienza a ocupar el lugar que dejaron vacante los ingresos insuficientes.

De crédito a mecanismo de subsistencia

El estudio plantea que el fenómeno no puede explicarse únicamente por decisiones financieras individuales. Su principal conclusión apunta a la pérdida de capacidad de compra de salarios, ingresos informales y jubilaciones.

“Cuando el salario, las changas o la jubilación dejan de alcanzar para llegar a fin de mes, la deuda empieza a ocupar el lugar de los ingresos”, sostuvo Menéndez, al advertir que el crédito deja de funcionar como una herramienta para mejorar las condiciones materiales y pasa a utilizarse para cubrir necesidades básicas.

El diagnóstico se conoce mientras en el Congreso avanzan iniciativas vinculadas con el costo del financiamiento de los hogares y las tasas aplicadas por bancos y plataformas digitales. Organizaciones sociales y gremiales también vienen reclamando medidas frente al crecimiento del endeudamiento familiar.

Menéndez vinculó además el aumento de la mora con las dificultades para sostener los ingresos y cuestionó el efecto de la desregulación financiera. Su planteo apunta a una relación directa entre el deterioro del poder adquisitivo y la necesidad de recurrir cada vez más al crédito.

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León XIV recibirá a dirigentes de la CGT y empresarios argentinos

Cristian Jerónimo, Gerardo Martínez y Marta Pujadas representarán a la CGT, mientras que Alejandro Gramajo participará por la UTEP y Daniel Funes de Rioja por el empresariado. La audiencia privada será el cierre del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, que reunirá en Roma a referentes sindicales, empresarios, religiosos y comunitarios de América.

Dirigentes sindicales y empresarios argentinos participarán en Roma de una instancia de diálogo que tendrá como punto culminante una audiencia privada con el papa León XIV. El encuentro se desarrollará el sábado 12 de septiembre, en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur, convocado entre el 10 y el 12 de septiembre en la Casa Generalicia de La Salle.

La representación argentina estará encabezada, por el movimiento obrero, por Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT; Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central y representante de los trabajadores en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Marta Pujadas, abogada de la UOCRA e integrante del equipo jurídico cegetista; y Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Por el empresariado participará Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y actual titular de la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico (CEATAL) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La presencia conjunta de representantes del trabajo y de las empresas tendrá además una instancia específica de deliberación entre el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y la CEATAL. El objetivo será avanzar hacia una declaración común en defensa del diálogo social, la negociación colectiva y la generación de trabajo decente.

La reunión de Roma forma parte de un proceso iniciado en 2023 en Bogotá y continuado posteriormente en Washington. La convocatoria busca profundizar una agenda de cooperación entre organizaciones sindicales, empresariales, religiosas y comunitarias del Norte y el Sur del continente.

Uno de los principales resultados que se pretende alcanzar es la denominada Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur, destinada a articular financiamiento, conocimientos y capacidades para abordar transformaciones que ya están modificando las relaciones laborales y sociales en América.

Entre los temas seleccionados figuran el impacto de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana, la formación para el diálogo socioambiental, la organización comunitaria y los cuidados, las juventudes y las adicciones, la inteligencia artificial y la amistad social, además de la transición energética y la protección de los territorios.

Para la delegación sindical argentina, la audiencia con León XIV también será una oportunidad para trasladar las principales preocupaciones del movimiento obrero. La pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la necesidad de ampliar el empleo estable aparecen entre los asuntos que los dirigentes procurarán incorporar al diálogo con el Pontífice.

La participación argentina adquiere una dimensión adicional por la posibilidad de que el encuentro contribuya a preparar una futura audiencia de la CGT con León XIV durante la visita del Papa a la Argentina, prevista para noviembre. En ese eventual contacto, la central sindical buscaría profundizar una agenda vinculada con el trabajo, los ingresos, la protección social y el diálogo entre las distintas representaciones de la sociedad.

La reunión de Roma colocará así en una misma mesa a referentes de la Iglesia, organizaciones sindicales, empresarios y movimientos comunitarios, con una agenda que combina las transformaciones tecnológicas y ambientales con una preocupación central para el mundo laboral: cómo preservar el trabajo digno y la cohesión social frente a los cambios económicos de los próximos años.

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