CONÉCTATE CON NOSOTROS

La liberalización del mercado de combustibles y la adopción de ajustes dinámicos atados al precio internacional del crudo reconfiguran el sistema energético argentino. Con aumentos que superan ampliamente la inflación y los salarios, el nuevo esquema presiona sobre el consumo, la producción y el ingreso disponible de los hogares.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el mercado de combustibles atraviesa una transformación estructural marcada por la desregulación y la reducción de la intervención estatal. En este nuevo escenario, las petroleras adoptaron un esquema de actualización permanente de precios —denominado en el sector como “micropricing”— que replica con mayor rapidez las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo.

El resultado es una aceleración sostenida en los surtidores. A fines de marzo, el litro de nafta supera los 2.000 pesos, consolidando una cadena de aumentos que, según un informe del Instituto Argentina Grande, acumula una suba del 514% desde el cambio de gobierno, con un incremento real del 56,9%. El dato contrasta con una inflación acumulada del 291,9% y un crecimiento de los salarios privados registrados del 288%, evidenciando un deterioro relativo del poder adquisitivo frente al costo energético.

La tendencia no sólo se mantiene sino que se profundiza. En lo que va del año, el precio de los combustibles aumentó un 18,7%, prácticamente el doble del ritmo inflacionario del período, mientras que los salarios avanzaron apenas un 6,7%. La brecha entre ingresos y costos energéticos se amplía, consolidando un escenario de presión sobre el consumo y la actividad.

El contexto internacional actúa como catalizador de este proceso. La escalada de tensiones en Medio Oriente —particularmente el conflicto entre Estados Unidos e Irán— impactó en el precio del barril de crudo, trasladando volatilidad a los mercados globales. En el plano local, la decisión oficial de acompañar esas variaciones sin mecanismos de amortiguación amplifica su impacto directo en los precios internos.

Desde el IAG cuestionan la ausencia de una estrategia para desacoplar los valores locales de las fluctuaciones externas, y comparan el enfoque con políticas de menor regulación como las impulsadas durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

El peso en el bolsillo

El encarecimiento de los combustibles excede su impacto directo en el gasto cotidiano. Se trata de un insumo transversal cuya incidencia se extiende a toda la estructura de costos de la economía. Transporte, logística, alimentos y producción industrial absorben estos incrementos y los trasladan —con distinta intensidad— al resto de los precios.

En este sentido, los ingresos muestran un rezago persistente. El informe del IAG señala una caída real del 3,5% en los salarios privados, mientras que en el sector público nacional el retroceso alcanza el 37,2% respecto de los niveles previos al cambio de gestión. A su vez, los gastos fijos —entre ellos tarifas y transporte— duplicaron su peso en el salario mediano, pasando del 4,8% al 10,8%.

Este deterioro impacta en el ingreso disponible de los hogares, que descendió del 80,1% al 76% del salario en trabajadores registrados. Como contracara, crece el endeudamiento: el 47% de las familias recurre a financiamiento para sostener el consumo, mientras que el 13,9% mantiene deudas con entidades financieras. La morosidad, en tanto, alcanzó al 10,6% en enero de 2026, el nivel más alto en veinte años.

A este panorama se suma la carga impositiva. El impuesto a los combustibles incrementó su participación en el precio final, pasando del 10% en 2022 al 22% en marzo de 2026. Según el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, esto implica que cerca de 400 pesos de cada litro corresponden a tributos, lo que reabre el debate sobre el destino y la eficiencia de esos recursos.

El esquema vigente combina tres factores que potencian la presión sobre los precios: liberalización del mercado, alta carga impositiva y plena exposición a las variaciones internacionales. Esta tríada configura un sistema sensible a shocks externos y con escasos mecanismos de contención interna.

El “micropricing” introduce, además, un cambio cualitativo en la dinámica inflacionaria. Al permitir ajustes más frecuentes, reduce los rezagos entre costos y precios, pero al mismo tiempo incrementa la percepción de inestabilidad y dificulta la planificación tanto para consumidores como para empresas.

En términos macroeconómicos, el encarecimiento del combustible actúa como un factor de segunda ronda: no sólo impacta directamente en el índice de precios, sino que se filtra en toda la cadena productiva, amplificando sus efectos sobre la inflación general.

El precio de los combustibles se convirtió en una variable clave del actual esquema económico. Su evolución, cada vez más atada al mercado internacional y menos regulada a nivel local, redefine el costo de vida y tensiona la relación entre ingresos y gastos. La discusión de fondo —el rol del Estado en la regulación de un insumo estratégico— permanece abierta en un marco donde la energía no sólo mueve la economía, sino que también condiciona su estabilidad social.

destacada

Menos compras y crédito en retroceso: las señales de alerta del consumo argentino

El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.

Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.

Transporte y recreación, entre los rubros más afectados

El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.

Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.

El crédito pierde fuerza y condiciona las compras

La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.

Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.

La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.

Continúe Leyendo

Departamentales

Ruta 40 Norte: Mapal construirá el primer tramo con fondos del acuerdo con Vicuña

La recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte tendrá su primer contrato en manos de una empresa local. El Gobierno de San Juan adjudicó a Mapal S.A.C.I.A. la reconstrucción de los 28 kilómetros comprendidos entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, por una oferta cercana a los $26.988 millones. La intervención abrirá la ejecución del programa vial financiado con los US$ 250 millones acordados con la minera Vicuña.

La propuesta de la firma, perteneciente a la familia Palucchini, superó en unos $885 millones el presupuesto oficial de $26.103 millones. Aunque fue el cuarto monto más bajo entre seis oferentes, resultó seleccionada para ejecutar el primero de los tramos previstos en la recuperación de este corredor.

Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad y la seguridad de una ruta clave para la circulación entre el Gran San Juan y el norte provincial. La calzada actual, de unos 6,30 metros de ancho promedio, pasará a medir 7,30 metros. Se conservarán dos carriles, uno por sentido, y se incorporarán banquinas de tres metros a cada lado, con superficies pavimentadas y de material granular.

El proyecto incluye pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores dañados y refuerzo de la estructura vial donde sea necesario ampliar la traza. También prevé adecuaciones en alcantarillas y sifones, elevación del camino en puntos determinados y obras de drenaje para mejorar el escurrimiento del agua.

Mapal compitió con Sigma S.A. junto con LLP Pietroboni, Ivica Dumandzic, Federico Hnos., Armegom en asociación con BWT —Burgwardt y Cía.— y Menin Construcciones. Tras la adjudicación, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, estimó que las tareas podrían comenzar en aproximadamente una semana, con la expectativa de iniciar los trabajos a principios de noviembre.

Una inversión vial de mayor alcance

La intervención en Jáchal forma parte de un programa que abarca 143 kilómetros entre Albardón y San Roque. El proyecto contempla una doble calzada entre Albardón y Villicum, terceras trochas desde Villicum hasta Talacasto y mejoras en la traza hacia el norte provincial, con obras diferenciadas según las características de cada tramo.

El financiamiento provendrá de los US$ 250 millones comprometidos por Vicuña, mediante un acuerdo que requirió aprobación legislativa. La adjudicación de Mapal representa el primer paso concreto de ese esquema de inversión en infraestructura vial.

El cronograma de otras obras, sin embargo, todavía debe completar instancias administrativas. La licitación para transformar en autovía los 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco y calle Rawson fue prorrogada hasta el 6 de noviembre, luego de que las empresas interesadas solicitaran más tiempo para elaborar sus propuestas.

Con una inversión estimada en $85.000 millones y un plazo de ejecución de 915 días corridos, el proyecto prevé cuatro carriles separados por una barrera de hormigón, colectoras, bicisenda y cruces a distinto nivel. También incluye cuatro puentes sobre el río San Juan y en las calles De la Roza, Sarmiento y Rawson.

Las consultas empresariales estuvieron vinculadas con la complejidad técnica de las obras, la construcción de puentes y la organización de los desvíos de tránsito. La extensión del plazo no altera la adjudicación del tramo San Roque-Tucunuco.

Continúe Leyendo

destacada

Nueva paritaria mercantil: subas en octubre, noviembre y diciembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las principales entidades empresarias una actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, junto con un bono extraordinario de $50.000. El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más numerosos del empleo privado argentino.

El acuerdo fue suscripto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La recomposición se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.

A ese esquema se sumará una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 con los salarios de octubre y noviembre. Además, se mantendrá el adicional fijo de $120.000 establecido en la negociación anterior durante el trimestre comprendido por el nuevo entendimiento.

Aumentos escalonados y sumas adicionales

La pauta acordada establece una actualización gradual de los ingresos durante los últimos tres meses del año. La combinación de porcentajes mensuales y sumas fijas busca sostener las remuneraciones en un período en el que el poder de compra continúa bajo presión.

Con este entendimiento, las partes establecieron la pauta salarial para el cierre de 2026. La próxima revisión, prevista para comienzos de 2027 según la información difundida sobre el acuerdo, permitirá evaluar la evolución de los precios y la necesidad de nuevas actualizaciones.

Continúe Leyendo

Tendencias