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El magistrado laboral Raúl Ojeda sostuvo que la suspensión provisoria de artículos de la reforma responde a la necesidad de evitar posibles vulneraciones a derechos constitucionales. La disputa se encamina hacia la Corte Suprema.

La controversia en torno a la reforma laboral sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto institucional. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63, defendió públicamente la medida cautelar que suspendió 82 artículos de la normativa impulsada por el Gobierno, en respuesta a un amparo presentado por la CGT. Su argumentación se apoya en un eje central: la obligación del Poder Judicial de garantizar que toda legislación respete los principios consagrados en la Constitución Nacional.

“ Nuestro trabajo es ser guardianes de la Constitución Nacional. Debemos velar porque las leyes se ajusten a ella”, afirmó el magistrado, en una definición que sintetiza el enfoque jurídico de la resolución y, al mismo tiempo, delimita el alcance de la intervención judicial frente a decisiones del Congreso.

Lejos de tratarse de un pronunciamiento definitivo, Ojeda aclaró que la medida tiene carácter preventivo. Su objetivo es suspender la aplicación inmediata de disposiciones que, en una evaluación preliminar, podrían afectar derechos laborales y garantías sindicales. En ese sentido, la cautelar busca evitar consecuencias irreversibles mientras se dirime la cuestión de fondo.

Uno de los pilares del fallo es el principio de no regresividad en materia social, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al ordenamiento jurídico argentino con jerarquía constitucional tras la reforma de 1994. Según explicó el juez, este principio impide que las reformas normativas impliquen retrocesos en derechos previamente reconocidos. “Lo que sostengo en el fallo es que habría una violación a ese principio”, indicó, subrayando el carácter provisorio de la evaluación.

La resolución también pone el foco en la libertad sindical, otro de los ejes sensibles de la reforma. Ojeda advirtió que ciertos artículos podrían afectar el funcionamiento interno de las organizaciones gremiales y limitar su capacidad de acción. Este derecho, recordó, cuenta con respaldo constitucional y en convenios internacionales, entre ellos el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que refuerza su protección jurídica.

El trasfondo del conflicto no se agota en la discusión técnica. La medida judicial reaviva el debate sobre los límites entre los poderes del Estado, en un ámbito donde las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo encuentran resistencias tanto en el ámbito sindical como en sectores del Poder Judicial. Frente a las críticas por una supuesta intromisión en facultades legislativas, Ojeda fue categórico al rechazar esa interpretación y reafirmar el rol de control de constitucionalidad que le compete a la Justicia.

Desde una perspectiva institucional, la cautelar introduce un elemento de pausa en un escenario de alta conflictividad. Al suspender la aplicación de los artículos cuestionados, busca otorgar previsibilidad a trabajadores y empleadores, evitando una implementación inmediata que podría derivar en una ola de litigios y presiones en el ámbito laboral.

El propio magistrado anticipó el recorrido que seguirá el caso. “Esta medida trae paz social hasta que se dicte un fallo definitivo”, sostuvo, al tiempo que consideró inevitable que la cuestión sea finalmente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se definirá no solo la validez de los artículos suspendidos, sino también el alcance de la reforma en su conjunto.

La decisión del juez Ojeda y su defensa pública del fallo colocan en primer plano una discusión que excede la reforma laboral en sí misma. En el centro del debate aparece el delicado equilibrio entre la potestad legislativa, la implementación de políticas públicas y el control de constitucionalidad.

La cautelar no clausura el conflicto, pero establece un límite claro: cualquier transformación en materia laboral deberá ajustarse a los estándares constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por el país. En ese marco, la intervención judicial no se presenta como un obstáculo, sino como una instancia de resguardo institucional.

El desenlace quedará en manos de la Corte Suprema, que tendrá la responsabilidad de fijar un criterio definitivo. Hasta entonces, la reforma laboral transitará un terreno de incertidumbre, donde la legalidad, los derechos y la política volverán a cruzarse en un debate que definirá buena parte del futuro del mundo del trabajo en la Argentina.

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El BCRA reglamentó las cuentas sueldo en dólares y avanzó la reforma laboral

La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.

La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.

La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.

El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.

Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.

Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.

La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.

Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.

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El Gobierno avanza con la renovación del Parque de Mayo y abre las ofertas de una obra millonaria

El miércoles se realizará la apertura de sobres de la licitación para una obra valuada en más de $3.223 millones. El proyecto prevé construir tres locales gastronómicos, renovar la infraestructura peatonal y recuperar un espacio que hoy presenta deterioro urbano, con una intervención integrada al entorno cívico y cultural de la ciudad.

El Gobierno de San Juan dará un paso decisivo en la renovación del Parque de Mayo cuando el próximo miércoles abra los sobres de la licitación pública para ejecutar la obra «Intervención Parque de Mayo Sector 3 – Espacios Verdes y Construcción de Locales Gastronómicos», una iniciativa que demandará una inversión oficial de $3.223.777.891,32, calculada a valores de junio de 2026.

La propuesta apunta a recuperar un área que actualmente evidencia deficiencias en iluminación, circulación peatonal y equipamiento urbano, con el propósito de convertirla en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes. La incorporación de infraestructura comercial busca, además, generar mayor permanencia de personas y reforzar la seguridad mediante un uso más intenso del espacio público.

El proyecto contempla la construcción de tres edificios destinados a emprendimientos gastronómicos, emplazados sobre plataformas elevadas y diseñados con un sistema constructivo mixto que combinará hormigón armado, estructuras metálicas livianas y materiales de bajo mantenimiento. La iniciativa pretende armonizar la nueva arquitectura con el paisaje del principal pulmón verde de la capital sanjuanina.

Otro de los aspectos centrales será la incorporación de criterios de accesibilidad universal. Todo el recorrido contará con rampas y pisos podotáctiles para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Asimismo, los nuevos edificios estarán vinculados de manera fluida entre la calle Laprida y la avenida Libertador, favoreciendo la conectividad peatonal.

La intervención también incluirá la ampliación y renovación de las veredas sobre calle Laprida, junto con la instalación de mobiliario urbano, nueva iluminación LED y espacios de permanencia. Estas mejoras permitirán integrar el paseo con dos de los principales edificios institucionales y culturales de la provincia: el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Legislatura de San Juan, fortaleciendo la continuidad urbana del área.

Para garantizar el funcionamiento de los futuros locales, la obra prevé ejecutar un nuevo tendido de gas natural de aproximadamente 180 metros sobre calle Laprida, además de adecuar las redes de agua potable y cloacas. También se incorporará un sistema lumínico diseñado tanto para resaltar la arquitectura como para incrementar la seguridad durante las horas nocturnas.

El pliego establece un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la firma del acta de inicio. Además, fija como requisito que las empresas nacionales interesadas participen mediante una Unión Transitoria (UT) junto a firmas radicadas en San Juan, las cuales deberán poseer una participación mínima del 40% en la asociación, una condición que busca favorecer la participación del empresariado local y la generación de empleo provincial.

El procedimiento licitatorio comenzará con la apertura del Sobre N.º 1, que contiene la documentación técnica, legal y administrativa de los oferentes. Una vez concluido el análisis por parte de la comisión evaluadora, se procederá a abrir el Sobre N.º 2, correspondiente a las propuestas económicas, instancia en la que se determinará cuál resulta más conveniente para el Estado.

La intervención representa una de las inversiones urbanas más importantes previstas por la Provincia para 2026. Más allá de la incorporación de un nuevo polo gastronómico, la obra busca revalorizar uno de los espacios públicos más representativos de San Juan, potenciar su integración con el circuito institucional y cultural de la capital y consolidar un área destinada al esparcimiento, el turismo y el desarrollo económico local.

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Departamentales

Una falla en Punta de Rieles dejó sin luz a amplios sectores de San Juan

La distribuidora informó que la interrupción del suministro se originó por una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Chimbas y Rivadavia concentraron la mayor cantidad de usuarios afectados y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva durante la noche.

Miles de usuarios del Gran San Juan permanecieron durante varias horas sin suministro eléctrico este sábado como consecuencia de una falla registrada en la Estación Transformadora (ET) Punta de Rieles, según confirmó Naturgy mediante un comunicado oficial. La interrupción impactó principalmente en los departamentos de Chimbas y Rivadavia, donde se multiplicaron los reclamos por la falta de energía.

La empresa precisó que el desperfecto se produjo en una instalación estratégica para la distribución eléctrica de esa área, lo que obligó a desplegar cuadrillas técnicas para reparar la avería y ejecutar las maniobras necesarias para restituir el servicio.

Mientras avanzaban los trabajos, la compañia informó que sus equipos operaban de manera ininterrumpida para recuperar el abastecimiento «a la mayor brevedad posible», al tiempo que mantuvo el seguimiento de la evolución del sistema.

Después de las 20.15 del sábado comenzó la restitución gradual de la energía en los barrios alcanzados por el corte. La normalización se realizó de forma progresiva para garantizar la estabilidad de la red y evitar nuevas interrupciones durante las maniobras de recuperación.

Naturgy indicó que continuará informando sobre la recuperación total del servicio a través de sus canales oficiales y recordó que los usuarios pueden realizar consultas, reclamos o denuncias mediante la Oficina Virtual o comunicándose a la línea gratuita 0800-666-3637.

El episodio volvió a poner de relieve el impacto que generan las fallas en la infraestructura eléctrica sobre miles de hogares y comercios del Gran San Juan, especialmente cuando afectan instalaciones de alta importancia para la distribución del suministro en la provincia.

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