Protesta inédita y respuesta inmediata: bono para contener el malestar en las fuerzas federales
El Gobierno nacional oficializó una suma fija extraordinaria para efectivos de las fuerzas federales en medio de una inusual convocatoria conjunta para reclamar mejoras salariales. La medida busca aliviar el impacto de la inflación, aunque no modifica la estructura de ingresos de fondo.
En el marco de una creciente tensión interna, el Gobierno nacional dispuso el pago de un bono extraordinario de hasta $300.000 para el personal de las fuerzas federales, en lo que se interpreta como una respuesta directa a la convocatoria de una protesta inédita dentro del sector.
La medida fue formalizada a través del Decreto 216/2026, publicado en el Boletín Oficial por el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteolina. El texto establece el otorgamiento de sumas fijas, excepcionales y no remunerativas destinadas al personal de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Según el decreto, el objetivo es “impactar positiva y directamente en la capacidad adquisitiva” de los efectivos. Sin embargo, la decisión se conoció en simultáneo con la organización de una movilización conjunta de las cinco fuerzas, prevista como un abrazo simbólico en el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro, lo que expuso el trasfondo de malestar salarial.
Montos diferenciados y alcance limitado
El esquema del bono contempla montos variables según la jerarquía. Los rangos operativos y suboficiales pueden alcanzar sumas de hasta $300.000, mientras que los niveles superiores reciben cifras menores o, en algunos casos, quedan excluidos del beneficio.
Además, se dispuso un pago general de $40.000 para todo el personal en actividad, a acreditarse junto con los haberes de abril.
No obstante, el carácter no remunerativo y no bonificable del bono implica que no se incorpora al salario básico ni impacta en adicionales, aguinaldo o jubilaciones. En términos estructurales, esto limita su alcance a un alivio transitorio sin modificar la matriz salarial del sector.

Una protesta sin precedentes
La convocatoria conjunta de las cinco fuerzas federales marcó un hecho inédito en el sistema de seguridad argentino. Estas instituciones —que no cuentan con derecho a sindicalización ni a huelga— recurrieron a una modalidad simbólica de protesta para visibilizar su situación.
El reclamo central gira en torno al deterioro del poder adquisitivo, con denuncias de efectivos que aseguran percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto, también emergieron testimonios sobre la necesidad de recurrir a empleos complementarios para sostener el nivel de vida.
La magnitud del malestar encendió alertas dentro del Ejecutivo, dado el carácter estratégico de las fuerzas federales y el impacto político que puede tener cualquier manifestación pública de disconformidad en el área de seguridad.
Respuesta reactiva y conflicto abierto
La secuencia de los hechos —primero la convocatoria a la protesta y luego la oficialización del bono— revela el carácter reactivo de la decisión gubernamental. En lugar de avanzar en una revisión integral de las escalas salariales, el Ejecutivo optó por una herramienta de efecto inmediato, pero de duración limitada.
Se trata de un mecanismo ya utilizado en otros sectores del Estado: pagos extraordinarios destinados a descomprimir conflictos sin alterar de manera permanente el gasto en salarios.
En este caso, la estrategia apunta a desactivar una protesta particularmente sensible, no solo por su carácter inédito, sino también por la naturaleza de los actores involucrados. La imagen de las fuerzas federales manifestándose públicamente representa un desafío político de alto impacto para cualquier administración.
El bono extraordinario permite al Gobierno ganar tiempo y enviar una señal de contención frente al malestar en las fuerzas federales. Sin embargo, deja intacto el núcleo del conflicto: la pérdida sostenida del poder adquisitivo en un sector sin canales formales de negociación colectiva.
La incertidumbre, lejos de disiparse por completo, queda latente. Y plantea un interrogante de fondo: hasta qué punto las respuestas transitorias pueden sostener la estabilidad en un área clave del Estado, donde el equilibrio entre disciplina institucional y demandas laborales resulta siempre delicado.
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El BCRA reglamentó las cuentas sueldo en dólares y avanzó la reforma laboral
La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.
El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.
La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.
La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.
El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.
Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.
Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.
La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.
Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.
La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.
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El Gobierno avanza con la renovación del Parque de Mayo y abre las ofertas de una obra millonaria
El miércoles se realizará la apertura de sobres de la licitación para una obra valuada en más de $3.223 millones. El proyecto prevé construir tres locales gastronómicos, renovar la infraestructura peatonal y recuperar un espacio que hoy presenta deterioro urbano, con una intervención integrada al entorno cívico y cultural de la ciudad.
El Gobierno de San Juan dará un paso decisivo en la renovación del Parque de Mayo cuando el próximo miércoles abra los sobres de la licitación pública para ejecutar la obra «Intervención Parque de Mayo Sector 3 – Espacios Verdes y Construcción de Locales Gastronómicos», una iniciativa que demandará una inversión oficial de $3.223.777.891,32, calculada a valores de junio de 2026.
La propuesta apunta a recuperar un área que actualmente evidencia deficiencias en iluminación, circulación peatonal y equipamiento urbano, con el propósito de convertirla en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes. La incorporación de infraestructura comercial busca, además, generar mayor permanencia de personas y reforzar la seguridad mediante un uso más intenso del espacio público.
El proyecto contempla la construcción de tres edificios destinados a emprendimientos gastronómicos, emplazados sobre plataformas elevadas y diseñados con un sistema constructivo mixto que combinará hormigón armado, estructuras metálicas livianas y materiales de bajo mantenimiento. La iniciativa pretende armonizar la nueva arquitectura con el paisaje del principal pulmón verde de la capital sanjuanina.
Otro de los aspectos centrales será la incorporación de criterios de accesibilidad universal. Todo el recorrido contará con rampas y pisos podotáctiles para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Asimismo, los nuevos edificios estarán vinculados de manera fluida entre la calle Laprida y la avenida Libertador, favoreciendo la conectividad peatonal.
La intervención también incluirá la ampliación y renovación de las veredas sobre calle Laprida, junto con la instalación de mobiliario urbano, nueva iluminación LED y espacios de permanencia. Estas mejoras permitirán integrar el paseo con dos de los principales edificios institucionales y culturales de la provincia: el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Legislatura de San Juan, fortaleciendo la continuidad urbana del área.
Para garantizar el funcionamiento de los futuros locales, la obra prevé ejecutar un nuevo tendido de gas natural de aproximadamente 180 metros sobre calle Laprida, además de adecuar las redes de agua potable y cloacas. También se incorporará un sistema lumínico diseñado tanto para resaltar la arquitectura como para incrementar la seguridad durante las horas nocturnas.
El pliego establece un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la firma del acta de inicio. Además, fija como requisito que las empresas nacionales interesadas participen mediante una Unión Transitoria (UT) junto a firmas radicadas en San Juan, las cuales deberán poseer una participación mínima del 40% en la asociación, una condición que busca favorecer la participación del empresariado local y la generación de empleo provincial.
El procedimiento licitatorio comenzará con la apertura del Sobre N.º 1, que contiene la documentación técnica, legal y administrativa de los oferentes. Una vez concluido el análisis por parte de la comisión evaluadora, se procederá a abrir el Sobre N.º 2, correspondiente a las propuestas económicas, instancia en la que se determinará cuál resulta más conveniente para el Estado.
La intervención representa una de las inversiones urbanas más importantes previstas por la Provincia para 2026. Más allá de la incorporación de un nuevo polo gastronómico, la obra busca revalorizar uno de los espacios públicos más representativos de San Juan, potenciar su integración con el circuito institucional y cultural de la capital y consolidar un área destinada al esparcimiento, el turismo y el desarrollo económico local.
Departamentales
Una falla en Punta de Rieles dejó sin luz a amplios sectores de San Juan
La distribuidora informó que la interrupción del suministro se originó por una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Chimbas y Rivadavia concentraron la mayor cantidad de usuarios afectados y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva durante la noche.
Miles de usuarios del Gran San Juan permanecieron durante varias horas sin suministro eléctrico este sábado como consecuencia de una falla registrada en la Estación Transformadora (ET) Punta de Rieles, según confirmó Naturgy mediante un comunicado oficial. La interrupción impactó principalmente en los departamentos de Chimbas y Rivadavia, donde se multiplicaron los reclamos por la falta de energía.
La empresa precisó que el desperfecto se produjo en una instalación estratégica para la distribución eléctrica de esa área, lo que obligó a desplegar cuadrillas técnicas para reparar la avería y ejecutar las maniobras necesarias para restituir el servicio.
Mientras avanzaban los trabajos, la compañia informó que sus equipos operaban de manera ininterrumpida para recuperar el abastecimiento «a la mayor brevedad posible», al tiempo que mantuvo el seguimiento de la evolución del sistema.
Después de las 20.15 del sábado comenzó la restitución gradual de la energía en los barrios alcanzados por el corte. La normalización se realizó de forma progresiva para garantizar la estabilidad de la red y evitar nuevas interrupciones durante las maniobras de recuperación.
Naturgy indicó que continuará informando sobre la recuperación total del servicio a través de sus canales oficiales y recordó que los usuarios pueden realizar consultas, reclamos o denuncias mediante la Oficina Virtual o comunicándose a la línea gratuita 0800-666-3637.
El episodio volvió a poner de relieve el impacto que generan las fallas en la infraestructura eléctrica sobre miles de hogares y comercios del Gran San Juan, especialmente cuando afectan instalaciones de alta importancia para la distribución del suministro en la provincia.
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