Con un paro previsto para este lunes, docentes y nodocentes universitarios ponen en marcha un plan de lucha en todo el país. Reclaman recomposición salarial, la reapertura urgente de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto podría escalar con nuevas huelgas y una marcha federal prevista para abril.

El sistema universitario público argentino inicia una semana de fuerte conflictividad gremial. Con un paro nacional de 24 horas convocado para este lunes 16 de marzo, docentes y nodocentes de todo el país comienzan un plan de lucha que busca visibilizar lo que califican como “la mayor pérdida salarial de la historia” del sector.

La protesta fue convocada por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, junto a otras organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Las medidas abarcarán a las más de 60 universidades públicas del país y marcan el inicio de un ciclo de movilizaciones que podría extenderse durante gran parte del primer cuatrimestre.

El reclamo central apunta a la recomposición salarial frente al deterioro del poder adquisitivo provocado por la inflación, así como al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso el año pasado y aún sin aplicación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

Reclamo salarial y presión por paritarias

Los gremios universitarios advierten que los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes han sufrido un fuerte retroceso real en los últimos años. Según denuncian, los incrementos salariales quedaron muy por debajo de la evolución de los precios, generando una pérdida acumulada que compromete la estabilidad laboral del sector.

En este aspecto, las organizaciones sindicales exigen la convocatoria urgente a paritarias y la actualización de los salarios en línea con la inflación.

La semana de protestas se organizará en dos etapas: la primera entre el 16 y el 21 de marzo y la segunda entre el 23 y el 30 de marzo. Durante esos días se realizarán paros, asambleas, clases públicas y diversas acciones de visibilización del conflicto en las universidades de todo el país.

El objetivo, sostienen los gremios, es alertar sobre una situación que ya comienza a impactar en el funcionamiento del sistema educativo superior.

La ley de financiamiento en el centro del conflicto

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. La norma establece un esquema de incremento presupuestario para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y mejorar el cálculo de las paritarias docentes y nodocentes.

A pesar de la presión de la comunidad universitaria y de dos fallos judiciales que ordenaron su aplicación, el Gobierno nacional aún no avanzó con su implementación.

En cambio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto legislativo que busca reemplazar el esquema vigente. Según un informe elaborado por el Centro CIEN y el gremio FEDUBA, esa iniciativa implicaría un deterioro adicional de los ingresos universitarios.

El documento advierte que la propuesta oficial no reconoce la recomposición salarial correspondiente al período 2023–2024, plantea aumentos parciales del 4% en tres tramos durante 2026 y no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación. Además, omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento de las universidades. Para los sindicatos, ese enfoque profundizaría el ajuste sobre el sistema universitario público.

Plan de lucha escalonado y nuevas protestas

La problemática no se limita a la jornada de paro de este lunes. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, confirmó que ampliará el plan de lucha con nuevas huelgas de 24 horas en las siguientes fechas: 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

En ese sentido, el Congreso de CONADU resolvió profundizar las medidas con paros de una semana completa en dos períodos: el que comienza el 30 de marzo y el que iniciará el 27 de abril.

En ese marco, también se analiza la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria. La fecha propuesta es el 23 de abril y su organización se coordinará con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y distintos actores de la comunidad académica.

El objetivo es instalar nuevamente el debate sobre el financiamiento de la educación superior en el centro de la agenda pública.

Un conflicto que amenaza el inicio del ciclo lectivo

Mientras las clases comienzan en gran parte del sistema universitario, el conflicto salarial amenaza con afectar el normal desarrollo del primer cuatrimestre.

Los gremios advierten que la combinación de bajos salarios, precarización laboral y falta de presupuesto está provocando una creciente fuga de profesionales e investigadores del sistema público.

Si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional, el conflicto universitario podría escalar en las próximas semanas y derivar en nuevas medidas de fuerza que impacten de lleno en el calendario académico.

La Asociación Bancaria oficializó una nueva actualización salarial en línea con el índice de inflación de febrero. Con el incremento del 2,9%, los trabajadores del sector acumulan una mejora del 5,9% en el primer bimestre de 2026 y el salario inicial supera los 2,18 millones de pesos.

El acuerdo, firmado en el marco de la negociación paritaria del sector, ratifica el mecanismo de revisión mensual que el gremio sostiene desde hace varios años para evitar que los salarios queden rezagados frente a la dinámica inflacionaria.

Con este nuevo ajuste, los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 5,9% en el primer bimestre del año, tomando como base de cálculo los salarios de diciembre de 2025.

Cómo quedaron los nuevos salarios

Tras la aplicación del incremento de febrero, el gremio difundió los nuevos valores de referencia de la escala salarial del sector.

El salario inicial para un trabajador que se incorpora a la actividad quedó fijado en $2.187.023,79, consolidando a la actividad bancaria entre las mejor remuneradas dentro del universo del trabajo registrado.

En simultaneo, el bono correspondiente al Día del Bancario, uno de los beneficios históricos del convenio colectivo del sector, quedó establecido en un monto mínimo de $1.949.656,06.

El sindicato aclaró que este último concepto también podrá ser actualizado en función de los próximos acuerdos salariales que se alcancen durante el año.

Alcance del incremento

De acuerdo con el comunicado oficial difundido, el reajuste del 2,9% se aplica de manera integral sobre todas las remuneraciones mensuales brutas.
Esto incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, además de adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio colectivo de la actividad.

De esta forma, el aumemto impacta en la totalidad de la estructura salarial de los trabajadores del sector, consolidando el esquema de actualización automática.

La Confederación General del Trabajo presentó un amparo judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso. Dirigentes sindicales sostienen que la norma vulnera principios constitucionales y tratados internacionales, mientras advierten sobre su impacto en el empleo, los salarios y la estructura productiva del país.

La disputa por el nuevo marco laboral ingresó en una etapa decisiva. Tras la aprobación parlamentaria de la reforma impulsada por el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió trasladar el conflicto al ámbito judicial con la presentación de un amparo que busca suspender la vigencia de varios artículos de la norma. La iniciativa sindical apunta a que la Justicia declare la inconstitucionalidad de aspectos centrales de la ley, que —según sostienen— afectan pilares fundamentales del derecho laboral argentino.

La movilización frente a los tribunales federales marcó el inicio de esta estrategia. El objetivo fue acompañar la presentación formal del recurso judicial y visibilizar el rechazo del movimiento obrero a una legislación que consideran perjudicial para los trabajadores.

“El lunes pasado marchamos a los tribunales para cumplir con lo que habíamos prometido: pedir que la Justicia analice la constitucionalidad de esta reforma”, explicó el dirigente del sector de estaciones de servicio Víctor Menéndez en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según sostuvo, la ley aprobada en el Congreso contiene disposiciones que impactan directamente en el núcleo de la Ley de Contrato de Trabajo y en derechos adquiridos durante décadas de negociación colectiva.

Cuestionamientos a la aprobación parlamentaria

Desde el sindicalismo también cuestionan el proceso político que permitió sancionar la norma. Menéndez calificó el trámite legislativo como “bochornoso” y señaló que la iniciativa avanzó gracias a acuerdos entre el Gobierno nacional y algunos gobernadores, que habrían respaldado el proyecto en ambas cámaras del Congreso.

“El proyecto terminó aprobado con una mayoría que se fue construyendo a partir de compromisos políticos. Hubo artículos que generaron fuertes discusiones y aun así se impuso la voluntad oficial”, afirmó el dirigente.

Para los gremios, el contenido de la reforma refleja intereses empresariales más que una política destinada a mejorar la calidad del empleo. “Es una ley diseñada para aliviar costos a determinados sectores económicos. No está pensada para proteger a los trabajadores ni para generar empleo genuino”, sostuvo.

Un debate que trasciende lo local

El planteo sindical no se limita al ámbito constitucional argentino. Los gremios también advierten que algunos puntos de la reforma podrían entrar en conflicto con convenios internacionales suscriptos por el país, en particular aquellos vinculados a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Hay tratados internacionales firmados por Argentina que protegen derechos básicos del trabajador. Esta reforma pasa por encima de varios de esos principios”, señaló Menéndez, quien expresó su expectativa de que los tribunales analicen el tema con detenimiento.

Aun así, desde el movimiento obrero no descartan la posibilidad de discutir modificaciones a la legislación laboral en el futuro, aunque bajo condiciones diferentes. “No tenemos temor a debatir una modernización de las leyes laborales. Lo que planteamos es que esa discusión debe darse entre todas las partes: trabajadores, empresarios y Estado. No puede surgir de un texto redactado por estudios jurídicos ligados a grandes grupos económicos”, subrayó.

Paritarias en un escenario incierto

Mientras la reforma se judicializa, el frente sindical mantiene abierta otra agenda urgente: la negociación salarial. En el sector de estaciones de servicio, las cámaras empresarias y los representantes gremiales prevén retomar las conversaciones durante marzo para cerrar la paritaria correspondiente a 2025 y comenzar a delinear la del período 2026.

La discusión se dará en un contexto complejo, marcado por la evolución de la inflación y por la incertidumbre que atraviesa el mercado energético. Menéndez señaló que el precio del combustible y la situación internacional también influyen en la dinámica del sector.

“El combustible es un insumo clave para el funcionamiento de la economía. Transporte, taxis, remises y muchos trabajadores dependen directamente de él para sostener su actividad diaria”, explicó. En ese sentido, advirtió que cualquier alteración en los precios o en la cadena de abastecimiento repercute de manera directa en la actividad y en las negociaciones salariales.

Críticas al rumbo económico

Durante la entrevista, el dirigente sindical también se refirió al discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Su evaluación fue abiertamente crítica.

“Fue un discurso que dejó más preguntas que respuestas. No hubo anuncios concretos para la producción ni para el trabajo”, afirmó. Según su visión, la estrategia económica del Gobierno no contempla medidas que impulsen el desarrollo industrial o la generación de empleo.

Menéndez también advirtió sobre los efectos de la apertura comercial en algunos sectores productivos locales. “Hay industrias que no pueden competir con el ingreso de productos importados, especialmente provenientes de Asia. Si no se cuida la producción nacional, el impacto sobre el empleo puede ser muy fuerte”, señaló.

En ese sentido, el dirigente cuestionó las cifras oficiales que señalan mejoras en el salario real o en el nivel de actividad. “La realidad cotidiana muestra otra cosa: empresas que cierran, puestos de trabajo que se pierden y sectores productivos que atraviesan dificultades”, sostuvo.

La controversia en torno a la reforma laboral refleja una disputa más amplia sobre el modelo económico y social que atraviesa el país. Para el Gobierno, la nueva legislación representa una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo y reducir costos empresariales. Para buena parte del sindicalismo, en cambio, constituye un retroceso que debilita derechos consolidados y profundiza la desigualdad en las relaciones laborales.

La decisión de la CGT de recurrir a la Justicia abre un nuevo capítulo en ese conflicto. El desenlace dependerá ahora de los tribunales, que deberán evaluar si la reforma respeta los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

Mientras tanto, el debate continúa en múltiples frentes: en las calles, en las paritarias y en el propio sistema político. Allí se definirá no solo el destino de una ley, sino también el rumbo de las relaciones laborales en los próximos años.