La caída de la recaudación nacional en el inicio de 2026 impactó de lleno en la coparticipación federal. En febrero los envíos automáticos a las provincias cayeron 7,5% en términos reales y profundizaron un deterioro que comenzó el año pasado. El escenario complica las negociaciones salariales y reduce el margen fiscal de los distritos.

De acuerdo con datos oficiales, en febrero los envíos automáticos totalizaron $5,44 billones, lo que representó una caída real interanual del 7,5%. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor y alcanzó el 9,5%, confirmando una tendencia descendente que se arrastra desde 2025 y que ahora se profundiza.

El deterioro de los recursos afecta a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligando a los gobiernos locales a recalcular sus estrategias fiscales en un contexto atravesado por negociaciones salariales, presiones sindicales y demandas crecientes de gasto público.

Entre los distritos más afectados aparece la Provincia de Buenos Aires, que entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 dejó de recibir alrededor de 10,9 billones de pesos respecto de lo que habría percibido si se hubieran mantenido los niveles de transferencias de 2023.

Detrás se ubican la Provincia de Santa Fe, con una pérdida cercana a 2,2 billones de pesos, y la Provincia de Córdoba, con una merma de aproximadamente 1,9 billones.

También registraron recortes superiores al billón de pesos distritos como Provincia del Chaco, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Santiago del Estero y Provincia de Tucumán.

En el caso de Provincia de San Juan, la pérdida acumulada entre 2024 y el inicio de 2026 asciende a unos 700.000 millones de pesos, un recorte que condiciona la planificación presupuestaria provincial.

Menor recaudación nacional

El principal factor detrás del retroceso en la coparticipación es la caída de la recaudación nacional. Según explicó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales durante el primer bimestre del año.

En ese período, la recaudación nacional perdió cerca de $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso de 2025.

Entre los tributos que más retrocedieron se destacan:

IVA, con una caída de $1,68 billones.
Retenciones a las exportaciones, con una baja de $587.000 millones.
Aportes y contribuciones a la seguridad social, con una reducción de $455.000 millones. El único tributo que mostró una mejora fue el impuesto a los combustibles, que registró un aumento real de $71.000 millones.

Impacto en Nación y provincias

La contracción de los ingresos tributarios afecta tanto al Tesoro nacional como a las administraciones provinciales. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los recursos que permanecen en manos de la Nación cayeron 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disminuyeron 7,6%.

En valores nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir unos $2,4 billones, mientras que los distritos resignaron cerca de $930.000 millones.

Parte de esta dinámica responde a modificaciones impositivas y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.

Con ingresos en descenso, negociaciones salariales en marcha y menores transferencias desde la Nación, las provincias enfrentan un año marcado por presiones fiscales. Si la caída de la recaudación se mantiene y no es compensada por ajustes en el gasto o nuevas fuentes de financiamiento, los resultados fiscales tenderán a deteriorarse. En ese delicado equilibrio entre disciplina presupuestaria y demandas sociales se jugará buena parte de la estabilidad financiera de los distritos durante 2026.

Con un paro previsto para este lunes, docentes y nodocentes universitarios ponen en marcha un plan de lucha en todo el país. Reclaman recomposición salarial, la reapertura urgente de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto podría escalar con nuevas huelgas y una marcha federal prevista para abril.

El sistema universitario público argentino inicia una semana de fuerte conflictividad gremial. Con un paro nacional de 24 horas convocado para este lunes 16 de marzo, docentes y nodocentes de todo el país comienzan un plan de lucha que busca visibilizar lo que califican como “la mayor pérdida salarial de la historia” del sector.

La protesta fue convocada por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, junto a otras organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Las medidas abarcarán a las más de 60 universidades públicas del país y marcan el inicio de un ciclo de movilizaciones que podría extenderse durante gran parte del primer cuatrimestre.

El reclamo central apunta a la recomposición salarial frente al deterioro del poder adquisitivo provocado por la inflación, así como al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso el año pasado y aún sin aplicación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

Reclamo salarial y presión por paritarias

Los gremios universitarios advierten que los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes han sufrido un fuerte retroceso real en los últimos años. Según denuncian, los incrementos salariales quedaron muy por debajo de la evolución de los precios, generando una pérdida acumulada que compromete la estabilidad laboral del sector.

En este aspecto, las organizaciones sindicales exigen la convocatoria urgente a paritarias y la actualización de los salarios en línea con la inflación.

La semana de protestas se organizará en dos etapas: la primera entre el 16 y el 21 de marzo y la segunda entre el 23 y el 30 de marzo. Durante esos días se realizarán paros, asambleas, clases públicas y diversas acciones de visibilización del conflicto en las universidades de todo el país.

El objetivo, sostienen los gremios, es alertar sobre una situación que ya comienza a impactar en el funcionamiento del sistema educativo superior.

La ley de financiamiento en el centro del conflicto

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. La norma establece un esquema de incremento presupuestario para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y mejorar el cálculo de las paritarias docentes y nodocentes.

A pesar de la presión de la comunidad universitaria y de dos fallos judiciales que ordenaron su aplicación, el Gobierno nacional aún no avanzó con su implementación.

En cambio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto legislativo que busca reemplazar el esquema vigente. Según un informe elaborado por el Centro CIEN y el gremio FEDUBA, esa iniciativa implicaría un deterioro adicional de los ingresos universitarios.

El documento advierte que la propuesta oficial no reconoce la recomposición salarial correspondiente al período 2023–2024, plantea aumentos parciales del 4% en tres tramos durante 2026 y no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación. Además, omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento de las universidades. Para los sindicatos, ese enfoque profundizaría el ajuste sobre el sistema universitario público.

Plan de lucha escalonado y nuevas protestas

La problemática no se limita a la jornada de paro de este lunes. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, confirmó que ampliará el plan de lucha con nuevas huelgas de 24 horas en las siguientes fechas: 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

En ese sentido, el Congreso de CONADU resolvió profundizar las medidas con paros de una semana completa en dos períodos: el que comienza el 30 de marzo y el que iniciará el 27 de abril.

En ese marco, también se analiza la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria. La fecha propuesta es el 23 de abril y su organización se coordinará con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y distintos actores de la comunidad académica.

El objetivo es instalar nuevamente el debate sobre el financiamiento de la educación superior en el centro de la agenda pública.

Un conflicto que amenaza el inicio del ciclo lectivo

Mientras las clases comienzan en gran parte del sistema universitario, el conflicto salarial amenaza con afectar el normal desarrollo del primer cuatrimestre.

Los gremios advierten que la combinación de bajos salarios, precarización laboral y falta de presupuesto está provocando una creciente fuga de profesionales e investigadores del sistema público.

Si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional, el conflicto universitario podría escalar en las próximas semanas y derivar en nuevas medidas de fuerza que impacten de lleno en el calendario académico.

El Frente de Sindicatos Unidos presentó la Canasta Básica del Hogar Trabajador, un indicador elaborado por equipos técnicos gremiales que busca reflejar el costo real de vida de las familias asalariadas. Según el informe, un hogar necesita $2.706.923 mensuales para cubrir necesidades básicas, un monto que deja en evidencia la brecha entre los ingresos actuales y el nivel salarial necesario para una vida digna.

En un momento de fuerte discusión sobre salarios e ingresos, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó un informe propio que busca instalar un nuevo parámetro en el debate económico: cuánto necesita realmente una familia trabajadora para sostener un nivel de vida digno.

El estudio, denominado Canasta Básica del Hogar Trabajador, fue elaborado por equipos técnicos del espacio sindical integrado por gremios de distintos sectores productivos y del Estado, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera y organizaciones del sector aeronáutico.

De acuerdo con el documento, un hogar asalariado requiere $2.706.923 mensuales para cubrir las necesidades básicas contempladas en la Constitución Nacional. Bajo esta estimación, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería multiplicarse por ocho para alcanzar ese nivel de ingresos.

La medición busca diferenciarse de los indicadores tradicionales utilizados para calcular pobreza o indigencia. En lugar de establecer un piso de subsistencia, el objetivo del estudio es fijar un parámetro de ingreso que garantice condiciones de vida dignas para los trabajadores.

Cómo se compone la canasta sindical

El informe detalla los principales rubros que conforman el costo mensual estimado para un hogar trabajador.

El gasto en alimentación representa unos $618.583, mientras que el rubro vivienda alcanza aproximadamente $533.942, contemplando alquileres, servicios y mantenimiento del hogar.
A su vez, se estiman $329.582 para salud, $233.852 para educación y cultura, y $138.693 destinados a vestimenta.

Uno de los componentes más significativos del cálculo es el destinado a transporte, vacaciones y esparcimiento, que asciende a $554.511, reflejando una concepción de bienestar que excede la mera subsistencia económica.

El informe también incluye un apartado de previsión, calculado en $297.762, que contempla gastos imprevistos o ahorro familiar.

Críticas al modelo económico y al deterioro salarial

Durante la presentación del informe, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el objetivo central de la iniciativa es abrir una discusión más profunda sobre la distribución del ingreso en el país.

“El debate es quién se queda con la riqueza que generamos los trabajadores. Si somos quienes la producimos, también debemos discutir cómo se distribuye”, planteó el dirigente.

En ese marco, Aguiar afirmó que actualmente una familia necesita más de $2,7 millones mensuales para vivir dignamente, y cuestionó el rumbo económico del gobierno encabezado por Javier Milei, además de criticar el uso de recursos públicos en viajes oficiales.

Industria, empleo y caída del poder adquisitivo

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, también participó de la presentación y aseguró que el deterioro del poder adquisitivo responde a una política económica deliberada.

Según el dirigente metalúrgico, la actual dinámica salarial no puede interpretarse como una fluctuación coyuntural.

“No estamos frente a un fenómeno económico aislado. Lo que el modelo económico presenta como éxito es, en realidad, una reducción sistemática del poder adquisitivo de los salarios”, advirtió.

Furlán también alertó sobre el impacto que esta situación está teniendo en el aparato productivo, con cierres de empresas y despidos registrados en distintos sectores industriales durante los últimos meses. “Mientras el Gobierno mide pobreza, nosotros medimos dignidad”

Desde la Federación Aceitera, su secretario general Daniel Yofra explicó que la iniciativa busca fijar parámetros propios ante la falta de consensos en el ámbito del Consejo del Salario.

“Mientras el Gobierno mide números de pobreza, nosotros presentamos números de dignidad”, afirmó.

El dirigente subrayó que la intención es aportar una referencia concreta para discutir salarios en las negociaciones colectivas y en el debate público sobre ingresos.

La pérdida de ingresos y el crecimiento del endeudamiento

El informe del FreSU también analiza la evolución de los ingresos durante la actual gestión y sostiene que los trabajadores habrían perdido 54 billones de pesos en términos reales.

Según los cálculos del estudio, la pérdida promedio alcanzaría $2.125.000 por trabajador en el sector privado y $11.021.000 en el sector público.

En el mismo sentido, el documento advierte sobre un crecimiento acelerado del endeudamiento familiar. Mientras que hace un año los hogares destinaban cerca del 10% de sus ingresos al pago de deudas, actualmente esa proporción habría escalado al 26,3%, con un stock total de compromisos financieros que superaría los 36 billones de pesos.

Un frente sindical amplio

La presentación del informe reunió a dirigentes de más de 120 organizaciones sindicales que integran el FreSU.

Entre ellos participaron Hugo Godoy, Graciela Aleñá, Clara Chevalier, Jorge Alejandro Vargas, Ricardo Peidro, Rubén Ruiz, Julio Aralde, Oscar Isasi, Mercedes Cabezas y José Luque, entre otros.

Más allá de las cifras, el informe del FreSU intenta instalar un debate de fondo sobre el salario en la Argentina: si los ingresos actuales permiten sostener un estándar de vida digno para las familias trabajadoras.

En una situación marcada por la inflación acumulada, la caída del consumo y el aumento del endeudamiento de los hogares, la creación de esta canasta sindical aparece como un intento del movimiento obrero de intervenir con datos propios en la discusión económica y social.