La suspensión de los trabajos en el tramo Cochagual–Tres Esquinas de la Ruta Nacional 40 dejó sin empleo a 95 operarios y volvió a encender alarmas en el sector de la construcción. Desde la UOCRA atribuyen la decisión al desfinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y a la acumulación de certificados impagos por parte del Estado nacional.

La obra de la Ruta 40 Sur quedó oficialmente paralizada este miércoles tras una asamblea entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria y los trabajadores. El encuentro formalizó lo que ya se anticipaba en el obrador: la suspensión de tareas y el despido de los 95 obreros afectados al proyecto.

El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, confirmó la situación y no ocultó su preocupación por el impacto inmediato. “Nos levantamos con la mala noticia de que la obra se paralizó otra vez y la verdad es que es una situación grave. Como dirigente, estas cosas te descolocan”, expresó.

Según explicó, la empresa comunicó que no podía continuar ante la falta de pagos del Estado nacional. “Hay certificados impagos desde septiembre y la UTE ya no puede sostener la actividad. Hacer trabajar a la gente sin cobrar no tiene sentido”, sostuvo.

Detrás de la definición administrativa se esconde un problema estructural: la obra pública, especialmente aquella apalancada con financiamiento externo, depende de un delicado equilibrio entre desembolsos internacionales y compromisos fiscales internos. Cuando esa ecuación se rompe, el primer eslabón en resentirse es el empleo.

El impacto social del ajuste

Tovares puso el acento en la dimensión humana de la medida. “No hablamos solo de 100 trabajadores, sino de 100 familias. El ajuste siempre termina recayendo sobre el trabajador”, afirmó, visiblemente molesto.

En un sector históricamente vinculado a la inversión estatal, la paralización de proyectos no solo implica la pérdida de ingresos directos, sino también el deterioro de economías regionales que orbitan en torno a cada obra: proveedores, transportistas, pequeños comercios y servicios asociados.

La construcción, por su efecto multiplicador, funciona como termómetro de la actividad económica. Cuando se detiene, el impacto trasciende el perímetro del obrador.

Un proyecto estratégico con avance mínimo

El tramo Cochagual–Tres Esquinas, de 27 kilómetros, es considerado clave para convertir la Ruta 40 en autopista y mejorar la conectividad entre el sur de San Juan y Mendoza. Sin embargo, la iniciativa arrastra demoras crónicas.

La obra se ejecutaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y había sido retomada en junio de 2024, tras gestiones entre el Gobierno provincial y la administración del presidente Javier Milei. Aquella reactivación fue presentada como un punto de inflexión en medio del repliegue generalizado de la obra pública nacional.

No obstante, la ausencia de nuevos desembolsos volvió a frenar su desarrollo. De acuerdo con el dirigente sindical, luego de casi dos años y medio de ejecución, el avance acumulado apenas alcanza el 8% del total previsto, un indicador que evidencia la sucesión de interrupciones y la fragilidad financiera del proyecto.

La reiteración de anuncios de reactivación que no logran consolidarse profundiza la incertidumbre. “La vez pasada se dijo que se retomaba la obra con financiamiento del BID, y hoy volvemos al punto de partida”, lamentó Tovares.

Infraestructura y política fiscal: una tensión persistente

El caso de la Ruta 40 Sur expone una tirantez más amplia: el ajuste fiscal impulsado a nivel nacional y su correlato en la inversión en infraestructura. En un escenario de restricción presupuestaria, la priorización del equilibrio de las cuentas públicas compite con la necesidad de sostener proyectos estratégicos para el desarrollo regional.

La dependencia de organismos multilaterales agrega un condicionante adicional. Sin desembolsos efectivos, la cadena de pagos se interrumpe y las empresas adjudicatarias quedan sin margen operativo. El resultado es previsible: paralización, despidos y obras inconclusas.

Por el momento, no existen confirmaciones oficiales sobre una eventual reanudación de los trabajos. La incertidumbre domina el panorama y deja en suspenso tanto el futuro laboral de los trabajadores como la concreción de una infraestructura considerada vital para la conectividad cuyana.

La nueva suspensión de la Ruta 40 Sur no es solo un episodio administrativo ni una contingencia presupuestaria: es la expresión concreta de una política de ajuste que encuentra en la obra pública uno de sus principales escenarios de disputa. Con apenas un 8% de avance y casi dos años y medio de ejecución intermitente, el proyecto simboliza las dificultades de sostener inversiones de largo plazo en una situación actual de restricción fiscal.

Mientras los números ordenan balances, 95 trabajadores quedan fuera del sistema y un corredor estratégico permanece inconcluso. La incógnita ya no es únicamente cuándo volverán las máquinas al terreno, sino si existirá una decisión política firme capaz de garantizar continuidad y previsibilidad. Sin esa certeza, la Ruta 40 Sur seguirá siendo, más que una autopista en construcción, una promesa recurrente detenida en el tiempo.

La Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) reclamó formalmente a Correo Argentino S.A. (CORASA) la apertura inmediata de la mesa paritaria para definir los salarios del trimestre enero-marzo de 2026. El planteo se produce en un contexto de inflación persistente y creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo en el sector.

La nota dirigida al director ejecutivo de la empresa, Lic. Santiago Berestein, solicita la convocatoria urgente a paritarias para cerrar la pauta salarial vigente y resolver el atraso correspondiente al primer trimestre del año. En el documento, el gremio califica la situación como “apremiante” y advierte que ya no resulta sostenible postergar la actualización de los ingresos.

Desde la conducción sindical, encabezada por Alberto Carlos Cejas, remarcaron que la urgencia “no responde a caprichos”, sino a la realidad económica que atraviesan trabajadores y trabajadoras del Correo. El mensaje apunta a instalar la discusión salarial como prioridad inmediata en la agenda de la empresa.

Equilibrio operativo y demanda de compensación

El planteo no se limita a la coyuntura inflacionaria. FOECYT sostiene que el personal ha contribuido con su esfuerzo cotidiano a que la compañía alcance un punto de equilibrio operativo, y que esa mejora debe traducirse en mecanismos de compensación adecuados.

“Por una paritaria justa y representativa” es el eje conceptual que atraviesa el documento, donde el gremio expresa su voluntad de que la negociación refleje fielmente la situación del sector y evite decisiones unilaterales. En un momento de ajuste y contención del gasto, la discusión salarial se convierte en un terreno de tensión entre sostenibilidad financiera y recomposición del ingreso.

La nota lleva las firmas de Cejas y del prosecretario general Marcelo Díaz, quienes reiteran la necesidad de resolver con celeridad las cuestiones pendientes. El reclamo se suma a advertencias previas de los sindicatos postales, que ya habían señalado la falta de respuestas oficiales frente al deterioro del salario real.

Mientras el presidente Javier Milei insiste en que los salarios “se triplicaron en dólares” y el Gobierno reivindica un proceso de estabilización macroeconómica, los datos muestran un deterioro persistente del ingreso real. Caen los sueldos privados y públicos, se erosionan las jubilaciones y el consumo masivo continúa en retracción, configurando un escenario social cada vez más exigente.

El salario real del sector privado cayó 1,3% en enero, según la consultora C-P, en un clima de inflación que volvió a acelerarse y paritarias que no logran compensar la suba de precios. El incremento nominal promedio se desaceleró, condicionado en parte por el acuerdo del sector comercio, que otorgó una mejora en diciembre a cambio de un 0% durante el primer trimestre de este año.

Con una inflación mensual del 2,9%, los aumentos pactados —incluso aquellos que superaron el 2%— quedaron por debajo de la dinámica de precios. Desde la asunción de Milei, los salarios reales privados acumulan una baja de 1,3%, mientras que en el sector público el retroceso alcanza el 16,9%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La divergencia entre discurso y estadística oficial instala una problemátca evidente. Medidos en dólares al tipo de cambio oficial, los ingresos pueden exhibir una recomposición; en términos de poder de compra doméstico, en cambio, el resultado es adverso. Para el trabajador promedio, la referencia no es la paridad cambiaria sino el precio del alquiler, los alimentos y los servicios.

Jubilaciones en pérdida y gasto social en retroceso

La presión contractiva no se limita al mercado laboral activo. La jubilación mínima —que percibe el 60% de los adultos mayores— encadenó en enero su séptima caída consecutiva y perdió 4,8% de poder adquisitivo desde mediados de 2025. A ello se suma el congelamiento del bono complementario en 70 mil pesos desde hace dos años, lo que profundiza el rezago frente a la inflación acumulada.

El gasto social volvió a reducirse en términos reales y la Asignación Universal por Hijo, una de las variables que había mostrado cierta recuperación inicial, registra ahora un recorte del 35% en la actual gestión. El ajuste, por lo tanto, impacta tanto en trabajadores formales como en jubilados y beneficiarios de programas sociales, ampliando el alcance del deterioro.

Consumo masivo: el termómetro del mercado interno

El repliegue de los ingresos se refleja con nitidez en el consumo. En enero, el gasto masivo cayó 1,1% interanual y 7% respecto de diciembre, según la consultora Scentia. Las ventas en supermercados de cadenas retrocedieron 3,3% frente al mismo mes del año anterior y 15,4% en la comparación mensual.

Los autoservicios independientes y mayoristas también exhibieron bajas, al igual que el rubro farmacias. Solo el comercio electrónico mostró un crecimiento interanual del 33%, aunque su incidencia en el total sigue siendo limitada y no alcanza para compensar la contracción del canal físico.

La fotografía del consumo funciona como un indicador sensible de la economía cotidiana. Cuando los hogares restringen compras básicas o migran hacia segundas marcas y promociones, el impacto se extiende a toda la cadena productiva, desde la industria alimenticia hasta el transporte y la logística.

Estabilidad macro versus fragilidad micro

El oficialismo sostiene que la estabilización fiscal y monetaria constituye el cimiento indispensable para una recuperación sostenida. Sin embargo, economistas y referentes sindicales advierten que sin recomposición del poder adquisitivo y generación de empleo formal, la mejora macroeconómica corre el riesgo de apoyarse sobre una base social debilitada.

La discusión de fondo remite al modelo de salida de la crisis: si la prioridad absoluta es el equilibrio de las cuentas públicas, el costo inmediato recae sobre ingresos y consumo. Si, en cambio, se busca dinamizar el mercado interno, la política salarial y previsional adquiere centralidad.

Las cifras disponibles delinean un cuadro inequívoco: salarios que pierden frente a los precios, jubilaciones que se erosionan y consumo masivo en retroceso. Más allá de la narrativa oficial sobre el crecimiento en dólares, la economía real exhibe signos de fatiga que atraviesan a trabajadores activos y pasivos por igual.

La estabilidad macroeconómica es un objetivo legítimo y necesario. Pero sin una recuperación tangible del poder adquisitivo y del mercado interno, ese equilibrio puede resultar frágil. En definitiva, el desafío no es solo ordenar las variables financieras, sino reconstruir la capacidad de compra y la confianza de las mayorías sociales. Allí se juega, en última instancia, la consistencia del rumbo económico.