La paralización de la Ruta 40 Sur reaviva la crisis de la obra pública y deja 95 trabajadores sin empleo
La suspensión de los trabajos en el tramo Cochagual–Tres Esquinas de la Ruta Nacional 40 dejó sin empleo a 95 operarios y volvió a encender alarmas en el sector de la construcción. Desde la UOCRA atribuyen la decisión al desfinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y a la acumulación de certificados impagos por parte del Estado nacional.
La obra de la Ruta 40 Sur quedó oficialmente paralizada este miércoles tras una asamblea entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria y los trabajadores. El encuentro formalizó lo que ya se anticipaba en el obrador: la suspensión de tareas y el despido de los 95 obreros afectados al proyecto.
El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, confirmó la situación y no ocultó su preocupación por el impacto inmediato. “Nos levantamos con la mala noticia de que la obra se paralizó otra vez y la verdad es que es una situación grave. Como dirigente, estas cosas te descolocan”, expresó.
Según explicó, la empresa comunicó que no podía continuar ante la falta de pagos del Estado nacional. “Hay certificados impagos desde septiembre y la UTE ya no puede sostener la actividad. Hacer trabajar a la gente sin cobrar no tiene sentido”, sostuvo.
Detrás de la definición administrativa se esconde un problema estructural: la obra pública, especialmente aquella apalancada con financiamiento externo, depende de un delicado equilibrio entre desembolsos internacionales y compromisos fiscales internos. Cuando esa ecuación se rompe, el primer eslabón en resentirse es el empleo.
El impacto social del ajuste
Tovares puso el acento en la dimensión humana de la medida. “No hablamos solo de 100 trabajadores, sino de 100 familias. El ajuste siempre termina recayendo sobre el trabajador”, afirmó, visiblemente molesto.
En un sector históricamente vinculado a la inversión estatal, la paralización de proyectos no solo implica la pérdida de ingresos directos, sino también el deterioro de economías regionales que orbitan en torno a cada obra: proveedores, transportistas, pequeños comercios y servicios asociados.
La construcción, por su efecto multiplicador, funciona como termómetro de la actividad económica. Cuando se detiene, el impacto trasciende el perímetro del obrador.
Un proyecto estratégico con avance mínimo
El tramo Cochagual–Tres Esquinas, de 27 kilómetros, es considerado clave para convertir la Ruta 40 en autopista y mejorar la conectividad entre el sur de San Juan y Mendoza. Sin embargo, la iniciativa arrastra demoras crónicas.
La obra se ejecutaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y había sido retomada en junio de 2024, tras gestiones entre el Gobierno provincial y la administración del presidente Javier Milei. Aquella reactivación fue presentada como un punto de inflexión en medio del repliegue generalizado de la obra pública nacional.
No obstante, la ausencia de nuevos desembolsos volvió a frenar su desarrollo. De acuerdo con el dirigente sindical, luego de casi dos años y medio de ejecución, el avance acumulado apenas alcanza el 8% del total previsto, un indicador que evidencia la sucesión de interrupciones y la fragilidad financiera del proyecto.
La reiteración de anuncios de reactivación que no logran consolidarse profundiza la incertidumbre. “La vez pasada se dijo que se retomaba la obra con financiamiento del BID, y hoy volvemos al punto de partida”, lamentó Tovares.
Infraestructura y política fiscal: una tensión persistente
El caso de la Ruta 40 Sur expone una tirantez más amplia: el ajuste fiscal impulsado a nivel nacional y su correlato en la inversión en infraestructura. En un escenario de restricción presupuestaria, la priorización del equilibrio de las cuentas públicas compite con la necesidad de sostener proyectos estratégicos para el desarrollo regional.
La dependencia de organismos multilaterales agrega un condicionante adicional. Sin desembolsos efectivos, la cadena de pagos se interrumpe y las empresas adjudicatarias quedan sin margen operativo. El resultado es previsible: paralización, despidos y obras inconclusas.
Por el momento, no existen confirmaciones oficiales sobre una eventual reanudación de los trabajos. La incertidumbre domina el panorama y deja en suspenso tanto el futuro laboral de los trabajadores como la concreción de una infraestructura considerada vital para la conectividad cuyana.
La nueva suspensión de la Ruta 40 Sur no es solo un episodio administrativo ni una contingencia presupuestaria: es la expresión concreta de una política de ajuste que encuentra en la obra pública uno de sus principales escenarios de disputa. Con apenas un 8% de avance y casi dos años y medio de ejecución intermitente, el proyecto simboliza las dificultades de sostener inversiones de largo plazo en una situación actual de restricción fiscal.
Mientras los números ordenan balances, 95 trabajadores quedan fuera del sistema y un corredor estratégico permanece inconcluso. La incógnita ya no es únicamente cuándo volverán las máquinas al terreno, sino si existirá una decisión política firme capaz de garantizar continuidad y previsibilidad. Sin esa certeza, la Ruta 40 Sur seguirá siendo, más que una autopista en construcción, una promesa recurrente detenida en el tiempo.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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