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La Confederación General del Trabajo se movilizó frente al Palacio de Tribunales para acompañar la presentación de un amparo contra la reforma laboral ya sancionada. La central sindical apuesta a que el Poder Judicial suspenda la vigencia de los artículos que, a su criterio, vulneran el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales.

La Plaza Lavalle volvió a convertirse en escenario de disputa política y sindical. Desde las 11 de la mañana, columnas gremiales de la Confederación General del Trabajo (CGT) se concentraron frente al Palacio de Tribunales para respaldar la presentación formal de un amparo que busca frenar la entrada en vigencia de la reforma laboral recientemente convertida en ley.

Mientras los abogados de represntación sindical avanzaban con el planteo judicial, la conducción cegetista explicitó un giro estratégico: priorizar la vía institucional por sobre la convocatoria inmediata a un paro general. “El resorte republicano de la Justicia es el que debe actuar cuando el Congreso sanciona leyes que violan la Constitución”, sostuvo el cotitular de la CGT, Jorge Sola.

La apuesta es clara: que el Poder Judicial opere como contrapeso frente a lo que la central define como una “regresión” en materia de derechos laborales.

El eje jurídico: el principio de progresividad

El corazón del amparo radica en la presunta vulneración del principio de progresividad, uno de los pilares del derecho del trabajo con reconocimiento constitucional y respaldo en tratados internacionales. Según este criterio, los derechos laborales no pueden ser recortados ni eliminados, sino únicamente ampliados.

Para la CGT, la denominada “modernización laboral” contradice ese principio al introducir cambios que afectan tanto derechos individuales como colectivos. En ese marco, el escrito judicial solicita la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos considerados lesivos.

Entre los puntos más cuestionados figura el artículo 98, que amplía el alcance de las actividades declaradas “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de los servicios durante una huelga. A juicio de la central, esa disposición configura una restricción sustantiva del derecho constitucional de huelga.

También están bajo análisis el artículo 133, que limita la realización de asambleas en ámbitos y horarios laborales; el 134, que tipifica los bloqueos como “infracciones muy graves”; y los artículos 141, 142 y 143, que redefinen determinadas convocatorias como “prácticas desleales” y habilitan acciones judiciales contra los sindicatos.

Convergencia de reclamos

La movilización no se desarrolló en soledad. Confluyó con el plan de lucha de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que rechaza el traspaso de la Justicia Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por un anexo de la reforma.

En simultáneo, el frente educativo mantuvo su propio escenario de conflictividad. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto con Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), llevó adelante un paro nacional en reclamo de paritarias y la restitución del FONID, mientras la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) cumplía la segunda jornada de una huelga de 48 horas por mayor financiamiento universitario.

La escena gremial, así, mostró una coordinación implícita de reclamos que exceden la reforma laboral y abarcan el financiamiento educativo, la negociación colectiva y el rol del Estado en la regulación del trabajo.

Un pulso institucional

Con la ley ya sancionada por el Congreso, la disputa se traslada ahora a los tribunales. El oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la flexibilización y dinamización del mercado laboral; la CGT la considera una ofensiva regresiva que altera el equilibrio histórico entre capital y trabajo.

El desenlace dependerá de la velocidad y el alcance de las decisiones judiciales. Si prosperan las medidas cautelares, la vigencia de algunos artículos podría quedar suspendida. Si no, la central deberá redefinir su estrategia y evaluar la profundización del plan de lucha.

En esa tirantez entre Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial se juega más que una ley puntual. Está en discusión el alcance de los derechos colectivos, la arquitectura del sistema laboral argentino y el rol de la Justicia como árbitro en conflictos de alta densidad política. La movilización frente a Tribunales dejó en claro que la batalla recién comienza y que el escenario institucional será, al menos por ahora, el principal campo de disputa.

Departamentales

San Juan sumó viviendas, tecnología y obras durante una semana de gestión


La Provincia entregó 53 viviendas en Jáchal, distribuyó computadoras a 835 estudiantes y otorgó elementos de accesibilidad a personas con discapacidad. Además, anunció la repavimentación de un tramo de Abraham Tapia, en Rawson.

La entrega de viviendas a 53 familias de Jáchal fue una de las principales acciones concretadas por el Gobierno de San Juan durante la última semana, en una agenda que también incluyó equipamiento tecnológico para estudiantes, elementos destinados a mejorar la autonomía de personas con discapacidad y una nueva obra vial en Rawson.

El conjunto habitacional entregado en el departamento del norte provincial cuenta con los servicios necesarios para su funcionamiento y permitió a las familias adjudicatarias acceder finalmente a una vivienda propia. La incorporación de esos hogares al entramado urbano representa, además, una mejora en las condiciones de permanencia de las familias en su lugar de residencia.

La agenda educativa tuvo otro de sus puntos fuertes en Jáchal, donde 835 alumnos de escuelas primarias, secundarias y técnicas recibieron computadoras. La medida apunta a reducir las desigualdades en el acceso a herramientas digitales y a incorporar tecnología como apoyo para las trayectorias escolares.

La asistencia alcanzó también a personas con discapacidad de nueve departamentos. En total fueron distribuidos 24 kits para adaptar baños y ocho tricicletas, recursos orientados a facilitar desplazamientos, mejorar la accesibilidad dentro de los hogares y favorecer una mayor autonomía en las tareas cotidianas.

En materia de infraestructura, la Provincia anunció la repavimentación de la calle Abraham Tapia, en Rawson, entre avenida de Circunvalación y Callejón Coria. La intervención permitirá renovar una vía de circulación utilizada por vecinos de una zona de creciente tránsito y mejorar las condiciones de desplazamiento.

La obra vial tendrá además incidencia sobre el empleo durante su ejecución, a partir de la contratación de mano de obra vinculada a los trabajos de construcción y mantenimiento.

Este paquete de medidas prioriza la vivienda, la educación, la accesibilidad y la infraestructura local. A través de obras y programas de diferente alcance, la gestión provincial busca dar respuesta directa a las necesidades de las familias sanjuaninas y mantener activo el rol del Estado.

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Después de años de sequía, San Juan espera un río con caudales por encima de la media

Las autoridades provinciales anticipan que el Río San Juan superará ampliamente su promedio histórico de casi 2.000 hectómetros cúbicos. La abundante nieve acumulada en alta cordillera permitiría recuperar las reservas de Caracoles, Punta Negra y Ullum, aunque el pronóstico definitivo se conocerá recién en octubre.

El secretario de Recursos Hídricos, David Devia, evitó anticipar una cifra definitiva hasta completar las mediciones en la cordillera, pero adelantó que el comportamiento del río estará muy por encima de los registros habituales. El promedio histórico ronda los 2.000 hectómetros cúbicos, una referencia que, según el funcionario, será ampliamente superada durante el próximo ciclo.

La mejora en los aportes permitiría recuperar el almacenamiento de Caracoles, Punta Negra y Ullum, después de las restricciones que marcaron los últimos años. Con las reservas fortalecidas, la provincia podría contar con mayor margen para administrar los desembalses y sostener un escurrimiento más continuo por el cauce del Río San Juan.

La principal explicación está en la extraordinaria acumulación de nieve registrada durante el invierno en la alta cordillera. Las mediciones preliminares muestran espesores superiores a tres metros de nieve consolidada en determinados puntos, una magnitud muy distante de los registros de apenas 40 o 50 centímetros que se observaron durante los períodos más críticos de la sequía.

La cantidad acumulada también obligó a modificar la logística de los relevamientos. Personal de la Dirección de Hidráulica de San Juan y de la Dirección General de Irrigación de Mendoza coordinaron criterios de medición y equipamiento para afrontar las condiciones en altura.

Devia explicó que los trabajadores deben desplazarse con nieve hasta la cintura y utilizar barrenos capaces de atravesar grandes espesores para determinar con precisión la cantidad y las características del manto. Por esa razón fue necesario incorporar equipamiento específico, entre ellos raquetas adecuadas para desplazarse sobre la superficie nevada.

La evaluación conjunta entre ambas provincias apunta a obtener mediciones comparables y mejorar la precisión del pronóstico de derrame. La tarea, sin embargo, está condicionada por las condiciones meteorológicas y por la necesidad de utilizar aeronaves habilitadas para operar en altura dentro de ventanas de vuelo seguras.

Ese factor podría demorar la presentación del pronóstico oficial. La estimación definitiva del volumen que aportará el deshielo está prevista para mediados de octubre, mientras los técnicos mantienen abierta la posibilidad de que nuevas nevadas tardías modifiquen los registros actuales.

El cambio resulta especialmente relevante para una provincia cuya producción agrícola, el abastecimiento poblacional y buena parte de su matriz económica dependen de la disponibilidad de agua. Si las proyecciones se confirman, el próximo ciclo permitiría recuperar reservas estratégicas y disponer de un margen de administración mucho mayor al de las temporadas marcadas por la sequía.

La confirmación final dependerá de las mediciones de nieve y de la evolución del deshielo, pero el dato preliminar ya marca una diferencia sustancial: por primera vez en varios años, San Juan se prepara para administrar abundancia hídrica en lugar de concentrar sus esfuerzos en administrar la escasez.

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Los gremios desafían el relato oficial: “La inflación baja, pero lo necesario para vivir sube”

La Mesa Sindical cuestionó el 1,7% de inflación informado por el Indec para agosto y sostuvo que los gastos esenciales evolucionan por encima del promedio. Reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral y una moratoria para las deudas de las familias.

Los gremios volvieron a confrontar con el Gobierno de Javier Milei por la distancia que, según exponen, existe entre la inflación oficial y el costo efectivo que enfrentan los hogares argentinos. Tras conocerse el índice de precios de agosto, que registró una suba mensual del 1,7% y llevó el acumulado de 2026 al 21,3%, el colectivo sindical sostuvo que ese promedio no refleja la evolución de los gastos indispensables.

La crítica se concentra especialmente en los rubros que tienen mayor incidencia sobre los ingresos familiares. De acuerdo con el informe del Indec, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,8% durante agosto, mientras que Educación avanzó 2,5%. En el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento llegó al 3,9%.

Para los sindicatos, la diferencia resulta todavía más significativa cuando se observa la evolución de los alimentos y de los bienes y servicios que componen las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. La Mesa Sindical sostuvo que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%, por encima del IPC general.

“Hay una Argentina real y una inventada por el Gobierno”, planteó la organización en un documento difundido después de conocerse la medición oficial. En esa línea, calificó de “insostenible” la lectura de una inflación en descenso cuando los hogares deben afrontar incrementos superiores en bienes y servicios esenciales.

El planteo gremial también incorporó el problema del endeudamiento. La Mesa Sindical afirmó que alrededor de seis millones de argentinos tienen dificultades para cumplir regularmente con sus deudas, en muchos casos vinculadas con gastos básicos como alimentación, medicamentos, útiles escolares o alquileres.

A ese cuadro sumó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Los gremialistas sostuvieron que los salarios continúan rezagados frente al costo de vida y denunciaron que los despidos persisten, mientras crece la morosidad entre quienes deben afrontar gastos comunes de vivienda.

En particular, señalaron que cerca del 30% de los diez millones de personas que pagan expensas en el país tienen dificultades para cumplir con esos compromisos. Para la organización, el fenómeno dejó de estar concentrado en determinadas regiones y se extendió de manera generalizada.

Con ese diagnóstico, la Mesa Sindical solicitó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, junto con la declaración de una emergencia laboral destinada a contener los despidos. También propuso una moratoria para las deudas familiares, como mecanismo para aliviar a los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.

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