Reforma laboral bajo fuego: la CGT recurre a la Corte y denuncia regresión de derechos

La Confederación General del Trabajo se movilizó frente al Palacio de Tribunales para acompañar la presentación de un amparo contra la reforma laboral ya sancionada. La central sindical apuesta a que el Poder Judicial suspenda la vigencia de los artículos que, a su criterio, vulneran el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales.

La Plaza Lavalle volvió a convertirse en escenario de disputa política y sindical. Desde las 11 de la mañana, columnas gremiales de la Confederación General del Trabajo (CGT) se concentraron frente al Palacio de Tribunales para respaldar la presentación formal de un amparo que busca frenar la entrada en vigencia de la reforma laboral recientemente convertida en ley.

Mientras los abogados de represntación sindical avanzaban con el planteo judicial, la conducción cegetista explicitó un giro estratégico: priorizar la vía institucional por sobre la convocatoria inmediata a un paro general. “El resorte republicano de la Justicia es el que debe actuar cuando el Congreso sanciona leyes que violan la Constitución”, sostuvo el cotitular de la CGT, Jorge Sola.

La apuesta es clara: que el Poder Judicial opere como contrapeso frente a lo que la central define como una “regresión” en materia de derechos laborales.

El eje jurídico: el principio de progresividad

El corazón del amparo radica en la presunta vulneración del principio de progresividad, uno de los pilares del derecho del trabajo con reconocimiento constitucional y respaldo en tratados internacionales. Según este criterio, los derechos laborales no pueden ser recortados ni eliminados, sino únicamente ampliados.

Para la CGT, la denominada “modernización laboral” contradice ese principio al introducir cambios que afectan tanto derechos individuales como colectivos. En ese marco, el escrito judicial solicita la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos considerados lesivos.

Entre los puntos más cuestionados figura el artículo 98, que amplía el alcance de las actividades declaradas “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de los servicios durante una huelga. A juicio de la central, esa disposición configura una restricción sustantiva del derecho constitucional de huelga.

También están bajo análisis el artículo 133, que limita la realización de asambleas en ámbitos y horarios laborales; el 134, que tipifica los bloqueos como “infracciones muy graves”; y los artículos 141, 142 y 143, que redefinen determinadas convocatorias como “prácticas desleales” y habilitan acciones judiciales contra los sindicatos.

Convergencia de reclamos

La movilización no se desarrolló en soledad. Confluyó con el plan de lucha de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que rechaza el traspaso de la Justicia Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por un anexo de la reforma.

En simultáneo, el frente educativo mantuvo su propio escenario de conflictividad. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto con Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), llevó adelante un paro nacional en reclamo de paritarias y la restitución del FONID, mientras la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) cumplía la segunda jornada de una huelga de 48 horas por mayor financiamiento universitario.

La escena gremial, así, mostró una coordinación implícita de reclamos que exceden la reforma laboral y abarcan el financiamiento educativo, la negociación colectiva y el rol del Estado en la regulación del trabajo.

Un pulso institucional

Con la ley ya sancionada por el Congreso, la disputa se traslada ahora a los tribunales. El oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la flexibilización y dinamización del mercado laboral; la CGT la considera una ofensiva regresiva que altera el equilibrio histórico entre capital y trabajo.

El desenlace dependerá de la velocidad y el alcance de las decisiones judiciales. Si prosperan las medidas cautelares, la vigencia de algunos artículos podría quedar suspendida. Si no, la central deberá redefinir su estrategia y evaluar la profundización del plan de lucha.

En esa tirantez entre Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial se juega más que una ley puntual. Está en discusión el alcance de los derechos colectivos, la arquitectura del sistema laboral argentino y el rol de la Justicia como árbitro en conflictos de alta densidad política. La movilización frente a Tribunales dejó en claro que la batalla recién comienza y que el escenario institucional será, al menos por ahora, el principal campo de disputa.