El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó un esquema escalonado de medidas de fuerza en San Juan en rechazo a la reforma laboral y a la propuesta del Gobierno sobre financiamiento universitario. Denuncian una pérdida salarial superior al 100% frente a la inflación y califican la oferta oficial como “insuficiente y regresiva”.

En una fuerte escalada de conflicto el Gobierno nacional y los gremios del sector educativo, la docencia universitaria volvió a declararse en estado de alerta. Desde el sindicato que nuclea a docentes universitarios, Barcelona— detalló el alcance de la medida de lucha que combinará paros, movilizaciones y asambleas para definir la continuidad de la problemática.

La primera medida será este viernes 27 de febrero, con un paro en rechazo a la reforma laboral y una concentración en la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino junto a otras organizaciones sindicales. El cronograma continuará el 2 y 3 de marzo con un paro articulado con CTERA y otros gremios de la educación. El 4 se realizará una asamblea para evaluar nuevas acciones, que podrían extenderse durante una semana completa.

El punto de mayor fricción se activará cuando el Congreso trate la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario: en ese momento, anticipó el dirigente, se convocará a un paro de 48 horas.

Una brecha salarial que no cierra

El eje del reclamo es estrictamente económico, aunque sus implicancias exceden el bolsillo. Según ADICUS, desde la asunción del actual gobierno la evolución de los salarios quedó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. La ley de financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso —vetada luego por el Ejecutivo y posteriormente restituida por el Parlamento— contemplaba la recomposición de esa deuda y una actualización conforme a los acuerdos paritarios.

Sin embargo, la propuesta oficial, señaló Barcelona, consiste en un incremento del 12,3% a pagar en tramos durante marzo, julio y septiembre. “Es una cifra que no compensa la pérdida y que, de imponerse, consolidaría un deterioro superior al 50% del poder adquisitivo”, advirtió.

El dirigente fue más allá y calificó la coyuntura como la más crítica de la historia reciente del sector. “Nunca estuvimos tan mal los docentes y no docentes universitarios. Ni siquiera en períodos de hiperinflación o en intentos previos de recorte presupuestario se registró un retroceso de esta magnitud”, sostuvo, en referencia implícita a las crisis atravesadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y al ajuste impulsado por Ricardo López Murphy.

Más que un conflicto salarial

La discusión no se limita a porcentajes. En el trasfondo, los gremios cuestionan lo que interpretan como un intento de modificar por vía legislativa y administrativa compromisos ya ratificados por el Congreso y respaldados por fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la puja remite a la autonomía universitaria y al modelo de financiamiento público del sistema superior.

La movilización prevista en San Juan replicará una dinámica que se observa en distintas provincias: rectores, docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles comenzaron a confluir en un frente común ante lo que describen como un escenario de asfixia presupuestaria. La articulación con sindicatos de otros niveles educativos y con centrales obreras amplía el alcance político del reclamo.

En ese marco, la protesta contra la reforma laboral y la defensa del financiamiento universitario convergen en una misma narrativa: la denuncia de una política de ajuste que, según los gremios, impacta de manera directa en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo.

Un conflicto abierto

El calendario anunciado anticipa un marzo atravesado por medidas de fuerza y negociaciones tensas. La estrategia sindical combina presión en las calles con la expectativa de incidir en el debate parlamentario. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reconfigurar el esquema de gasto.

Entre ambas posiciones se dirime no sólo una recomposición salarial, sino la orientación futura del sistema universitario argentino. Con la amenaza de un paro de 48 horas cuando el tema llegue al recinto, el conflicto promete escalar si no hay una señal de acercamiento.

La advertencia de ADICUS resume el clima del sector: para los docentes, aceptar la oferta actual implicaría convalidar una pérdida histórica; para el Ejecutivo, conceder más recursos tensiona un programa económico centrado en el equilibrio fiscal. En esa encrucijada, las universidades vuelven a convertirse en un termómetro sensible del rumbo político y social del país.

Marcelo Trujillo, referente de SOEESIT e integrante de la CGT Regional San Juan, sostuvo que la central obrera prioriza la vía judicial frente al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Alertó sobre el riesgo de despidos, cuestionó los índices oficiales de inflación y advirtió que la iniciativa “busca desarticular la organización colectiva”.

En medio de un nuevo capítulo del debate por la reforma laboral, el sindicalismo vuelve a exhibir matices en su estrategia. Mientras el Frente de Sindicatos Unidos impulsa movilizaciones frente al Congreso, la conducción de la CGT resolvió concentrar sus esfuerzos en el plano judicial. Desde San Juan, Trujillo defendió esa decisión y explicó los fundamentos políticos y económicos que la sustentan.

“La CGT no es que no quiera acompañar. Está integrada por gremios estatales y privados, y en el sector privado hoy salir a la calle implica un riesgo concreto de despido”, afirmó. Según su mirada, la eventual aprobación de la reforma podría habilitar un escenario de mayor vulnerabilidad laboral. “Podemos terminar con una cuarta parte o la mitad de la gente afuera sin siquiera haber protestado”, sostuvo.

Judicializar antes de que la norma entre en vigencia

La central obrera marchará el lunes a los tribunales para presentar el primer planteo de inconstitucionalidad, replicando la estrategia utilizada contra el DNU 70/2023. Para Trujillo, la anticipación es clave: “Si esto se aprueba y se pone en marcha, los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos políticos. Hay que actuar rápido”.

El dirigente calificó la iniciativa como una “ley que apunta a desarmar lo colectivo”. En su interpretación, el trasfondo no es meramente institucional sino estructural: “No atacan a las instituciones, atacan a los hombres y mujeres que trabajan. Buscan que la pelea sea individual, y sabemos que el trabajador solo no tiene fuerza”.

La coincidencia entre la CGT y la CTA en avanzar con amparos y presentaciones sectoriales configura una ofensiva legal amplia, que podría incluir demandas individuales y recursos colectivos. El objetivo es frenar o al menos limitar la aplicación de los artículos más controvertidos.

Economía, paritarias y desconfianza en los índices

Más allá del debate legislativo, Trujillo expuso una crítica sobre la situación económica. Señaló que las paritarias se ajustan al IPC oficial, pero cuestionó la representatividad de ese indicador frente a la dinámica real de precios en góndola. “No condice con lo que vive el trabajador. Hay gastos que no se contemplan en la canasta básica, como impuestos y tasas, que también impactan en el bolsillo”, deslizó.

En esa línea, anticipó que la inflación podría ubicarse por encima de las previsiones oficiales y sumó críticas hacia la conducción del organismo estadístico nacional. “Se manejan índices que no reflejan la realidad completa”, afirmó, en alusión al rol del Ministerio de Economía en la definición de las cifras.

El señalamiento no es menor: si los acuerdos salariales se estructuran sobre parámetros que el sindicalismo considera subestimados, la pérdida de poder adquisitivo se profundiza. Y en un contexto de desaceleración inflacionaria aún frágil, cualquier desfasaje repercute de manera directa en el consumo y en la estabilidad laboral.

Un debate que excede la coyuntura

La discusión sobre la reforma laboral trasciende el articulado específico. Para el dirigente sanjuanino, lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales. “Todos somos trabajadores, seamos representantes gremiales o no. Esto nos afecta en mayor o menor medida”, enfatizó.

La tensión entre movilización y judicialización refleja dos tácticas dentro del mismo universo sindical. Mientras algunos sectores privilegian la presión en la calle, la CGT apuesta a una disputa institucional en los tribunales. El denominador común es la convicción de que la reforma alterará el equilibrio vigente.

En ese cruce de estrategias se define la próxima etapa del conflicto. La marcha a tribunales será el primer movimiento de una batalla que promete extenderse en el tiempo. Para Trujillo, el desafío es preservar la organización colectiva frente a un escenario que, según advierte, tiende a fragmentar la defensa del trabajo.

La pulseada recién comienza. Y el desenlace no dependerá únicamente del Senado, sino también de la capacidad del sindicalismo para sostener cohesión interna y articular una respuesta eficaz en el plano judicial y social.

Un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) revela que los precios de la carne vacuna subieron 4,9% en enero en el AMBA y acumularon un alza interanual de 73,4%, muy por encima del IPC (32,4%) y de otras proteínas como el pollo y el cerdo. El fenómeno profundiza el encarecimiento relativo del producto emblemático de la mesa argentina.

Mientras la inflación de enero se ubicó en 2,9% y el índice interanual marcó 32,4%, la carne vacuna volvió a moverse a un ritmo propio. Según el relevamiento mensual del IPCVA —entidad que preside Georges Breitschmitt y que integra a frigoríficos, exportadores, entidades rurales y la Secretaría de Agricultura— los precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron una suba de 4,9% en el mes y un salto de 73,4% en doce meses.

La diferencia no es menor: la variación anual más que duplica al IPC general y supera con holgura el comportamiento de sustitutos directos. En el mismo período, el pollo fresco aumentó 31,4% y el pechito de cerdo 22,7%. La carne bovina, en términos relativos, se encareció entre dos y tres veces más que sus competidores inmediatos.

El trabajo se elaboró sobre más de 30.000 precios relevados semanalmente en el AMBA, Rosario y Córdoba, y traza un mapa detallado de la evolución en mostradores y supermercados.

Cortes emblemáticos, aumentos contundentes

En enero de 2025, el precio promedio de la carne vacuna en el AMBA era de $9.241 por kilo. Un año después, alcanzó los $16.019. La suba de 73,4% se replica —con matices— en los cortes más consumidos.

El asado de tira se ubicó en $16.322 por kilo, con un incremento interanual de 69,9% y una variación mensual de 6,4%. El vacío escaló a $19.441 (+77,3% anual), la nalga a $18.620 (+75,6%) y el lomo a $24.466 (+75,5%), con una suba mensual de 7%. Otros cortes como el peceto, la colita de cuadril y el matambre también exhibieron aumentos superiores al 70% en doce meses.

En contraste, el pollo fresco se comercializó en enero a $4.069 por kilo (31,4% interanual) y el pechito de cerdo a $8.241 (22,7%). La brecha se refleja con claridad en los precios relativos: con el valor de un kilo de asado hoy se pueden comprar 4,01 kilos de pollo, cuando un año atrás esa relación era de 3,10. En el caso del cerdo, la equivalencia pasó de 1,43 a 1,98 kilos por cada kilo de asado.

El dato mensual también muestra  presión: la carne vacuna aumentó 4,9%, por encima del IPC, aunque por debajo del 5,5% que registró el pollo. El cerdo, en cambio, apenas subió 1% en el mes. Sin embargo, es la comparación interanual la que expone la magnitud del desfasaje.

Diferencias por canal y región

En el AMBA, las carnicerías reflejaron un incremento mensual de 5,06% y una variación anual de 73,4%. En supermercados, la suba fue de 4,4% en enero y 66,6% en doce meses. El informe señala que, con el valor de un kilo promedio en supermercados, se pueden adquirir 0,93 kilos en carnicerías, lo que indica una leve ventaja relativa de las grandes superficies.

En Rosario, la carne vacuna subió 3,4% en enero y 66,7% interanual. El asado se vendió a $18.439 por kilo y el vacío a $20.100. En Córdoba, el aumento mensual fue más pronunciado: 6,8% en enero y 69,8% anual. Allí, la tapa de asado registró una variación mensual del 11%, una de las más elevadas del período.

La media res en el AMBA, por su parte, avanzó 2,7% en enero y 70,8% en doce meses, confirmando que la presión de precios se origina en la hacienda y se traslada progresivamente al consumidor final.

La carne vacuna no es un alimento más en la Argentina: es un componente identitario y cultural. Que su precio crezca muy por encima del índice general y de otras proteínas implica un cambio en la estructura de consumo. La ampliación de la brecha relativa incentiva la sustitución hacia pollo y cerdo, al tiempo que tensiona el presupuesto de los hogares.

El gráfico comparativo entre IPC y carne vacuna muestra una divergencia sostenida durante el último año. Incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria, el producto bovino mantiene una dinámica superior al promedio.

Un desafío para el consumo interno
Con aumentos anuales cercanos al 70% en las principales plazas relevadas y variaciones que duplican o triplican las de sus sustitutos, la carne vacuna consolidó en enero un proceso de encarecimiento relativo. El fenómeno se produce en un escenario de recuperación incipiente del poder adquisitivo, donde cada punto porcentual incide en la capacidad de compra.
El resultado es una mesa más cara y una reconfiguración silenciosa del consumo. La brecha entre el asado y otras carnes ya no es coyuntural, sino estructural. Y plantea un interrogante de fondo: hasta qué punto el tradicional liderazgo de la carne vacuna en la dieta argentina podrá sostenerse si su precio continúa corriendo por encima de la inflación general y del resto de las proteínas.