El sindicalismo movilizó contra la eliminación del fuero laboral nacional y el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires
La CGT acompañó la protesta convocada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación frente al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en el proyecto de reforma laboral. Los gremios advierten que la medida es inconstitucional y que podría restringir el acceso efectivo de los trabajadores a la Justicia.
El debate por la reforma laboral sumó un nuevo frente de conflicto: la eventual eliminación del fuero laboral nacional y su transferencia a la Ciudad de Buenos Aires. La discusión, que trasciende el plano técnico, abrió un capítulo de alta sensibilidad institucional y sindical. Este martes, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, judiciales y dirigentes gremiales escenificaron su rechazo con una movilización y un paro parcial de actividades desde las 11.
La CGT, a través de un pronunciamiento público, fue categórica: “No al traspaso de la Justicia Laboral Nacional”. En el mismo mensaje sostuvo que ese fuero constituye “una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores” y que su fragmentación implicaría debilitar la tutela judicial en materia laboral. La central subrayó que defender la competencia nacional es resguardar el equilibrio en las relaciones de trabajo.
Un punto sensible de la reforma
El traspaso está contemplado en el proyecto de reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso. Desde el sindicalismo judicial sostienen que los artículos vinculados a esta modificación fueron incorporados sin debate suficiente y que su alcance podría alterar de manera estructural el esquema judicial vigente.
El secretario general de la UEJN, Julio Piumato —quien además se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CGT— calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y la consideró “totalmente inconstitucional”. En su diagnóstico, no se trata de una simple reasignación administrativa, sino de “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional”, con potencial impacto sobre otros fueros, como el comercial.
“Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, remarcó el dirigente, al advertir que la medida implicaría avanzar hacia un esquema “totalmente unitario”, en tensión con el carácter federal del país. La afirmación busca situar el conflicto en una dimensión institucional más amplia, que excede la coyuntura laboral.
Simultáneamente a la reclamación, desde el lunes permanece ocupado el edificio de Diagonal Norte 760, sede de la Justicia del Trabajo, como parte del plan de lucha del gremio. El dato no es menor: la ocupación simboliza la defensa física de un ámbito que los trabajadores consideran amenazado.
“No va a haber lugar donde reclamar”
La secretaria general adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky, explicó que el núcleo de la preocupación radica en la eventual pérdida de un ámbito especializado para canalizar reclamos laborales. “Si liquidamos de un soplido la Justicia del Trabajo, no va a haber lugar donde los trabajadores puedan reclamar por la inconstitucionalidad de los artículos que se van a votar este viernes”, sostuvo.
Su advertencia combina dos dimensiones. Por un lado, la tutela judicial efectiva: el fuero laboral ha sido históricamente un espacio específico para dirimir conflictos entre empleados y empleadores bajo criterios protectores. Por otro, el impacto interno: cerca de 1.600 trabajadores judiciales podrían ver afectadas sus funciones de manera progresiva, lo que genera —según describió— un clima de incertidumbre y angustia.
Desde el sector sindical se argumenta que el cambio de jurisdicción podría diluir la especialización y fragmentar criterios jurisprudenciales, debilitando la posición de los trabajadores frente a litigios complejos. Quienes defienden el traspaso, en cambio, sostienen que se trata de una adecuación institucional en línea con el proceso de autonomía porteña. La controversia, en definitiva, expone visiones contrapuestas sobre el alcance de la reforma y sobre el modelo de administración de justicia.
Más que una discusión técnica
El conflicto revela que la reforma laboral no se agota en la regulación de contratos o indemnizaciones. También pone en cuestión el andamiaje institucional que garantiza su aplicación. El fuero laboral ha sido, desde su creación, un pilar en la arquitectura de protección del trabajo en la Argentina. Alterar su competencia implica redefinir no solo circuitos administrativos, sino también equilibrios históricos entre capital y trabajo.
En ese marco, la presencia de la CGT junto a los judiciales no es un gesto menor. Supone una señal de alineamiento en un momento en que el movimiento obrero debate estrategias frente al Gobierno y evalúa el alcance de las transformaciones en curso.
La movilización frente al Palacio de Tribunales sintetiza una disputa que combina derecho, política e institucionalidad. Para los gremios, el traspaso del fuero laboral constituye un retroceso que compromete el acceso a la Justicia y debilita la protección de los trabajadores.
Para el oficialismo, forma parte de un rediseño más amplio del sistema laboral y judicial.
El desenlace parlamentario definirá el rumbo inmediato. Pero el debate ya dejó una certeza: cualquier modificación del fuero del trabajo impacta en el corazón del sistema de garantías laborales. En esa intersección entre reforma y tutela judicial se juega algo más que una cuestión de competencias; se dirime el alcance real de los derechos en el mundo del trabajo.
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Paro universitario nacional: docentes y no docentes profundizan medidas durante noviembre
Los docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) adheririeron este miércoles 28 de octubre al paro nacional universitario, en una disputa que combina reclamos salariales, financiamiento institucional y cuestionamientos por la continuidad de las clases.
Adicus y APUNSJ confirmaron su participación en la jornada, mientras que el primero también se sumará a la huelga semanal convocada por CONADU Histórica, prevista hasta el 3 de noviembre.
La protesta exige que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y revise la política salarial aplicada a docentes y trabajadores de las casas de altos estudios. El desacuerdo se profundizó luego de que la administración de Javier Milei ofreciera un aumento del 3% en la última instancia paritaria, propuesta que recibió objeciones de las organizaciones gremiales.
El reclamo tuvo una expresión masiva en la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y continuará ahora con nuevas medidas de fuerza. Los sindicatos sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y las restricciones presupuestarias comprometen tanto las condiciones laborales como el funcionamiento de las instituciones públicas.
La continuidad de las clases, bajo discusión judicial
La falta de clases en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan trasladó el conflicto a la Justicia Federal tras un reclamo de padres
Ante esa presentación, la universidad llevó a la Justicia Federal un plan de adecuación de contenidos. La medida busca atender las consecuencias académicas derivadas de las interrupciones, mientras las huelgas continúan sujetas a la adhesión de los trabajadores.
El episodio expone una dificultad adicional para las autoridades universitarias: compatibilizar el derecho a la protesta sindical con la continuidad de las trayectorias educativas. Por el momento, la convocatoria gremial para este miércoles se mantiene.
Una negociación salarial sin acuerdo
La oferta oficial de una suba del 3% se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno y las organizaciones docentes. Los gremios consideran insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos y reclaman, además, la aplicación efectiva de la ley que regula el financiamiento universitario.
Con el conflicto todavía abierto, la discusión ya no se limita a la actualización de los salarios: también compromete la previsibilidad presupuestaria de la UNSJ y la organización del calendario académico. La evolución de la negociación nacional y las decisiones judiciales serán determinantes para establecer cuánto más se prolongará la interrupción de las clases.
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Menos compras y crédito en retroceso: las señales de alerta del consumo argentino
El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.
La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.
Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.
Transporte y recreación, entre los rubros más afectados
El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.
Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.
En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.
El crédito pierde fuerza y condiciona las compras
La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.
Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.
La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.
Departamentales
Ruta 40 Norte: Mapal construirá el primer tramo con fondos del acuerdo con Vicuña
La recuperación de la Ruta Nacional 40 Norte tendrá su primer contrato en manos de una empresa local. El Gobierno de San Juan adjudicó a Mapal S.A.C.I.A. la reconstrucción de los 28 kilómetros comprendidos entre San Roque y Tucunuco, en Jáchal, por una oferta cercana a los $26.988 millones. La intervención abrirá la ejecución del programa vial financiado con los US$ 250 millones acordados con la minera Vicuña.
La propuesta de la firma, perteneciente a la familia Palucchini, superó en unos $885 millones el presupuesto oficial de $26.103 millones. Aunque fue el cuarto monto más bajo entre seis oferentes, resultó seleccionada para ejecutar el primero de los tramos previstos en la recuperación de este corredor.
Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad y la seguridad de una ruta clave para la circulación entre el Gran San Juan y el norte provincial. La calzada actual, de unos 6,30 metros de ancho promedio, pasará a medir 7,30 metros. Se conservarán dos carriles, uno por sentido, y se incorporarán banquinas de tres metros a cada lado, con superficies pavimentadas y de material granular.
El proyecto incluye pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores dañados y refuerzo de la estructura vial donde sea necesario ampliar la traza. También prevé adecuaciones en alcantarillas y sifones, elevación del camino en puntos determinados y obras de drenaje para mejorar el escurrimiento del agua.
Mapal compitió con Sigma S.A. junto con LLP Pietroboni, Ivica Dumandzic, Federico Hnos., Armegom en asociación con BWT —Burgwardt y Cía.— y Menin Construcciones. Tras la adjudicación, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, estimó que las tareas podrían comenzar en aproximadamente una semana, con la expectativa de iniciar los trabajos a principios de noviembre.
Una inversión vial de mayor alcance
La intervención en Jáchal forma parte de un programa que abarca 143 kilómetros entre Albardón y San Roque. El proyecto contempla una doble calzada entre Albardón y Villicum, terceras trochas desde Villicum hasta Talacasto y mejoras en la traza hacia el norte provincial, con obras diferenciadas según las características de cada tramo.
El financiamiento provendrá de los US$ 250 millones comprometidos por Vicuña, mediante un acuerdo que requirió aprobación legislativa. La adjudicación de Mapal representa el primer paso concreto de ese esquema de inversión en infraestructura vial.
El cronograma de otras obras, sin embargo, todavía debe completar instancias administrativas. La licitación para transformar en autovía los 3,7 kilómetros entre Callejón Blanco y calle Rawson fue prorrogada hasta el 6 de noviembre, luego de que las empresas interesadas solicitaran más tiempo para elaborar sus propuestas.
Con una inversión estimada en $85.000 millones y un plazo de ejecución de 915 días corridos, el proyecto prevé cuatro carriles separados por una barrera de hormigón, colectoras, bicisenda y cruces a distinto nivel. También incluye cuatro puentes sobre el río San Juan y en las calles De la Roza, Sarmiento y Rawson.
Las consultas empresariales estuvieron vinculadas con la complejidad técnica de las obras, la construcción de puentes y la organización de los desvíos de tránsito. La extensión del plazo no altera la adjudicación del tramo San Roque-Tucunuco.
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