Consenso político en San Juan para intervenir corredores estratégicos bajo órbita federal
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la adenda al convenio con Vialidad Nacional que habilita a la gestión de Marcelo Orrego a ejecutar obras en tramos de las rutas nacionales 20 y 150. El peronismo acompañó la iniciativa, pero cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el deterioro vial y la paralización de inversiones.
En una sesión extraordinaria que combinó consenso institucional y fricción política, la Cámara de Diputados dio luz verde a la adenda que permitirá a la Provincia intervenir en corredores viales cuya jurisdicción corresponde a la Nación. La decisión, adoptada sobre tablas y con respaldo de todos los bloques, habilita al Ejecutivo local a avanzar sobre puntos críticos de la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 150, ante el deterioro acumulado y la falta de ejecución de obras por parte del Estado nacional.
El acuerdo con Vialidad Nacional constituye, en los hechos, una cesión operativa para que la provinncia asuma tareas de infraestructura en tramos considerados estratégicos para la seguridad y el desarrollo productivo. La intervención más inmediata se concretará en la intersección de la Ruta 20 con calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, un nodo de alto tránsito que concentra circulación urbana e interdepartamental.
En este sentido, la Provincia encarará mejoras en distintos cruces de la Ruta 150, en el departamento Iglesia: calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli. Se trata de sectores con relevancia turística y minera, donde la conectividad y la seguridad vial resultan determinantes para la actividad económica.
Acompañamiento con críticas
El respaldo legislativo no estuvo exento de cuestionamientos. Desde el bloque peronista se acompañó la herramienta legal, aunque con fuertes objeciones hacia la administración libertaria. El diputado Mario Herrero, del espacio San Juan Vuelve, planteó que las rutas nacionales evidencian un marcado deterioro y denunció una “ausencia total” del Estado nacional en materia de mantenimiento.
El señalamiento apunta a un debate más amplio: la recaudación de fondos específicos para infraestructura vial frente a la falta de ejecución de obras. En ese marco, legisladores del arco opositor subrayaron que la Provincia se ve obligada a intervenir para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad en corredores clave para la producción, el turismo y la integración regional.
La discusión trasciende la coyuntura provincial. La decisión de asumir competencias sobre rutas federales refleja el reordenamiento de responsabilidades que atraviesan las provincias en un contexto de ajuste del gasto nacional. Mientras la Casa Rosada sostiene la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, los gobiernos provinciales enfrentan la presión de sostener servicios e infraestructura esenciales.
Federalismo en tensión
La adenda aprobada expone, además, una presión estructural en el esquema federal: la administración nacional conserva la titularidad de las rutas, pero la ejecución material queda en manos de la Provincia. Este mecanismo, que requiere coordinación técnica y financiera, evidencia la complejidad de sostener infraestructura estratégica en tiempos de restricciones presupuestarias.
En términos políticos, el gobernador Orrego logró un respaldo transversal que le permite avanzar con obras largamente demandadas. El consenso alcanzado en el recinto —más allá de las diferencias expresadas— revela una prioridad compartida: evitar que la discusión partidaria paralice soluciones concretas.
La aprobación unánime de la adenda vial sintetiza una doble dinámica. Por un lado, la necesidad pragmática de garantizar seguridad y conectividad en rutas neurálgicas para San Juan. Por otro, la creciente tirantez entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento y la ejecución de infraestructura.
El desafío inmediato será traducir el aval legislativo en obras efectivas. En un escenario de restricciones fiscales y debates sobre el rol del Estado, la decisión de la Legislatura marca una definición política clara: cuando la infraestructura crítica se deteriora, la responsabilidad pública no admite dilaciones, aun cuando ello implique asumir competencias que formalmente pertenecen a otro nivel de gobierno.
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Crece la preocupación en la construcción por la paralización de proyectos públicos
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.
Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.
Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.
La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.
El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.
CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.
Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.
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Jerárquicos de Comercio acusan a ChangoMás de reemplazar salarios por órdenes de compra
Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.
El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.
La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.
La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.
Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.
La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.
Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.
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Orrego puso en valor a las empresas que invierten y generan trabajo en San Juan
Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.
La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.
Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.
En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.
El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.
Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.
La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.
La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.
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