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Con la inminente sanción de la reforma impulsada por el presidente Milei, las centrales sindicales anticipan una batería de presentaciones judiciales. Especialistas en derecho laboral y constitucional advierten sobre un escenario complejo: la disputa podría fragmentarse en litigios individuales y recorrer un largo derrotero hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin garantías de un fallo con efectos generales.

Apenas la ley sea promulgada, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acudirán a los tribunales. Así lo confirmaron sus dirigentes, entre ellos Jorge Sola y el diputado sindical Hugo Yasky, quienes anticiparon que la estrategia combinará planteos por inconstitucionalidad, afectación de derechos individuales y vulneración de derechos colectivos.

El cuestionamiento central se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que consagra el principio protectorio del trabajo— y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según los especialistas consultados por distintos medios, la reforma introduciría una regresión en estándares mínimos de tutela laboral, lo que chocaría con el principio de progresividad de los derechos sociales.

  1. Amparo colectivo en la Justicia del Trabajo
    La primera vía probable es la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Nacional del Trabajo. Esta herramienta permitiría impugnar la constitucionalidad de la norma en su conjunto o de artículos específicos —como los vinculados al banco de horas, la fragmentación de vacaciones o el Fondo de Asistencia Laboral— con el objetivo de obtener una declaración de invalidez general.
    Sin embargo, el antecedente del DNU 70/2023 dejó una señal ambigua. Si bien la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral, la cuestión terminó diluyéndose en un laberinto procesal que reforzó la tendencia a analizar cada conflicto en forma individual. La clave será si los jueces reconocen legitimación amplia a las centrales sindicales o restringen la discusión a casos concretos.
  2. Demandas individuales “caso por caso”
    Aquí aparece la principal apuesta del oficialismo: que cualquier controversia se dirima únicamente cuando exista un trabajador afectado en un conflicto específico —por ejemplo, ante un despido o la aplicación de una jornada extendida—.
    En ese escenario, la discusión se atomiza. Cada trabajador debería iniciar su propio juicio, atravesar primera y segunda instancia, eventualmente llegar a una corte provincial y recién después aspirar a la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proceso sería largo, costoso y con efectos limitados al caso particular.
    El riesgo señalado por constitucionalistas es evidente: aun cuando un artículo sea declarado inconstitucional en un expediente puntual, la estructura general de la ley seguiría vigente para el resto de las relaciones laborales.
  3. Fuero Contencioso Administrativo
    Otra alternativa es accionar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, sobre todo si se cuestionan actos reglamentarios del Poder Ejecutivo o la validez formal del proceso legislativo. Esta vía podría habilitar planteos más amplios, aunque también enfrenta el escollo de la legitimación y la posible fragmentación de criterios entre tribunales.
  4. Planteos sectoriales y derechos colectivos
    Sindicatos específicos ya analizan acciones focalizadas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), por ejemplo, prepara un planteo por la derogación del Estatuto del Periodista, alegando regresividad e irrazonabilidad normativa. La estrategia apunta a defender derechos colectivos como la negociación paritaria, la huelga y la libertad sindical.
    En estos casos, la discusión podría adquirir mayor densidad constitucional, ya que involucra garantías que trascienden la esfera individual y afectan la estructura de representación gremial.
    El factor Corte y el nuevo mapa judicial
    Un elemento adicional complejiza el panorama: tras el precedente “Levinas”, el tribunal revisor de la Cámara Nacional del Trabajo pasó a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires antes de la eventual intervención de la Corte nacional. Este rediseño institucional altera la dinámica tradicional y podría influir en los tiempos y alcances de los fallos.
    En la práctica, cualquier definición de fondo podría tardar años en consolidarse. Y aun así, el máximo tribunal podría optar por resolver únicamente sobre el caso concreto, sin invalidar la norma en abstracto.
    Un conflicto de fondo
    La discusión judicial no será meramente técnica. En juego está la tensión entre el principio protectorio del derecho laboral y la potestad del Congreso para redefinir el marco normativo de las relaciones de trabajo.
    Para el movimiento obrero, la reforma implica una regresión estructural incompatible con el mandato constitucional. Para el oficialismo, en cambio, se trata de modernizar un esquema que consideran rígido y disfuncional.

    Las vías judiciales existen y ya están en preparación. Amparos colectivos, demandas individuales y planteos sectoriales conformarán una ofensiva legal que buscará frenar o al menos limitar la aplicación de la reforma laboral. Sin embargo, el escenario es incierto.
    Si los tribunales optan por el “caso por caso”, la disputa se fragmentará y se extenderá en el tiempo, reduciendo el impacto general de cualquier fallo favorable a los trabajadores. El desenlace dependerá, en última instancia, de cómo el Poder Judicial interprete su rol frente a una ley que redefine —y para muchos recorta— el alcance de los derechos consagrados en el artículo 14 bis.

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El BCRA reglamentó las cuentas sueldo en dólares y avanzó la reforma laboral

La Comunicación «A» 8460 incorporó al dólar entre las monedas habilitadas para las cuentas sueldo y permitió a los bancos acreditar remuneraciones en moneda extranjera. La modalidad será voluntaria y dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

El Banco Central de la República Argentina completó la reglamentación necesaria para que las empresas puedan pagar salarios en dólares al habilitar oficialmente las cuentas sueldo denominadas en esa moneda. La medida, formalizada mediante la Comunicación «A» 8460, adapta la normativa bancaria a la reforma laboral aprobada por el Congreso y permite que las entidades financieras administren cuentas sueldo en dólares bajo las mismas condiciones de gratuidad que las existentes en pesos.

La decisión da cumplimiento a la Ley 27.802, que modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que las remuneraciones podrán abonarse en dinero «ya sea en moneda nacional o extranjera». Hasta ahora, el régimen de cuentas sueldo solo contemplaba depósitos en pesos.

La reglamentación garantiza que la apertura y el mantenimiento de estas cuentas no tendrán costo para el trabajador hasta el monto acreditado por la relación laboral. Además, los fondos podrán permanecer depositados por tiempo indefinido sin generar cargos de administración, replicando el esquema vigente para las cuentas sueldo tradicionales.

El Banco Central también fijó las condiciones operativas para el manejo del efectivo. Los bancos deberán asegurar depósitos y extracciones de dólares en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta, mientras que la disponibilidad del servicio en otras sedes, cajeros automáticos o terminales de autoservicio quedará sujeta al stock de billetes y a la capacidad operativa de cada entidad.

Pese a que el marco regulatorio quedó plenamente definido, la posibilidad de generalizar el pago de salarios en moneda extranjera todavía enfrenta obstáculos. Las restricciones que continúan alcanzando a las personas jurídicas para acceder libremente al mercado cambiario limitan la compra de divisas destinada a este tipo de operaciones. En ese sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ya había señalado meses atrás que flexibilizar esos controles no figuraba entre las prioridades inmediatas del organismo.

Por esa razón, el nuevo esquema aparece, en principio, como una alternativa con mayores posibilidades de aplicación en empresas que generan ingresos en dólares o mantienen una estrecha vinculación con mercados internacionales. Entre ellas sobresalen las vinculadas a la economía del conocimiento, la industria del software, los servicios profesionales exportables y otras actividades tecnológicas que compiten por talento altamente calificado.

La nueva modalidad tampoco modifica el régimen general de las relaciones laborales. El pago de salarios en dólares deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes y no reemplaza automáticamente la remuneración en pesos ni altera los restantes derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral vigente.

Como paso final, el Banco Central informó que enviará a las entidades financieras las actualizaciones correspondientes del texto ordenado sobre depósitos de ahorro, cuentas sueldo y cuentas especiales para adecuar toda la normativa operativa al nuevo régimen. La Comunicación «A» 8460 lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

La decisión representa uno de los cambios más relevantes derivados de la reforma laboral en materia de remuneraciones. Aunque su implementación masiva dependerá de la evolución del régimen cambiario y de la voluntad de empleadores y trabajadores, el sistema financiero ya dispone del instrumento legal necesario para acreditar salarios en dólares, una modalidad que podría comenzar a expandirse en aquellos rubros con mayor integración a la economía internacional.

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El Gobierno avanza con la renovación del Parque de Mayo y abre las ofertas de una obra millonaria

El miércoles se realizará la apertura de sobres de la licitación para una obra valuada en más de $3.223 millones. El proyecto prevé construir tres locales gastronómicos, renovar la infraestructura peatonal y recuperar un espacio que hoy presenta deterioro urbano, con una intervención integrada al entorno cívico y cultural de la ciudad.

El Gobierno de San Juan dará un paso decisivo en la renovación del Parque de Mayo cuando el próximo miércoles abra los sobres de la licitación pública para ejecutar la obra «Intervención Parque de Mayo Sector 3 – Espacios Verdes y Construcción de Locales Gastronómicos», una iniciativa que demandará una inversión oficial de $3.223.777.891,32, calculada a valores de junio de 2026.

La propuesta apunta a recuperar un área que actualmente evidencia deficiencias en iluminación, circulación peatonal y equipamiento urbano, con el propósito de convertirla en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes. La incorporación de infraestructura comercial busca, además, generar mayor permanencia de personas y reforzar la seguridad mediante un uso más intenso del espacio público.

El proyecto contempla la construcción de tres edificios destinados a emprendimientos gastronómicos, emplazados sobre plataformas elevadas y diseñados con un sistema constructivo mixto que combinará hormigón armado, estructuras metálicas livianas y materiales de bajo mantenimiento. La iniciativa pretende armonizar la nueva arquitectura con el paisaje del principal pulmón verde de la capital sanjuanina.

Otro de los aspectos centrales será la incorporación de criterios de accesibilidad universal. Todo el recorrido contará con rampas y pisos podotáctiles para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Asimismo, los nuevos edificios estarán vinculados de manera fluida entre la calle Laprida y la avenida Libertador, favoreciendo la conectividad peatonal.

La intervención también incluirá la ampliación y renovación de las veredas sobre calle Laprida, junto con la instalación de mobiliario urbano, nueva iluminación LED y espacios de permanencia. Estas mejoras permitirán integrar el paseo con dos de los principales edificios institucionales y culturales de la provincia: el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y la Legislatura de San Juan, fortaleciendo la continuidad urbana del área.

Para garantizar el funcionamiento de los futuros locales, la obra prevé ejecutar un nuevo tendido de gas natural de aproximadamente 180 metros sobre calle Laprida, además de adecuar las redes de agua potable y cloacas. También se incorporará un sistema lumínico diseñado tanto para resaltar la arquitectura como para incrementar la seguridad durante las horas nocturnas.

El pliego establece un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la firma del acta de inicio. Además, fija como requisito que las empresas nacionales interesadas participen mediante una Unión Transitoria (UT) junto a firmas radicadas en San Juan, las cuales deberán poseer una participación mínima del 40% en la asociación, una condición que busca favorecer la participación del empresariado local y la generación de empleo provincial.

El procedimiento licitatorio comenzará con la apertura del Sobre N.º 1, que contiene la documentación técnica, legal y administrativa de los oferentes. Una vez concluido el análisis por parte de la comisión evaluadora, se procederá a abrir el Sobre N.º 2, correspondiente a las propuestas económicas, instancia en la que se determinará cuál resulta más conveniente para el Estado.

La intervención representa una de las inversiones urbanas más importantes previstas por la Provincia para 2026. Más allá de la incorporación de un nuevo polo gastronómico, la obra busca revalorizar uno de los espacios públicos más representativos de San Juan, potenciar su integración con el circuito institucional y cultural de la capital y consolidar un área destinada al esparcimiento, el turismo y el desarrollo económico local.

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Departamentales

Una falla en Punta de Rieles dejó sin luz a amplios sectores de San Juan

La distribuidora informó que la interrupción del suministro se originó por una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Chimbas y Rivadavia concentraron la mayor cantidad de usuarios afectados y el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva durante la noche.

Miles de usuarios del Gran San Juan permanecieron durante varias horas sin suministro eléctrico este sábado como consecuencia de una falla registrada en la Estación Transformadora (ET) Punta de Rieles, según confirmó Naturgy mediante un comunicado oficial. La interrupción impactó principalmente en los departamentos de Chimbas y Rivadavia, donde se multiplicaron los reclamos por la falta de energía.

La empresa precisó que el desperfecto se produjo en una instalación estratégica para la distribución eléctrica de esa área, lo que obligó a desplegar cuadrillas técnicas para reparar la avería y ejecutar las maniobras necesarias para restituir el servicio.

Mientras avanzaban los trabajos, la compañia informó que sus equipos operaban de manera ininterrumpida para recuperar el abastecimiento «a la mayor brevedad posible», al tiempo que mantuvo el seguimiento de la evolución del sistema.

Después de las 20.15 del sábado comenzó la restitución gradual de la energía en los barrios alcanzados por el corte. La normalización se realizó de forma progresiva para garantizar la estabilidad de la red y evitar nuevas interrupciones durante las maniobras de recuperación.

Naturgy indicó que continuará informando sobre la recuperación total del servicio a través de sus canales oficiales y recordó que los usuarios pueden realizar consultas, reclamos o denuncias mediante la Oficina Virtual o comunicándose a la línea gratuita 0800-666-3637.

El episodio volvió a poner de relieve el impacto que generan las fallas en la infraestructura eléctrica sobre miles de hogares y comercios del Gran San Juan, especialmente cuando afectan instalaciones de alta importancia para la distribución del suministro en la provincia.

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