La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó para este miércoles 12 de agosto a una movilización nacional. La concentración central será a las 16 en el Obelisco y habrá réplicas en universidades, plazas y centros de investigación de todo el país. El reclamo se produce tras la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet y por el fuerte deterioro presupuestario y salarial del sistema científico.

La movilización adquirió mayor intensidad luego de que el Gobierno dejara sin renovación a 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos finalizaron el 31 de julio. Los gremios consideran que la decisión no representa solamente una reducción de puestos de trabajo, sino también la interrupción de investigaciones que demandaron años de formación y financiamiento público.

Juan Manuel Sueiro, delegado de ATE en el organismo, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que las bajas afectan líneas de investigación vinculadas con nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo también apunta al deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Según cálculos difundidos por Chequeado, el presupuesto correspondiente a esa función acumuló entre 2023 y 2026 una caída del 50,2% en términos reales, mientras que el Gobierno reconoció ante el Congreso una reducción de al menos el 40%.

A ese retroceso se suma la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una disminución real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que los trabajadores científicos comprendidos en el SINEP registran una merma del 32,2%.

Otra de las demandas apunta a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal organismo de financiamiento de proyectos científicos, que no abrió nuevas convocatorias desde diciembre de 2023, según las organizaciones del sector.

La reducción de recursos también alcanzó a otros organismos científicos y tecnológicos, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los gremios denuncian interrupciones de proyectos y advierten sobre la pérdida de capacidades acumuladas durante años.

En este sentido, investigadores y especialistas alertaron por una nueva salida de profesionales hacia otros países de la región, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay. La comparación con la emigración de científicos registrada durante la década de 1990 volvió a instalarse en el debate sobre las consecuencias de la falta de financiamiento y de perspectivas laborales.

La jornada de este miércoles se inscribe en una sucesión de protestas protagonizadas durante 2026 por universidades, docentes, investigadores y trabajadores científicos. Entre ellas se encuentra la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

Luego de algunos años abocada a la normalización de la mayor parte de sus 80 regionales, la CGT encara la renovación de sus cúpulas provinciales. Con San Juan votando el 25 de agosto, y Chaco junto a La Pampa en pleno proceso de definición, la interna gremial ya se conecta directamente con la construcción política hacia el escenario electoral de 2027.

La CGT comienza a jugar una nueva partida en las provincias. Después de cinco años de normalizaciones y unificaciones en buena parte de sus más de 80 regionales, durante 2026 empiezan a vencer los mandatos de cuatro años de las conducciones que surgieron de aquel proceso. La central obrera deberá ahora resolver quiénes continuarán al frente de esas estructuras y quiénes intentarán disputar el poder construido desde 2021.

La renovación llega en un momento distinto al de la etapa anterior. La tarea ya no consiste principalmente en reconstruir conducciones fragmentadas o resolver la existencia de autoridades paralelas, sino en definir liderazgos para los próximos cuatro años. Dicha deliberación se produce simultáneamente con el endurecimiento de la postura de la CGT frente al oficialismo y el inicio del armado electoral para 2027.

También cambió el interlocutor de la conducción nacional. La Secretaría del Interior, que tuvo a su cargo buena parte de las normalizaciones, ya no está conducida por Abel Furlán, de la UOM. Ahora es Héctor Daer quien participa de las negociaciones con las estructuras provinciales.

Las regionales tienen una importancia que excede la representación gremial. En numerosas provincias funcionan como espacios de articulación del movimiento obrero y conservan vínculos históricos con el peronismo. Sus autoridades pueden incidir en la construcción territorial, la definición de candidaturas y la representación sindical dentro de las futuras alianzas electorales.

Por eso, las elecciones que comenzarán a multiplicarse durante este año pueden transformarse en una primera medición de fuerzas hacia 2027. La disputa no se limitará a quién ocupará una secretaría general: también estará en juego qué sindicatos tendrán mayor capacidad de representación y qué dirigentes llegarán con mejores condiciones para intervenir en la discusión política.

San Juan, una elección que concentra la disputa

San Juan aparece entre los primeros casos donde esa pulseada adquiere especial relevancia. La CGT Regional San Juan elegirá autoridades el 25 de agosto, en un plenario convocado por la conducción nacional y reservado a las organizaciones confederadas que tengan jurisdicción en la provincia.

El actual titular , Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la UOCRA, buscará renovar su mandato con el respaldo de numerosos sindicatos. El reglamento establece que cada organización habilitada tendrá un representante. Si existe una única nómina, podrá ser consagrada por aclamación; si se presentan dos o más listas, la definición será mediante voto secreto y ganará la que obtenga mayoría simple.

La renovación, sin embargo, ya generó movimientos dentro del sindicalismo provincial. Una Intersindical integrada por organizaciones como ASIJEMIN, UOM, SATSAID, ATE, La Bancaria y SIDUNSJ, entre otras, comenzó a reclamar mayor protagonismo y abrió una discusión sobre la conducción de la central.

Los cortocircuitos políticos comenzaron a repercutir en el peronismo de San Juan. Por un lado, el exmandatario provincial Sergio Uñac hizo un llamado a resguardar la cohesión sindical; por el otro, los sectores distanciados de la dirigencia tradicional impulsaron el regreso de las 62 Organizaciones Peronistas como eje de representación gremial y política.

La elección del 25 de agosto tendrá, por lo tanto, una lectura que irá más allá de la composición de la próxima conducción. El resultado permitirá medir la relación de fuerzas entre los gremios, determinará quién tendrá capacidad de interlocución con la CGT nacional y puede influir en el lugar que ocupará el movimiento obrero dentro del armado peronista provincial de cara a 2027.

La Resolución 1066/2026 habilitó el cobro de prestaciones no urgentes a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales. En San Juan, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la provincia no aplicará la medida por ahora: registra un promedio de apenas 102 consultas anuales de personas extranjeras.

El Gobierno provincial decidió mantener la gratuidad de la atención sanitaria para extranjeros, pese a la resolución nacional que habilita el cobro de prestaciones no urgentes a quienes no acrediten residencia permanente en el país. El ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, sostuvo que el volumen de consultas registrado en la provincia no justifica modificar la política vigente.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. Su alcance se limita a los establecimientos administrados por el Estado nacional, por lo que las provincias conservan capacidad para definir el funcionamiento de sus propios hospitales públicos.

En San Juan, la principal razón para sostener la gratuidad está en las estadísticas. De acuerdo con los registros citados por Dobladez, durante los últimos tres años se contabilizó un promedio de 102 consultas anuales de personas extranjeras, una cifra considerada marginal frente al volumen total de atención del sistema provincial.

“Por ahora no se va a cobrar”, afirmó el ministro en declaraciones radiales. El funcionario remarcó que la provincia tiene autonomía para administrar los recursos destinados a sus hospitales y sostuvo que el impacto de la atención a extranjeros es actualmente reducido.

El funcionario también vinculó la decisión con el perfil turístico de San Juan. A su entender, garantizar el acceso gratuito a la salud puede constituir un atractivo para quienes visitan la provincia, mientras que establecer requisitos adicionales podría desalentar la llegada de turistas.

La definición, sin embargo, no fue presentada como irreversible. El ministro advirtió que la provincia podría revisar la política si las estadísticas experimentan un crecimiento considerable. En particular, mencionó como referencia que las 102 consultas anuales actuales llegaran a duplicarse o triplicarse.

El otro factor señalado por el funcionario es el crecimiento de la minería y la eventual llegada de trabajadores extranjeros vinculados con nuevos proyectos. En ese caso, Dobladez sostuvo que las empresas deberán garantizar la cobertura sanitaria de sus empleados y fue categórico: “El Estado no tiene que subsidiar a las empresas”.

Los extranjeros con residencia permanente acreditada por DNI conservan la paridad de trato en la atención sanitaria. Quienes carezcan de esta condición deberán abonar de forma anticipada las prestaciones programadas o exhibir una cobertura médica vigente.

La reglamentación también preserva el acceso irrestricto ante emergencias médicas, independientemente de la condición migratoria. Infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias, emergencias obstétricas y otras patologías que impliquen un riesgo inmediato para la vida o una función vital quedan exceptuadas del cobro.