La industria automotriz comenzó 2026 con un marcado retroceso productivo. En enero se fabricaron apenas 20.998 vehículos, lo que implicó una caída del 30,1% interanual y del 20,7% respecto de diciembre. También se contrajeron las exportaciones, mientras que las ventas internas lograron sostenerse levemente en un contexto de crisis sectorial, apertura importadora y creciente presión de los autos chinos.

El sector automotor argentino inició el año con señales contundentes de enfriamiento. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), durante enero se produjeron 20.998 unidades entre automóviles y vehículos comerciales livianos, un volumen sensiblemente inferior al registrado tanto en diciembre como en igual mes de 2025, cuando la producción había alcanzado las 30.058 unidades.

El derrumbe del 30,1% interanual refleja el impacto combinado de la desaceleración económica, el freno de la actividad industrial y un contexto cada vez más desafiante para la producción local. A ello se suma la apertura de importaciones, con un crecimiento sostenido del ingreso de vehículos chinos, que ya representan el 11% del mercado automotriz nacional y presionan sobre la competitividad de las terminales instaladas en el país.

Desde Adefa explicaron que parte de la caída responde a factores estacionales y organizativos. En enero, la mayoría de las plantas implementó paradas por vacaciones, con tres días menos de producción respecto del mismo mes del año pasado, una dinámica que en ejercicios anteriores se distribuía entre diciembre y febrero. Además, varias terminales atravesaron procesos de adecuación de líneas para la producción de nuevos modelos, lo que redujo la cadencia diaria.

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado”, explicó el presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano. No obstante, aclaró que para evaluar con mayor precisión el desempeño anual será necesario observar la evolución del primer trimestre.

Con un promedio diario de 1.750 unidades, los números de enero vuelven a encender luces de alerta en una industria que históricamente funciona como uno de los motores de la actividad manufacturera, el empleo y las exportaciones del país.

Exportaciones en retroceso y mercado interno estable

El deterioro también se reflejó en el frente externo. Las exportaciones totalizaron 9.759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual. Esto implicó una caída del 51% respecto de diciembre y una baja interanual del 12,3%, profundizando las dificultades para sostener el perfil exportador del sector.

En contraste, el mercado interno mostró un comportamiento más estable. Las entregas a concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades, lo que representó una contracción del 33,1% frente a diciembre, pero con una leve mejora del 0,7% en comparación con enero de 2025. Este dato sugiere que, pese al contexto recesivo, la demanda doméstica logró evitar un derrumbe mayor, aunque sin mostrar señales claras de recuperación.

Competitividad, impuestos y un escenario global adverso

Desde la conducción de Adefa advirtieron que el sector enfrenta un escenario internacional “cada vez más desafiante”, atravesado por la transformación tecnológica, la transición hacia nuevas motorizaciones y políticas activas de desarrollo industrial en los principales mercados del mundo. En ese marco, reclamaron profundizar el trabajo conjunto con el Estado para mejorar la competitividad sistémica.

Pérez Graziano destacó que en los últimos dos años se registraron avances a nivel nacional, especialmente en la reducción o eliminación de impuestos que tuvieron un impacto positivo en la actividad. Sin embargo, subrayó que resulta clave que provincias y municipios acompañen ese proceso, disminuyendo la carga fiscal que pesa sobre las exportaciones y facilitando el acceso a nuevos mercados.

El fuerte retroceso productivo de enero confirma que la industria automotriz atraviesa un momento crítico. La combinación de menor actividad, caída de exportaciones, apertura importadora y presión competitiva externa plantea un escenario complejo para uno de los sectores estratégicos de la economía argentina. Mientras el mercado interno muestra una estabilidad frágil, el desafío central sigue siendo recuperar volumen, competitividad y previsibilidad en un contexto económico que continúa mostrando señales de fragilidad.

La resolución del Ministerio de Desregulación limita contratos y obliga a jubilarse a trabajadores que no reúnen los años de aportes. El fin de la moratoria previsional agrava el impacto social y deja a miles sin empleo ni jubilación plena.

La política de ajuste sobre el Estado nacional sumó un nuevo capítulo de alto impacto social. Una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispuso la desvinculación forzada de trabajadores estatales que alcanzaron la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— incluso cuando no cuenten con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

La medida establece que los contratos de trabajadores en edad jubilatoria solo podrán prorrogarse por un plazo máximo de seis meses. Cumplido ese período, deberán cesar, quedando los empleados obligados a iniciar trámites previsionales aun cuando no reúnan los requisitos mínimos. En los hechos, esto implica que miles de personas quedarán sin trabajo y sin jubilación.

Intimación sin distinción y sin alternativas

La resolución ordena a los organismos del Estado presentar constancias de intimación a jubilarse de todo el personal que haya alcanzado la edad establecida por ley. Esta exigencia se convierte en condición para que el Gobierno habilite la renovación de otras contrataciones no permanentes, generando un fuerte mecanismo de presión administrativa.

El punto más crítico es que la intimación no distingue entre quienes cuentan con los 30 años de aportes requeridos y quienes no. Para este último grupo, la consecuencia es directa: pérdida del empleo y ausencia total de herramientas para completar los aportes faltantes, ya que el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a ese mecanismo. Su eliminación anticipa un escenario de exclusión previsional que ahora se profundiza con la desvinculación laboral forzosa.

La PUAM como única salida

Para quienes no logren jubilarse, la única alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Se trata de una prestación asistencial que no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, y que solo garantiza el acceso a la cobertura de PAMI.

En un contexto de caída sostenida del empleo privado —especialmente para mayores de 60 años— la posibilidad de reinsertarse laboralmente aparece como una opción casi inexistente.

Ajuste incluso en áreas críticas

La resolución se aplicará incluso en dependencias donde el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o en áreas que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo operativo, producto de los sucesivos recortes. El impacto no solo será social, sino también funcional, afectando la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles.

No es un hecho aislado. En octubre de 2024, la resolución 3/2024 de Sturzenegger ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. La nueva medida apunta, ahora, directamente a quienes no pueden jubilarse.

Casi 80 despidos por día

Las cifras dimensionan la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que en 2024, año que ya había registrado una caída superior al 10%.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% de la planta estatal. En términos concretos, son casi 80 despidos por día, según datos del Centro CEPA.

Rechazo sindical y alerta social

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta medida condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, denunció.

La resolución se inscribe en una situación donde casi un millón de jubilados cobran la mínima y muchos se ven obligados a seguir trabajando para sobrevivir. La combinación de despidos, eliminación de la moratoria y retiro forzoso configura un ámbito de fuerte regresión en materia de derechos laborales y previsionales.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La ofensiva del Ministerio de Desregulación no solo busca reducir el gasto público, sino redefinir el vínculo del Estado con sus trabajadores, trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables. La desvinculación de empleados mayores sin aportes suficientes marca un punto de inflexión: por primera vez, el ajuste no solo recorta empleo, sino que clausura el acceso a la jubilación plena.

El impacto social de esta decisión recién comienza a desplegarse, pero sus consecuencias ya anticipan un aumento de la precariedad, la desigualdad y la exclusión previsional en la Argentina.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunirá este viernes 6 de febrero, a las 11 de la mañana, a su Consejo Directivo en la sede histórica de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, con un único punto en agenda: el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La convocatoria, de carácter urgente, refleja el estado de alerta del movimiento obrero frente a una iniciativa que amenaza con alterar pilares centrales del régimen laboral argentino.

Según la comunicación oficial, el encuentro congregará a todos los miembros de la conducción cegetista con el objetivo de consensuar una postura común ante una reforma que genera creciente preocupación en los gremios por su impacto potencial sobre la estabilidad del empleo y las condiciones de trabajo.

Alerta sindical y líneas rojas claras

En la previa del cónclave, distintos sindicatos advirtieron que el proyecto oficial apunta a profundizar la flexibilización laboral y a debilitar los mecanismos de protección que rigen en el mercado de trabajo. Desde la CGT remarcan que existen límites infranqueables y que cualquier intento de avanzar sobre derechos adquiridos encontrará una respuesta unificada.

“Cualquier reforma que afecte la estabilidad laboral, la negociación colectiva o el régimen de indemnizaciones va a tener a la CGT en la vereda de enfrente”, señalaron dirigentes sindicales, marcando con claridad el posicionamiento que sobrevuela la reunión de este viernes.

La central obrera considera que el debate no puede reducirse a una discusión técnica ni imponerse de manera unilateral. Por el contrario, reclama un ámbito de diálogo real y advierte que no avalará modificaciones que impliquen un retroceso en las condiciones laborales.

Un clima social cada vez más tenso

La discusión sobre la reforma laboral se da en un marco de fuerte deterioro del poder adquisitivo, aumento de la conflictividad y una relación cada vez más áspera entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La combinación de ajuste fiscal, caída del empleo y reformas estructurales configura un escenario de alta sensibilidad social.

En ese sentido, la CGT sostiene que el costo del reordenamiento económico no puede recaer nuevamente sobre los trabajadores. “No se puede ajustar siempre sobre el mismo sector”, repiten desde distintos gremios, al tiempo que reclaman ser parte activa de cualquier discusión que implique cambios en el régimen laboral.

Posibilidades de acciónes contundentes

La reunión del Consejo Directivo aparece como un punto de inflexión. Si bien aún no hay definiciones formales, dentro de la central obrera no descartan avanzar con medidas de fuerza si el proyecto continúa su tratamiento en el Congreso sin incorporar los planteos del movimiento sindical.

La posibilidad de un plan de acción vuelve a instalarse en la agenda cegetista, en un momento donde la negociación política convive con la presión de las bases y la necesidad de mostrar cohesión frente a un Gobierno decidido a avanzar con reformas profundas.

Un debate de fondo sobre el modelo laboral

Más allá de la coyuntura, la discusión en torno a la reforma laboral expone un debate estructural sobre el modelo de relaciones laborales que se pretende para la Argentina. Para la CGT, el límite es inequívoco: modernizar no puede ser sinónimo de precarizar ni de erosionar derechos conquistados.

La definición que surja del encuentro de este viernes no solo marcará la estrategia sindical inmediata, sino que también delineará el rumbo de la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado en una etapa signada por la tensión y la incertidumbre.