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El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvió un paro general con movilización al Congreso el día en que el Senado trate la reforma laboral. Los gremios advirtieron que la medida será parte de un plan de lucha más amplio y apuntó contra los gobernadores que respalden el proyecto del Gobierno nacional.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei escaló un nuevo peldaño en el frente gremial. Los Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resolvió convocar a un paro general con movilización masiva al Congreso el día en que el proyecto sea tratado en el Senado, y evalúa anticipar medidas de fuerza en las provincias durante los primeros días de febrero.

La definición surgió tras una extensa jornada de debate realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde confluyeron sindicatos estatales, gremios de empresas públicas, jubilados, abogados laboralistas, ex jueces del fuero laboral y académicos. El encuentro dejó un mensaje político claro: la reforma no solo afecta al sector privado, sino que impacta de lleno en el Estado y en los derechos históricos de los trabajadores públicos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga general es ineludible, pero advirtió que no puede ser una acción aislada.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó.

En ese contexto, el dirigente planteó la necesidad de salir a la calle antes del debate parlamentario y de ejercer presión directa sobre los gobernadores que acompañen la iniciativa oficial. ATE evalúa establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en aquellas provincias cuyos mandatarios se muestren funcionales a la estrategia del Ejecutivo nacional.

El foco sobre los gobernadores y el rol del Congreso

Aguiar fue especialmente crítico de las gestiones políticas que el ministro del Interior, Diego Santilli, viene desarrollando con autoridades provinciales para garantizar el respaldo legislativo. Según el titular de ATE, esas reuniones dejan en evidencia que el Gobierno depende del aval de los gobernadores para avanzar con la reforma.

“Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.

Desde el frente sindical sostienen que la reforma apunta a debilitar la protección laboral y ampliar el poder de los empleadores, generando un retroceso estructural en las condiciones de trabajo.
“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, remarcó Aguiar.

Un impacto directo sobre el sector público

Uno de los ejes centrales del rechazo sindical es la afectación directa al sector público, a contramano del discurso oficial que intenta limitar el alcance de la reforma al ámbito privado. ATE advirtió que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, normativa que el proyecto pretende modificar.

Entre las dependencias alcanzadas se encuentran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, el Hospital Garrahan, la Administración General de Puertos, Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, DGI y Aduana, entre otras.

Además, los gremios denunciaron que la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo busca perpetuar el fraude laboral en el Estado nacional, las provincias y los municipios, consolidando esquemas de precarización.

Alerta por la reforma del fuero laboral

Otro punto crítico es el artículo 79 del proyecto, que modifica la Ley 18.345 y traslada los conflictos laborales que involucren al Estado Nacional desde la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo. Para el frente sindical, este cambio implica un debilitamiento sustancial de las garantías judiciales de los trabajadores.

Desde ATE interpretan que esta modificación no es técnica, sino política: busca reducir la capacidad de defensa de los empleados estatales frente a despidos, sanciones y conflictos laborales.

Unidad sindical y advertencia política

La convocatoria reunió a gremios de la salud, la justicia, la energía, las telecomunicaciones, los puertos, la vialidad, los jerárquicos bancarios, docentes e investigadores universitarios, además de organizaciones de jubilados y referentes del derecho laboral. Aguiar adelantó que el mandato surgido del encuentro será llevado a la reunión con sindicatos de la CGT que se realizará en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Con la convocatoria al paro general y la amenaza de protestas anticipadas en las provincias, el movimiento sindical estatal decidió pasar a una fase de confrontación abierta frente a la reforma laboral. La estrategia combina presión parlamentaria, movilización callejera y un mensaje directo a los gobernadores, a quienes responsabiliza por el avance del proyecto.
En un escenario de alta conflictividad social, la definición del Frente de Sindicatos Estatales anticipa que el debate en el Senado no solo será legislativo, sino también político y social, con el movimiento obrero decidido a ocupar el centro de la escena como límite activo a la flexibilización laboral.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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León XIV en Argentina: el 9 de noviembre será feriado nacional

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.

El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.

Así queda el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar

Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.

Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.

La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.

Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.

El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.

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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado

El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

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