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La bodega Casa Montes acumuló más de $467 millones en cheques rechazados, según registros del Banco Central. Aunque la empresa atribuyó el episodio a un atraso administrativo con ARCA, el caso se inscribe en una crisis más profunda del sector vitivinícola, atravesado por caída del consumo, atraso cambiario, pérdida de rentabilidad y sobreacumulación de stock.

La vitivinicultura cuyana atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. A la contracción del mercado interno, la pérdida de competitividad exportadora y el aumento sostenido de los costos se suma ahora un fenómeno cada vez más visible: bodegas con trayectoria que ingresan en procesos de cesación de pagos y deterioro acelerado de su perfil financiero.

En este sentido se inscribe el caso de Casa Montes, una de las bodegas más relevantes de San Juan, con fuerte presencia en el Valle de Tulum. De acuerdo con datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumuló cheques rechazados por un total de $467 millones, lo que encendió alertas en el sistema financiero y en toda la cadena vitivinícola.

La empresa se sumó así a una lista cada vez más extensa de bodegas en dificultades, entre las que figuran firmas emblemáticas como Norton y Bianchi en Mendoza, además de establecimientos en provincias como Salta y La Pampa. Más allá de las particularidades de cada caso, el patrón se repite: sobreoferta de vino, caída del consumo, trabas para exportar y márgenes cada vez más estrechos.

Casa Montes no es un actor marginal. La bodega produce con viñedos propios y también compra uva a terceros, por lo que su crisis impacta de manera directa sobre productores primarios y contratistas, ampliando el alcance del problema más allá de la estructura empresaria.

Según relevamientos del portal especializado Bichos de Campo, los costos de producción se incrementaron de manera sostenida en los últimos años, impulsados por subas en la mano de obra, el transporte, la energía y los insumos dolarizados. En muchos casos, los ingresos ya no alcanzan para cubrir los costos básicos de mantenimiento de los viñedos, lo que erosiona la sustentabilidad del sistema.

La explicación oficial

Desde la empresa explicaron que el embargo de cuentas y los rechazos de cheques se originaron en una demora administrativa en la adhesión a un plan de pagos impositivo con ARCA. Según la firma, el 80 % de los compromisos ya habría sido cancelado, aunque esa regularización aún no se refleja en los registros oficiales del BCRA.

Casa Montes sostuvo además que la situación no responde a una falta estructural de financiamiento y remarcó que opera dentro del sistema bancario formal, utilizando herramientas habituales como acuerdos de descubierto, préstamos de capital de trabajo y descuento de valores. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la fragilidad financiera que hoy atraviesa buena parte del sector.

Un escenario que no ofrece alivio

El problema de fondo excede ampliamente a una bodega puntual. Las exportaciones continúan sin reactivarse debido al atraso cambiario y la pérdida de competitividad frente a otros países productores, mientras que el mercado interno no logra absorber el volumen de vino elaborado. El resultado es una acumulación de stock muy por encima de los promedios históricos, con miles de botellas inmovilizadas.

Informes del IERAL de la Fundación Mediterránea advierten sobre un proceso de desequilibrios estructurales que se fue consolidando con el paso del tiempo: costos en alza, precios contenidos, financiamiento restrictivo y una ecuación económica cada vez más inviable.

En este aspecto, cualquier contingencia —administrativa, fiscal o comercial— puede derivar rápidamente en una crisis financiera. La reacción de los bancos frente a los cheques rechazados, con la no renovación de líneas de descubierto y el endurecimiento del crédito, profundiza aún más el problema y acelera los procesos de deterioro.

El caso de Casa Montes funciona como un síntoma más que como una excepción. La vitivinicultura argentina atraviesa una crisis de magnitud histórica, con empresas tradicionales al borde del colapso y una cadena productiva tensionada en todos sus eslabones. Sin un rediseño del esquema de financiamiento, políticas que recuperen competitividad y una salida estructural al problema de la sobreoferta, el sector continuará acumulando episodios de cesación de pagos que ponen en riesgo no solo a las bodegas, sino a la identidad productiva de toda la región de Cuyo.

destacada

ASIJEMIN cuestionó los cambios en el RIGI y advirtió por el impacto sobre las PyMEs nacionales

El sindicato que representa a los trabajadores jerárquicos mineros salió al cruce del Decreto que modifica los criterios para reconocer proveedores locales dentro del régimen de grandes inversiones. Advirtió que la nueva normativa puede reducir la participación de empresas argentinas y debilitar el impacto de la minería sobre las economías provinciales.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo frente de cuestionamientos sindicales. ASIJEMIN rechazó el Decreto 1366/2026 y advirtió que los cambios en la definición de proveedor local podrían favorecer a grandes compañías extranjeras en detrimento de las PyMEs nacionales, con consecuencias sobre el empleo, la industria y las economías de las provincias mineras.

La institución considera que la nueva normativa altera las condiciones de participación de las empresas argentinas en los proyectos alcanzados por el régimen, al permitir que compañías extranjeras compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales. A juicio del sindicato, esa equiparación puede profundizar las asimetrías entre grandes corporaciones internacionales y firmas regionales que integran las cadenas de abastecimiento de la minería.

El planteo no cuestiona la llegada de capitales ni la expansión de las inversiones mineras, sino la distribución de sus beneficios. «No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias», sostuvo la entidad.

Para ASIJEMIN, el volumen de capital destinado a los emprendimientos extractivos no constituye, por sí solo, una garantía de desarrollo. La entiadad reclama que esos desembolsos se traduzcan en contratación de trabajadores argentinos, fortalecimiento industrial y participación efectiva de proveedores radicados en las regiones donde se ejecutan los proyectos.

En esa línea, el sindicato exigió revisar y derogar las modificaciones introducidas por el decreto, además de establecer políticas que aseguren condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, los proveedores regionales y la mano de obra nacional.

La discusión trasciende el alcance de una disposición administrativa y pone en debate el modelo de desarrollo asociado con la expansión minera. La capacidad de las provincias para transformar las inversiones en empleo, producción y encadenamientos industriales depende, en buena medida, de cuánto puedan participar las empresas locales en los grandes emprendimientos.

El comunicado lleva la firma de Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, junto con la Comisión Directiva Nacional y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La organización sintetizó su posición con una definición: «La minería debe generar riqueza para el país, trabajo para los argentinos y desarrollo para nuestras provincias».

La advertencia sindical instala una discusión central para el futuro de la minería argentina: cómo atraer inversiones de gran escala sin relegar a las empresas nacionales que pueden aportar servicios, tecnología, empleo y valor agregado en los territorios donde se desarrolla la actividad.

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Departamentales

El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos

Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.

El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.

La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.

En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.

Los puntos más sensibles en el Gran San Juan

Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.

También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.

La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.

Calingasta, con un corte ya vigente

En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.

Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.

Controles en diques y cauces

Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.

En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.

Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.

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destacada

La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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