El equilibrio fiscal a cualquier precio: quiénes pagan el ajuste del Gobierno
El presunto “equilibrio fiscal” que exhibe el gobierno de Javier Milei se sostiene sobre un ajuste profundo y altamente selectivo. La eliminación de la obra pública, el recorte a las universidades, el deterioro de jubilaciones, baja en salarios a estatales y el ahogo financiero a las provincias conforman una deuda social creciente que empieza a mostrar límites económicos y políticos.
El balance fiscal que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros económicos se apoya, según los datos oficiales, en un recorte histórico del gasto público. De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Gasto Total de la Administración Pública Nacional en 2025 se contrajo un 28,1% en términos reales respecto de 2023. Sin embargo, más allá de la magnitud del ajuste, lo verdaderamente revelador es su composición: la “motosierra” no fue pareja, sino quirúrgica, concentrada en áreas clave para el desarrollo, la cohesión federal y la protección social.
El caso más extremo es el del Gasto de Capital, es decir, la inversión nacional en infraestructura. En apenas dos años, este rubro sufrió un recorte del 79,4% real, como consecuencia directa de la decisión política de suspender casi por completo la obra pública. El impacto va mucho más allá del plano contable: rutas paralizadas, obras inconclusas, deterioro de servicios básicos y una destrucción masiva de empleo en el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de trabajo formal e indirecto en el país.
El segundo ajuste más significativo fue el de las Transferencias Corrientes a las provincias, que cayeron un 60,5% real entre 2023 y 2025. Se trata, en su mayoría, de fondos “no automáticos” destinados a sostener programas de salud, educación, transporte y obra pública local. El recorte puso a las administraciones provinciales contra las cuerdas, obligándolas a reducir gastos, frenar inversiones, endeudarse o aumentar impuestos locales. Este ahogo financiero explica buena parte de la creciente tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores, incluso aquellos inicialmente alineados con La Libertad Avanza, y está en la base de las recientes derrotas legislativas del oficialismo, que debió retroceder y modificar aspectos clave de sus proyectos de reforma.
En tercer lugar aparece el recorte a las Transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios, que se redujeron un 39,6% en términos reales. Este ajuste se tradujo en una drástica reducción de subsidios al transporte y la energía, con el objetivo explícito de eliminarlos por completo. El resultado fue un brutal aumento de tarifas que impactó de lleno en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, prácticamente congelados frente a la inflación, y un fuerte desfinanciamiento de empresas estatales estratégicas, hoy sometidas a planes de “saneamiento”, recortes de personal o directamente procesos de privatización.
El ajuste también alcanzó de lleno a los ingresos laborales y al sistema universitario. Los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional perdieron un 27,3% de su poder adquisitivo real respecto de 2023, una caída prácticamente idéntica a la sufrida por las universidades nacionales, cuyo presupuesto se redujo un 27,7% real en el mismo período. Este recorte explica el conflicto persistente con el sistema científico y educativo, y el intento del Gobierno de vetar o derogar leyes de financiamiento universitario bajo el argumento del “equilibrio fiscal”.
Sin embargo, incluso bajo este esquema de ajuste severo, los resultados fiscales comienzan a mostrar señales de fragilidad. El cierre del último ejercicio anual reveló que diciembre fue el cuarto mes consecutivo con una brecha negativa entre el crecimiento de los ingresos y el de los gastos. Mientras los ingresos cayeron un 4,6% interanual, el gasto creció un 3,1%, evidenciando un deterioro en las cuentas públicas que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo.
El equilibrio fiscal que exhibe el Gobierno de Javier Milei no es neutro ni gratuito: se construye sobre la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento educativo, el deterioro de jubilaciones y salarios y el ahogo de las provincias. Los datos muestran que el ajuste ya alcanzó un límite económico y social, mientras los números fiscales empiezan a tensionarse. De cara a 2026, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva cada vez más clara: profundizar un ajuste que recae sobre una sociedad exhausta o admitir que el dogma del superávit permanente choca con la realidad de una deuda social que sigue creciendo.
destacada
Judiciales nacionales con salarios bajo la línea de pobreza en la mayoría del país
Un informe de la Federación Judicial Argentina advierte que 16 provincias no alcanzan el umbral básico y expone una brecha salarial de hasta 300% entre jurisdicciones.
La estructura salarial del Poder Judicial argentino quedó bajo fuerte cuestionamiento tras el último relevamiento de la Federación Judicial Argentina, que confirma un deterioro sostenido del ingreso real y una fragmentación territorial que desafía cualquier criterio de equidad federal. El estudio, basado en datos de marzo y contrastado con la Canasta Básica Total definida por el INDEC, revela que en 16 de las 24 jurisdicciones analizadas los sueldos iniciales se ubican por debajo de la línea de pobreza.
El dato sintetiza una transformación profunda: el ingreso de quienes recién ingresan a la carrera judicial ya no garantiza cubrir necesidades elementales en gran parte del territorio.
Un mapa salarial fragmentado
El informe —impulsado por la conducción de Matías Fachal— describe un país dividido en bloques claramente diferenciados. En la región patagónica, algunos distritos logran sostener ingresos por encima del costo de vida, aunque con matices. Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego exhiben márgenes positivos, mientras que Río Negro y Chubut, pese a salarios nominalmente altos, no logran cubrir la canasta regional.
En el Área Metropolitana, la distancia resulta aún más elocuente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra ingresos que superan ampliamente el umbral de pobreza, en tanto que la Provincia de Buenos Aires presenta un cuadro crítico, con salarios iniciales muy por debajo del nivel necesario para sostener un hogar. Entre ambas jurisdicciones se registra una diferencia cercana al 300%, un dato que desnuda una asimetría estructural dentro de un mismo sistema judicial.
Regiones en retroceso sostenido
El relevamiento también identifica zonas donde la insuficiencia salarial es generalizada. En la región pampeana —que incluye distritos como Córdoba, Entre Ríos y La Pampa— ninguna jurisdicción alcanza la línea de pobreza, consolidando un patrón de ingresos rezagados frente al costo de vida.
Una situación similar se observa en Cuyo, donde San Juan, San Luis y Mendoza presentan brechas negativas, con este último distrito registrando uno de los desfasajes más pronunciados del país.
En el norte argentino, la situación combina heterogeneidad y fragilidad. Mientras Chaco logra sostener un margen favorable, provincias como Formosa, Misiones, Salta, Jujuy y La Rioja exhiben déficits significativos, con salarios que quedan muy por debajo del costo de subsistencia.
El salario judicial y la pérdida de referencia nacional
Más allá de las diferencias regionales, el informe plantea un cuestionamiento de fondo: la inexistencia de un piso salarial común vinculado al costo de vida. Esta ausencia ha convertido la remuneración judicial en una variable dependiente del territorio, desdibujando el principio de “igual tarea, igual remuneración”.
La federación advierte que el problema no se limita a la magnitud de los ingresos, sino a su desconexión con la realidad económica de cada región. Incluso en distritos donde los salarios parecen elevados en términos nominales, la presión de precios —especialmente en el sur— neutraliza cualquier ventaja aparente.
Reclamo gremial: paritaria nacional y convenios colectivos
Frente a este panorama, la Federación Judicial Argentina volvió a exigir la implementación de una paritaria nacional que establezca criterios mínimos homogéneos, junto con convenios colectivos en cada jurisdicción que contemplen particularidades locales sin profundizar desigualdades.
La organización sostiene que la actual dispersión salarial no solo afecta el poder adquisitivo, sino también las condiciones de trabajo y la calidad del servicio judicial, al generar realidades laborales profundamente dispares dentro de una misma estructura institucional.
destacada
Cómo acceder a la jubilación para personal de casas particulares
El acceso a la jubilación para el personal de casas particulares exige mucho más que cumplir la edad requerida. Detrás del trámite hay una verificación exhaustiva de aportes, condiciones laborales y documentación respaldatoria que, en numerosos casos, termina siendo el principal obstáculo para quienes buscan iniciar el retiro.
El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, precisó los pasos y condiciones que rigen para este sector, uno de los más expuestos a la informalidad y a trayectorias laborales fragmentadas.
Quiénes pueden jubilarse y bajo qué condiciones
El esquema previsional vigente establece que las mujeres pueden acceder al beneficio a partir de los 60 años y los hombres desde los 65, con un requisito común: acreditar 30 años de aportes efectivos.
Sin embargo, en el caso del trabajo doméstico, ese requisito adquiere una particularidad central: las contribuciones deben corresponder, como mínimo, a una carga laboral equivalente a 16 horas semanales.
Cuando la actividad fue inferior a ese umbral, el sistema contempla la posibilidad de completar los aportes faltantes mediante un mecanismo de regularización. Este proceso no es automático: requiere evaluación técnica y la confección de formularios específicos para compensar los períodos incompletos.
El punto crítico: cómo demostrar la relación laboral
Uno de los aspectos más sensibles del trámite es la acreditación del vínculo laboral. A diferencia de otros sectores formales, donde los registros son más sistemáticos, en el servicio doméstico muchas relaciones se desarrollaron sin respaldo administrativo completo.
Por eso, la normativa exige una batería amplia de documentación que permita reconstruir la historia laboral. Entre los principales instrumentos se destacan:
.Certificación del empleador (Formulario PS 6.293)
.Declaraciones juradas del trabajador y sobre documentación (PS 6.292 y PS 6.294)
.Recibos de sueldo y comprobantes de pago
.Boletas de depósito previsional
.Constancias de obra social o afiliación sindical
.Registros médicos o laborales vinculados al domicilio de trabajo
.En ausencia de certificaciones formales, el sistema admite declaraciones juradas, aunque acompañadas de pruebas que respalden lo declarado.
Dónde y cómo iniciar el trámite
La gestión debe realizarse de manera presencial en la Dirección de Asesoramiento Previsional, ubicada en Casa de Gobierno, presentando:
.DNI
.Clave de Seguridad Social de ANSES
.Clave Fiscal de ARCA
El horario de atención es de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30.
Desde el organismo recomiendan iniciar el proceso con anticipación y no esperar al cumplimiento exacto de la edad jubilatoria, debido a la complejidad administrativa que puede implicar la validación de aportes.
Trayectorias mixtas y evaluación diferencial
Un aspecto relevante es la situación de quienes alternaron tareas domésticas con otras actividades laborales. En esos casos, el análisis previsional no es uniforme: se ponderan los distintos regímenes para determinar tanto la edad de retiro como los años de aportes exigidos. Este criterio busca evitar inequidades, aunque introduce una mayor complejidad técnica en la evaluación de cada expediente.
destacada
Recomposición del 3,4% para trabajadores de Claro, Telecom y Movistar
Los trabajadores de las principales operadoras del país —Claro, Telecom Argentina y Movistar— alcanzaron un nuevo entendimiento paritario que fija una recomposición salarial del 3,4%, en línea con la evolución reciente de los precios y la estrategia gremial de actualización periódica.
El acuerdo fue rubricado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones, espacio que nuclea a las principales federaciones del sector y que conduce Claudio Marín. La negociación consolida un esquema de incrementos escalonados que busca sostener el poder adquisitivo en un rubro altamente volátil y tecnológicamente intensivo.
Dos tramos: alivio inmediato y recomposición estructural
La pauta acordada se instrumenta en dos etapas consecutivas. Por un lado, se liquidará con los haberes de abril una suma extraordinaria equivalente al 3,4% de las escalas vigentes, concebida como compensación inmediata.
En este sentido, desde mayo ese mismo porcentaje se integrará de forma permanente al salario, impactando directamente en las escalas del sector. Esta segunda instancia no solo mejora los ingresos corrientes, sino que también eleva la base de cálculo para adicionales, antigüedad y futuras negociaciones.
Aplicación diferenciada según la actividad
El diseño del incremento contempla particularidades según el segmento laboral, con el objetivo de optimizar su efecto en la estructura salarial:
Servicios móviles: el aumento se traslada en su totalidad al salario básico, reforzando el ingreso directo.
Servicios fijos: la distribución adopta un esquema mixto. Un 3% se reparte entre salario básico (60%) y adicional especial (40%), mientras que el 0,40% restante se canaliza como viático convencional, con incidencia en productividad y turnos.
Este esquema refleja la heterogeneidad interna del sector, donde conviven tareas técnicas, operativas y comerciales con distintas modalidades de remuneración.
Proyección y efectos colaterales
Desde la representación sindical subrayaron que las nuevas escalas no solo impactan en los haberes mensuales, sino que también servirán como referencia para el cálculo del “Día del Trabajador Telefónico” correspondiente a 2027, un componente relevante dentro del esquema de ingresos anual.
El entendimiento ratifica, además, la continuidad de negociaciones periódicas en un rubro donde la actualización salarial se volvió una herramienta clave para amortiguar el deterioro del ingreso real.
-
Gremioshace 6 añosDieron a conocer el calendario de pagos anual de sueldos para estatales sanjuaninos
-
Localeshace 5 añosDetectan varios casos de trabajo esclavo en San Juan
-
Generalhace 5 añosMas de 300.000 niños fueron víctimas de la explotación laboral
-
Localeshace 4 añosCGT local: Moral asumió en la secretaría de Género
-
destacadahace 2 añosDesignan a Eugenia Cortona como la nueva subsecretaria de Empleo
-
Gremioshace 3 añosUTHGRA acordó adelantar los aumentos
-
Generalhace 7 añosEmpresarios pyme se reunieron con Alberto Fernández y Carlos Heller
-
Generalhace 2 añosLlaman a cubrir cargos en la Tecnicatura Superior en Criminalística
