CONÉCTATE CON NOSOTROS

La eliminación de aranceles a la importación de celulares dispuesta por el gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica. Autoridades provinciales, municipales y gremiales advierten que la medida podría provocar entre 2.000 y 2.500 despidos directos, con impacto en toda la economía regional.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el arancel cero para la importación de teléfonos celulares encendió todas las alarmas en Tierra del Fuego, provincia que desde hace décadas sostiene uno de los polos industriales más importantes del país. Allí se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica, un sector que emplea de manera directa a 7.569 trabajadores, de los cuales el 83% está vinculado a la fabricación de celulares y dispositivos tecnológicos.

Según estimaciones oficiales y sindicales, la medida pone en riesgo inmediato entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo directos. Pero el impacto no se limita a las plantas fabriles: la caída de la actividad amenaza también a miles de empleos indirectos en comercio, transporte, logística, servicios técnicos y proveedores, que dependen del funcionamiento del entramado industrial fueguino.

El gobernador Gustavo Melella fue contundente al cuestionar la decisión del Ejecutivo nacional. “No hay nada que festejar”, afirmó, al advertir que detrás de cada incremento de importaciones se esconde una pérdida concreta de empleo local. “Tras cada aumento de importaciones hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, expresó.

Melella contextualizó la medida dentro de un escenario laboral ya deteriorado. Según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales, el empleo formal cayó un 2,8% a nivel nacional desde fines de 2023, mientras que en Tierra del Fuego la contracción alcanza el 9,6%. En términos absolutos, esto implica 176.908 puestos de trabajo destruidos en todo el país, una cifra que refuerza la preocupación por nuevas políticas de apertura sin protección productiva.

Pese al diagnóstico crítico, el gobernador ratificó el compromiso de la provincia con el empleo y la producción. “Junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia. Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó el argumento oficial de que la quita de aranceles se traducirá en una baja significativa de precios para los consumidores. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios”, señaló, y recordó experiencias recientes que desmienten esa promesa.

Pérez mencionó el antecedente de la apertura de importaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se habilitó el ingreso irrestricto de notebooks y otros productos electrónicos. “No bajaron los precios, pero sí se perdieron miles de puestos de trabajo”, afirmó.

Para el jefe comunal, la competencia es desigual cuando el propio Estado decide favorecer productos importados por sobre los fabricados en el país. “No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas”, remarcó.

Desde la Secretaría de Industria provincial, la advertencia fue aún más cruda. La titular del área, Alejandra Man, afirmó que con la eliminación de aranceles “es imposible competir contra China”, principal origen de los celulares importados. La funcionaria explicó que la industria local no cuenta con condiciones equivalentes para enfrentar la escala, los costos y el financiamiento de la producción asiática.

La medida, que entró en vigencia de forma inmediata y sin instancias de transición ni políticas de acompañamiento, deja a la industria fueguina expuesta a una apertura total del mercado. Para las autoridades locales, esta decisión compromete la sostenibilidad de un sector clave que no solo genera empleo formal, sino que estructura gran parte de la economía provincial.

La eliminación del arancel a la importación de celulares vuelve a poner en discusión el modelo productivo argentino y el rol del Estado en la protección del empleo. En Tierra del Fuego, la decisión no se vive como una oportunidad, sino como una amenaza concreta a miles de puestos de trabajo y al entramado industrial construido durante décadas. Sin medidas compensatorias ni una estrategia de desarrollo, la apertura comercial aparece, una vez más, como un ajuste silencioso que se traduce en fábricas paralizadas, familias en incertidumbre y economías regionales al borde de una nueva crisis.

destacada

Cómo acceder a la jubilación para personal de casas particulares

El acceso a la jubilación para el personal de casas particulares exige mucho más que cumplir la edad requerida. Detrás del trámite hay una verificación exhaustiva de aportes, condiciones laborales y documentación respaldatoria que, en numerosos casos, termina siendo el principal obstáculo para quienes buscan iniciar el retiro.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, precisó los pasos y condiciones que rigen para este sector, uno de los más expuestos a la informalidad y a trayectorias laborales fragmentadas.

Quiénes pueden jubilarse y bajo qué condiciones

El esquema previsional vigente establece que las mujeres pueden acceder al beneficio a partir de los 60 años y los hombres desde los 65, con un requisito común: acreditar 30 años de aportes efectivos.

Sin embargo, en el caso del trabajo doméstico, ese requisito adquiere una particularidad central: las contribuciones deben corresponder, como mínimo, a una carga laboral equivalente a 16 horas semanales.

Cuando la actividad fue inferior a ese umbral, el sistema contempla la posibilidad de completar los aportes faltantes mediante un mecanismo de regularización. Este proceso no es automático: requiere evaluación técnica y la confección de formularios específicos para compensar los períodos incompletos.

El punto crítico: cómo demostrar la relación laboral

Uno de los aspectos más sensibles del trámite es la acreditación del vínculo laboral. A diferencia de otros sectores formales, donde los registros son más sistemáticos, en el servicio doméstico muchas relaciones se desarrollaron sin respaldo administrativo completo.

Por eso, la normativa exige una batería amplia de documentación que permita reconstruir la historia laboral. Entre los principales instrumentos se destacan:

.Certificación del empleador (Formulario PS 6.293)
.Declaraciones juradas del trabajador y sobre documentación (PS 6.292 y PS 6.294)
.Recibos de sueldo y comprobantes de pago
.Boletas de depósito previsional
.Constancias de obra social o afiliación sindical
.Registros médicos o laborales vinculados al domicilio de trabajo
.En ausencia de certificaciones formales, el sistema admite declaraciones juradas, aunque acompañadas de pruebas que respalden lo declarado.

Dónde y cómo iniciar el trámite

La gestión debe realizarse de manera presencial en la Dirección de Asesoramiento Previsional, ubicada en Casa de Gobierno, presentando:

.DNI
.Clave de Seguridad Social de ANSES
.Clave Fiscal de ARCA

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30.
Desde el organismo recomiendan iniciar el proceso con anticipación y no esperar al cumplimiento exacto de la edad jubilatoria, debido a la complejidad administrativa que puede implicar la validación de aportes.

Trayectorias mixtas y evaluación diferencial

Un aspecto relevante es la situación de quienes alternaron tareas domésticas con otras actividades laborales. En esos casos, el análisis previsional no es uniforme: se ponderan los distintos regímenes para determinar tanto la edad de retiro como los años de aportes exigidos. Este criterio busca evitar inequidades, aunque introduce una mayor complejidad técnica en la evaluación de cada expediente.

Continúe Leyendo

destacada

Recomposición del 3,4% para trabajadores de Claro, Telecom y Movistar

Los trabajadores de las principales operadoras del país —Claro, Telecom Argentina y Movistar— alcanzaron un nuevo entendimiento paritario que fija una recomposición salarial del 3,4%, en línea con la evolución reciente de los precios y la estrategia gremial de actualización periódica.

El acuerdo fue rubricado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones, espacio que nuclea a las principales federaciones del sector y que conduce Claudio Marín. La negociación consolida un esquema de incrementos escalonados que busca sostener el poder adquisitivo en un rubro altamente volátil y tecnológicamente intensivo.

Dos tramos: alivio inmediato y recomposición estructural

La pauta acordada se instrumenta en dos etapas consecutivas. Por un lado, se liquidará con los haberes de abril una suma extraordinaria equivalente al 3,4% de las escalas vigentes, concebida como compensación inmediata.

En este sentido, desde mayo ese mismo porcentaje se integrará de forma permanente al salario, impactando directamente en las escalas del sector. Esta segunda instancia no solo mejora los ingresos corrientes, sino que también eleva la base de cálculo para adicionales, antigüedad y futuras negociaciones.

Aplicación diferenciada según la actividad

El diseño del incremento contempla particularidades según el segmento laboral, con el objetivo de optimizar su efecto en la estructura salarial:
Servicios móviles: el aumento se traslada en su totalidad al salario básico, reforzando el ingreso directo.

Servicios fijos: la distribución adopta un esquema mixto. Un 3% se reparte entre salario básico (60%) y adicional especial (40%), mientras que el 0,40% restante se canaliza como viático convencional, con incidencia en productividad y turnos.

Este esquema refleja la heterogeneidad interna del sector, donde conviven tareas técnicas, operativas y comerciales con distintas modalidades de remuneración.

Proyección y efectos colaterales

Desde la representación sindical subrayaron que las nuevas escalas no solo impactan en los haberes mensuales, sino que también servirán como referencia para el cálculo del “Día del Trabajador Telefónico” correspondiente a 2027, un componente relevante dentro del esquema de ingresos anual.

El entendimiento ratifica, además, la continuidad de negociaciones periódicas en un rubro donde la actualización salarial se volvió una herramienta clave para amortiguar el deterioro del ingreso real.

Continúe Leyendo

destacada

La UOM endurece su postura: reclamo salarial, pérdida de puestos y advertencia de paro

Desde el Congreso Nacional de Delegados de la UOM, Martín Solazzo advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de empleo industrial y las restricciones en las negociaciones paritarias. Con un diagnóstico crítico, el sector definió un plan de acción que podría derivar en medidas de fuerza de mayor alcance.

El movimiento metalúrgico atraviesa una etapa de definiciones, marcada por el deterioro salarial, la contracción del empleo y el endurecimiento de las posiciones gremiales. Así lo expresó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, tras su participación en el Congreso Nacional de Delegados realizado en Mar del Plata, instancia clave donde se delinean las principales decisiones del gremio a nivel país.

El encuentro, que reúne a representantes de todas las seccionales, constituye el máximo órgano deliberativo de la organización. Allí se aprueban balances, se fijan lineamientos y se establecen las estrategias que regirán la acción gremial. En esta oportunidad, el eje dominante giró en torno a la pérdida de ingresos y a las dificultades para sostener negociaciones paritarias sin condicionamientos.

“Las paritarias hoy no están alcanzando ni siquiera los índices de inflación”, sostuvo Solazzo, quien además cuestionó la injerencia del Gobierno nacional en la definición de los porcentajes de aumento. Según explicó, existen limitaciones que impiden discutir libremente las recomposiciones salariales, lo que termina consolidando un atraso sostenido en los haberes. “Seguimos perdiendo puntos mes a mes, y eso impacta directamente en la calidad de vida”, advirtió.

El diagnóstico fue compartido por delegados de todo el país y reforzado por la participación del Frente de Sindicatos Unidos, un espacio que nuclea a más de 140 organizaciones. Durante el congreso, sus representantes expusieron un estudio que estima el ingreso necesario para sostener condiciones de vida adecuadas. La cifra, ajustada por la inflación reciente, ubica ese piso por encima de los 2,8 millones de pesos mensuales.

El planteo excede la discusión técnica sobre sueldos. Desde el sector sostienen que el ingreso mínimo debe superar la canasta básica y contemplar no solo la alimentación, sino también el acceso a servicios, educación, transporte y recreación. “No se puede aceptar que un trabajador formal no llegue a fin de mes”, enfatizó el dirigente, en línea con el consenso alcanzado durante el encuentro.

La situación del empleo industrial constituye otro de los puntos críticos. Según datos compartidos en el congreso, el sector metalúrgico perdió más de 30.000 puestos de trabajo en los últimos meses, una cifra que refleja el impacto de la caída de la actividad. Para el sindicalista sanjuanino, este fenómeno tiene consecuencias profundas, ya que detrás de cada desvinculación hay familias que quedan sin sustento y sin alternativas de reinserción.

“La industria es uno de los pilares del trabajo registrado, y cuando se la debilita, el impacto es inmediato”. En ese sentido, expresó que la falta de oportunidades laborales agrava la situación de quienes pierden su empleo, ya que no encuentran opciones en otros sectores. “El problema no es solo perder el trabajo, sino no tener dónde volver a insertarse”, remarcó.

Ante este cuadro, el congreso aprobó un plan de acción que abarca el período 2026-2030. La iniciativa, impulsada por el cuerpo de delegados y respaldada por la conducción nacional, establece una hoja de ruta que contempla desde instancias de negociación hasta la posibilidad de medidas de fuerza de mayor intensidad. Entre las opciones mencionadas figura la convocatoria a paros por tiempo indeterminado en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

“La decisión es clara: hasta acá llegamos”, sintetizó Solazzo, al describir el ánimo predominante entre los delegados. La consigna apunta a evitar que el costo del ajuste recaiga nuevamente sobre los trabajadores y a rechazar iniciativas que impliquen retrocesos en materia de derechos laborales.

El congreso también dejó en evidencia la búsqueda de mayor articulación entre organizaciones sindicales. La participación del Frente de Sindicatos Unidos reflejó la intención de construir una estrategia común frente a los desafíos actuales. Para el representante metalúrgico, la unidad resulta imprescindible para enfrentar un escenario adverso. “Esto no lo puede resolver un solo gremio; hace falta un trabajo conjunto”, señaló.

En este aspecto, la agenda gremial se vincula con la convocatoria de la CGT a una movilización nacional el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. La UOM confirmó su participación y llamó a los afiliados a sumarse. “Es fundamental que los trabajadores acompañen; el sindicato es la herramienta que tienen para defender sus derechos”, destacando la necesidad de mayor involucramiento, concluyó Solazzo.

El panorama que surge del Congreso Nacional de Delegados de la UOM refleja una realidad compleja para el sector industrial. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del empleo y las limitaciones en la negociación salarial configuran un cuadro que exige respuestas urgentes.

En este contexto, el gremio metalúrgico avanza hacia una estrategia más firme, con la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no se producen cambios. La evolución de las paritarias, la recuperación de la actividad industrial y el grado de cohesión sindical serán factores determinantes para definir el rumbo de un conflicto que, lejos de atenuarse, muestra señales de intensificación.

Continúe Leyendo

Tendencias