Alarma en la comunidad médica por el cierre del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas que salvó miles de vidas infantiles
Sin anuncio oficial, el Gobierno nacional desarticuló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, despidió a sus siete profesionales hiperespecializados y dejó sin coordinación estatal a la red que garantizaba la atención de unos 4.000 bebés que nacen cada año con estas afecciones. La medida generó conmoción en el ámbito sanitario y fuertes cuestionamientos por su impacto directo en la mortalidad infantil.
El Gobierno de Javier Milei decidió desarticular el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política pública clave del sistema de salud argentino que durante 15 años coordinó la atención, derivación y tratamiento de niños con cardiopatías congénitas en todo el país. La medida se ejecutó sin comunicación previa y se tradujo en el despido de los siete profesionales hiperespecializados que conducían el programa.
El equipo estaba integrado por Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández, Tomás Schwaller y María Eugenia Olivetti, quienes fueron notificados de manera verbal o mediante un escueto mensaje administrativo que informaba la no renovación de sus contratos para 2026. Ante esa decisión, el resto de los integrantes dio por finalizada su relación laboral.
La desvinculación del equipo técnico, columna vertebral del programa, provocó una inmediata alarma en la comunidad médica, dado que el PNCC recibía y gestionaba derivaciones de familias de alrededor de 4.000 bebés que nacen cada año con cardiopatías congénitas, de los cuales el 50% requiere cirugía, muchas veces en las primeras horas de vida.
Un programa federal que salvó miles de vidas
Creado en 2008 y respaldado por una ley sancionada en 2023, el PNCC surgió con el objetivo de reducir la mortalidad infantil asociada a las cardiopatías congénitas, que constituyen la tercera causa de muerte en niños y niñas en la Argentina.
“El programa nació por iniciativa de Guillermo Kreutzer y Horacio Capelli para dar respuesta a una demanda crítica del sistema de salud”, explicó Willy Conejeros Parodi, uno de los coordinadores despedidos. “Se creó una red federal de centros de distintas complejidades para asistir a los pacientes, disminuir los tiempos de espera y reducir la morbimortalidad. Hoy tenemos una sobrevida cercana al 95%, comparable con la de países del Primer Mundo”.
El PNCC articulaba 15 centros categorizados según niveles de complejidad y funcionaba como un nodo central que, a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA), evaluaba cada caso y definía la mejor derivación posible.
Derivación urgente, atención especializada
La tarea del equipo era decisiva. “Si el niño estaba en Salta y el caso era de baja complejidad, se resolvía en la provincia. Si era más complejo, se derivaba a Córdoba o Tucumán, y si era de alta complejidad, a Buenos Aires”, detalló Conejeros. En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires operan los cinco centros de mayor complejidad del país.
El programa también capacitó profesionales en todas las provincias, fortaleció el diagnóstico prenatal, orientó la estabilización de pacientes críticos y garantizó derivaciones en tiempo récord. “En muchas provincias no hay diagnóstico prenatal. Si no se interviene rápido, el bebé puede morir. Nosotros interveníamos para que llegara estabilizado al lugar adecuado”, subrayó el especialista.
Resultados concretos y reconocimiento internacional
El PNCC realizaba alrededor de 800 cirugías por año, recibía más de 6.000 notificaciones anuales, eliminó la lista de espera quirúrgica y ayudó a equipar hospitales con bombas de circulación extracorpórea, instrumental quirúrgico y equipos de hemodinamia.
Además, fue considerado un programa modelo en la región y presentado como experiencia exitosa ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2023, la sanción de la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, aún sin reglamentar, consolidó su marco normativo y garantizó la continuidad de la atención más allá de los 18 años.
Denuncias y críticas
Desde las redes sociales, el médico y diputado Pablo Yedlin advirtió que el desmantelamiento del programa “es ilegal y constituye un grave error del Ministerio de Salud”, al tiempo que recordó que el PNCC permitía que bebés nacidos en cualquier punto del país accedieran al centro de complejidad que necesitaban.
La situación fue definida por sus protagonistas como un vaciamiento deliberado. “Funcionábamos las 24 horas, los 365 días del año, incluso durante la pandemia. No lo hacíamos por el sueldo, sino por los chicos”, afirmó Conejeros. Y alertó: “Los más perjudicados no son los grandes hospitales, sino los niños que nacen lejos de los centros de alta complejidad”.
Una red que se apaga
Hoy, del programa solo quedan seis empleados administrativos y un asesor médico del Hospital Garrahan. La estructura técnica que garantizaba coordinación, seguimiento y decisión clínica fue eliminada.
En una carta abierta, Alejandra Villa, primera coordinadora del PNCC, sintetizó el alcance de lo perdido: “No se trata de cargos ni de estructuras. Se trata de personas, de familias y de un modelo que demostró que cuando el Estado y los equipos de salud trabajan en red, los resultados salvan vidas”.
El cierre del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas representa mucho más que un ajuste administrativo: implica la desarticulación de una política pública federal que redujo la mortalidad infantil y garantizó equidad en el acceso a la salud. La decisión del Gobierno abre un interrogante profundo sobre el futuro de miles de bebés que nacen cada año con estas afecciones y vuelve a colocar en el centro del debate el rol del Estado en la protección de la vida desde el inicio.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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