Aunque el empleo mostró una mejora en el tercer trimestre de 2025, un informe privado advierte que la expansión estuvo dominada por el trabajo informal, sin estabilidad ni protección social, lo que profundiza la precarización laboral.

Los datos oficiales celebrados por el Gobierno sobre la recuperación del empleo esconden una realidad menos alentadora cuando se analiza la calidad de los puestos generados. Según un estudio de la consultora Politikon Chaco, durante el tercer trimestre de 2025 la tasa de empleo alcanzó el 45,4 % a nivel nacional, con la incorporación de 302 mil nuevos ocupados en comparación con el trimestre anterior.

Sin embargo, el estudio advierte que este crecimiento estuvo sostenido, en su inmensa mayoría, por el avance del trabajo informal. En la comparación interanual, el 84 % de los nuevos empleos corresponde a ocupaciones sin registrar, lo que implica que más de 200 mil personas accedieron a trabajos sin estabilidad, aportes jubilatorios, cobertura de salud ni derechos laborales básicos.

Lejos de representar una recuperación sólida del mercado de trabajo, el fenómeno refleja un empeoramiento estructural de las condiciones laborales, donde el empleo funciona como una estrategia de subsistencia antes que como un mecanismo de inclusión social y movilidad económica.

Concentración geográfica y desigualdades

El crecimiento del empleo también mostró una fuerte concentración territorial. El Gran Buenos Aires (GBA) explicó el 64 % de los nuevos ocupados interanuales y el 84 % de los creados en la comparación trimestral, lo que revela una dependencia marcada de una sola región para sostener los indicadores nacionales.

Este patrón profundiza las desigualdades regionales y evidencia la fragilidad del proceso. Mientras el GBA y la región Pampeana superan la tasa de empleo promedio del país, otras zonas muestran señales preocupantes. El NEA y la Patagonia registraron caídas interanuales en el empleo, y aunque el NEA mostró una mejora trimestral, el avance no se tradujo en una mayor formalización ni en mejores condiciones de inserción laboral.

Menos desempleo, más precariedad

En paralelo, la tasa de desocupación descendió al 6,6 %, con 133 mil personas menos buscando trabajo respecto del trimestre anterior. Si bien este dato suele interpretarse como una señal positiva, el informe advierte que debe analizarse con cautela.

La reducción del desempleo no necesariamente implica una mejora estructural si quienes abandonan la desocupación lo hacen para incorporarse a empleos informales, inestables y de bajos ingresos. ,En este aspecto la baja del indicador puede funcionar como un alivio estadístico, pero no como una solución de fondo a los problemas del mercado laboral.

El escenario que describe el informe de Politikon Chaco plantea un desafío central para la política económica y laboral. No alcanza con crear empleo si ese empleo es precario. La expansión del trabajo informal puede mejorar transitoriamente los números, pero a largo plazo debilita el sistema de seguridad social, reduce la recaudación fiscal y consolida un modelo laboral desigual y fragmentado.

La recuperación del empleo celebrada por el Gobierno muestra así su contracara: más personas ocupadas, pero con menos derechos, menos protección y menor estabilidad. El desafío pendiente no es solo generar puestos de trabajo, sino construir un mercado laboral que ofrezca empleo de calidad y condiciones dignas, condición indispensable para un desarrollo económico sostenible.

La capacidad de pago de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos quince años. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de las familias alcanzó en octubre de 2025 su nivel más alto desde que se llevan registros sistemáticos, iniciados en 2010.

El índice de irregularidad crediticia de los hogares se ubicó en el 7,8 %, lo que representa un incremento de 5,5 puntos porcentuales interanuales y marca el duodécimo mes consecutivo de crecimiento, consolidando una tendencia persistente de deterioro financiero.

El informe del organismo monetario revela que el aumento de los atrasos se concentra en los segmentos más sensibles al ingreso disponible. En los préstamos personales, la morosidad trepó hasta casi el 9,9 %, con un salto anual de 6,5 puntos porcentuales, reflejando el impacto directo de la pérdida de poder adquisitivo y del encarecimiento del crédito.

Un comportamiento similar se observa en las tarjetas de crédito, donde la irregularidad alcanzó el 7,7 %, impulsada por el uso creciente del financiamiento para cubrir gastos corrientes y por la acumulación de saldos difíciles de cancelar en un escenario de tasas elevadas.

En contraste, los créditos hipotecarios mantuvieron niveles de mora relativamente bajos y estables, en torno al 1 %, una dinámica que responde tanto a los mayores requisitos de acceso como a la prioridad que las familias suelen otorgar al pago de la vivienda frente a otras obligaciones.

Análisis del sistema financiero

El deterioro no se limita exclusivamente a los hogares. El BCRA también advirtió un aumento en la morosidad de las empresas, que pasó del 0,7 % al 1,9 % interanual, con mayores dificultades en los préstamos prendarios. Al consolidar los datos de familias y firmas, el índice general de irregularidad del sistema financiero alcanzó el 4,5 % en noviembre, el registro más alto desde finales de 2021.

Este escenario se explica por una combinación de factores: tasas de interés reales elevadas, caída o estancamiento de los ingresos reales, mayor presión del costo de vida y un uso intensivo del crédito de corto plazo para sostener el consumo. Las líneas más flexibles —pero también más costosas— se transformaron en una trampa financiera para amplios sectores de la población.

El récord histórico de morosidad familiar expone con crudeza las tensiones que atraviesan los hogares argentinos. Más allá de la estabilidad nominal de algunas variables macroeconómicas, los datos del Banco Central muestran que el ajuste impacta de lleno en la economía cotidiana, dificultando el cumplimiento de compromisos básicos.

La persistencia de esta tendencia plantea un doble desafío: para las familias, que ven erosionada su capacidad de pago, y para el sistema financiero, que enfrenta un deterioro progresivo en la calidad de su cartera. En esta situación, la evolución del crédito y del ingreso real será clave para determinar si este récord marca un techo o el inicio de una etapa aún más compleja.

En el aniversario del Decreto-Ley 33.302/1945, que instituyó el sueldo anual complementario y consolidó un núcleo central de derechos laborales, resurgen las tensiones en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, cuestionado por excluir estos beneficios del cálculo indemnizatorio.

Este 20 de diciembre se cumplen ochenta años de la publicación del Decreto-Ley 33.302, una de las normas más trascendentes de la historia laboral argentina. Promulgado durante el gobierno de Edelmiro Farrell e impulsado decisivamente por Juan Domingo Perón desde la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión, el texto consagró el carácter obligatorio del sueldo anual complementario —conocido como aguinaldo— e introdujo un nuevo paradigma en la relación entre capital y trabajo.

La medida no fue un hecho aislado ni improvisado. Representó la culminación de un proceso iniciado en 1943, cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a intervenir activamente en los conflictos laborales, desplazando la lógica de la negociación desigual y colocando al Estado como garante de derechos. En ese marco, el Decreto 33.302 funcionó como un punto de llegada: sintetizó una concepción del trabajo como eje de la justicia social y como fundamento de la cohesión económica.

Durante ese período, se impulsaron transformaciones estructurales que redefinieron el mundo laboral argentino. El Estatuto del Peón Rural, sancionado en 1944, estableció por primera vez condiciones mínimas en el trabajo agrario, desafiando intereses históricos del sector terrateniente. A ello se sumó la generalización de las vacaciones pagas mediante el Decreto 1.740/1945, la creación de los Tribunales del Trabajo y una expansión inédita de los convenios colectivos, que alcanzaron a millones de trabajadores y consolidaron mejoras salariales, previsionales y de protección frente al despido.

El Decreto-Ley 33.302 coronó ese entramado normativo al fijar tres pilares centrales: el pago obligatorio de un salario anual complementario, la indemnización por despido injustificado y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, encargado de establecer salarios mínimos acordes al costo de vida. “El aguinaldo no nació de un cuento de rosas. Existió un contexto político adverso y esta medida supuso un profundo convencimiento de que en la Nueva Argentina los trabajadores ocupaban un lugar central”, reflexionó el historiador Emmanuel Bonforti, al analizar el alcance político y social de aquella decisión.

Con el correr de las décadas, estos derechos se incorporaron al sentido común laboral argentino y atravesaron distintos ciclos económicos y políticos. Más allá de reformas parciales, el aguinaldo y las vacaciones pagas se consolidaron como componentes estructurales del salario y como resguardo ante la inestabilidad del empleo.

La reforma laboral y el nuevo enfoque oficial

El contraste se vuelve inevitable al observar el escenario actual. El proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei reabre un debate de fondo sobre el alcance de esas conquistas. Entre los puntos más cuestionados por sindicatos y sectores de la oposición figura la exclusión de conceptos no mensuales —como el aguinaldo, las vacaciones pagas, premios y otros adicionales— del cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa.

De prosperar esta modificación, el monto indemnizatorio se vería sensiblemente reducido, alterando uno de los mecanismos históricos de protección frente a la pérdida del empleo. La iniciativa incorpora, además, la posibilidad de establecer un fondo de cese laboral optativo con aportes patronales acotados, habilita el pago de indemnizaciones en cuotas y flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento con un mínimo de siete días consecutivos.

Desde el oficialismo, el argumento central gira en torno a la necesidad de “modernizar” el sistema laboral, reducir costos y fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, las principales centrales sindicales, encabezadas por la CGT, calificaron la propuesta como regresiva y convocaron movilizaciones en rechazo al proyecto, al considerar que debilita derechos consolidados y traslada el riesgo económico hacia los trabajadores.

El debate parlamentario, atravesado por tensiones políticas y falta de consensos, se intensificó durante diciembre y sufrió postergaciones. En paralelo, sectores del peronismo y bloques opositores preparan contrapropuestas orientadas a preservar el espíritu de las normas surgidas en 1945, en un contexto económico marcado por la precarización y la caída del poder adquisitivo.

A ochenta años de la implantación del aguinaldo, la discusión excede largamente un aspecto técnico del cálculo indemnizatorio. Lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales que el país elige proyectar.

El Decreto-Ley 33.302 simbolizó una etapa de ampliación de derechos y de reconocimiento del trabajo como columna vertebral del desarrollo social. La reforma en debate, en cambio, interpela ese legado y reabre una disputa histórica entre la lógica de la protección y la de la flexibilización.

El aniversario no solo invita a recordar una conquista emblemática, sino también a reflexionar sobre su vigencia en un escenario donde el sentido del trabajo, su valor social y su protección vuelven a ser objeto de una discusión profunda y decisiva para el futuro.